Por: Víctor Arrogante
Con la proclamación de la República el 14 de abril de 1931 y la posterior celebración de elecciones legislativas, se inició un proceso constituyente. El Estado republicano quedaba legitimado democráticamente por las elecciones del 28 de junio y por la Constitución del 9 de diciembre. Todo quedaba por hacer y no se lo permitieron.
La República fue recibida por la mayor parte de la población con gran entusiasmo. Se abría una oportunidad para abordar las reformas necesarias y modernizar las estructuras políticas, económicas y sociales. Tuvo enfrente los intereses creados de la derecha de toda la vida que lo impidieron con una dura oposición, con las contrarreformas del segundo bienio, con un golpe de estado, la guerra y la dictadura franquista interminable.
El Gobierno Provisional que se conformó tras la caída de la monarquía y la proclamación de la República, se mantuvo hasta la aprobación de la Constitución. El nuevo gobierno tuvo que hacer frente a las llamadas cuestión regional, cuestión religiosa, cuestión militar, cuestión agraria y cuestión social. Demasiadas cuestiones, que hoy siguen en nuestras vidas como viejos fantasmas. Todo en un ambiente influenciado por la depresión económica mundial tras el crack de la Bolsa de Nueva York en 1929. Creció el desempleo en las ciudades y se incrementó el subempleo en el campo, disminuyendo las expectativas de bienestar para todos. En estas circunstancias adversas se desarrolló el gobierno formado por la coalición republicano-socialista, en medio de una alta conflictividad política y social.
Las dificultades económicas tenían una raíz interna tradicional: el paro agrícola y desigualdad en el reparto de la tierra; descapitalización industrial con escasa competitividad internacional. Por otro lado se sumaron los problemas derivados de la escasa confianza de empresarios y propietarios agrícolas hacia el nuevo sistema republicano. Como siempre ocurre, mejorar las condiciones para la clase trabajadora, provocan descenso en las inversiones empresariales.
Uno de los problemas inmediatos al que tuvo que hacer frente el Gobierno Provisional, fue el de la proclamación de la República Catalana, impulsada por Francesc Macià de Esquerra Republicana de Catalunya. El Gobierno consiguió que ERC renunciara a la República Catalana, a cambio del compromiso de presentar en las Cortes un Estatuto de Autonomía. En el País Vasco, el PNV y los carlistas, aprobaron en 1931 el llamado Estatuto de Estella, al que se opusieron los republicanos de izquierda y los socialistas por su carácter confesional y poco democrático, incompatible con la Constitución. Se mantuvieron intensas negociaciones hasta que en octubre de 1936, iniciada ya la guerra, fue aprobado un estatuto vasco democrático, siendo elegido José Antonio Aguirre como Lehendakari. Desde antes y desde entonces, aquellos problemas lo siguen siendo, pese a la represión franquista en los territorios.
La agricultura jugaba un papel importantísimo en la economía española de la época, tanto por su contribución a la renta nacional como por la mano de obra que empleaba. La reforma agraria era imprescindible, si se quería acabar con el hambre y su histórico atraso. Los campesinos vivían en situación de esclavitud, sufriendo hambre e injusticias. Los trabajadores de la tierra no la poseían y padecían bajos jornales, malas condiciones de vida, escasa alimentación y jornadas de sol a sol. La Ley de Reforma Agraria puso de acuerdo a los latifundistas, caciques señoritos, opuestos a la modernización del campo, junto con algunos sectores del campesinado, frustrados por la falta de resultados y defraudados con las posibilidades de cambio social.
El ministro de Trabajo socialista Largo Caballero, promovió una reforma laboral, que otorgaba a los trabajadores, a través de sus sindicatos, mayor control sobre las empresas. Era un proyecto coherente con los principios marxistas del socialismo español, que no renunciaba a la transformación revolucionaria de la sociedad, pero pretendía alcanzarla por cauces pacíficos y democráticos. Se aprobó la ley de contratos de trabajo y de jurados mixtos; se estableció la jornada laboral de 40 horas; hubo aumento de salarios y se impulsaron los seguros sociales. Se amplió el Seguro obligatorio de Retiro Obrero, se estableció el Seguro de Maternidad y el Seguro de Accidentes de Trabajo. Las organizaciones patronales se opusieron a todas estas medidas. CNT fue crítica y continuó con la convocatoria de huelgas, al entender que las reformas iban en beneficio de la UGT.
Se reformó el sistema educativo, adaptándolo al modelo que la Constitución establecía. Se potenció la universalización de una educación laica, liberal, mixta, obligatoria y gratuita. El objetivo principal fue la educación primaria. Entre 1932 y 1933 se levantaron 6.570 escuelas y se crearon 7.000 plazas de maestros y maestras, con mejores salarios. El experimento más notable, fue la creación de las Misiones Pedagógicas, ligadas a la Institución Libre de Enseñanza, que llevó el aliento del progreso a los pueblos más aislados y atrasados de España. Se promovió la creación de Universidades Populares, con el objeto de extender la cultura −que era patrimonio de una minoría− al pueblo y promover la alfabetización, principalmente entre las mujeres.
La eliminación de la religión católica como asignatura y la prohibición del ejercicio de la enseñanza a las congregaciones religiosas, provocaron el rechazo de la iglesia y de la derecha católica. La iglesia se negó a cerrar sus escuelas y prohibió a los católicos que matricularan a sus hijos en las escuelas públicas del Estado.
La República trató de limitar la influencia de la Iglesia en la sociedad y en la política española y para ello procedió con la secularización del estado, declarándose la no confesionalidad oficial, la libertad de cultos y se suprimió el presupuesto para la Iglesia. Asimismo se legalizó el matrimonio civil y el divorcio y se secularizaron los cementerios. Se decretó la disolución de aquellas órdenes que tuvieran como cuarto voto la obediencia al Papa frente a cualquier otra autoridad. De este modo la orden de los jesuitas, que tenía una gran influencia en la educación, quedó disuelta en España, quedando sus bienes nacionalizados.
Todas estas medidas provocaron una polarización radical de la opinión pública. Del ámbito religioso surgieron importantes enemigos de la República. La mayor parte de la población de aquella época, como hoy, era católica, por lo que no le fue difícil a la jerarquía religiosa movilizar a importantes sectores en contra del sistema. El gobierno decidió expulsar de España a los religiosos especialmente activos y molestos para los planes de modernización de España.
Manuel Azaña, como ministro de la Guerra, pretendía constituir un ejército profesional defensor de la democracia, para lo que había que reducir la proporción de oficiales existente. Se promulgó la Ley de retiro de la oficialidad, que obligaba a jurar fidelidad a la República o, en caso contrario, a retirarse voluntariamente conservando el sueldo íntegro. Se cerró la Academia militar de Zaragoza, por considerar sus enseñanzas como anticuadas, se clausuraron los Consejos de Honor, el Consejo Supremo de Justicia Militar y se eliminó la prensa militar. La ley de reforma militar fue recibida por un sector del ejército como una agresión a la tradición militar, lo que provocó importantes tensiones, especialmente entre los africanistas. La prioridad dada por el gobierno a los gastos sociales, impidió mejorar la capacidad técnica y de armamento, como estaba previsto. Años después, los mandos militares sediciosos, se le cobraron con creces.
El gobierno radical-cedista entre 1933 y 1936, presidido por Lerroux, y sostenido por la derecha católica de la CEDA de Gil Robles, derogó la mayoría de las medidas anteriores. Aprobó la Ley para la Reforma de la Reforma Agraria; paralizó la reforma militar, amnistió a los golpistas de la sanjurjada y designó, para los puestos claves, a Franco, Goded y Mola; se concilió con la iglesia e inició la negociación con el Vaticano; paralizó el programa de construcciones escolares y anuló la enseñanza mixta.
Los republicanos de izquierda pretendían consolidar la democracia sin cambiar el sistema. Por el contrario, los socialistas, consideraban que el sistema democrático, era un paso intermedio hacia una sociedad nueva −de igualdad, justicia y libertad−, y daban prioridad a las reformas sociales. El enemigo político, mantenía sus posiciones de poder intactas y no permitió más reformas.
Algunos de los problemas sociales de aquella época siguen teniendo vigencia hoy, y los comportamientos de la derecha siguen siendo parecidos, pretendiendo ejercer el poder para beneficio propio, muy alejado de los intereses de la mayoría trabajadora.
Se pretendió modernizar el país y promover la justicia social y los estamentos sociales corporativos afectados lo impidieron. Tanto se opusieron algunos que dieron un golpe de Estado, que provocó una guerra, que ganaron, creando un estado totalitario, que sufrimos durante cuarenta años.
Fuente e imagen: https://nuevarevolucion.es/construyendo-la-republica/
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