Alianza Biodiversidad

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La respuesta sistémica a la pandemia: ganancias, privilegios, control y represión

«Lo paradójico es que si bien la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 ha expuesto el papel que desempeña el sistema agroalimentario agroindustrial y todo el entramado corporativo enredado con gobiernos y organismos internacionales, en la generación y propagación de enfermedades pandémicas y patógenos letales, es también cierto que desde que comenzó la cuarentena en forma casi global, en América Latina el agronegocio, y otras muchas puntas de la industria y los negocios, no sólo no estuvieron en cuarentena sino que continúan con total impunidad profundizando sus impactos y daños a comunidades y ecosistemas».

Mala voluntad y que mueran quienes tengnan que morir expresan los gobiernos y los organismos internacionales que se arrogan la gestión de esta extraña condición generalizada. Así Europa abrió sin miramientos a las condiciones de su “nueva normalidad”, cuando en América Latina la curva de contagios crecía.

Un sabio yanomami lo dijo al declarar que “el cielo se desploma”, en referencia a las causas de la pandemia que todo el 2020 acumula síntomas, contagios; un arrasamiento a nivel mundial: en la cuenta al 18 de agosto esto significaba casi 22 millones de personas infectadas, y casi 780 mil personas fallecidas.

Son muchos hilos de eventos concatenados que tejen el descarrilamiento actual que atisbamos en un instante, en un cuadro con cifras, pero que no dan cuenta de la complejidad de este “estado de excepción” que declararon pandemia.

La “tormenta perfecta” que desató el brote de Covid-19 tal vez provino del estallamiento de varios tramados que tienen en su centro al sistema capitalista, y su operación industrializante.

Con la destrucción de los bosques y los ecosistemas naturales y el acercamiento de animales silvestres, los entornos donde existen racimos, constelaciones de virus, entraron en contacto con poblaciones animales que conviven más con los humanos. Es la producción industrial de la comida (en particular la carne), el manejo de los desperdicios, el aire, el agua, y el hacinamiento creciente de poblaciones animales y humanas. Hay una semejanza inquietante entre barrios marginales y favelas, por un lado, prisiones públicas y privadas, centros de detención de migrantes, campos de refugiados, hospicios, grandes operaciones agroindustriales con barracas para los peones, por otro, y finalmente las enormes y virulentas granjas fabriles industriales, donde todo tipo de bichos, bacterias, virus, hongos se entrecruzan de modos violentos en las indignas y breves existencias de cerdos, aves y reses. Ahí no existe de ningún modo la convivencia, ni la escala en la que podrían vivir estos organismos en los ambientes naturales donde de por sí coinciden. Son hacinamientos, entornos donde las escalas naturales fueron estalladas, rompiendo las relaciones existentes para imponer unas nuevas que propician mutaciones, exacerbaciones, recrudecimientos, degradaciones.

La crisis se agrava con el enloquecimiento climático, y si el cielo se desploma, dejando en entredicho nuestros sistemas alimentarios, es también por las cadenas de suministro que transmiten la gravedad de las condiciones de un paso al otro, afectando toda nuestra vida.

Lo han estado diciendo infinidad de autores y centros de investigación, entre ellos varios de los que configuran la Alianza Biodiversidad en nuestra América.

El suelo se hunde. Estamos ante la destrucción del entorno y la recurrencia continua de afecciones. Y el mismo sistema capitalista que provocó todo, desmanteló también el Estado de bienestar que en algún momento podría habernos defendido.

Los sistemas de salud mundiales se fueron desmantelando hasta quedar en condiciones deplorables, sustituidas por costosos esquemas de seguro médico que en realidad son estafas y paquetes semi-turísticos para personas que aceptan, sin cuestionar, que su salud haya sido expropiada —y sea gestionada de maneras lastimosas por supuestos expertos en salud que han ido acumulando grandes poderes con el paso de los años. Quienes no pueden pagar la salud “de marca” quedan a merced de lo que el maltrecho presupuesto público pueda destinar al alivio de la inmensa mayoría que construye y mantiene a cada país.

Si existe eso que le llaman la “planta productiva” —los factores que se sinergizan la producción plena de bienes y servicios tales como infraestructura, instalaciones, maquinaria, mano de obra, materias primas, procesos industriales, comunicación, servicios, transportación y cualesquiera se le pueda ocurrir a los gerentes de fábricas y despachos promocionales—, podemos alucinar que existe una “planta destructiva”, una deshabilitación progresiva, despojos por doquier y una devastación expansiva como detonantes de la fuerza acumulativa del capital.

Estamos en el momento en que tal destrucción se extremó por los procesos acumulados que suman su propia entropía, y la crisis culminante es esta semiparalización del mundo.

Aprovechar la indefensión. Lo paradójico es que si bien la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 ha expuesto el papel que desempeña el sistema agroalimentario agroindustrial y todo el entramado corporativo enredado con gobiernos y organismos internacionales, en la generación y propagación de enfermedades pandémicas y patógenos letales, es también cierto que desde que comenzó la cuarentena en forma casi global, en América Latina el agronegocio, y otras muchas puntas de la industria y los negocios, no sólo no estuvieron en cuarentena sino que continúan con total impunidad profundizando sus impactos y daños a comunidades y ecosistemas. En casi todos los países de la región las actividades agroindustriales y de extractivismo fueron exceptuadas de la cuarentena por considerarse en las medidas tomadas como “actividades esenciales”.

El capitalismo, no se mueve de su idea de resolver los problemas promoviendo las mismas causas que los provocaron. Así, gobiernos, empresas y cómplices internacionales siguen pugnando por reformas e imposiciones amenazando la estabilidad de sus propias estructuras: hasta dónde resistirán, habrá que verlo.

Este documento, colectivo, es apenas una miradita de todo lo que recorre las venas abiertas de América Latina. Y lo anotado no agota lo que está ocurriendo.

Estados y corporaciones aprovechan la fragilidad. Nos llega información crítica porque tenemos vínculos con organizaciones y personas en situaciones de conflicto, pero sabemos que la inmensa mayoría de lo difundido proviene de los centros de poder y eso repiten los medios masivos de comunicación. Intentamos un orden que nos sirva para hacer sentido y fortalecer nuestras luchas en cada contexto, en cada situación particular.

Dejemos claro que tras la pandemia y sus causas está el capitalismo, que se reacomoda o evoluciona, pero mantiene sus mismos viejos objetivos que le sirven para seguirse perpetuando: tener ganancias, privilegios, para lo cual exacerba el control y la represión.

No podemos dejar de anotar estos nodos de algidez, siempre teñidos de un chantaje emocional por parte del poder:

1. Promoción a ultranza de ajustes en las políticas públicas, expresada en reformas constitucionales, leyes y normativas. Se reescriben leyes existentes y crean otras que retuercen el sentido de lo que promueven, alegando que defienden algo cuando en realidad recrudecen la indefensión con que el poder somete a los pueblos. Promoción del extractivismo y los megaproyectos como actividades esenciales. Restricciones a la movilidad, pérdida de derechos laborales, creación de nuevos impuestos, privatización de recursos públicos y bienes comunes, obligatoriedad del uso de plataformas digitales para trámites, nuevas oleadas de subsidio a la agroindustria, aumento en las prerrogativas y libertad de acción de los cuerpos represivos, todo respaldado con la nueva legalidad de la pandemia, armados con los nuevos tratados de “libre comercio” en Brasil, Chile, Ecuador, Costa Rica, Honduras y México que potencian la flexibilización ambiental y laboral (que incluye mayor precarización, ausencia de responsabilidad en contratos y despidos) y las Buenas Prácticas Regulatorias que le impiden a los países restringir a las corporaciones. Los TLC fuerzan a los países a registrar, certificar y privatizar sus semillas con derechos de obtentor y patentes. Se apresuran los permisos para transgénicos. En el caso de México se regula la coexistencia entre OGM y maíz nativo. En Perú se termina la moratoria a los OGM, además de que se aprueban muchos nuevos OGMs en Brasil. Aumentan las importaciones de agrotóxicos, obviando procesos. Se eliminan aranceles (maíz, arroz, soya, trigo, bananos y más).

2. Saqueo territorial. La reclasificación de la minería, la extracción petrolera y de toda suerte de fuentes de energía y agua como “actividades esenciales”, acelera el saqueo al agilizar concesiones y licencias ambientales, manifestaciones de impacto ambiental realizadas al vapor o de modo fraudulento, extracción de energías eólica y fotovoltaica, al tiempo que se promueven proyectos turísticos a futuro como gran solución a los problemas de liquidez presente de la pandemia. Los basureros de tóxicos, por un lado, y las contra-reformas agrarias que privatizan la tierra, desembocan en acaparamientos multimodales de diversos territorios, mientras se promueven asociaciones público-privadas y contratos que ponen en garantía las tierras.

3. Aumentó la represión. Los cuerpos policiacos, las guardias nacionales y el ejército salieron a las calles, llegaron a las aulas y a las parcelas de las comunidades, estableciendo que la población, incluso esta población fragilizada y fragmentada, aislada por la pandemia, sea la enemiga.

La violencia de género, en particular contra las mujeres, se intensificó hasta límites nunca vistos en esta cuarentena. Igual que los asesinatos contra quienes defienden los derechos humanos, los territorios y el ambiente, o están contra los megaproyectos y el crimen organizado.

4. Las fronteras del asedio: el Covid-19 sí tiene comportamiento de clase. Hay dos suertes divergentes de las comunidades rurales y originarias. Cuando las comunidades o colectivos mantienen un autoconfinamiento, decidido de manera colectiva y horizontal y existe una organización propia que sustente sus decisiones, la gente se ha logrado mantener más o menos bien, aunque con carencias que buscan resolver, en colectivo. Están sin contagios y se defienden del caos con su producción alimentaria propia y su terapéutica local, su gestión comunitaria de la mitigación, filtros sanitarios y prevención.

Hay otras comunidades que pese a estar aisladas, tienen contagios imparables, y por falta de servicios, los daños a sus poblaciones son aún peores que en las ciudades. ¿Qué explica un destino u otro? Las comunidades rurales (originarias o no) que están profundamente dañadas por la pandemia, comparten un asedio que no es nuevo, y que viene destruyéndoles desde siempre sus recursos para la subsistencia. Son lugares a la orilla de corredores industriales, o en las montañas y bosques acorralados por el extractivismo y las plantaciones. Poblaciones invadidas por megaproyectos y su cinturón de corrupción y giros negros, todo lo que traen los servicios a obreros y obreras que conviven con las poblaciones locales vulnerando sus pocos filtros. Ocurre con pueblos que proveen empleadas y empleados a los servicios de hotelería y restoranes, a los invernaderos industriales, a las empacadoras o maquilas y luego regresan a sus comunidades a que los cuiden, los sanen, los acojan antes de morir, o contagiar. Hay comunidades que sí han logrado establecer filtros sanitarios eficaces y eso fortalece su organización interna, pero las fronteras del asedio a veces son brutales.

5. Promoción de la agricultura industrial. Con la pandemia, los gobiernos no han promovido apoyos para la alimentación de los pueblos (algo muy visible en México, Honduras, Ecuador y Bolivia). En vez de buscar alternativas en la soberanía alimentaria de las comunidades, hay toda una retórica, alimentada por normas que provienen de los TLC, para escindir y marginar la producción independiente y campesina alegando normas de higiene inalcanzables y absurdas.

La permisividad con las grandes corporaciones que promueven que la gente se alimente con comida barata y “chatarra” es responsable del aumento en la obesidad, la diabetes, la hipertensión y como tal propensión a ser víctima de esta pandemia. Mientras, los empresarios del agronegocio se esmeran en lograr más subsidios, más permisos para importar agrotóxicos y ajustar las leyes para evadir su responsabilidad con la salud de los trabajadores.

6. Invasión de las tecnologías digitales. Hay un enorme avance de las tecnologías informáticas y de comunicación (TICs) y otras que dependen de los satélites y frecuencias inalámbricas, que posibilitan el automatizar procesos productivos y comunicativos. Se insiste que con esas tecnologías se puede mantener la “sana distancia” (trasladando el riesgo de contagio a obreros y obreras de plantas fabriles, industria metal-mecánica, minería o petroleras; o a quienes laboran en granjas industriales o invernaderos de cualquier tipo, en cualquier lado, o quienes viven del nuevo oficio de la entrega a domicilio), mientras explotan el tiempo de trabajo desde la casa. Las y los estudiantes tratan de ajustar sus aprendizajes a esas plataformas y se mecanizan labores agrícolas y de procesamiento industrial.

Hay gente que cae en la “trampa digital”. Hay jóvenes, que al imaginar alternativas, sólo quieren inventar nuevos softwares o nuevas aplicaciones, o comunidades aisladas a las que se proponen “derechos digitales” proveídos por las empresas, para lo que se instalan servidores y cableados privados, de las empresas. El “manejo remoto” se promueve como la nueva alternativa verde libre de contagio, y se torna una nueva sumisión global que se cierne sobre todas y todos.

La imposición digital comienza con más concesiones a las empresas de telecomunicaciones y la obligación de volverse digital para facilitar el rastreo de rutas de contagio y acceder a la “protección” de los servicios de salud, del seguro de desempleo, de los créditos para micro-negocios, o para no perder las tierras. El extractivismo de los datos, y todos los otros despojos, se tramitan veloces en línea.

7. Desmantelamiento de servicios públicos. Los colapsos de las redes hospitalarias (y los sistemas de atención a la salud) en nuestros países, las restricciones al comercio local, a los mercaditos, tienditas o puestos callejeros para privilegiar los supermercados “sanitizados”, la falta de equipos de protección a trabajadores esenciales, la ausencia de seguridad para la población, evidencian el adelgazamiento sostenido por décadas de los presupuestos destinados al bienestar general. El aislamiento exacerba la vulnerabilidad y el crimen. Es muy grave que se ponga el acento en la llamada “atención a la salud”: en la intervención como combate a la enfermedad en vez de un abordaje integral donde lo social, lo político, lo nutricional y las condiciones de desigualdad, configuren muchos factores que tendrían que atenderse para lograr una población menos propensa a padecer las vicisitudes de las pandemias.

8. Menosprecio por los esfuerzos independientes. Pese al surgimiento en campo y ciudad de redes de mutualidad y organización comunitaria, de abasto y cuidados, que son independientes y están salvando vidas sin exigir nada a cambio, las autoridades e instituciones no han hecho ningún esfuerzo claro por entablar comunicación y coordinar posibles colaboraciones que potencien los pocos recursos que hay en nuestra región y enfrenten los desastres a la salud y a las economías familiares, locales y nacionales. Lejos de reconocer la gestión autónoma, autoridades, instituciones, líderes de opinión, medios masivos, insisten en enfatizar actitudes de irresponsabilidad y negligencia de “la sociedad”. Mucha gente no puede quedarse en casa porque necesita el sustento diario y mucha otra simplemente no confía en las recomendaciones de una ciencia y un sistema de atención pública que desde siempre desprecian lo campesino, lo artesanal, lo intuitivo, lo tradicional. Culpar a la población por el contagio y la muerte es muy conveniente para aumentar el poder de la policía y otros cuerpos represivos durante las cuarentenas.

El capitalismo no puede asumir los tiempos comunitarios, le urge que las ganancias tengan lugar. Y los Estados no pueden reconocer que hay modos de resolver la vida de los pueblos que no pasan por el negocio que hacen con la salud, la alimentación, la educación, la vivienda.

Siempre pesará más “reactivar la economía”, al costo que sea, antes que fortalecer estrategias autónomas de supervivencia.

No es “descuido” ignorar cómo es que la gente en Perú, Ecuador, Chile o Brasil enfrenta, independiente, la pandemia. Qué significan esos nuevos nichos de mercado para tecnologías, procesos y productos que vienen a “salvarnos”. Además de omitir las alternativas que emergen desde abajo, hay campañas contra la homeopatía, la acupuntura, los remedios caseros y las curaciones ancestrales, contra la misma idea de otra racionalidad, más integral.

Mucho de lo que padecemos surge de campañas institucionales internacionales que desdeñan la prevención, entronizan los tratamientos con fármacos que terminan siendo mercancías que pueden aliviar o tener efectos colaterales que tornan tales drogas en promotoras de afecciones nuevas.

Desde ese pensamiento negado por la institución, nos dice Ariel Guzik, un médico, músico, biólogo, de los virus y del origen de la pandemia: “…el fenómeno en su aspecto biológico me parece menor considerando las circunstancias que lo nutren. Ante el contubernio de fuerzas que lo recrean, acechan y explotan, me parece secundario; veo escrito en su trama un enunciado sobre la ingenuidad humana y su capacidad de sometimiento” [1].

Para Hermann Bellinghausen es crucial la crítica a “la concepción que se tiene de la pandemia”, y de cómo toda la situación se dirime y se dirige, “por la razón de Estado, el costo y beneficio para los mercados, el control represivo, el combate focalizado y medicalizado de un evento biológico que transcurre en diversas dimensiones” [2].

Mucha gente lleva tantos años en la precariedad que de verdad no puede hacer diagnósticos básicos sobre cómo la enfermedad los está atacando, acostumbrados al extremo del dolor físico y existencial infligido por un sistema que sólo quiere vender y lucrar. No es un problema que tengamos exclusivamente en América Latina. Los ajustes legales, con sus nuevos ajustes estructurales, la trampa digital, las fronteras del asedio, desmantelar los servicios públicos, son la respuesta del capital ante la pandemia en todo el planeta.

Brasil

Leyes y decretos por el interés privado. Aprovechando la emergencia decretada por el Congreso Nacional, sin debate público se emitieron decretos y leyes que exacerban la represión oficial, favorecen a las corporaciones y aseguran impunidad por crímenes ambientales, lo que contribuyó a los contagios entre comunidades indígenas y campesinas y afectó la viabilidad de las redes alimentarias no industriales.

Desde febrero quedaron bajo tutela absoluta de las Fuerzas Armadas las políticas de desarrollo para la Amazonia y en mayo se estableció una nueva Garantía de Ley y Orden.

Las actividades corporativas se reclasificaron como actividades esenciales en sendos decretos de marzo y abril, que permiten operar sin medidas de aislamiento los servicios de transporte, almacenamiento, entrega y logística para cualquier carga; la producción, exportación, importación y transporte de insumos, químicos, petroquímicos y plásticos; procesos siderúrgicos y cadenas de producción de aluminio, cerámica y vidrio; beneficiado, comercialización y flujo de minerales; mercados de capitales y seguros, y construcción civil.

Se favorece lo que asegura ganancias como la liberación de 150 nuevos agrotóxicos. El ministerio de Agricultura estableció la protección de las actividades industriales relativas a producir alimentos y bebidas, procesar productos agropecuarios, producir fertilizantes y semillas, fabricar y comercializar maquinaria, mantener ferrovías y avenidas. El Plan Zafra 2020 recibió un aumento de 13 mil 500 millones de reales en relación a 2019, en medio de la mayor crisis económica del país, beneficiando la agricultura en gran escala. Apenas 500 millones de reales se destinaron a la agricultura familiar que produce un 70% de los alimentos para consumo interno, sobre todo vegetales, hortalizas y frutas.

Frigoríficos, focos de infección. El corte de caña de azúcar y el trabajo en frigoríficos son los principales vectores de contagio. Con los altos precios de las commodities y el real a la baja, el sector agropecuario fue el único que creció en los tres primeros meses de 2020. La matanza de aves creció 5%, registrando su mayor volumen en ese periodo. En Río Grande del Sur, 32 frigoríficos tuvieron brotes de coronavirus, 25% del total oficial para ese estado. En Dourados en Mato Grosso del Sur y al oeste de Paraná los municipios más afectados son los más próximos a los mataderos. De los casos de contagio en Dourados 90% está relacionado al frigorífico de JBS, el mayor de América Latina.

Pandemia de violencia. Por la suspensión de la vigilancia y la penalización, la pandemia ha encubierto más deforestación legal en la Amazonia y más negligencia ante los brotes de fuego estacionales, el aumento de las invasiones de tierras públicas y el tráfico de productos forestales y minerales, lo que provoca una explosión de contagios entre los pueblos. Esto ocurre sobre todo en el “arco de la deforestación”, una transición entre Amazonia y el Cerrado en Mato Grosso, Tocantins y Maranhão. La contaminación de las comunidades proviene de los trabajadores de los frigoríficos y de la gente que labora la caña, pues tales comunidades son la reserva de mano de obra regional más barata.

En São Paulo, desde el inicio de la pandemia, la policía asesinó una persona cada seis horas, y las detenciones por crímenes contra mujeres crecieron 51.4%. En Rio Grande del Norte aumentó 34% las lesiones y 54.3% las amenazas contra mujeres mientras los estupros se duplicaron de marzo a abril. En Mato Grosso, los feminicidios aumentaron cinco veces.

Un capitalismo del control digital. El Proyecto de Ley contra la industria de noticias falsas o “fake news”, propone exigir la identificación completa del usuario vinculando su cuenta en redes sociales con su pasaporte y teléfono celular, violando el derecho humano a la privacidad y poniendo a disposición de las corporaciones de las plataformas todos los datos colectados. Organizaciones y movimientos sociales tendrán la obligación de conservar y compartir sus datos con órganos de investigación de seguridad pública. Para evitar los perfiles falsos, se busca obligar a las empresas de telecomunicación a que manden informes periódicos con registros actualizados de los celulares activos, atribuyendo poder policiaco a las corporaciones privadas.

Colombia

El Decreto original. Tras decretar la emergencia por la pandemia de Covid-19, el gobierno emitió otros decretos y normas que facilitan el operar de los agronegocios, certificar semillas, privatizar el agua, empoderar a los patrones y digitalizar a la fuerza.

En marzo se definió la entrega de créditos para el sector agropecuario durante la pandemia, pero menos de 2% de los créditos es para los pequeños agricultores.

En abril se fijó arancel cero a la importación de maíz amarillo, soya y sorgo: una agresión directa a la agricultura nacional disfrazada de combate a los impactos pandémicos. La norma favorece sólo a quienes importan alimentos y materias primas para la producción industrial de animales. Existe una sobreoferta en el mercado global de soya y maíz baratos, por lo que no se justifica que se eliminen los aranceles a la importación de materias primas.

El gremio semillero solicita al gobierno implementar un plan de contingencia que garantice la seguridad alimentaria en medio de la emergencia, “evitando demoras en trámites” para certificar semillas e importar insumos agrícolas. Que los productores registrados puedan comercializar semillas sin cumplir los requisitos de la certificación. Que las empresas puedan auto-certificarse mientras se supera la contingencia. Por supuesto, el sector agroindustrial también pide que sigan aprobando productos derivados de transgénicos para consumo humano.

Privatizar el agua y estandarizar las plataformas digitales. En junio se estableció un subsidio temporal de 12 mil 400 pesos colombianos mensuales a los suscriptores de los acueductos comunitarios rurales, dinero que recibirán como descuento en el cobro del servicio. La norma desconoce que la mayoría de acueductos rurales recaudan los aportes familiares bajo estrategias distintas a la “facturación”; muchos no tienen personería jurídica. Para recibir el subsidio, los beneficiarios deben actualizar su información. Significa empezar a ser vigilado por las autoridades, aceptar nuevas obligaciones y cargas administrativas y económicas que poco comprenden la lógica comunitaria y la realidad rural, como exigir el envío de más de 800 formularios de forma digital.

En el país sólo mil 621 acueductos comunitarios son controlados y vigilados por la autoridad, pero existen 32 mil acueductos veredales que estarían obligados a inscribirse en un régimen de vigilancia, lo que hará que muchos desaparezcan o sean reemplazados por estructuras empresariales o regionales.

Con un decreto de marzo se priorizaron solicitudes de concesión de aguas superficiales y subterráneas para garantizar el suministro de agua potable, buscando reducir los tiempos de autorización a la tercera parte. Las concesiones serán prorrogadas de forma automática por el tiempo que dure la emergencia sanitaria. Se podrán adelantar actividades de prospección y exploración de aguas subterráneas sin permiso, siempre y cuando se cuente con información geoeléctrica del lugar de influencia y el aval de la autoridad ambiental.

Demandas patronales. Unos 25 líderes de los sectores empresariales, comerciales y académicos más importantes del país, escribieron al presidente propuestas para evitar una parálisis de la actividad económica y aliviar los efectos negativos que les causará la pandemia. Exigen flexibilizar y liberalizar el mercado laboral, permitir la contratación por horas; que por seis meses el Estado asuma 100% de los parafiscales y suspenda por un año la obligatoriedad de aportes a las cajas de compensación; aprobar procedimientos abreviados para “temas que hoy frenan el desarrollo” como los trámites de regalías, de consulta previa y licencias ambientales; priorizar las “Zonas de Desarrollo Empresarial” que dinamicen el sector productivo agroindustrial, fortalecer los derechos de propiedad agraria, la seguridad jurídica para atraer inversiones, desarrollar parques tecnológicos y zonas francas agroindustriales. Reducir impuestos y simplificar trámites a todos los sectores de las cadenas de valor y suministro agropecuario y agroindustrial, evitando controles de precios y medidas que obstaculicen su función productiva. Permitir que el mercado funcione con los mayores niveles de libertad posibles, dejando “que los precios transmitan la información necesaria a los productores y consumidores” para evitar los desajustes entre la oferta y demanda.

Los conflictos ambientales y sociales. Hasta el 19 de abril de 2020, fueron asesinados 56 líderes ambientales y sociales. Durante la cuarentena en la Amazonía colombiana se incrementó la deforestación y quema de bosques y se abren carreteras para aumentar la frontera agropecuaria en la selva.

Costa Rica

Fortalecer el agronegocio, las actividades extractivas y debilitar al Estado. Se privatizan las pocas instituciones que todavía hacen fuerte la seguridad social y proveen de recursos. Parecía que se apoyaría la producción real de alimentos contra el monocultivo, pero la intención no duró. Cafetaleros, piñeros, de yuca y otros cultivos repuntan en sus exportaciones en medio de la crisis. Las medidas sanitarias para los operarios del transporte de agroexportaciones en todo el Istmo centroamericano son ferozmente combatidas por los empresarios, igual que en Chile. Los trabajadores migrantes (empacadores que llegan de Nicaragua) están totalmente desprotegidos y sus centros de trabajo son focos de infección. Salen a la luz las condiciones infrahumanas con que les contratan en las productoras y exportadoras de yuca, piña y naranja. Se decretan medidas para liberar el ingreso de agrotóxicos al país (sobre todo de China), como en Argentina.

La ley para la certificación de semillas se discute con premura, como en Colombia y México. Los legisladores defienden la posibilidad de vender los parques nacionales como modo de enfrentar la catástrofe económica y productiva.

Se promueve la privatización total de las instituciones del Estado para obtener en el FMI fondos que ayuden a salir de la crisis. Así, se castigan los salarios, se achican las funciones reguladoras del Estado sobre los bancos, la producción de hidrocarburos y de alimentos.

Desde organismos internacionales llegan análisis contradictorios sobre qué debe hacerse, cuánto debe ser el salario mínimo universal, con empleo o sin él. No hay un consejo claro sobre si debe apoyarse a los informales o no, si fomentar la agricultura local o las cadenas industriales, si ampliar o limitar la definición del trabajo “esencial”.

Honduras

Libre comercio, militarización y extractivismo sin tregua. En la pandemia se dio luz verde al arancel cero para arroz y maíz según el TLC-CAN. Tiro de gracia a los pequeños agricultores, mientras los militares comienzan la ejecución del Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH), que busca la productividad y rentabilidad agrícola. Aumentan su presencia en las calles y en la protección del bosque como pago del ejecutivo a los militares por sostener al gobierno en el poder. Para ejecutar el PDAH se creará una dirección en la jefatura del Estado Mayor Conjunto con una asignación de 3 mil 843 millones de lempiras.

Desde finales de enero y aprovechando la sequía, el gobierno elaboró un paquete para sobrellevar la emergencia alimentaria declarada en 137 municipios, la mayoría del corredor seco. Recomendó represar ríos, importar semillas usar “semillas resilientes” que podrían equivaler a semillas transgénicas, e incrementar los monocultivos. Se otorgaron mecanismos de compra directa, que en Honduras equivalen a corrupción. Se calcula un gasto de 200 millones de lempiras para dar asistencia a pequeños productores agrícolas mediante un bono de seguridad productiva: fertilizantes, semillas mejoradas y venenos.

El discurso de la seguridad alimentaria, revolcado. A sabiendas que la alimentación elemental de la población hondureña se sustenta en el maíz y el frijol, producidos por unas 300 mil familias campesinas, ahora el régimen —que privilegia los cultivos para la industria y la exportación, que posterga al olvido la producción para el consumo interno—, nos viene a hablar de soberanía alimentaria y nos dice, queriendo insultar la inteligencia del pueblo, que tal producción estará garantizada a través de los ricos terratenientes quienes ahora sí se han convencido que lo importante es producir para adentro y no para sus negocios de afuera.

Para tal efecto el régimen creó un programa que logre “el ordenamiento, registro y trazabilidad de las unidades de producción nacional de alimentos y la categorización de los productores nacionales y extranjeros”. Se rumora que es una estrategia para que los terratenientes se apropien de la tierra recuperada a los narcotraficantes que fueron extraditados a EUA.

Despojo en línea. La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente anunció que tramitan en línea las solicitudes y renovaciones de licencias ambientales, para no detener la operatividad del comercio y las empresas durante la emergencia. Se entregan al por mayor frecuencias de banda ancha a multinacionales de comunicación (Tigo y Claro). Desde luego no son concesiones para radioemisoras o prestadores de servicio de internet comunitarios, sino para las compañías multinacionales de telefonía celular que acaparan el mercado nacional.

Honduras basurero de desechos tóxicos. El congreso aprobó un decreto, el 16 de junio, para permitir la introducción de baterías usadas de plomo, convirtiendo Honduras en basurero tóxico, argumentando que los fondos obtenidos servirán para atender la crisis del Covid-19. Y como se restringieron, por la pandemia, las garantías constitucionales, las organizaciones ambientales no pueden articularse para oponerse a la iniciativa.

Argentina

El cambio de gobierno demoró la catástrofe. Debido a la entrada del nuevo régimen la pandemia se ha afrontado de modo bastante racional y sin los efectos devastadores que ha tenido en otros países.

Pero Argentina comparte con el resto del Cono Sur la facilitación del uso de agrotóxicos.Con tres acuerdos de complementación económica que se pusieron en vigencia en el Mercosur, se aprobó la reducción de aranceles intrazona para importar insumos y así fabricar herbicidas y fibras sintéticas. En cuanto a los herbicidas, los acuerdos abarcan los compuestos químicos empleados para fabricar plaguicidas y herbicidas, todo lo necesario para elaborar glifosato y 2,4 D.

Una furiosa reacción de la derecha empantanó la intervención y expropiación que el gobierno había iniciado sobre la procesadora y exportadora de granos Vicentin (asociada a Glencore) que entró en quiebra, tras endeudarse con el Estado por millones de dólares fugar estas divisas del país.

Es alarmante: las fumigaciones agrotóxicas continúan durante la cuarentena. El 31 de marzo más de cien organizaciones argentinas denunciaron que siguen fumigaciones en Santiago del Estero, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos o Chaco, en las zonas de producción de commodities. En Argentina cada año se liberan unos 500 millones de kilos/litros de agrotóxicos en miles de formulados comerciales y con principios activos prohibidos en buena parte del mundo sin control alguno, e incumpliendo la ley.

Matar el bosque. En plena cuarentena, el desmonte no cesa y uno de los bosques más conservados del Gran Chaco continuó su desmonte en 8 mil hectáreas de la Estancia La Fidelidad. Greenpeace denunció que en el norte del país se desmontaron casi 10 mil hectáreas desde que comenzó el aislamiento en Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa.

Paraguay

La contingencia ha sido el pretexto para modificar el presupuesto del Estado y endeudar al país con mil 600 millones de dólares, 500 millones de dólares más que su gasto en Salud.

Como en Costa Rica, el “achicamiento del Estado” se coloca en la opinión pública como salida a la crisis, en medio de la angustia y las restricciones a las libertades públicas durante el aislamiento social. Argumentando la pandemia, el gobierno insiste en la necesidad de una reforma estatal que reestructure lo fiscal, lo administrativo, el funcionamiento de sus instituciones; que impulse un servicio civil meritocrático y un sistema de salud “integrado” y con un “servicio de calidad”; un nuevo sistema de jubilaciones y pensiones.

En su lanzamiento contó con gremios empresariales, muchos vinculados a los agronegocios, alegando que lo público se relaciona con corrupción y despilfarro del dinero de los contribuyentes. Por eso proponen el achicamiento del Estado.

En mayo se presentó un proyecto de ley para que los fondos de jubilaciones y pensiones del Instituto de Previsión Social se puedan usar para inversiones financieras. Tras una movilización sindical, el proyecto fue retirado. También está impugnado el proyecto del Servicio Civil. Varias centrales sindicales, organizaciones y partidos han realizado caravanas de rechazo. La movilización ha tenido gran repercusión, aunque el gobierno sigue moviendo su piezas para avanzar en el cuestionado proyecto, buscando crear confusión y desinformación.

México

Reactivar la economía aunque se reactive la muerte. El gobierno ha realizado medidas más o menos adecuadas para enfrentar la pandemia, pero levantó el confinamiento por la apertura de Europa. Desde ese momento se duplicaron los decesos.

Muchas comunidades han asumido su propia protección y se han autoconfinado. Se preparan para enfrentar un periodo difícil de alimentación y supervivencia, pues el ciclo anterior hubo sequía y poca producción. Así, buscan una buena cosecha este año, reactivar sus intercambios y comercios locales.

Sin embargo, el gobierno está activando normativas más restrictivas para la gente y que abran margen de acción a las corporaciones.

Desde que comenzó la pandemia, los megaproyectos avanzan con celeridad por “el delicado balance” entre detener el virus y activar la economía. Insisten en echar adelante devastaciones y acaparamientos como los llamados Tren Maya y el Corredor Transístmico, que no sólo profundizan la polémica sobre estos reordenamientos territoriales masivos sino que afloran la corrupción en los Manifiestos de Impacto Ambiental y en la indignidad con que tratan a los pueblos.

La minería y la industria automotriz se declararon esenciales en la contingencia. Son ramos industriales que invaden, contaminan, fragmentan y despojan a los pueblos originarios de agua. Se declararon esenciales las operaciones financieras y las ventas irrestrictas de las grandes cadenas de supermercados, mientras se castiga a los mercaditos al aire libre que son sustento popular desde antes de la Conquista y que aseguran el abasto de productos frescos directos de las parcelas.

Pandemia y chantaje. Alegan los empresarios agrícolas que la producción se desplomará 40% si persiste la prohibición de importar glifosato (la prohibición existente es muy tibia). Alegan que se pone en riesgo la seguridad alimentaria y que será inevitable un alza de productos básicos. Al cierre de esta edición, el conflicto por el glifosato provoca jaloneos en el gabinete y todo indica que no podrá prohibirse en este sexenio. El programa Sembrando Vida, un programa seudo-agroforestal, se utiliza como disuasivo y promotor de divisiones comunales al otorgar compensaciones individuales, si desoyen sus asambleas y obedecen a sus instructores en un país eminentemente comunitario.

La llamada Ley de Fomento y Protección del Maíz, aprobada al vapor al iniciar la pandemia, en los hechos no protege ni fomenta pero sí establece la armonización que exige el omnipresente T-MEC entre EUA, Canadá y México. La ley regula la coexistencia de los OGM con cualquier tipo de cultivo (algo tan anhelado por las transnacionales), acota la producción con maíz nativo a reservas puntuales, suplanta la representación de los pueblos en sus derechos. Además los empresarios de la comida “chatarra” amenazan la norma que obliga a poner etiquetas de alarma en comestibles ultraprocesados, diciendo que si bajan sus ventas de alimentos-basura se podrían perder muchos empleos.

Trump amenaza todos los días con deportaciones masivas de trabajadores mexicanos. En junio las remesas fueron muy copiosas tal vez buscando asegurar el bienestar de sus familias durante la crisis. Es claro que el dinero que con indescriptibles sacrificios mandan los migrantes mexicanos es tal vez el verdadero “motor de la economía mexicana”.

Lo terrible es el genocidio y la guerra abierta contra los pueblos, encabezados por las empresas extractivistas que miran a la gente como un estorbo. La más reciente matanza en la comunidad ikood de San Mateo del Mar, en la costa de Oaxaca, donde quemaron a varias de las 15 personas asesinadas sin que la Guardia Nacional interviniera, es escandaloso y desnuda la verdadera cara de este gobierno.

Ecuador

En Ecuador “el Estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional” estableció en primerísimo lugar que “seguirá funcionando toda la cadena de exportaciones, la industria agrícola y ganadera”. Así, los obreros de las plantaciones (bananeras, de palma, piscinas camaroneras, planteles florícolas y muchos más) deben continuar con sus labores, como si el país no estuviera bajo emergencia sanitaria, y con riesgo de contraer Covid-19, sin protección especial alguna. La industria cervecera se privilegia y se impulsa la agricultura por contrato de monocultivos de cebada; se sanciona duramente a los campesinos que quieren vender sus productos, cerrando los mercados pequeños al aire libre. Se eximen de regulación fitosanitaria frutas y hortalizas importadas argumentando que hay que asegurar el abasto.

El internet se impone para todo tipo de trámite, a sabiendas de la poca infraestructura de cableado que tienen los territorios campesinos.

En plena emergencia, se sustituyó el reglamento ambiental de las operaciones hidrocarburíferas, por uno más laxo y expedito. Así, se llevan a cabo actividades prohibidas como que los mineros incursionen en zonas que gozan de medidas cautelares en el norte de Esmeraldas, de madereros furtivos en la Zona Intangible de Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario.

En abril se rompieron dos oleoductos que sacan petróleo y transportan combustible de la Amazonía a la Costa del Pacífico, dejando sin acceso al agua a miles de personas en la cuenca del río contaminado. Hubo tres derrames de crudo y una explosión de gas en Shushufindi, un derrame de sustancias químicas en Pacayacu, sin que se hayan tomado medidas de reparación integral, alegando que hay emergencia.

Una reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público está en proceso, para que facilite los despidos de empleados, y un procedimiento de revisión y aprobación de contratos de Inversión que profundiza la flexibilización laboral.

Está por entrar en vigencia el TLC con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), que ampliará las actividades de los agronegocio, la dependencia tecnológica y las obligaciones con empresas vinculadas al extractivismo. Un decreto presidencial obliga a gobiernos locales a levantar las restricciones al transporte de minerales, y el Estado de Excepción del 16 de marzo excluye de las restricciones de movilidad, a los denominados sectores estratégicos, incluidas las mineras. El protocolo de corredores logísticos y estratégicos, establece que la circulación de las empresas tendrá resguardo militar y policial.

Chile

Militarización, extractivismo y Libre comercio. La militarización invadió calles y aulas. Los militares salieron de sus cuarteles. Se dieron poderes al presidente para no requerir la aprobación del Congreso. Mediante decreto, autorizó al ministerio de Defensa y de Educación para imponer instrucción militar en las escuelas, comenzando por el jardín infantil. Así se busca naturalizar la militarización. Castigan con cárcel el no respeto a la cuarentena, aun cuando una mayoría no tiene condiciones para quedarse en casa y sobrevivir así.

Hay otras leyes que agreden gravemente derechos y libertades básicas. Las leyes laborales se ajustaron para quitarle toda responsabilidad a los empleadores frente a los despidos y frente a la condiciones laborales en la crisis sanitaria, y entonces no les importa proteger a los operadores. La minería y las plantas procesadoras de alimentos se volvieron centros de infección y en general el sector patronal (y el Estado) se niegan a asegurar un ingreso mínimo garantizado que con eficacia cubra las necesidades para sobrevivir la pandemia.

Avanza el extractivismo mientras el gobierno somete a la población. Se eliminaron las evaluaciones de impacto ambiental, se acelera el otorgamiento de derechos de agua, pesca, acuicultura y prospección minera, incluso en zonas protegidas. Se aprovecha para encarcelar y/o mantener en la cárcel a líderes sociales. En general se culpa a la población del desastre que enfrenta el país. Presentan el libre comercio cual tabla salvadora irrenunciable: traen campaña para aprobar TPP-11 y el nuevo TLC con la Unión Europea como parte de lo necesario para superar la crisis. Promueven nuevas concesiones al capital transnacional como parte “imprescindible” de la recuperación económica: buscan aprobar cultivos transgénicos por presión directa de Estados Unidos.

Uruguay

El neoliberalismo se revitaliza. La pandemia ha servido para flexibilizar aún más el trabajo mientras se criminaliza el disenso. No se decretó cuarentena obligatoria pero se exhorta al distanciamiento social con suspensión de clases en todos los niveles (ahora ya retomadas) y la exhortación al teletrabajo. La situación sanitaria parece controlada, con muy pocos casos activos y totales. Sin embargo, aumentaron las tarifas de servicios públicos como parte del ajuste neoliberal del nuevo gobierno de derecha. Aunque se aprobaron exoneraciones y préstamos a empresas pequeñas y medianas, se rechazó gravar al capital porque sería “amputar la posibilidad de los que van a hacer fuerza en la salida de la crisis”. Las ayudas monetarias y en especie que se distribuyen son insuficientes.

Las medidas tomadas han afectado la actividad económica y ello repercute en quienes laboran independientes, en condiciones de informalidad y precariedad, un 25% del total de ocupados, que dependen de su empleo diario para sus ingresos. La enorme mayoría de quienes conservan su empleo ya volvieron a trabajar presencialmente.

La decisión de no ir a una cuarentena obligatoria equivale a empobrecer a las clases bajas, media y media baja en el cortísimo plazo, pues la obligatoriedad haría imprescindible implementar un ingreso básico o subsidio que garantizara el acceso a las necesidades básicas.

Mas el gobierno priorizó ahorrar recursos en gastos sociales manteniendo una sub-actividad económica que empobrecerá a una parte importante de la población, pues ya era condenada por la propia sociedad y el gobierno por no quedarse en casa, aunque mucha gente deba salir a buscar que comer.

Reforma del Estado y ajuste neoliberal.En plena pandemia y como parte de la restauración neoliberal, el gobierno presentó al parlamento un proyecto de ley de Urgente Consideración buscando reformar el marco normativo del Estado, de modo que se reduzca su carácter social, su responsabilidad como garante de derechos, ampliando su función represiva y su carácter corporativo. Se busca privatizar y mercantilizar la educación pública, se ataca la movilización, la participación social, el desarrollo de la agricultura familiar, la soberanía alimentaria, la defensa de la biodiversidad y la prioridad del bien común sobre los intereses particulares.

He aquí algunas consideraciones adicionales

1. El despojo se recrudeció. Para toda la región podemos concluir que los procesos de despojo que venían ocurriendo no se detuvieron con la pandemia, se echaron a andar nuevos con argumentación Covid-19. El capitalismo más desnudo “perdió sus buenas maneras” y esto explica porqué es generalizada la desprotección de los pueblos por parte de los Estados y el casi odio de las empresas a sus empleados en el momento más álgido de la crisis. En su estado superlativo, el capital enfurecido por no perder su tasa de ganancia, promueve abiertamente militarización y fascismo, despojo y devastación.

2. Aumentan las restricciones. Se activan políticas y policías sanitarias para restringir la circulación de productos campesinos, con el debido respaldo de nuevas políticas públicas que proliferan en normativas, leyes, estándares y tratados y convenios.

3. El trabajo asalariado se extremó, por juntar los cuidados para la subsistencia con la producción de plusvalía en el mismo espacio; o porque desapareció su fuente de ingreso y hay que inventar más auto-explotación para conseguir bienes vitales.

4. Tenemos que hallar una narrativa que nos ayude a ver la importancia crucial de lo cotidiano, y detonar las propias alternativas. Pero tenemos claro que no habrá forma de evitar que se vayan muchas vidas, no habrá un ¡YA BASTA! sin que haya mucha muerte. Faltan muchos matices por describir y explicar.

5. “Si no cambiamos, no tiene sentido haber sobrevivido a la pandemia”, dijo un periodista peruano.

6. Requerimos combatir las narraciones que nos roban el sentido de lo que ha sido la pandemia: cómo se definen los sectores estratégicos, llamados esenciales, dónde termina el confinamiento para evitar el contagio y comienza una zozobra permanente que es como el paréntesis entre la pandemia y otra nueva zona de crisis (viral, de crisis climática o de hambrunas o sequías extremas).

7. Es urgente transformar el sistema productivo controlado por grandes corporaciones y reformular un sistema alimentario popular orientado a la soberanía alimentaria, produciendo sin destruir los ecosistemas ni el clima.

8. Garanticemos el derecho a una alimentación saludable para todos los pueblos del mundo.

9. Impulsemos resolver lo que más nos importa por nuestros propios medios, imaginativos, comunitarios y respetuosos.

Notas:

[1] Ariel Guzik, “La húmeda virtud del llanto”, Instituto 17, https://diecisiete.org/expediente/la-humeda-virtud-del-llanto/

[2] Hermann Bellinghausen, “No es el virus”, La Jornada, 27 de julio de 2020.

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Fuente e imagen:  Biodiversidad, sustento y culturas #105