Europa

España/11 enero 2018/Fuente: Ibercampus

La educación en España vive estancada en la mediocridad, por debajo de lo que cabría esperar de su tradición, historia y potencial económico. Da la impresión de que la economía va por un lado y la educación, por otro, como consecuencia de una baja calidad de la gobernanza. Pero, además, corremos el riesgo de que aumenten las brechas de equidad educativa entre comunidades autónomas, cuya corrección correspondería a una acción planificada e inteligente de los poderes públicos.

Estas afirmaciones las hizo Francisco López Rupérez, expresidente del Consejo Escolar de Estado, en la primera jornada del ciclo “Reflexiones sobre la educación en España”, organizado por la Sección de Humanidades de la Real Academia de Doctores de España (RADE).

Víctor Santiuste Bermejo, académico correspondiente de la Sección de Humanidades de la RADE y catedrático de la Universidad Complutense, que actuó como moderador, explicó que esta sesión inauguraba un ciclo de cuatro mesas redondas sobre el estado general de la educación en España, la economía y formación profesional, los problemas de la universidad y los proyectos para el pacto educativo. Todo ello, añadió, para elaborar un conjunto de ideas y planteamientos dirigidos a la sociedad española y a sus instituciones de política educativa.

Para Santiuste, “parece evidente que la sociedad, en su manifestación política a través de las diversas reformas educativas, ha reducido la educación a un debate estéril acerca del valor de los métodos de aprendizaje renunciando al hecho mismo de educar en su sentido más profundo, que supone la dignificación de las instituciones educativas; y no ha sabido construir un sistema conceptual bien estructurado, en el que las aulas sean capaces de producir sujetos independientes y creativos, mejores seres humanos, preparados para hacer las preguntas científicas adecuadas y para pensar críticamente”. La modernización de un país exige, concluyó Santiuste, “la creación de un sistema educativo aceptado por la gran mayoría de la sociedad, que propicie un alto grado de satisfacción a los estudiantes y ofrezca resultados positivos. Una sociedad solo se considera moderna, avanzada y desarrollada si cuenta con un sistema educativo de calidad, por lo que la educación debe ser indiscutiblemente una prioridad política”.

Código de conducta en los partidos

Francisco López Rupérez, que además de expresidente del Consejo Escolar de Estado, es Director de la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela, se apoyó en la investigación realizada por su cátedra, junto con Isabel García García y Eva Expósito Casas, que es el primer instrumento creado a escala internacional para medir la calidad de la gobernanza educativa.

Esta investigación lleva a la conclusión de que la educación española está estancada en la mediocridad, y la conjetura plausible para López Rupérez es que “acaso una gobernanza mediocre podría explicar unos resultados mediocres, ya que estos son compatibles con aquella”. Los resultados pusieron de manifiesto un mediocre nivel de la gobernanza educativa, especialmente, referida a una gobernanza basada en el conocimiento, la experiencia empírica y la investigación y a la selección de los responsables de las políticas educativas. Para corregir esta situación, López Rupérez expuso una serie de recomendaciones, la primera de ellas: elaborar, por parte de los partidos políticos, un código de conducta sobre los procedimientos y requisitos para la designación de altos cargos, y establecer mecanismos de responsabilidad al respecto. Aplicar un modelo de “gobierno en la sombra” que permita, antes de llegar al poder, madurar las formulaciones y las propuestas y fundamentarlas sólidamente, y configurar equipos de gobierno y formarlos de modo que estén en condiciones, llegado el caso, de asumir con garantías sus responsabilidades. Evitar la tentación del arbitrismo en los nuevos equipos de gobierno. Reforzar la cooperación con universidades españolas y extranjeras para disponer la base de conocimiento necesaria en la que apoyar las políticas educativas. Aprovechar mejor el potencial de colaboración que ofrecen los organismos multilaterales y recuperar la profesionalización de las administraciones educativas, que se ha visto francamente debilitada como consecuencia del proceso de traspasos de competencias en educación a las comunidades autónomas. Y, finalmente, potenciar la formación y el coaching de los cuadros directivos de una gobernanza educativa de calidad para el siglo XXI.

Brecha de equidad entre comunidades autónomas

“La educación en España vive un estancamiento en la mediocridad, por debajo de lo que cabría esperar de su tradición, historia y potencial económico. Da la impresión de que la economía va por un lado y la educación, por otro, como consecuencia de una baja calidad de la gobernanza. Cuando se analizan los resultados educativos por comunidades autónomas, nos encontramos con una disparidad radical”, señaló López Rupérez durante el coloquio. “Tenemos diferencias de puntos, según datos de PISA en matemáticas de 2015, que equivalen, en términos de desfase temporal, con un curso académico, como ocurre entre Castilla y León, que no es una de las más ricas pero tiene un buen rendimiento, y Canarias”. Y en gasto público por alumno la diferencia es brutal: de los seis mil y pico euros del País Vasco a los menos de cuatro mil de Andalucía.

Pero no solo la diferencia de resultados escolares es preocupante, sino también las desigualdades en calidad de la gobernanza, en la capacidad de los dirigentes para orientar la política educativa de conformidad con los desafíos del presente siglo. “Da la impresión de que, al descentralizar la gestión de la educación, los fenómenos perversos del clientelismo político, la cooptación y la incapacidad de la gente que es promovida a puestos de especial relevancia se han extendido de forma notable entre nuestras comunidades autónomas”. La impresión del ponente es que, “si esta situación se multiplica por todo el territorio, corremos el riesgo de que se incrementen las brechas de equidad educativa entre comunidades autónomas, cuya corrección corresponde a una acción planificada e inteligente de los poderes públicos”.

Más reformas educativas que constitucionales

En los últimos cincuenta años ha habido más reformas del sistema educativo que constitucionales. Ocho en total: dos en la Transición (LGE, 1970, y LOECE,1980); tres del PSOE (LODE, 1985; LOGSE, 1990, y LOPEG, 1995), y tres contrarreformas (LOCE, 2002; LOE, 2006, y LOMCE, 2013). “A ellas habría que añadir las reformas universitarias, y algunas no han llegado a entrar en vigor en su totalidad. Con todo ello, habría que hablar del no pacto educativo”, señaló Fernando Arroyo Ilera, académico de número de la Sección de Humanidades de la RADE, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, geógrafo político e historiador.

La educación es un elemento técnico-profesional, pero si se olvida que es también un conjunto de ideas, creencias, valores y perspectivas, se deja la mitad del sistema fuera. No es lo mismo hablar de educación en 1900 que en 2000, subrayó Arroyo Ilera, quien, como dijo, fue educado en un modelo cultural con una serie de valores, ha impartido el modelo técnico, y ahora le inquieta el modelo actual de educación para el consumo. Desde finales del XIX hasta muy entrado el XX el modelo cultural educó con el objetivo de saber para ser. Era el sistema ilustrado, burgués capitalista de la primera revolución industrial, que excluía a una parte de la población, el proletariado, de los niveles educativos superiores, creando así la ideologización y politización del sistema educativo. En 1970, tras la reconstrucción europea y la descolonización, los organismos internacionales promovieron una reforma para poner la educación al servicio de la economía y el mercado. Se necesitaban oficios cualificados y población preparada para ocuparlos, prosiguió Arroyo Ilera.

Las tres reformas del PSOE, aseguró, son el intento de acoplar la educación al sistema democrático. Pero, en la actualidad, nos encontramos con que la capacidad de producción de nuestros sistemas económicos es superior a la del consumo, y se nos impone otra forma de educar. “El consumismo requiere una educación que predisponga al sujeto para esa forma de vida, adoctrinándole para que desempeñe la función acrítica que este modelo económico exige. Se puede hacer sin necesidad de la previa acumulación personal del saber, solo con saber manejar el instrumento. El poseedor del saber se diferencia del mero usuario, que lo consume sin mejorar intelectual ni moralmente. Así, el saber pierde su valor de uso. Estamos en otra concepción antropológica: el homo consumens, de Erich Fromm, y en otra metodología pedagógica acorde con un ambiente laboral más flexible y desregulado”, agregó.

En el coloquio, Arroyo Ilera mostró su temor de que, al organizar la educación para responder al futuro que prevemos, en realidad lo estamos condicionando. Le preocupa una educación para el consumo compulsivo. “Las redes sociales tienen enormes potencialidades; pero, ¿estamos educando para que los alumnos las utilicen como el enorme instrumento que son o, por el contrario, estamos educando en un movimiento acrítico para que se co

su modo de entender lo que es el hombre. Este empeño más continuado y eficaz que ha habido ha sido probablemente el marxismo. El político fáustico no busca la ciencia en su verdad, sino en cuanto es reflejo de su ideología. Las políticas fáusticas, además, promueven o eligen al profesorado por criterio de afinidad ideológica, resaltó Ibáñez-Martín.

Hay políticos, advirtió el ponente, que no quieren un horizonte abierto, sino el más empequeñecido posible y centrado en la tribu. En los políticos se puede influir a través del voto, porque se sabe su opinión sobre educación. En ese sentido, apuntó, “la libertad de educación es mucho más importante que las de información, expresión, opinión, etc., porque no estoy obligado a seguir el camino que marque un Gobierno”.

Los profesores no deben sofocar el pensamiento del educando. Tienen que dejarle expresar sus ideas y, si son equivocadas, enseñarle porqué lo son. No se trata, en absoluto, de mitificar el diálogo, que es un instrumento para animar a alcanzar la verdad; por eso, no sirve de nada si es para contar mentiras. El profesor tiene que respetar a todos por su color, religión, inteligencia, familia, orígenes sociales e ideas, sin descalificarlas porque no coincidan con las suyas. Y jamás hay que falsificar la ciencia. No hay que proponer tesis, sino explicar el razonamiento en que se basan. Y, por último, hay que actuar siempre dentro de la legalidad. “Quien maltrata la legalidad por sus intereses ideológicos está adoctrinando”, sentenció.

Fuente: https://www.ibercampus.es/la-educacion-espanola-esta-estancada-en-la-mediocridad-por-la-baja-36100.htm