La asociación provincial de afectados denuncia la falta de traductores de lengua de signos con motivo de su día internacional.
La Asociación Provincial de Personas Sordas de Córdoba (Appsc) reivindicó ayer un acceso a la educación en igualdad de condiciones y reivindicó el valor de la lengua de signos en las escuelas como «garantía de equidad, inclusión y libertad». Es «un idioma tan útil como cualquier otro para transmitir ideas, acceder al conocimiento, avanzar hacia la igualdad y construir ciudadanía», según el manifiesto por el Día Internacional de las Lenguas de Signos Españolas, que leyó la presidenta de Appsc, Ana María Sánchez. Niños de la asociación participaron en esta celebración en la que se denunció la falta de intérpretes en todos los niveles, desde el Hospital Reina Sofía (donde sí hay un servicio de traducción para extranjeros) o los centros de Atención Primaria hasta Hacienda o el Ayuntamiento.
Por otro lado, apuntaron la necesidad de un «enfoque plurilingüe basado en el aprendizaje, conocimiento y uso tanto de la lengua de signos como de las lenguas orales». En este sentido, llaman a las administraciones a «tomar conciencia de que el progreso humano y académico de las personas sordas pasa por atender también sus necesidades y demandas respecto al desarrollo efectivo de sus derechos lingüísticos» y, por lo tanto, «la promoción de la lengua de signos en España». «Queda mucho por hacer por la integración», apuntó la directora de la entidad.
Hallan obstáculos para comunicarse desde el hospital hasta Hacienda o el Ayuntamiento
Sánchez manifestó que «la educación de los niños es lo más importante para que en un futuro sean adultos integrados en una sociedad solidaria, con una accesibilidad completa y universal». Los obstáculos para las personas sordas no sólo se presentan en los centros de enseñanza, sino que los acompañan durante toda su vida. Así, la presidenta de Appsc destacó que en la entidad tienen un equipo de orientación de la Junta de Andalucía «que hace una labor excelente y que está dando un aire nuevo con la inclusión de muchas personas sordas en el ámbito laboral». También hay un departamento de mayores cuya comunicación prácticamente «es nula porque no pueden usar el teléfono ni muchas herramientas que hoy en día tenemos». En ese ámbito, criticó que están recibiendo muy poca ayuda de la Administración.
En la provincia de Córdoba hay alrededor de 4.000 personas sordas. En la asociación cuentan con un mediador cuya función es orientar y hacer un seguimiento de los asociados; y también con una intérprete de lengua de signos que los acompaña en caso de que lo necesiten. «Una persona necesita la accesibilidad, si va al médico y no tiene intérprete pierde información», por lo que al no contar con esta figura los centros sanitarios ni hospitales, el paciente se ve obligado a ir con un familiar, perdiendo así su independencia. «Los intérpretes de servicios son los que más escasean», apuntaron desde la asociación.
El máximo órgano de participación de la comunidad educativa carga de nuevo contra del sistema de becas de Wert, implantado desde 2013 sin modificaciones.
Todos los miembros salvo la administración han votado a favor de las enmiendas de la organización estudiantil CANAE para aumentar cuantías y estudiar un nuevo modelo que evite que se ingrese la beca a final de curso.
Educación, a punto de aprobar el decreto anual de becas, no las acepta pero se compromete a encargar un «estudio de impacto» a Hacienda.
El Consejo Escolar del Estado, el máximo órgano representativo de la comunidad educativa, ha cargado de nuevo contra el decreto de becas para el próximo curso, una norma –aún en fase de proyecto– que continúa con el modelo de dos cuantías implantado por el exministro Wert en 2013.
Todos los miembros de la Comisión Permanente, salvo los representantes de la administración, comparten este rechazo y lo han mostrado votando en bloque a favor de varias enmiendas al proyecto de real decreto de becas 2017-2018 de la asociación estudiantil CANAE para aumentar el importe y estudiar «la viabilidad de un nuevo modelo de gestión» que evite que los estudiantes reciban la segunda parte de la beca casi a final de curso.
«La convocatoria de becas de carácter postobligatorio se viene publicando a principios del mes de agosto, dando plazo para presentar solicitudes hasta octubre. De este modo, los estudiantes conocen la resolución de su solicitud de beca entre noviembre y diciembre y reciben el ingreso entre enero y febrero. Esta situación provoca una grave inestabilidad entre el alumnado, ya que no conocen el resultado de la solicitud de la beca bien empezado el curso, de forma que no pueden realizar ningún tipo de planificación económica, causando los ya conocidos problemas de inestabilidad», dice una de las enmiendas de CANAE.
«Estamos en una situación crítica: recibir la beca entre el segundo y tercer trimestre del curso crea una inestabilidad terrible, es una decisión política», añade el presidente de la asociación estudiantil, Carles López.
No es la primera vez que el Consejo Escolar pone pegas al sistema de becas. Lleva haciéndolo varios años sin respuesta por parte del Ministerio, que aprueba anualmente un decreto de becas sobre el que «no ha cambiado ni una coma», denuncia CANAE.
El dictamen del Consejo Escolar no es vinculante y el Ministerio ya ha dicho que no va a aceptar las enmiendas al decreto que regulará las ayudas del próximo curso, pero se ha comprometido a encargar un «estudio de impacto» a Hacienda sobre el modelo actual sin dar más detalles.
Así funciona el sistema actual
Con el sistema actual, herencia de José Ignacio Wert, las becas, universitarias y no universitarias, se dividen en dos partes: una fija y una variable. La fija incluye cantidades concretas en función de si se cumplen o no determinados requisitos: por ejemplo, a un universitario que vive en la Península, no supera el umbral más bajo de renta y estudia lejos de donde vive su familia le corresponden 3.000 euros.
El estudiante puede saber de antemano cuánto debe recibir de la parte fija, según los requisitos que cumple. Esta parte se la conceden unos meses después, empezado el curso, pero sin saber cuánto recibirá en total porque hasta final de curso no recibe la resolución definitiva con el último pago correspondiente a la parte variable. Esta segunda cuantía se calcula a través de una fórmula matemática prácticamente indescifrable.
El método de distribución del presupuesto de becas es el siguiente: una vez que se han asignado todas las cantidades fijas, el Ministerio de Educación reparte el dinero que le sobra entre todos los becarios. Y de ahí sale esa parte variable, que se reparte ponderando la nota y la renta de cada estudiante con la nota y la renta del resto de alumnos. Es decir, la cuantía que recibirá un estudiante no solo depende de sus resultados académicos y de su situación económica; también depende de los de todos los estudiantes que han recibido beca en el país y del dinero que le quede disponible al Ministerio.
Ginebra/Nueva York /14 de junio de 2017 / Fuente: https://www.unicef.org
Al menos 2,7 millones de niños viven en los centros de atención residencial, pero esto es sólo la punta del iceberg, según un estudio
Al menos 2,7 millones de niños viven en centros residenciales en todo el mundo, según las nuevas estimaciones de UNICEF. Sin embargo, es probable que las cifras publicadas hoy en la publicación Child Abuse & Neglect sean sólo la punta del iceberg, ya que se ha encontrado que en la mayoría de los países hay amplias lagunas en la recopilación de datos y la precisión de los registros.
“En las residencias de atención, como las instituciones o los orfanatos, los niños que ya son vulnerables debido a la separación de sus familias corren un mayor riesgo de sufrir casos de violencia, abuso y daños en su desarrollo cognitivo, social y emocional a largo plazo”, dijo Cornelius Williams, Director Asociado de Protección de la Infancia en UNICEF. “La prioridad es mantener a los niños fuera del cuidado residencial y con sus familias, especialmente en los primeros años”.
La nueva estimación de UNICEF se basa en datos de 140 países. Se encontró que en Europa Central y Oriental se registraba la tasa más alta en todo el mundo, con 666 niños por cada 100.000 habitantes que viven en centros de atención residencial, más de 5 veces el promedio mundial de 120 niños por cada 100.000 habitantes. Los países industrializados y la región de Asia oriental y el Pacífico presentan la segunda y tercera tasa con 192 y 153 niños por cada 100.000, respectivamente.
El estudio de UNICEF hace hincapié en que muchos países todavía carecen de un sistema funcional para producir cifras exactas sobre el número de niños que reciben cuidados alternativos. En muchos países, los registros oficiales sólo captan una pequeña fracción del número real de niños que viven en centros de acogida, y los niños que se encuentran en centros privados no suelen contar.
“Es fundamental que los gobiernos mantengan una lista más exacta y completa de todas las instalaciones de atención residencial existentes, así como que realicen recuentos sistemáticos y completos de los niños que viven en estas instalaciones para ayudar a reforzar los registros oficiales”, dijo Claudia Cappa, coautora del estudio. “De esta manera podremos medir la amplitud del problema y trabajar con los gobiernos para responder con eficacia”.
La investigación muestra que algunos de los principales factores de riesgo que dan lugar a que los niños sean colocados en centros de cuidado residencial incluyen la ruptura familiar, los problemas de salud, la deficiencia o desigualdad de los servicios sociales, la discapacidad y la pobreza.
UNICEF pide a los gobiernos que reduzcan el número de niños que viven en centros de acogida, evitando la separación de la familia cuando sea posible y buscando hogares para los niños en centros de atención familiar como los hogares de guarda. También se necesita una mayor inversión en programas comunitarios de apoyo familiar, dijo UNICEF.
Cádiz / 14 de junio de 2017 / Por: SARA CANTOS / Fuente: http://www.lavozdigital.es/
La polémica suscitada este lunes en Cádiz con el examen de Historia de la nueva Selectividad ha derivado, veinticuatro horas después, en una queja masiva de alumnos que se han organizado para lanzar una iniciativa en la plataforma Change.org que ha recabado más de 16.000 firmas en un sólo día.
La iniciativa consiste en una carta en la que explican sus quejas por la gestión de las reformas incluidas en el nuevo modelo de Selectividad y, más en concreto, por el examen de Historia del que dicen sentirse «víctimas» y lo califican de «fracaso estrepitoso para la gran mayoría de alumnos que optaron por la opción B». El motivo principal es que «muchos institutos no han podido dar este tema» y los profesores «mal orientados en las reuniones que han tenido sobre Selectividad» aseguraron que ese tema no entraría. Al final cayó.
La carta, firmada por el estudiante Carlos Villegas, ha recabado 16.441 firmas en un sólo día y se remitirá al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y por extensión al rector de la Universidad de Cádiz (UCA), Eduardo González Mazo, a quienes reclama «tomar medidas urgentes para solucionar este problema».
El texto íntegro de la carta detalla lo siguiente: «Los alumnos de 2º de Bachillerato hemos sido víctimas de una mala gestión del gobierno y de la Junta de Andalucía, se han introducido cambios de manera muy ineficaz e innecesaria, se ha tenido a miles de alumnos y profesores en el limbo sin conocer los contenidos preguntas y temas que se debían estudiar o enseñar.
El examen de selectividad ha sido un desastre estrepitoso para la gran mayoría de alumnos que optaron por la opción B del examen entrando un tema (los ‘Gobiernos Democráticos’) que es el tema final que se da en los institutos, muchos no han podido dar este tema, muchísimos, y los profesores mal orientados por las reuniones que han tenido sobre selectividad han asegurado a sus alumnos que ese tema no entraría.
Esto no es una queja de unos alumnos que se rebelan porque no han estudiado suficiente y han hecho mal un examen, somos unos alumnos que nos quejamos al Gobierno de estas reformas totalmente innecesarias que han fastidiado el futuro de la mayoría de jóvenes andaluces.
Pedimos medidas urgentes para solucionar este problema, por ello pedimos al Ministro de Educación de España a la presidenta de la Junta de Andalucía, a la consejera de educación de Andalucía y al rector de la Universidad de Cádiz que se pronuncien al respecto proponiendo medidas».
En el hilo de conversación de la iniciativa en Change.org se puede leer numerosos comentrarios y críticas que suscriben el contenido de la carta y las quejas. Por ejemplo, Miguel Román dice que su profesor de Historia «como el de muchos otros institutos nos avisó de que el tema ‘gobiernos democráticos’ únicamente caería como cuestión, habiendo entrado como tema de desarrollo…»; Andrea Domínguez habla de «injusticia»; Gemma Ruiz, escribe que «hice selectividad y no entraré a mi carrera» y Miriam Parrilla declara estar «totalmente de acuerdo», entre otros muchos.
Esta queja rodeó este lunes la celebración de la nueva Selectividad de la Lomce en Cádiz, y llevó caras de tristeza y enfado a un buen número de estudiantes gaditanos a la salida del examen de Historia.
África / www.tendencia21.net / 14 de Junio de 2017
– Como presidente de Fundación Telefónica y de Fundación ProFuturo, César Alierta ha participado en la conferencia G20 Africa Partnership-Investing in a common future, donde ha presentado el programa educativo digital de alto impacto ProFuturo.
– ProFuturo, impulsado por Fundación Telefónica y Fundación Bancaria “la Caixa”, prevé llegar a 10 millones de niños en 2020 y tiene como objetivo reducir la brecha educativa en el mundo, proporcionando una educación digital de calidad para niños y niñas de entornos vulnerables de África Subsahariana, América Latina y Sudeste Asiático.
– “Hoy, a través de ProFuturo, trabajamos para garantizar que un niño en Abuya (Nigeria) acceda –como lo puede hacer un niño en Berlín– a una educación de calidad, que le abrirá un nuevo mundo de oportunidades”, ha explicado Alierta durante su intervención en el foro G20 Compact with Africa.
Berlín, 13 de junio de 2017. “Los resultados están siendo espectaculares. Niños que antes no se interesaban por materias que les resultaban muy difíciles de asimilar, ahora muestran unos niveles de involucración sin precedentes”, ha subrayado César Alierta durante su intervención en el simposio G20 Compact with Africa. Este foro ha sido uno de los ejes centrales de la conferencia G20 Africa Partnership-Investing in a common future, que ha puesto el foco en la necesidad de impulsar las oportunidades para los inversores privados en los países africanos. Además de abordar la creación de un entorno favorable para los negocios o al desarrollo sostenible, la educación ha sido uno de los leitmotiv del debate.
“Estamos en marcha con soluciones reales para problemas reales. Llevamos diez años trabajando en Latinoamérica y en 2016 iniciamos nuestra andadura en África. Al cierre de 2016, tenemos 3,8 millones de niños utilizando nuestros programas de educación digital. El objetivo es llegar a 10 millones de niños en 2020 y a 50 millones en 2030”, ha destacado Alierta.
El presidente de ProFuturo ha estimado como una inversión viable, y necesaria, el coste de ofrecer a los niños de países desfavorecidos la oportunidad de situarse al nivel de la educación occidental. Alierta también ha anunciado el cierre de acuerdos “a tres bandas” con el Foro de Gobernadores de Estados del Norte de Nigeria y la Iglesia para llevar esta solución educativa digital a las comunidades de este país. Un acuerdo que, ha dicho, es “replicable” en otros entornos y países. Implantación en Nigeria
César Alierta ha viajado recientemente a la capital del país, Abuya, para firmar un acuerdo de colaboración con Kashim Shettima, presidente del Foro de Gobernadores del Norte y Gobernador del Estado de Borno; el arzobispo de Kaduna, Matthew Man-oso Ndagoso, en representación de la Conferencia Episcopal de Nigeria; y el obispo Matthew Hassan Kukah, fundador del Kukah Centre.
Este acuerdo tiene su origen en el encuentro interreligioso de Asís de 2016, donde César Alierta presentó ProFuturo. Allí el Emir de Kano, Muhammadu Sanusi II, conoció la iniciativa y surgió el compromiso de estudiar su implantación en Nigeria de la mano de la Comunidad de Sant’Egidio. La intermediación del representante de la institución católica para la Unión Europea y Nigeria, Jan De Volder, ha sido fundamental para hacer posible que ProFuturo llegue al país africano.
El acuerdo estará coordinado por el centro de diálogo interreligioso Kukah Centre, una entidad promovida por el obispo católico de Sokoto, Matthew Hassan Kukah, que contempla la realización de proyectos piloto en 120 escuelas del norte del país, del que se estima que beneficiarán unos 70.000 niños musulmanes y católicos.
La iniciativa se pondrá en marcha en junio con la identificación de las escuelas, y continuará con la formación de los profesores en septiembre para su implantación progresiva en las escuelas a lo largo del curso 2017- 2018. Sobre ProFuturo
ProFuturo nace con la vocación de transformar la educación de 10 millones de niños en 2020. Impulsado por Fundación Telefónica y Fundación Bancaria ”la Caixa”, el programa tiene como misión reducir la brecha educativa en el mundo proporcionando una educación digital de calidad a niños y niñas de entornos vulnerables de África Subsahariana, América Latina y Sudeste Asiático. Su propuesta educativa incorpora tecnologías, contenidos educativos y metodologías de enseñanza-aprendizaje a docentes y alumnos con el objetivo de transformar la educación de niños y niñas. Además, este proyecto tiene vocación de acoger y promover la participación de otras empresas e instituciones y aspira a crear una gran red internacional de centros que enseñan, aprenden y comparten conocimientos para lograr, entre todos, una educación mejor en el mundo.
En veinticinco días, la primera ministra británica ha destrozado una ventaja de veinte puntos sobre el Partido Laborista y la ha dejado en solo cuatro. Un Reino Unido en estado de shock acude este jueves a las urnas y, dejando a un lado los atentados, los expertos siguen sin explicarse cómo Theresa May ha cometido tantos fallos.
A Theresa May no le queda nada con qué taparse. Sus errores, la campaña y los recientes ataques terroristas han arrasado con todo y la han dejado desnuda frente al votante británico. Se había creído ya la refundadora del Partido Conservador, un nasty party convertido en algo más amable, más justo, más social. Estaba segura de que el electorado británico quería escuchar lo mal que estaban las cuentas estatales y los sacrificios que quedaban por hacer, les gustase o no. Y pensaba incluso que, pese a sus titubeos, su voz quejumbrosa, sus lapsus y su nula expresividad corporal, sonaba hasta convincente. Pero no. La verdad y el pasado han emergido con fuerza y han arrasado ese armazón de lideresa maternal que su equipo de campaña ha intentado crear.
Pese a ello, es muy probable que Theresa May gane mañana.Estaríamos hablando, no obstante, de una de las victorias más amargas y denigrantes que se recuerdan. En menos de un mes, Theresa May ha destruido la ventaja de veinte puntos que el Partido Conservador tenía sobre el Partido Laborista y la ha dejado, según la última encuesta de YouGov, en tan solo cuatro. Dieciséis preciados puntos convertidos en polvo y barridos del mapa.
Los expertos no creen que esos cuatro puntos de diferencian tengan una traducción real en las urnas.“Las encuestas acaban dando peso al voto joven porque no saben cómo se va a comportar; no obstante, a la hora de la verdad, es el sector que menos acude a las urnas”, precisa David Cowling, experto en Opinión Pública del King’s College London. Los cuatro puntos de diferencia son improbables, pero los analistas sí que apuestan por una reducción de los veinte puntos iniciales a una horquilla que va de los catorce a los once. Además, intuyen que va a haber un repunte de la abstención y de los votos en blanco y nulos a modo de protesta por la decepción y desconfianza que les produce tanto Theresa May como Jeremy Corbyn.
El declive de Theresa May comenzó la soleada tarde de 18 de mayo en Halifax, una pequeña ciudad al norte del país asfixiada por el cierre masivo de fábricas textiles, y alcanzó su cénit este pasado sábado, en el puente de Londres, tras un atentado perpetrado por tres fundamentalistas islámicos conocidos por la policía británica. Durante esa soleada tarde de mayo, la premier británica presentó el programa electoral de su partido, un documento calificado por muchos analistas como un auténtico “suicidio político”. Noventa hojas plagadas de silencios, frases ambiguas y, sobre todo, letra pequeña. Los cinco días previos a la votación, el terrorismo islámico y la inmigración han centrado los debates y han surgido peligrosas dudas sobre la gestión que May hizo del Home Secretary, el Ministerio del Interior británico, cuando, de 2010 a 2016, fue su máximo responsable.
Una concatenación de fallos, ataques fortuitos y arrogancia que, juntos, conforman la estrategia perfecta para ganar unas elecciones de forma mediocre cuando, hace tan solo veinticinco días, las encuesta vaticinaban una mayoría jamás vista en la Cámara de los Comunes. Así es cómo lo ha conseguido:
1.Ha reducido en 21.500 el número de policías que patrullan las calles
Por cautela o por respeto, tras el atentado de Mánchester, los partidos de la oposición se contuvieron a la hora de relacionar los atentados en suelo británico con los recortes que May llevó a cabo en el Ministerio del Interior y en el Cuerpo de Policía. Esta vez no lo han hecho y han conseguido desviar la atención mediática hacia el pasado de May como home secretary.
Theresa May fotografiada en 2011, cuando llevaba un año en el cargo de ministra del Interior. Fuente: Press Asociation
Jeremy Corbyn, líder laborista, habla de un recorte del 18% en el Ministerio de Interior y de una reducción de 21.500 policías en seis años. Los oficiales de este cuerpo se dividen entre los que aseguran que, con más efectivos, pueden frustrarse más ataques y los que opinan que ataques como los de las pasadas semanas son imposibles de prever por muchos policías que tengas. Mientras, May calla y, cuando la ponen demasiado contra las cuerdas, se defiende argumentando que las partidas destinadas a servicios secretos y lucha antiterrorista nunca disminuyeron. Aun así, es consciente de los fallos que ha habido y de lo difícil que es explicar a los ciudadanos británicos que, aunque la policía tenía fichados a los terroristas y uno de ellos apareció en un programa de televisión sobre yihadismo, no se pudo hacer nada por evitar el atentado.
Por lo general, un atentado en vísperas de unas elecciones suele favorecer a las fuerzas conservadoras de un país. Algunos estudiosos hablan de hasta un 2% de aumento en la intención de voto. En España, tras el 11M y la actuación del Gobierno de José María Aznar, no fue así, y, en las pasadas elecciones francesas, tampoco se vio un incremento significativo en los porcentajes que obtuvo Marine Le Pen. Inglaterra va camino de ser una nueva excepción, un imprevisto que no favorecerá ni a la derecha ni a la izquierdaya que, entre amplias capas del electorado, no sienta bien que Jeremy Corbyn llamara “amigos” a Hezbolá y a Hamas, ni que, tras los atentados de Niza, se opusiera a una concesión del parlamento británico que permitía a los policías disparar de manera preventiva a sospechosos en el caso de que vieran signos de ataque terrorista.
2. Les ha dicho a los ancianos que se van a quedar sin casa a cambio de sus cuidados
Tiene gracia que, cerca del cuartel general de los conservadores en Halifax, el lugar escogido por Theresa May para presentar su programa electoral, haya un monumento a la Halifax Gibbet, la guillotina que hizo famosa a esta localidad en toda Inglaterra y que siguió decapitando cabezas hasta bien entrado el siglo XVII. Theresa May también salió decapitada de esta ciudad, bastión del laborismo más próximo a Corbyn, y, paradójicamente, su sentencia de muerte aparecía escrita en la página 65 de su manifiesto: A long-term plan for elderly care, un plan a largo plazo para el cuidado de nuestros mayores.
En la actualidad, todos los mayores con activos que no superen las 23.250 libras –de esta cifra se excluye el precio de la vivienda– tienen derecho a asistencia a domicilio gratuita. Esto, al Estado británico, le supone un coste anual de 16.400 millones de libras y se estima que, para 2040, el número de personas que pueden optar a esta ayuda va a cuadruplicarse.
El sistema está en crisis y Theresa May, lejos de aumentar las partidas públicas para este fin, quiere que más gente pague por este servicio. En el manifiesto lo intentaron presentar de forma enrevesada pero, al final, les descubrieron. May proponía que solo los que tuvieran activos por más de 100.000 libras pagasen por los cuidados –el resto, gratis–. El problema venía cuando, en la anotación al pie de página, leías que, en esas 100.000 libras, se incluye también el valor de la vivienda que poseas. Y esto, en un país en el que la media de una vivienda se sitúa en las 216.000 libras, supone que prácticamente todos los ancianos tendrían que pagar por sus cuidados –bien, anualmente; bien, una vez fallecidos, detrayéndolo de la herencia y de las viviendas que dejen a sus herederos–.
Theresa May celebrando la cena de Navidad de 2016 con ancianos sin familia. Fuente: Baylis Media
Nada más conocerse,la ventaja de los conservadores se desplomó siete puntos. Algo inaudito. Cuatro días después, Theresa May, claramente descompuesta, anunciaba en las mañanas de la BBC que daba marcha atrás y que la nueva propuesta de los tories era establecer un límite máximo a pagar por las personas mayores que no recibían cuidados gratuitos.
3. Les ha dicho a los niños de primaria que se van a quedar sin comidas gratuitas
Aunque Theresa May se empeñe en decir que no es Margaret Thatcher, lo cierto es que medidas como el cese de las comidas calientes durante los tres primeros años de primaria no hacen sino reforzar esa imagen de baronesa sin sentimientos empeñada en reducir al máximo los gastos estatales. En 1971, Margaret Thatcher, por aquel entonces ministra de Educación, consiguió que se dejase de dar el vaso de leche que, desde 1946, recibían diariamente los alumnos menores de dieciocho años en las escuelas e institutos. May quiere eliminar las comidas calientes pero, a cambio, quiere dar de desayunar un brick de leche y algo de bollería a todos los niños que cursen educación primaria.
Estrellas de la cocina como Jamie Oliver han advertido ya a Theresa May de que la desaparición de una comida en la que los estudiantes consumían cuatro piezas de fruta y verdura tendrá consecuencias dramáticas para la lucha contra la obesidad infantil en Reino Unido –se calcula que un tercio de los niños de once años en ese país tienen sobrepeso–. Pero el cambio, además, encierra otra lectura de contenido político: es la forma de May de desmarcarse del legado anterior de David Cameron. Las comidas calientes fueron una concesión que, en 2015, tuvo que hacer Cameron a los liberal-demócratas para gobernar en coalición con ellos. Theresa May quiere desmarcarse de ese gobierno del pacto y, de paso, ahorrarse1.000 millones de libras que supondría el cambio de las comidas calientes a los desayunos fríos.
4. Les ha dicho a los pensionistas que les vas a quitar las ayudas a la calefacción
Aquí hay que admitir que Theresa May lleva algo de razón: independientemente del nivel de tu renta, si vives oficialmente en Reino Unido y naciste antes del 5 de mayo de 1953, el Estado británico te paga 300 libras para costear los gastos de calefacción. Esto se traduce en que los pensionistas multimillonarios y los más humildes reciben la misma cantidad de dinero. May quiere acabar con este sistema y ha anunciado una profunda revisión de los requisitos para recibir la ayuda. Los más pobres la tienen garantizada, los más ricos la dan ya por perdida, y el amplio espectro de la clase media teme que el límite de renta sea bajo y se queden sin trescientas libras. Por esta razón, han apostado por la oposición frontal.
Nadie entiende cómo May se ha atrevido a abrir este debate en medio de unas elecciones. Unos lo achacan a su arrogancia y al convencimiento de que, haga lo que haga, va a ganar las elecciones. Otros la acusan de escuchar solo a su círculo más íntimo de consejeros, fervientes thatcheristas liderados por Nick Timothy, su jefe de personal. Y luego están los que piensan que, directamente, le faltan miras políticas.
La primera ministra con Nick Timothy, su jefe de personal, en primer plano. Fuente: XL Semanal
Algunos comentaristas se preguntan incluso si Theresa May sufreepisodios de amnesia: en su corta estancia en el 10 de Downing Street, cada vez que ha propuesto algo en el ámbito energético, ha salido muy mal parada –más dentro que fuera de su partido–. Nada más llegar, propuso establecer un límite en lo que las familias pagaban por la electricidad y la calefacción de sus casas. Las facturas estaban creciendo a un 6,9% anual. A los pocos días de anunciar esta medida, se descubrió que el ala más conservadora del partido, firme defensora del libre mercado y del no intervencionismo estatal, estaba conspirando en contra de Theresa May. La primera ministra no podía permitirse una revuelta tory a ocho días de entrar en Downing Street y decidió dejar de hablar del tema. Resultado: pérdida de tres puntos en las encuestas y ascenso del laborismo en dos.
5. Ha rechazado todo debate y cara a cara con el líder de la oposición
A estas alturas, el electorado británico tiene claro que la oratoria no es precisamente el punto fuerte de Theresa May. Lo demuestra todos los miércoles, en la Cámara de los Comunes, cuando tiene que someterse a las afiladas preguntas de los diputados laboristas. David Cameron y Margaret Thatcher eran maestros en no contestar, en devolver los ataques y en dejar en ridículo al diputado de turno. Theresa May, no. Se la ve titubear, se la ve rebuscar en los papeles, se va por las ramas, se le ríen en su propia bancada, pasa las preguntas a sus ministros. No es buena cuando no tiene un papel delante y, precisamente, ese es el riesgo que ha intentado evitar a lo largo de la campaña.
Aparte, no es un candidato que los electores perciban como cercano, agradable. “El problema es que se piensa que es Margaret Thatcher: cree que la gente va a votar por ella aunque la odien, y no es así”, escribía Owen Jones, comentarista de The Guardian. Y el problema se acrecienta cuando, en la otra bancada, tienes a Jeremy Corbyn, un líder laborista que es bueno respondiendo; que, pese a las revueltas internas, transmite una imagen de serenidad y control; y que, debido a su pasado cercano al comunismo, parte del electorado lo percibe como cercano y dispuesto a luchar por ellos contra las grandes empresas.
Theresa May se ha intentado escabullir a toda costa y las excusas que ha dado han sido patéticas: cuando comenzó la campaña el 19 de mayo, rechazó una oferta de la BBC para sentarse en frente de Jeremy Corbyn y debatir. Diez días después, la premier británica conseguía que Channel 4 cambiara el formato de un programa y, en vez de estar en un mismo escenario con el líder laborista contestando preguntas del público y del moderador, el espacio se dividió en dos partes: una centrada en Theresa May y otra en Jeremy Corbyn. Obviamente, el moderador, Jeremy Paxman le espetó a Theresa May que, si no era capaz de enfrentarse a Corbyn en directo, no la veía capaz de llevar adelante las negociaciones con la Unión Europea.
Imagen del debate del pasado jueves en la BBC; Amber Rudd habló en nombre del Partido Conservador. Fuente: BBC Images
Y, la última, el pasado jueves 1 de junio. Algo inaudito en las elecciones generales británicas: BBC One, horario de máxima audiencia. Un escenario, siete líderes representando a las siete las fuerzas políticas más importantes de Reino Unido y, casualmente, Theresa May no está allí. Su puesto lo ocupa Amber Rudd, ministra del Interior, perfecta, cortante, eficaz, desmontando el utópico programa económico del laborismo, dejando bien claro a los oyentes que, en las filas del partido de Corbyn, todavía no tienen claro si apoyan o no el Brexit. Mientras, Theresa May veía el debate en la sede del Partido Conservador en Londres.
Paradójicamente, es el Brexit lo que va a salvar a May de su pasado y de sus meteduras de pata. Los laboristas no saben qué posición tomar con respecto a la desconexión con Europa, los liberal-demócratas no quieren irse y piden un segundo referéndum, y, en el Ukip, todos sus antiguos líderes han huido. Esto deja al Partido de Theresa May como la única fuerza en Reino Unido que apuesta decididamente por el Brexity que, mínimamente, da la imagen de un partido competente para armar el entramado burocrático que va a necesitarse para luchar contra Bruselas. Como bien resumió Rachel Sylvester en The Times, “prepárate, Inglaterra, porque estas son las elecciones del miedo”.
El Pacto Social y Político por la Educación comenzó a negociarse ayer en el Senado con la primera reunión de la Ponencia, que se constituyó el pasado día 7 en el seno de la Comisión General de las Comunidades Autónomas.
En esta primera reunión los grupos políticos acordaron que comparezcan todos los consejeros de Educación de las Comunidades autónomas, a partir del próximo mes de julio. Posteriormente, se decidirá si se cita a otros comparecencientes, según ha podido saber ABC de fuentes solventes.
Sobre este punto hay opiniones contradictorias entre las distintas fuerzas políticas, ya que unas, como el PP, es partidaria de acotar las comparecencias al ámbito autonómico, mientras que otras quieren extenderla al ámbito educativo.
Esta Ponencia trabajará en paralelo a la Subcomisión constituida en el Congreso de los Diputados, y fue una propuesta del PSOE en el debate monográfico sobre el Pacto de Estado, que se celebró el pasado día 27 de marzo. El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, aceptó la propuesta y fruto de este acuerdo es la Ponencia del Senado.
El plazo de trabajo que se han marcado es de seis meses, hasta final de año. Coincidirá con la Subcomisión del Congreso, que ha prorrogado seis meses más su actividad.
El documento que surja de esta Ponencia, con las propuestas de los comparecientes, se unirá al informe de la Cámara Baja. Las medidas consensudas se enviarán al Gobierno para que realice las reformas legislativas necesarias para llevar a cabo el Pacto de Estado.
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