El portavoz de gobierno ruso, Dmitri Peskov, admitió ayer que su país no tiene la capacidad para cumplir con las demandas internacionales de su celebrada anticovid Sputnik V. El Kremlin propuso a otros países producir el antídoto y firmará contratos con quince farmacéuticas de diez naciones. Proyectan elevar la producción a 1.400 millones de dosis.
“La demanda de la vacuna rusa en el exterior es realmente alta. Es tan alta que supera considerablemente las capacidades productivas”, afirmó. Peskov enfatizó que “la campaña de vacunación nacional es nuestra prioridad absoluta. Han sido movilizadas todas las capacidades de producción, que en primera instancia trabajan para el mercado interno”.
Desde el inicio de la campaña, en la capital rusa fueron inoculadas cerca de 600.000 personas con anticovid, cuya eficacia y seguridad fueron ampliamente comprobadas, y sobre la que muchos países se mostraron muy interesados. De acuerdo con el Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR), en la actualidad 27 países –sin contar Rusia– en Europa, América Latina, Oriente Medio, África y Asia registraron oficialmente la Sputnik V. Peskov informó que Rusia propuso a otros países producir la Sputnik V.
CONTRATOS
El director del FIDR, Kiril Dmitriev, dijo al diario Financial Times que Rusia firmó contratos con quince farmacéuticas de diez países, que podrían producir alrededor de 1.400 millones de dosis que servirían para inocular a 700 millones de personas. Sobre todo, se trataría de producciones en China, India, Corea del Sur e Irán, destinadas a la exportación a terceros, mientras que países como Serbia y Brasil producirán para consumo interno. En una conversación telefónica este jueves entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, los mandatarios debatieron “las perspectivas del uso y la producción conjunta de la vacuna Sputnik V” en esta nación centroasiática. Kazajistán inició la producción del remedio ruso a fines de diciembre en virtud de un contrato firmado entre el FRDR y el Ministerio de Sanidad de este país.
Las mujeres fueron detenidas en noviembre luego de filmar la violenta represión policial de una manifestación en homenaje a un activista de oposición asesinado unos días antes.
Dos periodistas bielorrusas fueron condenadas este jueves (18.02.2021) a dos años de prisión, acusadas de haber incitado incidentes durante su cobertura del movimiento de protesta de 2020 en el país, una nueva muestra de la represión orquestada por el régimen.
Apoyado por Rusia, el presidente Alexander Lukashenko, en el poder desde 1994, se ha esforzado por frenar este movimiento histórico, a pesar de las condenas y sanciones internacionales.
Daria Shultsova y Katerina Bakhvalova, corresponsales del canal de televisión opositor Belsat, con sede en Polonia, fueron detenidas por la policía antidisturbios el 15 de noviembre en un apartamento desde el que acababan de filmar la violenta dispersión de una manifestación en homenaje al activista de la oposición Roman Bodarenko, asesinado unos días antes.
Todas las figuras de la oposición están encarceladas o en el exilio en Bielorrusia y miles de manifestantes han sido detenidos
«Mostré estos hechos y me meten en la cárcel por ello, inventando acusaciones», dijo Bakhvalova el miércoles en su última intervención antes de que el tribunal se retirara a deliberar.
La fiscalía acusaba a las dos periodistas de haber incitado a la población a manifestar de manera ilegal a través de su reportaje, lo que «atentó de manera grave contra el orden público». Las dos mujeres se declararon inocentes y se consideran víctimas de la represión del régimen bielorruso.
Lukashenko enfrentó protestas sin precedentes por meses, que fueron reprimidas y reducidas al silencio a fuerza de detenciones y violencia policial, con testimonios coincidentes de torturas.
Todas las figuras de la oposición están encarceladas o en el exilio y miles de manifestantes fueron detenidos.
El objetivo de la Educación Sexual Integral (ESI) es dejar atrás la enseñanza preventiva y pasar a una educación completa, global y transversal sobre la sexualidad.
La Educación Sexual Integral (ESI) es la enseñanza de la totalidad de los diferentes aspectos de la sexualidad: psicológicos, físicos, emocionales y sociales. El objetivo, según la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), es el aprendizaje transversal de conocimientos basados en datos empíricos, habilidades, actitudes y valores para que todo el mundo pueda disfrutar de una sexualidad sana, digna y basada en el respeto.
Mediante la aportación de información veraz, democrática, transversal y multidisciplinar se pretende educar en sexualidad en un sentido amplio. Para ello, se necesita pasar de una educación prevencioncista, basada en las infecciones de transmisión sexual (conocidas como ITS), en los embarazos no deseados, en la reproducción y en el aspecto médico, a un planteamiento inclusivo, que tenga en cuenta las diversidades sexuales y afectivas y el placer sexual.
Educación integral: de preescolar a bachillerato
La sexualidad existe incluso antes de que nazcamos. En el feto se asigna el género y la proyección de los progenitores, e incluso el nombre, se deciden antes de que lleguemos a este mundo. Luego, en los primeros años de vida vivimos nuestro despertar sexual. Durante nuestra infancia nos desarrollamos como seres sexuales que somos, por ejemplo, con la actividad masturbatoria, es decir, tocarse para darse placer a uno mismo.
Pero es durante la pubertad que los comportamientos sexuales pasan a tener un fin de disfrute erótico y socializamos con otras personas a través de nuestra sexualidad. Según el libro ¡Entérate!, escrito por Platanomelón, es en esta etapa vital cuando empezamos a perfilar nuestro autoconcepto sexual –la identidad de género, la orientación sexual, la expresión de género, etc-. Cómo nos definimos generará un sentimiento de pertenencia y comunidad. Además, nos iniciamos en la expresión de nuestro interés erótico y/o afectivo hacia otras personas y, con ello, la necesidad de establecer relaciones sexuales y/o románticas.
Por todo ello, la ESI apuesta por empezar con la educación sexual desde preescolar. La variedad de temas a tratar en los años de infancia a la adolescencia cubre desde el desarrollo humano (reproducción, pubertad, orientación sexual e identidad de género) a las relaciones con las personas que nos rodean (familiares, de amistad y amorosas) y las herramientas personales (comunicación, negociación y toma de decisiones).
Además, según la organización de servicios de salud reproductiva Planned Parenthood, la ESI está formada por: el comportamiento sexual (la sexualidad y la abstinencia –la continencia de la actividad sexual- a lo largo de la vida), la salud sexual (infecciones de transmisión sexual, anticonceptivos y embarazo) y la faceta social y cultural (roles de género, diversidad y sexualidad en los medios).
La ESI en España y el resto del mundo
Para que la educación sexual sea integral, no solo necesita ser veraz, científica, democrática y centrada en el bienestar y en el placer, sino que los gobiernos tienen que garantizarla en todas las esferas de la población, especialmente entre los jóvenes y en el sector educativo. Sin embargo, no todos los países cubren esta asignatura de forma sobresaliente.
De hecho, España suspende en este aspecto ya que sigue siendo uno de los países de la Unión Europea (UE) en el que la ESI no se trabaja de manera centralizada y sistémica, sino que depende de los recursos de cada región o territorio. Aunque el país sí cuenta con una educación sexual, esta está centrada en la prevención y alejada de la integralidad. Es por ello que la mitad de los jóvenes acude a la pornografía para aprender sobre sexo y el otro 50% utiliza como fuente de información principal a sus amigos, según un estudio de la ONG Save the Children.
Esta realidad ignora las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), promulgadas desde 2002, de iniciar programas de educación en edades tempranas. Además, según varias organizaciones, incurriría en una violación de los derechos sexuales y, por tanto, de los derechos humanos.
No obstante, algunas Comunidades Autónomas están avanzando en la dirección que marca la ESI. La nueva ley educativa LOMLOE, aprobada en diciembre de 2020, incluye una apuesta por fomentar la educación afectivo-sexual desde primaria.
En comparación con otros países del entorno, Suecia se encuentra entre los pioneros de la Unión Europea. Desde 1955, la asignatura de educación sexual es obligatoria en los centros escolares. El resto de países escandinavos y de Europa occidental siguieron el ejemplo de su país vecino dos décadas después. Así, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Islandia, Alemania, Austria, Luxemburgo, la República Checa y Hungría también añadieron la materia a sus planes de estudios. En los años 90, Grecia, Francia, Bélgica, Eslovaquia, Portugal e Irlanda incluyeron la asignatura como obligatoria en sus leyes educativas.
Fuentes: Platanomelón, OMS, UNESCO, Planned Parenthood, Save the Children, Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS), Unión Europea (UE).
El presidente de la Comisión Permanente de Vacunación (Stiko) de Alemania, Thomas Mertens, no ve ninguna razón para dar preferencia a los maestros en el proceso de vacunación contra el coronavirus actualmente en curso, según declaraciones que publica hoy el diario «Rheinische Post».
Tras la última reunión entre el Gobierno de la canciller Angela Merkel y los primeros ministros de los estados federados, se pidió al Ministerio de Sanidad que estudiara la posibilidad de dar prioridad a los profesores de educación primaria e infantil en la vacunación.
«La Stiko basó su recomendación en el análisis de datos internacionales y también en los datos de los informes de Alemania. En base a ellos, no hay necesidad de priorizar a los maestros desviándose de la recomendación», dijo Mertens.
Argumentó asimismo que los maestros que tuvieran una edad dentro de los supuestos de priorización y los que tienen condiciones especiales por patologías preexistentes ya serían priorizados por esos motivos y no por ser maestros.
«Sin embargo, las recomendaciones de Stiko son eso, recomendaciones, y los responsables de tomar decisiones en la política pueden desviarse de ellas. Sin embargo, la justificación de un cambio de criterio debe provenir también de estos responsables políticos», explicó Mertens.
Hay una máxima en derecho donde el desconocimiento de la ley no implica su incumplimiento. Aunque por otra parte, también debemos reconocer que el hecho de que exista la norma no es garantía de justicia y respeto por los derechos humanos, consagrados en la Declaración Universal de las Naciones Unidas[1].
La Santa Inquisición[2] juzgaba con la pena de muerte a los herejes acusados de brujería y homosexualidad, los códigos de esclavos durante la colonización española y francesa a América eran leyes que regulaban el comercio transatlántico de esclavos[3], el fascismo europeo y las dictaduras del siglo XX en América Latina como la de Pinochet[4] legislaron para regular lo que consideraban deberían ser los límites de los derechos humanos. El mismo hecho que la pena de muerte siga siendo contemplada por diversos países, muestra cómo aún parte de nuestro ordenamiento jurídico sigue anclado en la época medieval.
Que exista en las legislaciones nacionales la regulación de las libertades fundamentales de los ciudadanos, no exime a los Estados de su responsabilidad frente a los compromisos suscritos ante el sistema de las Naciones Unidas, que en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos invita “como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción”.
Más adelante este importante instrumento en su Artículo 19 nos expone: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. De esta manera queda claro el concepto de libertad de expresión y el respeto que los Estados deben desarrollar en consecuencia dentro del marco del Estado de derecho de sus jurisdicciones.
El debate ha quedado actualmente sobre este asunto en los límites de la libertad de expresión, y ante ello la propia Unión Europea en las Directrices sobre derechos humanos relativas a la libertad de expresión en Internet y fuera de Internet[5], ha expuesto específicamente que: “Quedan protegidas todas las formas de opinión, como las de índole política, científica, histórica, moral o religiosa. Los Estados no pueden imponer ninguna excepción o restricción a la libertad de opinión ni calificar de delito la expresión de una opinión”. Parece que el panorama sobre estos temas llega a las dimensiones de la propia Unión Europea.
Amnistía Internacional ha emitido su opinión y ha considerado desproporcionada la respuesta del Estado en el caso del rapero Pablo Hasél[6], y ha cuestionado el ordenamiento jurídico español ante este tipo de delitos. Recordemos que el cantante ha sido condenado por incitación al odio, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona[7].
Hace tan sólo unos días Pablo iglesias Vicepresidente segundo y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno Español, en una intervención en el Congreso[8], mostró los datos de la dirección de la opinión pública a través de los medios televisivos, escritos y digitales, denunciando la sobre-exposición de Venezuela por encima de los asuntos internos de España. Al parecer la nación Bolivariana se ha insertado en el ADN de la política española.
Mientras se juzga a Pablo Hasél por sus opiniones, un terrorista confeso proveniente de Venezuela; Lorent Saleh que a través de grabaciones de videos[9] suministradas por cuerpos de inteligencia venezolana disponibles en la web, habla sobre el uso de explosivos, armamento, llama a la rebelión e indica planes de asesinato, recibe la nacionalidad española en 2018[10], no si antes, por supuesto haber sido galardonado con el premio Sájarov de derechos humanos 2017 concedido por el Parlamento Europeo[11].
Sobre la base de los argumentos expuestos para juzgar al cantante, le vendría bien algo de esto a Álex Pina como creador de la Casa de Papel, por considerarla que incita a las masas a luchar contra el Sistema, usar armas de fuego, el robo y el secuestro como instrumentos contra el Gobierno. Esto no pasará igualmente porque sería tanto como atacar a Netflix y Attresmedia, y sobre ellos sí que no caben límites en la ahora tan regulada libertad de expresión.
Esto ocurre mientras movimientos de ultraderecha exaltan el franquismo[12], que generaron más de 150 mil muertes en España[13], lo que representa un número altamente más significativo que las víctimas causadas por ETA[14], demostrando realmente un concepto de terrorismo totalmente sesgado.
Mientras la Unión Europea guarda silencio en el caso Hasél, un conjunto de políticos venezolanos han sido sancionados por violación a los Derechos Humanos, sin pruebas, sin derecho a la defensa, pero además en esa soberbia histórica sin competencia territorial, desconociendo el Derecho Internacional y las instancias responsables para condenar este tipo de actos.
Queda en evidencia que el tema de Derechos Humanos está amañado a conveniencia, y en los asuntos referidos a la libertad de expresión nos queda mucho por hacer, lo vive Colombia con los intentos de censura contra la serie Matarife por parte del Ex-Presidente Álvaro Uribe Vélez[15], o las intenciones de un grupo de legisladores chilenos de dejar en el olvido las consecuencias de la dictadura[16] de Pinochet y con ello relegar a la historia a las víctimas que como Víctor Jara[17], cuya única arma era la música y la letra fuera torturado y asesinado, y con él la libertad de expresión. Lo que está ocurriendo parafraseando a Mao es que la Unión Europea con su doble moral está demostrando ser un tigre de papel en materia de derechos humanos.
Los estudiantes internacionales en España generaron 3.800 millones de euros (unos 4.600 millones de dólares) durante el curso académico 2018-2019, reveló este miércoles un estudio del Instituto Español de Exportación e Inversiones ICEX y la asociación EDUESPAÑA.
De acuerdo con el informe «Impacto económico de los estudiantes internacionales en España», en dicho periodo se matricularon 1.044.898 alumnos extranjeros.
Según los datos, un 47 por ciento de los estudiantes extranjeros eligió principalmente estudiar programas de lengua española y en el Instituto Cervantes, un 26 por ciento optó por programas «Study Abroad» o el programa europeo Erasmus y un 15 por ciento se matriculó en grados universitarios y másteres.
Al respecto, la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, aseguró que los lazos estrechos e invisibles que construyen estos jóvenes durante su estancia en el país generan que España se vea como una oportunidad para realizar inversiones y para construir alianzas de colaboración en el mundo.
El informe señaló que los estudiantes internacionales contribuyen al sistema fiscal español en bienes y servicios, ya que gastan más de 2.122 millones de euros (más de 2.575 millones de dólares) en estas áreas que están sujetas a un Impuesto al Valor Agregado que va del 4 al 21 por ciento.
El efecto multiplicador del gasto de los estudiantes fue de 2,27, lo cual significa que por cada euro gastado en un programa académico, cada alumno internacional invirtió 1,27 euros (1,54 dólares) más en diferentes sectores de la economía española.
Una movilización avanzó desde Callao hasta Puerta del Sol, en Madrid, para protestar contra la privatización de la Sanidad y la gestión sanitaria contra el Covid-19, a pesar de que la Delegación del Gobierno en Madrid prohibiera la manifestación.
Bajo el lema «Nos están matando», los colectivos se movilizaron y anunciaron la creación de los Paseos Populares. «Paseamos con el derecho que nos concede nuestra ciudadanía y nos niega el Delegado del Gobierno en Madrid, el Sr. Franco; el mismo que autoriza el sábado 13 un aquelarre fascista por las calles de Madrid y desautoriza el domingo 14 a miles de familias, de trabajadoras, estudiantes, organizaciones y asociaciones barriales de ejercer el derecho a la rebeldía ante las injusticias», señalaron los colectivos.
Durante la protesta se lanzaron consignas como «Gobierne quien gobierne, la Sanidad se defiende», o «Libertad de expresión, delegado dimisión», así como se alzaron pancartas con los mensajes «Franco ha vuelto», «Stop recesión» o «Ley Mordaza, dictadura descarada».
Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/pese-a-prohibicion-de-protesta-se-movilizan-en-madrid-contra-privatizacion-de-la-sanidad/
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
¡Ayúdanos a mantener abiertas las puertas de esta aula!
Users Today : 0
Total Users : 35460673
Views Today : 
Total views : 3419782