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Suiza: Un sindicato docente pone en marcha una iniciativa destinada a promover una jubilación digna para los docentes

www.ei-ie.org/03-08-2016/

Cuando los ciudadanos suizos acudan a las urnas el próximo 25 de septiembre tendrán la oportunidad de votar una iniciativa popular conocida como AHVplus, lanzada por los sindicalistas docentes, que tiene por objeto otorgar a los docentes un aumento de sus pensiones.

Dicha iniciativa, que conlleva unos costes adicionales relativamente modestos, tanto para los empleadores como para los empleados, ayudará a garantizar una pensión más elevada a largo plazo. El AHV es un seguro suizo de vejez y supervivencia, creado para proporcionar apoyo económico a las personas cuando ya no pueden trabajar debido a la vejez (pensiones), o cuando fallece la persona que garantizaba su sustento.

“Decir “sí” a la iniciativa AHV plus rectificará la tendencia según la cual los docentes y la mayoría de los empleados contribuyen cada vez más a los fondos de pensiones, pero reciben menos prestaciones de jubilación durante un período de tiempo más largo”, afirmó Franziska Peterhans, secretaria central del sindicato de docentes Dachverband Lehrerinnen Lehrer und Schweiz (LCH).

En lugar de reducir las pensiones y fijar la edad de jubilación a los 67 años, las empresas y el gobierno deben garantizar que se compensen las reducciones de las pensiones, declaró. De no ser así, un menor número de personas “podrá mantener su nivel de vida habitual de una manera adecuada” después de jubilarse con el dinero recibido por el AHV y los fondos de pensiones, en virtud de lo estipulado por la Constitución.

Una opción más segura

En 2014, el sindicato Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz(LCH) junto con el Syndicat des Enseignants Romands (SER), ambos afiliados a la Internacional de la Educación (IE), presentaron conjuntamente con otras organizaciones la iniciativa popular AHVplus de la Unión Sindical Suiza (USS/SGB). Esta iniciativa solicita que se aumenten en un 10 por ciento las pensiones de AHV. Juntas, proponen financiar la iniciativa con el 0,4 por ciento del salario de los empleados y de los empleadores. Esto representaría un modesto coste adicional para los empleados: alrededor de 40 CHF (francos suizos) (38 €) al mes para un maestro de Primaria. De este modo, los trabajadores se beneficiarían de una pensión considerablemente más elevada. Un solo docente recibiría 200 CHF (€ 180) adicionales al mes, lo que supone 2 400 CHF (2 200 €) al año. En el caso de una pareja casada, el aumento de las pensiones sería de 350 CHF (en torno a 320 €) al mes o 4 200 CHF (3 800 €) al año.

Según los sindicatos, el AHV es el seguro de vejez más seguro y eficiente, puesto que, contribuyendo con una pequeña parte del salario (0,4 por ciento), y la misma aportación salarial por parte de los empleadores, todos recibirán una pensión significativamente mayor. “Ningún fondo de pensión puede conseguir esto”, señaló Peterhans.

Mayores contribuciones, menores beneficios

Las prestaciones de jubilación y los fondos de pensiones se han visto afectados debido, entre otras cosas, a la gran incertidumbre que rodea a los mercados financieros, puntualizó Peterhans. Los reveses que ha sufrido la bolsa de valores hacen necesario que los fondos de pensiones adopten medidas correctivas para compensar el déficit, puntualizó, insistiendo en el hecho de que la permanencia de unas tasas de interés bajas supone que no se obtenga prácticamente ningún rendimiento de las inversiones, lo cual se traduce en mayores contribuciones o en menores beneficios para los asegurados.

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Suiza retira el permiso a 189 refugiados, tras irse de vacaciones a sus países

Suiza/Agosto de 2016/La In formación

  • El Estado entiende que si retornan a su nación de origen se ha producido un fraude.

  • Si los refugiados no respetan las normas ni se integran en un sistema educativo, dan alas a los xenófobos.

  • El gobierno suizo ha retirado la condición de refugiados a 189 personas, según informa SwissInfo, recogiendo una noticia del Neue Zürcher Zeitung (Zúrich).

    Un tercio de estas personas procede de Iraq (63), mientras que de países como Vietnam, Turquía o Bosnia hay una veintena; dos de cada tres personas proceden de una de estas cuatro naciones. También se incluyen emigrados de Tunicia (14) y de Eritrea (7).

    El motivo alegado es que estos refugiados han viajado de vuelta a sus países, en algunos casos por vacaciones o para visitar a familiares. Dado que retornar al Estado del que se huye presume que no hay motivo para asilar, las autoridades suizas han entendido que constituye un fraude.

     Además, de acuerdo con estas informaciones, se trataría de un aumento en el porcentaje de falsos refugiados, por lo que se anuncian modificaciones en el procedimiento de asilo. Suiza no permite que un refugiado retorne a su país.

    Distinguir entre eritreos residentes y los acogidos

    En un principio, las investigaciones de las autoridades suizas se centraron en los eritreos, a tenor del alto número de personas de esta nacionalidad que, residiendo en el país helvético, viajan de vacaciones a su tierra natal. En la nación de los Alpes viven unos 20.000 eritreos, más que en ningún otro lugar.

    Simonetta Sommaruga, ministra de Justicia, añade que el problema no resulta fácil de detectar, pues conviene distinguir a los eritreos que tienen ahora condición de refugiados de aquellos que, por llevar más tiempo en suelo helvético, ya han obtenido nueva ciudadanía.

    Conviene añadir que una de cuatro personas que residen en la Confederación Helvética es extranjera, pero, por término general, natural de otro país de Europa. En cualquier caso, la reacción xenófoba o nacionalista cuenta con caldo de cultivo.

    Argumento para xenófobos o antimusulmanes

    Este episodio puede suponer un argumento más para aquellas formaciones políticas que se muestran contrarias a la presencia de musulmanes en Europa. Porque la mayor parte de los falsos refugiados de Suiza procede de países mahometanos.

    A esta circunstancia se añade la filiación de algunos de los autores de atentados recientes; refugiados que han llegado a Alemania o Francia en los últimos meses. Además, a principios de este año, el diario sueco Dagens Nyheter (Estocolmo) denunciaba que la policía sueca había ocultado información sobre acosos sexuales contra chicas menores de edad, en las ediciones de 2014 y 2015 de un conocido festival de música. De acuerdo con esa noticia, los autores de esos abusos eran, por lo general, chicos que habían pedido asilo. En muchos casos, menores que habían alcanzado Suecia solos, sin familia.

    No ocultar información

    Polémicas similares han acaecido en Alemania; y no sólo por el hecho de que algunos refugiados cometieran graves delitos de violencia, como también por la errática decisión de los gobiernos de ocultar información.

    De hecho, una de las bazas de Nigel Farage (líder del partido nacionalista UKIP), para lograr el triunfo del ‘Brexit’, fue una campaña electoral centrada en el rechazo a los refugiados sirios. Según Farage, los refugiados, tras el asilo, pedirían la residencia permanente, y más tarde la nacionalidad británica.

    El éxito del UKIP sería equiparable, en este sentido, al de otras formaciones en ascenso por su postura contraria a la inmigración o los refugiados, como el FN de Francia, el AfD de Alemania, o el FPÖ de Austria.

    En Suiza sería el caso del SVP-UDC, y en un escenario de referendos con tinte nacionalista o de restricción de inmigrantes. Es conocido el alto número de referéndum y consultas, vinculantes ó no, que tienen lugar en Suiza.

    En junio de este año, por ejemplo, los suizos rechazaron por un 78% de los votos instaurar una renta básica para todos los residentes en el país. La propuesta incluía asignar 2.500 francos suizos mensuales (unos 2.254 euros) por adulto y 625 (565 euros) por cada menor de 18 años. Quienes rechazaban la medida, incluido el Gobierno, argumentaban que el coste sería demasiado alto para el Estado y que supondría un debilitamiento de la economía.

    Sobre la cuestión musulmana, el referéndum más conocido se celebró en noviembre de 2009, con el triunfo del “no a los minaretes”.

    Suecia: desafío laboral y educativo

    La retirada de asilo en Suiza puede compararse con algunas modificaciones en política de refugiados de Suecia, país que el año pasado recibió 163.000 solicitudes, un tercio de las cuales procedía de Siria (51.000), 41.000 de Afganistán y casi 21.000 de Iraq.

    Según el análisis de Luis Luque en Aceprensa, la población sueca (diez millones) no es capaz de asumir con rapidez una llegada numerosa de inmigrantes. En especial, si su cualificación laboral es baja, y en ese país apenas un 5% del mercado de trabajo podría absorber esta mano de obra.

    Aunque el Estado invierte en formación para refugiados -con programas de dos años-, menos de un tercio de los varones asilados tiene trabajo, y sólo una de cada cinco mujeres.

    Los cambios que plantea Suecia van destinados a garantizar que los refugiados pueden incorporarse al mercado laboral y generar ingresos para mantener a sus familias.

    Uno de los datos más reveladores es la edad media de los refugiados que huyen de las guerras en Siria e Iraq: entre 15 y 30 años. Eso obliga a los Estados a insertar, antes que nada, a los asilados en un sistema educativo y de aprendizaje lingüístico muy distinto al de sus países de origen.

    Datos en España

    El año pasado, España recibió cerca de 14.881 solicitudes de asilo, la más alta nunca vista, aunque supone sólo un 1 por ciento de las que atendieron los países de la UE, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

    Es “muy decepcionante comprobar cómo España apenas pudo ofrecer el año pasado algún tipo de protección a 1.020 personas y reubicar a 18 refugiados de los 16.000 comprometidos, ha señalado en junio de este año Carlos Berzosa, presidente de CEAR, y Estrella Galán, secretaria general. “No es una crisis humanitaria, sino de humanidad. No es un problema de caridad, sino de justicia», afirman.

    Según su informe anual, en el ránking de los países de acogida España ocupa el puesto número 15, muy por debajo de lo que le correspondería, señala Estrella Galán.

    CEAR cuenta entre las instituciones representadas -citadas por este orden-, al PSOE, PP e IU, a los sindicatos CCOO, UGT y USO, y a organizaciones como Cáritas (Iglesia Católica), Iglesia Evangélica Española, y la Asociación Musulmana de España.

    Fuente: http://noticias.lainformacion.com/mundo/Suiza-retira-permiso-refugiados-vacaciones_0_939507451.html

 

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Feminismos Europeos 1700-1950 «Una historia política»

por OFFEN,KAREN

ISBN: 9788446032694
Editorial: AKAL
Fecha de la edición: mayo 2015
Encuadernación: 00
Nº Páginas: 560
Colección: FUniversitaria
En esta ambiciosa obra, rescata Karen Offen la historia de las luchas que libraron las mujeres europeas (y también los hombres) en contra de la dominación masculina. A lo largo de un recorrido de 250 años -desde la Ilustración hasta la era atómica-, la autora se marca diversos objetivos. Para lectores menos especializados y para aquellos que estén interesados ante todo en la crónica histórica, ofrece un estudio comparativo de gran aliento sobre los desarrollos feministas en las distintas sociedades europeas, así como una relectura de la historia europea desde una perspectiva feminista. En otro nivel, al ofrecer un análisis histórico amplio y preciso, el libro pretende desenmarañar algunas percepciones erróneas y arrojar luz sobre algunos confusos debates contemporáneos sobre la Ilustración, la razón, la naturaleza, la igualdad frente a la diferencia, y lo público frente a lo privado. La autora plantea que los feminismos históricos tienen mucho más que ofrecernos que meras paradojas lógicas y contradicciones, que tienen mucho más que ver con la política sexual que con la filosofía. Las victorias feministas no están relacionadas, en sentido estricto, con esgrimir las razones correctas, ni el género es tan solo «una categoría útil de análisis»; la diferencia sexual se encuentra en el corazón mismo del pensamiento y la política humana.

Fuente:

http://www.libreriaalberti.com/libros/feminismos-europeos-1700-1950-una-historia-politica/9788446032694/

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Joint programming in European science and technology policy

voxeu.org/08 de julio de 2016/Por: Paul Hünermund, Georg Licht

Resumen: Los países europeos están coordinando cada vez más sus políticas nacionales de investigación y desarrollo. Sin embargo, los programas supranacionales I + D conllevan problemas desde un punto de vista de la gobernabilidad. En esta columna se discute el problema de las subvenciones cruzadas entre los países participantes. iniciativas de programación conjunta europeos generalmente están diseñados para evitar la transferencia de pagos internacionales. La evidencia empírica sugiere que ello viene a costa de una menor eficiencia. Sin embargo, el 87% del gasto público en investigación y desarrollo (I + D) en 2014 todavía se mantuvo en el level.1 nacional Este paisaje fragmentado de la I interno y los sistemas de apoyo D complica la orientación internacional de ciencia y conduce a una duplicación de los esfuerzos de investigación dentro de la UE. El aumento del número de iniciativas de programación conjunta, por tanto, es una prioridad política clave para la Comisión Europea (OCDE 2012). La puesta en común de las contribuciones nacionales a un programa europeo con un presupuesto común (el llamado «real bote común ‘) plantea problemas desde el punto de vista de gobierno. En particular, las tasas de éxito podrían ser geográficamente desequilibrada si subvenciones concedidas a determinados países no corresponden a la cuota de contribución del país. Este debate sobre las transferencias netas entre los participantes se conoce como justa compensación en los círculos políticos. Además, las autoridades podrían estar tentados a reducir la financiación nacional y libre de paseo en las contribuciones de los países socios. Con el tiempo, crear y distribuir un presupuesto único a nivel supranacional podría requerir cambios en las condiciones marco legales para los países participantes de la OCDE (2012). Para evitar estos problemas, el 80% de las iniciativas de programación conjunta europeos están organizadas como ‘ollas comunes virtuales «(VCP) (Moretti y Villanova 2012). Un VCP emula un verdadero fondo común (RCP) en la medida en la calidad de los proyectos que soliciten subvenciones se evalúa de forma centralizada por una sola autoridad pública, que es responsable de todos los países participantes. Cada país se compromete a respetar el ranking de evaluación de la agencia central, pero sólo paga los fondos a sus propios candidatos nacionales. En consecuencia, la preocupación por el parasitismo y justo retorno se mitigan y hay menos necesidad de armonizar los marcos legales. Sin embargo, un VCP hace que el proceso de asignación de las subvenciones de I + D más complicado. Las propuestas de proyectos son generalmente presentadas por consorcios internacionales como las iniciativas de programación conjunta destinadas a promover la cooperación entre países de I + D. Por lo tanto, las limitaciones presupuestarias tienen que ser holgura en todos los países involucrados. Para ilustrar el funcionamiento de un VCP, supongamos que hay cuatro países que participan en un programa conjunto – A, B, C y D. Cada país aporta un presupuesto para financiar exactamente dos subvenciones. En consecuencia, hay un presupuesto total de exactamente ocho becas. Además, supongamos que hay propuestas de proyectos por seis consorcios internacionales y cada socio del proyecto requiere de una subvención para llevar a cabo el proyecto. Todas las propuestas de proyectos se evalúan según un ranking de calidad central, que puede ser como sigue:

Tabla 1 . El funcionamiento de un fondo común virtual de

Un consorcio formado por dos socios del país B y uno del país A ha presentado su propuesta mejor evaluada. Otro consorcio de países B y C presenta el segundo mejor proyecto, y así sucesivamente. En un fondo común, se concederían las tres aplicaciones de más alto rango, después de lo cual se agotaría el presupuesto común de ocho. En una olla común virtual, por el contrario, las limitaciones presupuestarias nacionales individuales deben ser respetados. La primera propuesta recibe fondos como antes. Entonces, sin embargo, el país B utiliza su presupuesto de dos y el segundo clasificado proyecto renuncia a la financiación. Para la tercera propuesta, los solicitantes de diferentes países, allí de nuevo están disponibles los recursos suficientes. También el quinto clasificado propuesta reúne los requisitos para la financiación en un VCP en este ejemplo.

La Tabla 1 ilustra tres cosas. En primer lugar, en un fondo común, ningún socio de un país D recibe una subvención. En su lugar, todo el presupuesto D’s se paga a los socios del fondo de otros países. El fondo común virtual se supone que previene precisamente esta situación. En segundo lugar, el PCV deja huecos de proyectos no financiados que de otro modo se otorgan en un PCR.En tercer lugar, y lo más importante, el rango promedio de calidad de los proyectos financiados es inferior en un VCP. Por lo tanto, si el impacto de las subvenciones se incrementa con la calidad del proyecto, se financian proyectos menos eficientes. Esto lleva a un compromiso entre el equilibrio geográfico de un VCP está diseñado para inducir y una asignación eficiente del presupuesto del programa.

En un artículo reciente, Hünermund y Czarnitzki (2016) estimar el efecto de Eurostars, un programa conjunto de 33 países (incluidos los cinco países no pertenecientes a la UE) destinados a I + D rendimiento de las pequeñas y medianas empresas, en el crecimiento firme y la creación de empleo. El programa contó con un presupuesto total de 472 millones € entre 2008 y 2013, de los cuales el 25% fue co-financiado por la Comisión Europea (Makarow et al. 2014). Una ventaja práctica del hecho de que no todos los proyectos de alto rango quedan formalizadas en VCP es que facilita la identificación de los efectos causales. Mientras que los mejores proyectos siempre son financiados en un PCR, un VCP permite a los investigadores comparar las empresas financiadas con sus vecinos directos en el ranking de evaluación. Para ponerlo en términos econométricos, la variación exógena en la disponibilidad presupuestaria, generada por el PCV, sirve como un instrumento para la recepción de subvenciones de las empresas. Hünermund y Czarnitzki utilizan este y muestran que el impacto de las subvenciones de I + D en la creación de empleo es de hecho una función creciente de la calidad del proyecto (véase la Figura 1). Puesto que un VCP financia proyectos con una calidad media más baja es la relación estimada se traduce en un trabajo subvención inducida que es un 27% más costoso en comparación con un PCR.

Figura 1 . El crecimiento del empleo inducida por las subvenciones de I + D en el programa Eurostars dependiendo de la calidad del proyecto

Aunque un VCP tiene ventajas desde la perspectiva del gobierno, la evidencia empírica muestra que reduce la eficiencia de las políticas conjuntas de I + D. Los números exactos serán diferentes para otros programas, en función de la relación entre la calidad del proyecto y el impacto de políticas. Sin embargo, siempre habrá una pérdida de eficiencia siempre y cuando la relación no es completamente plana. Por consiguiente, un mejor equilibrio entre el equilibrio geográfico y la eficiencia podría ser una combinación de un PCR y un VCP. En un modo mixto de este tipo una parte del presupuesto total se utiliza para financiar los proyectos mejor clasificados, con independencia de su origen geográfico. La parte restante todavía puede ser asignado como VCP para lograr una tasa de concesión uniformemente distribuida. Hünermund y Czarnitzki simular un modo mixto para el programa Eurostars y ha constatado que la contribución de la Comisión Europea del 25% había sido asignado como un verdadero fondo común, una gran parte de los costes adicionales debido a la VCP se habría evitado.

Noticia Original:

The pooling of national contributions to a European programme with a common budget (a so-called ‘real common pot’) poses problems from a governance standpoint. In particular, success rates might be geographically unbalanced if grants paid out to certain countries do not correspond to the country’s contributing share. This debate about net transfers between participants is known as ‘juste retour’ in policy circles. In addition, policymakers might be enticed to lower national funding and to free-ride on partner country’s contributions. Eventually, creating and distributing a single budget at the supra-national level might require changes in the legal framework conditions for participating countries (OECD 2012).

The virtual common pot

To avoid these problems, 80% of European joint programming initiatives are organised as ‘virtual common pots’ (VCPs) (Moretti and Villanova 2012). A VCP emulates a real common pot (RCP) insofar as the quality of projects applying for grants is evaluated centrally by a single public authority, which is responsible for all participating countries. Each country is committed to respect the evaluation ranking of the central agency, but only pays funds to their own national applicants. Consequently, concerns about free-riding and juste retour are mitigated and there is less need to harmonise legal frameworks. However, a VCP makes the allocation process of R&D grants more complicated. Project proposals are usually submitted by international consortia as joint programming initiatives aimed at promoting cross-national R&D cooperation. Thus, budget constraints need to be slack in all countries involved.

To illustrate the working of a VCP, suppose there are four countries participating in a joint programme – A, B, C, and D. Each country contributes a budget to fund exactly two grants. Consequently, there is a total budget of exactly eight grants. Further, suppose that there are project proposals by six international consortia and each project partner requires one grant to conduct the project. All project proposals get evaluated according to a central quality ranking, which may look as follows:

Table 1. The working of a virtual common pot

A consortium formed by two partners from country B and one from country A submitted the best evaluated proposal. Another consortium from countries B and C presented the second-best project, and so forth. In a real common pot, the three highest-ranked applications would be granted, after which the common budget of eight would be exhausted. In a virtual common pot, by contrast, the individual national budget constraints need to be respected. The first proposal receives funding as before. Then, however, country B used up its budget of two and the second-ranked project forgoes funding. For the third proposal, by applicants from different countries, there are again sufficient resources available. Also the fifth-ranked proposal qualifies for funding in a VCP in this example.

Table 1 illustrates three things. First, in a real common pot, no partner from country D receives a grant. Instead, D’s entire budget is paid out to fund partners from other countries. The virtual common pot is supposed to prevent exactly this situation. Second, the VCP leaves gaps of non-funded projects that otherwise would be granted in an RCP. Third, and most importantly, the average quality rank of funded projects is lower in a VCP. Thus, if the impact of grants increases with project quality, less efficient projects are funded. This leads to a trade-off between the geographical balance a VCP is designed to induce and an efficient allocation of the programme’s budget.

The Eurostars Joint Programme

In a recent paper, Hünermund and Czarnitzki (2016) estimate the effect of Eurostars, a joint programme of 33 countries (including five non-EU countries) targeted at R&D-performing small and medium-sized enterprises, on firm growth and job creation. The programme had a total budget of €472 million between 2008 and 2013, of which 25% was co-funded by the European Commission (Makarow et al. 2014).

A practical advantage of the fact that not all high-ranked projects get granted in a VCP is that it facilitates the identification of causal effects. Whereas the best projects always get funded in an RCP, a VCP allows researchers to compare funded firms with their direct neighbours in the evaluation ranking. To put it in econometric terms, the exogenous variation in budget availability, generated by the VCP, serves as an instrument for firms’ subsidy receipt. Hünermund and Czarnitzki use this and show that the impact of R&D grants on job creation is indeed an increasing function of project quality (see Figure 1). Since a VCP funds projects with a lower average quality the estimated relationship translates into one grant-induced job that is 27% more costly compared to an RCP.

Figure 1. Job growth induced by R&D grants in the Eurostars programme depending on project quality

Although a VCP has advantages from a governance perspective, empirical evidence shows that it reduces the efficiency of joint R&D policies. Exact numbers will differ for other programmes, depending on the link between project quality and policy impact. However, there will always be an efficiency loss as long as the relationship is not completely flat. A better trade-off between geographical balance and efficiency might therefore be a combination of an RCP and a VCP. In such a mixed mode a share of the total budget is used to fund the best-ranked projects, irrespective of their geographical origin. The remaining share can still be allocated as a VCP to achieve an evenly distributed granting rate. Hünermund and Czarnitzki simulate a mixed mode for the Eurostars programme and find that if the European Commission’s contribution of 25% had been allocated as a real common pot, a large fraction of the additional costs due to the VCP would have been avoided.

References

European Commission (2008), “Towards joint programming in research: Working together to tackle common challenges more effectively”, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 11935/08, COM (2008) 468

Hünermund, P, and D Czarnitzki (2016), “Estimating the Local Average Treatment Effect of R&D Subsidies in a Pan-European Program”, ZEW Discussion Paper No. 16-039

Makarow, M, G Licht, I Caetano, D Czarnitzki, and S Elçi (2014), “Final Evaluation of the Eurostars Joint Programme”, Ref. Ares (2014) 3906990

Moretti, P F, and L M Villanova (2012), “Coordinating European national research programmes: the process towards Joint Programming Initiatives”, Consiglio Nazionale delle Ricerche, DTA 10-2012

OECD (2012), “Meeting Global Challenges through Better Governance: International Co-operation in Science, Technology and Innovation”, OECD Publishing

Tomado de: http://voxeu.org/article/joint-programming-european-science-and-technology-policy

Imagen: https://www.google.com/search?q=Joint+programming+in+European+science+and+technology+policy&espv=2&biw=1366&bih=667&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjb28nP_-PNAhXDez4KHdbUAJMQ_AUIBygC#tbm=isch&q=european+continent&imgrc=YNC7jRaz20gXpM%3A

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En Ginebra: la CDH adopta Declaración sobre Derecho a la Paz propuesta por Cuba

Europa/ Ginebra, Prensa Latina

La propuesta de Cuba sobre la Declaración sobre el Derecho a la Paz, fue adoptada en el 32 sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos (CDH)

Este importante documento declara por primera vez la existencia de este derecho para todos los seres humanos, refiere un comunicado de la Misión Permanente de la mayor de las Antillas en Ginebra.

Al presentarlo, Anayansi Rodríguez, representante permanente de la isla ante la Oficina de la ONU en esta ciudad suiza, recordó las recientes palabras del presidente Raúl Castro cuando expresó que «la paz es un derecho legítimo de cada ser humano y de todos los pueblos».

Esas palabras forman parte del discurso pronunciado por el mandatario cubano el 23 de junio último en la Ceremonia de Firma de Acuerdos sobre Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, Dejación de las Armas y Garantías de Seguridad entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP. En momentos en que la paz mundial es un anhelo al que aspiran millones de seres humanos, esta Declaración ayudará a sensibilizar a las personas y los gobiernos sobre los múltiples elementos que componen el derecho a la paz y, con ello, reforzar la cooperación internacional, así como las acciones que propicien dicha cooperación, la solidaridad y el diálogo entre civilizaciones, prosigue el comunicado.

Organizaciones de la sociedad civil, artistas de talla internacional y muchas otras personas apoyaron activamente su adopción. El aporte de ellos fue esencial en todo el proceso de varios años que llevó a este importante resultado, resalta.

Cuba, país sede de trascendentales eventos para la paz regional y mundial durante el 2016, promovió activamente durante varios años el reconocimiento de ese derecho por el Consejo.

Corresponderá ahora a la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamar la «Declaración sobre el Derecho a la Paz» en su 71 período ordinario de sesiones, y con esa acción dar esperanza a millones de personas en el planeta que desean vivir en un mundo caracterizado por la coexistencia pacífica entre las naciones, la cooperación y la solidaridad internacional, concluye la nota.

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5028121&Itemid=1

Imagen tomada de: http://www.escambray.cu/wp-content/uploads/2016/07/Consejo-derechos-humanos-1024×682.jpg

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Suiza dijo no, por ahora, a la propuesta de ingreso garantizado

Suiza/25 de Junio de 2016/

La iniciativa pretendía que cada persona reciba 2500 francos, tanto si trabaja como si no lo hace.

Tener el sueldo garantizado, se trabaje o no, parece inimaginable. Sin embargo, ya son varias las ideas y propuestas en este sentido que se vienen presentado en los últimos tiempos. La última fue en Suiza, donde una iniciativa popular iniciada en 2012 se votó en referéndum el 5 de junio último. La iniciativa «Por un ingreso básico sin condiciones» se propone garantizar la subsistencia de todas las personas por igual sin que para ello deban trabajar. En dos palabras: sin condiciones.

La idea no es nueva. Ya Tomás Moro hizo referencia a un ingreso de este tipo en su libro Utopía. Y este año hasta ha sido debatida en el Foro Económico Mundial en Davos. Lo interesante de la propuesta es que ha movilizado a un debate de todos los sectores.

Lo que parecería ser un planteo característico de la vieja izquierda está siendo apoyado por empresarios, científicos sociales y académicos en un país típicamente de centro y liberal. Las razones más escuchadas nombran los altos costos y la burocracia en los los seguros sociales están fallando en adaptarse a estos tiempos para satisfacer demandas reales y concretas. «Nuestro sistema social tiene 150 años, está basado en respuesta a la industrialización 1.0», dice Daniel Häni, uno de los empresarios que defiende la iniciativa, citado por el Financial Times.

El futuro del empleo

Entre los argumentos de los impulsores de la propuesta está un viejo sueño de la humanidad que se está cumpliendo gradualmente: los robots serán progresivamente quienes realicen el trabajo. La revolución digital determinará que la sociedad se pueda concentrar en actividades más gratificantes y trascendentes. Sin embargo, y por ello precisamente, mucha gente tiene miedo por su futuro. Según varios estudios, muchas fuentes de trabajo desaparecerán.

Robert Reich, quien fue secretario de Trabajo de la administración de Bill Clinton y actualmente enseña en la Universidad de Berkeley, dice que la revolución digital está incrementando la inequidad y la inseguridad económica. Esta inseguridad podría llevar a una crisis de la demanda. Martin Ford, autor de un libro sobre el auge de los robots y sus consecuencias en un futuro de desempleo, que en mayo asistió al Simposio de la Universidad de St. Gallen, en Suiza, reflexionó en el mismo sentido. «Debemos crear políticas para que tanto el que pueda encontrar trabajo con un ingreso suficiente como el que no, puedan sobrevivir en nuestra sociedad, y que todos podamos mantener el poder de consumo, uno de los ejes impulsores de la economía. Sin consumo se corre el riesgo de estancamiento.»

Financiamiento

En la propuesta suiza, parte del salario pagado al trabajador sería sustituido por el ingreso básico y sólo el resto seguiría a cargo del empleador. Pero además, el ingreso básico reemplazaría varios seguros sociales y subvenciones como el seguro de desempleo y las jubilaciones bajo el sistema de reparto. Sólo personas que hoy viven bajo el nivel mínimo de subsistencia tendrían más dinero con el ingreso básico.

Si bien la iniciativa no determina un monto específico para el ingreso básico, recomienda 2500 francos suizos -cuyo valor es similar al del dólar- por adulto y 625 para los menores, una suma bastante elevada comparada con los salarios en otros países de Europa.

Lo más curioso de la iniciativa es que, a pesar de proponer un cambio radical en la manera de concebir el trabajo y el ingreso, en términos económicos se presenta como viable. Según cálculos en base a los niveles de empleo de 2012, los costos del ingreso básico serían de 208 mil millones anuales. Si a ello se le deducen los costos que hoy se pagan por seguros, jubilaciones y subsidios faltarían 25 mil millones, es decir un 12% del monto total.

Según la iniciativa, este resto también es parte del dinero circulante el día de hoy, a través de transferencias privadas de los asalariados que solventan a sus hijos, a sus cónyuges amas de casa y demás familiares. En otras palabras, no se necesitaría ni más ni menos dinero en el sistema. Hay diversas ideas de cómo financiar este faltante, un impuesto a las transacciones financieras -que en Suiza no existe- es sólo un ejemplo.

Tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo propusieron votar contra la iniciativa. Argumentaron que debilitaría la economía porque para muchos sería poco rentable trabajar, se perderían importantes fuerzas laborales y se arriesgaría que muchas ramas de producción se fueran del país. Habría menos recaudación impositiva y recortes en educación, infraestructura, agricultura, defensa y medio ambiente. Por otro lado sería un aliciente para muchos trabajadores de otros países con menores ingresos para emigrar hacia Suiza.

El resultado del referéndum

La pregunta clave que se planteó el electorado es: ¿qué haría usted si le pagaran 2500 francos sin condiciones? ¿Trabajaría igual que antes? Las respuestas y las percepciones varían. En una encuesta encargada por los propulsores de la iniciativa al instituto DemoSCOPE, sólo el 2% de los encuestados dijo que dejaría de trabajar. Un 54% expresó que continuaría estudiando y especializándose, un 53% que pasaría más tiempo con su familia, un 22% se haría emprendedor autónomo. Todas actividades consideradas positivas.

Finalmente, el 5 de junio el 76,9% de los votantes dijo que no a la iniciativa. El cambio parece ser demasiado drástico para estos tiempos. Sin embargo, en ciudades como Basilea, Zurich o Ginebra el voto positivo superó el 30%. Otros países como Finlandia también lo está planteando. Según la encuesta de DemoSCOPE, el 59% de los menores de 35 años, es decir la Generación Y, piensa que vivirá la implementación de un ingreso básico.ß

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1912553-suiza-dijo-no-por-ahora-a-la-propuesta-de-ingreso-garantizado

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Ginebra acoge el XIV Curso sobre Derechos Humanos de la UR en torno a los medios de comunicación

América del sur / Europa / Noticia / 26 de junio de 2016 / Por: Universidad de la Rioja

 
XIV Curso de Verano de la UR en Ginebra sobre ‘Medios de comunicación y Derechos Humanos’

 

Ginebra acoge desde el lunes 27 de junio el XIV Curso sobre Derechos Humanos que organiza la Universidad de La Rioja en la capital suiza y que este año gira en torno a ‘Medios de comunicación y Derechos Humanos: ambivalencias del cuarto poder en la era digital’.

Esta actividad se enmarca dentro del programa de Cursos de Verano UR 2016 que, gestionados por la Fundación de la UR, cuentan con el patrocinio de Banco Santander a través de Santander Universidades, y la colaboración de medio centenar de empresas y entidades de la región y de fuera de ella.

En este caso, el Gobierno de La Rioja, el Parlamento regional, la Fundación Academia Europea de Yuste, el Colegio Universitario Henry Dunant, el Departamento de Derecho y la Cátedra Unesco de Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural de la UR, entre otras entidades.

Dirigido por Ana M.ª Vega, catedrática de Derecho de la UR, y coordinado por Alfred Fernández, director del Colegio Universitario Henry Dunant, este curso de verano está especialmente pensado para estudiantes de Derecho, Trabajo Social, Ciencias Sociales y Políticas, Economía, Periodismo y Ciencias de la Comunicación; así como integrantes de oenegés y activistas de derechos humanos, así como a profesionales de estas disciplinas.

El Curso de Verano de la UR sobre Derechos Humanos en Ginebra pretende poner de relieve el papel de los periodistas y profesionales de los medios de comunicación en la promoción y protección de los derechos humanos; debatir sobre los desafíos actuales de la libre circulación de las ideas a través de la palabra y la imagen; analizar los conflictos entre la libertad de difusión y acceso a la información y la seguridad nacional; y examinar las garantías para la protección del pluralismo e independencia de la libertad de prensa.

4º PODER EN LA ERA DIGITAL | El periodismo está en constante evolución y ha llegado a incluir las aportaciones de instituciones del sector de los medios de comunicación, particulares y una serie de organizaciones que buscan, reciben y difunden todo tipo de información e ideas, tanto en línea como en los demás medios de comunicación, en el ejercicio de la libertad de opinión y de expresión.

Esto incluye la información transmitida por los canales tradicionales o a través de Internet y de las tecnologías de la comunicación que usan Internet o las redes sociales, difundida por medios de comunicación públicos o privados, así como por particulares que realizan actividades periodísticas aunque no estén formalmente contratados por un medio de difusión

Esta revolución digital ha abierto infinitas posibilidades a la libertad de expresión y de opinión, así como a la difusión y acceso a la información. Sin embargo, sus potencialidades de uso están demostrando ser muy ambiguas.

El buen periodismo apuntala las libertades individuales y los derechos comunes; el ‘interés’ de todos: impulsa importantes movimientos cívicos, como la ‘primavera árabe’ tunecina, contribuye a exigir rendición de cuentas de los poderes, a dar voz a quien no la tiene e iluminar el debate sobre los asuntos que nos afectan como sociedad.

Sin embargo, en ocasiones, los medios a los que la mayor parte de nosotros nos asomamos cada mañana están cargados de prejuicios e intereses más o menos explícitos que impiden a los profesionales el ejercicio de su oficio, alimentan la distorsión o ignorancia de los asuntos relevantes y privan a nuestra democracia de uno de sus puntales.

De igual modo, algunos recurren a esta revolución digital para difundir discursos del odio, discriminación o xenofobia. O, lo que es peor, para propiciar un fenómeno terrorista inédito que ha permitido al Estado islámico planificar e implementar una estrategia de marketing y comunicación pública sin precedentes, destinada a socializar el terror y condicionar la agenda política y a transformar el terrorismo en un producto cultural popular, global, atractivo e imitable.

Fuente de la noticia: http://www.unirioja.es/apnoticias/servlet/Noticias?codnot=4511&accion=detnot

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