Europa

No hace tanto tiempo que escuchamos al responsable ministerial de Educación y Universidad que en España había demasiados universitarios, demostrando así que lejos de considerarlo una garantía de futuro y de posibilidades de desarrollo, era un demérito y un logro que debía ser corregido. En definitiva, el Gobierno dejaba entrever que aumentar el nivel educativo y formativo de la sociedad no estaba entre sus objetivos, muy al contrario, sí estaba restringirlo. Además, y sutilmente, introdujo eficaces mecanismos para determinar quiénes podrían ir teniendo acceso a la formación universitaria, imponiendo una serie de obstáculos insalvables para las rentas menos favorecidas. La realidad es que nos encontramos con una transformación a fondo del sistema universitario español en sus objetivos, forma y principios, por la vía de las modificaciones parciales.

A día de hoy, hemos comprobado que todas las medidas tenían como denominador común la reducción del número de titulados universitarios. La combinación de recortes presupuestarios, reformas legales y decisiones de gestión ha conducido a un cambio de modelo que implica una regresión importante en un derecho fundamental como es la educación, sacrificando la equidad, que había constituido una de nuestras mayores fortalezas, y dejando un futuro de oportunidades formativas solo accesible para unos pocos.

La subida del precio de las tasas universitarias ha propiciado que España sea el cuarto país de Europa con los precios más altos en matrículas. En el curso 2016/2017, España continuaba manteniendo uno de los niveles de precios públicos universitarios más elevados de la Unión Europea. Solo Irlanda, Reino Unido, Holanda e Italia nos superan. Y lo que es peor, se ha creado una absoluta disgregación de tasas de matrícula entre comunidades autónomas.

En el curso 2016/2017, España continuaba manteniendo uno de los niveles de precios públicos universitarios más elevados de la Unión Europea

Es importante recordar que los precios asequibles de las tasas universitarias eran un mecanismo tradicional en España para garantizar el acceso de las clases medias y trabajadoras a la formación universitaria, y que se complementaban con un sistema creciente de becas y ayudas al estudio, y así fue hasta el año 2012. A partir de ese momento, se produce la más letal de las combinaciones, mediante la subida de tasas y la reducción de becas. Por primera vez en España, muchas familias tienen que elegir cuál de sus hijos estudia porque no pueden afrontar el precio de la matrícula universitaria y los estudiantes viven con la angustia de tener que obtener un rendimiento más alto que los que tienen una familia que puede pagarles sus estudios. A esta creciente desigualdad, se suma la desorbitada diferencia de precio entre CCAA, demostrando la falta de previsión del Gobierno del PP.

Los socialistas consideramos que España no se puede permitir este retroceso y que es preciso adoptar medidas correctoras a tiempo, si queremos que en España el Estado siga garantizando un acceso a la enseñanza superior solo limitado por las condiciones académicas, y no por las socioeconómicas y territoriales.

Creemos firmemente que es necesario apostar por una economía que se sustente en el valor del conocimiento y que dicho desarrollo pueda ser participado por todos los ciudadanos, combinando desarrollo y cohesión social. La formación superior debe ser entendida como un derecho individual y un recurso del conjunto de la sociedad para su desarrollo. De ahí que nos propongamos que la formación, en este caso la universitaria, sea accesible y no una carrera de obstáculos discrecionales.

Queremos acercar el modelo universitario español a lo que es una realidad en muchos otros países europeos, donde el acceso a la formación universitaria es gratuito. Al tiempo, nuestro objetivo es alejarnos de aquellos que han convertido la formación universitaria en un motivo de exclusión o de endeudamiento de por vida para alumnos y familias (que incluso puede calificarse de burbuja de las matrículas universitarias), como ha sucedido en Reino Unido o Estados Unidos.

Queremos acercar el modelo universitario español a lo que es una realidad en muchos otros países, donde el acceso a la universidad es gratuito

Nuestra propuesta pretende acordar un modelo de financiación que nos permita converger en un plazo de cuatro años con la media de gasto en educación superior e investigación universitaria de la Unión Europea y de los países de la OCDE, con una suficiencia de recursos para la formación y la investigación, que garantice la equidad y genere estímulos consistentes para la mejora tanto de los resultados como de la calidad. Con este incremento, se podrá afrontar la partida presupuestaria de becas y ayudas al estudio en los próximos y sucesivos años para sufragar la primera matrícula. Este incremento permitirá aumentar el umbral de renta paulatinamente para la compensación de la primera matrícula, comenzando con los tramos de renta familiar más bajos hasta alcanzar el 100% en cuatro años.

Ciertamente, la ‘gratuidad de primera matrícula’ es la parte más llamativa de una decisión por la cual la sociedad española asigna a su sistema universitario un papel protagonista al cambio de modelo de crecimiento sustentado tanto en la investigación, el desarrollo y la innovación como en la capacitación y formación de nuestro capital humano.

Apostemos por una economía que se sustente en el valor del conocimiento, apostemos por un modelo de desarrollo que pueda ser participado por todos los ciudadanos, apostemos por crecimiento y cohesión sociales. Para ello, debemos avanzar y considerar la formación superior como un derecho individual y un recurso del conjunto de la sociedad para su desarrollo.

Fuente del Artículo:

https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2018-01-24/el-papel-de-la-universidad-en-el-proyecto-de-pais_1510555/