Este fenómeno genera estragos en agricultura y ganadería; buscan que se brinden apoyos de manera eficaz a quienes lo sufren
Con el objetivo de atender el reclamo de los sectores de la agricultura y el agropecuario, el senador Gustavo Madero Muñoz, de la Fracción Parlamentaria del PAN, presentó una iniciativa para incluir a la sequía dentro de los fenómenos naturales considerados por la Secretaría de Gobernación para la Declaratoria de Desastre Natural.
Con este planteamiento, el legislador busca que los sectores de la población que sean afectados por las sequías puedan ser sujetos de apoyos extraordinarios de manera más ágil y eficaz.
La propuesta busca adicionar al concepto de fenómeno geológico de la Ley de Protección Civil, los maremotos, alud y olas extremas. También, plantea que se consideren como fenómenos hidrometeorológicos a las sequias, entendidas como la ausencia prolongada o deficiencia de precipitación pluvial. Por otra parte, propone establecer que en la Declaración de Desastre Natural se deben considerar ambos fenómenos sugeridos.
El promovente señaló que el agua es un recurso fundamental para el equilibrio de los ecosistemas, a través de procesos biológicos, físicos y químicos que se llevan a cabo mediante el ciclo del agua. De esta forma, apuntó, los espacios naturales se mantienen estables y saludables; además, es fundamental para el desarrollo de las diferentes actividades humanas como la generación de energía y la producción de alimentos que, sin duda, son necesarios para la satisfacción de nuestras necesidades de subsistencia.
Indicó que de conformidad con el Monitor de Sequía de México, publicado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y el Sistema Meteorológico Nacional, al 30 de septiembre de 2020, una gran proporción del territorio de Chihuahua y entidades aledañas como Durando, Nuevo León, Sinaloa y Sonora, tuvieron un gran nivel de sequía.
Asimismo, apuntó que de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CONAPRED), la sequía trae grandes consecuencias en el ámbito social y económico, pues conlleva a el hambre y la sed, que lleva a la muerte de flora y fauna, en algunos casos, hasta pérdida de la vida humana.
El legislador detalló que este fenómeno genera un punto negativo en la agricultura y ganadería, pues no solo se trata de la pérdida de las cosechas y el bajo nivel de producción pecuaria, sino, en ocasiones limita la siembra de productos de consumo humano y animal, así como la disminución industrial, llevando a la disminución del ingreso de las familias cuyo sustento son las actividades descritas.
Demandó no dejar de lado que, tan solo para Chihuahua, la actividad agropecuaria representa el 6 por ciento del Producto Interno Bruto estatal; “dimensionemos cuanto representan estas actividades al PIB de las demás entidades federativas que presentan esta problemática de sequía”.
Ante esta situación, Madero Muñoz propone realizar diferentes adecuaciones a diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil para que, dentro de otros temas como la adición de fenómenos geológicos y el establecimiento de los fenómenos naturales que deberán ser considerados por la Segob para la Declaratoria de Desastre Natural, se introduzca una definición del término “Sequía”.
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley de Aguas Nacionales, fue turnada a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos, Segunda.
En un informe, la ONU advirtió que la maternidad temprana es una fábrica de pobres en la región.
El embarazo adolescente lastra la vida de miles de jóvenes y reproduce la pobreza en Latinoamérica, además de generar a los países gastos millonarios que podrían evitarse, advierte la ONU en un estudio presentado este miércoles 11 de noviembre.
«El embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana son fenómenos que impactan fuertemente en la trayectoria de vida de miles de mujeres en América Latina», señala el informe del Fondo de Naciones Unidas para la Población (Unfpa).
Los efectos de esos embarazos precoces «son múltiples y se extienden tanto al nivel de la educación como del mercado laboral, de la salud e incluso de las economías nacionales», añade el documento.
«El embarazo adolescente es una fábrica de pobres en América Latina», dice a la AFP Federico Tobar, asesor regional del Unfpa.
El estudio titulado ‘Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en seis países de América Latina y el Caribe’, analiza la situación de Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Paraguay.
Según el informe, las niñas y adolescentes que son madres suelen abandonar la escuela para criar a sus hijos, sobre todo en las familias de menos recursos, lo que se traduce en una mayor dificultad para seguir los estudios y encontrar empleo bien remunerado.
Casi la mitad de las madres de 10 a 19 años se dedican exclusivamente a tareas domésticas y tienen tres veces menos oportunidades (6,4% frente 18,6%) de obtener un título universitario que aquellas que postergaron la maternidad, al tiempo que ganan en promedio 24% menos, indica el estudio.
Asimismo, las mujeres que tienen hijos después de los 20 años ganan un promedio anual de 573 dólares más que aquellas que son madres antes de esa edad.
Estas circunstancias condicionan la independencia de las mujeres, lo que las hace más vulnerables a la violencia de sus parejas.
No usan condones
Según Unfpa, Latinoamérica presenta la segunda tasa de fecundidad (66,5 por cada 1.000) más alta del mundo entre mujeres de 15 a 19 años.
República Dominicana (100,6 por cada 1.000), Nicaragua (92,8), Guyana (90,1), Guatemala (84), Guyana francesa (82,6), Venezuela (80,9) y Panamá (78,5) presentan las tasas más altas.
De los seis países del informe, el índice mayor lo presenta Guatemala (84), seguido de Ecuador (77), México (66), Argentina (64), Paraguay (60) y Colombia (57).
Según los especialistas, el embarazo temprano en América Latina tiene varias aristas, aunque principalmente se debe a la ausencia de una educación sexual integral, al desconocimiento, la falta de acceso a métodos anticonceptivos y barreras culturales.
En muchos países está prohibido, incluso, que las instituciones públicas entreguen esos métodos anticonceptivos, denuncia Unfpa.
«La mayoría de adolescentes tienen su inicio sexual sin usar anticonceptivos», lamenta Tobar.
Gastos millonarios
El estudio también detalla los costos que implican para los países latinoamericanos el tratamiento de los embarazos en adolescentes.
Unfpa advierte sobre la pérdida de ingresos que supone para los estados, ya que el embarazo en la adolescencia compromete la participación de estas mujeres en el mercado laboral y su aporte al sistema tributario.
Los seis países del informe «tienen un costo vinculado al embarazo adolescente y la maternidad temprana de alrededor de 1.242 millones de dólares, lo que equivale a 0,35% del PIB de estos países», afirma Tobar.
El informe detalla que en 2018 los seis países estudiados dejaron de recaudar 746 millones de dólares en impuestos, unos 110 dólares por mujer, ya que las madres adolescentes pagan menos tributos y tienen menor consumo debido a sus condiciones sociales y laborales.
«Si consiguiéramos prevenir el embarazo adolescente todos ganan, gana el Estado, el sistema de salud, la recaudación, pero fundamentalmente ganarían las mujeres y sus hijos porque estamos asumiendo que la gran mayoría de esos chicos van a vivir bajo la línea de pobreza», declara Tobar.
Las sobrevivientes de violencia de género en el ámbito familiar no pueden buscar protección frente a la violencia que sufren debido a la ineficacia de la respuesta del gobierno, ha declarado hoy Amnistía Internacional en la publicación de un informe sobre el problema oculto pero creciente de la violencia de género intrafamiliar y la violencia sexual contra las mujeres de la región.
Basándose en seis misiones sobre el terreno realizadas por Amnistía Internacional, Not a private matter pone de relieve múltiples deficiencias de un sistema concebido para proteger a sobrevivientes, concretamente mujeres, de la violencia de género intrafamiliar y de la violencia sexual. La situación se ve agravada debido a una devastadora crisis social y económica, el acceso a las armas y el trauma creado por el conflicto armado en curso entre el gobierno de Ucrania y las organizaciones separatistas respaldadas por Rusia.
“Es muy grave que las mujeres, cuyas vidas ya están muy afectadas por el trauma y la destrucción causados por el conflicto, se encuentren sin poder recurrir a ninguna ayuda y abandonadas por las autoridades, que tienen la responsabilidad de protegerlas de la violencia de género intrafamiliar y la violencia sexual”, dijo Oksana Pokalchuk, directora de Amnistía Internacional Ucrania.
“Las mujeres que viven en la región oriental de Ucrania, asolada por el conflicto, no se sienten a salvo ni en público ni en el hogar.”
“Las mujeres que viven en la región oriental de Ucrania, asolada por el conflicto, no se sienten a salvo ni en público ni en el hogar.
Amnistía Internacional accedió a los territorios de las regiones de Donetsk y Luhansk, controlados por el gobierno, entre enero y noviembre de 2019. La organización no tuvo acceso, en cambio, a las zonas controladas por los separatistas, que no entran en el ámbito del informe.
Las estadísticas oficiales sobre violencia de género en el ámbito familiar, pese a que son poco fiables y están incompletas, muestran un aumento de casos registrados en los últimos tres años. En 2018, hubo un aumento del 76% de los casos denunciados en la región de Donetsk y un 158% en la región de Luhansk en comparación con la media de los tres años anteriores.
Las iniciativas del gobierno no abordan efectivamente la violencia de género intrafamiliar
En los últimos tres años, Ucrania ha adoptado nuevas leyes y marcos institucionales en relación con la violencia de género, que en general están en armonía con el derecho internacional de los derechos humanos. Estos incluyen la histórica Ley de Prevención y Lucha contra la Violencia de Género Intrafamiliar de 2018, la introducción de las órdenes de protección de emergencia y de albergues, y la creación de unidades especiales de la policía adiestradas para abordar situaciones de violencia de género interfamiliar.
Aun así, las nuevas leyes e iniciativas tienen a menudo una implementación deficiente, mientras el país sigue estando lejos de ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer (Convenio de Estambul).
La Policía continúa mostrándose reacia a registrar las quejas de sobrevivientes de la violencia de género intrafamiliar, y la impunidad generalizada disuade a muchas víctimas de denunciar.
La Policía continúa mostrándose reacia a registrar las quejas de sobrevivientes de la violencia de género intrafamiliar, y la impunidad generalizada disuade a muchas víctimas de denunciar.
En 10 de cada 27 casos de violencia de género intrafamiliar documentados en el informe, las mujeres no denunciaron a la policía la violencia que habían sufrido porque creían que las autoridades no iban a responder adecuadamente, en el caso de que respondieran.
En un caso, un soldado de servicio propinó una paliza a su esposa embarazada, que no presentó una queja formal porque pensó que no valía la pena, pues el mando militar ya la había presionado para que retirase una queja anterior (cuando su esposo le rompió la nariz), para “no avergonzar a su esposo”.
Sobrevivientes desprotegidas y en peligro
La nueva legislación ucraniana confiere a la policía la facultad de emitir lo que se conoce como órdenes de protección de emergencia, que prohíben a presuntos perpetradores entrar y permanecer en el lugar de residencia de una sobreviviente, así como contactar con ésta durante 10 días. En los casos que documentó Amnistía, rara vez se emplean estas facultades y, cuando lo son, no se hacen cumplir efectivamente.
Pese a los cambios positivos en la legislación nacional, sigue habiendo lagunas en la protección. En Ucrania, la violencia de género intrafamiliar está prevista tanto en la legislación administrativa como en la penal. En la actualidad, no cabe iniciar actuaciones penales salvo que el perpetrador haya acumulado dos penas administrativas por violencia de género intrafamiliar.
Además, los miembros de las fuerzas armadas y la policía están exentos de actuaciones administrativas ante los tribunales de jurisdicción ordinaria, lo que en la práctica sirve para protegerlos del enjuiciamiento penal por violencia de género intrafamiliar.
Además, los miembros de las fuerzas armadas y la policía están exentos de actuaciones administrativas ante los tribunales de jurisdicción ordinaria, lo que en la práctica sirve para protegerlos del enjuiciamiento penal por violencia de género intrafamiliar.
Oksana Mamchenko sufrió violencia física, psicológica y económica de su exmarido, padre de sus 12 hijos e hijas, durante 20 años. Tras marcharse de casa con los niños, el tribunal dictó órdenes de protección temporales en tres ocasiones, prohibiendo a su esposo estar en la misma casa que Oksana y sus hijos y estar cerca de ellos.
Entre enero de 2019 y enero de 2020, Oksana obtuvo tres órdenes de alejamiento y una orden de protección de emergencia contra su exesposo y presentó múltiples quejas ante la policía. Su exesposo ignoró todas las órdenes y las autoridades no las hicieron cumplir adecuadamente. En mayo de 2020 se le impuso un año de condena condicional por no cumplir la orden de alejamiento, pero no se le castigó por violencia de género intrafamiliar.
Violencia sexual
La investigación de Amnistía Internacional indica que las mujeres de la región oriental de Ucrania siguen sufriendo diversos actos de violencia sexual a manos de personal militar, sobre todo en zonas próximas a la línea de contacto.
Amnistía Internacional ha documentado ocho casos de violencia sexual contra mujeres y niñas civiles perpetrada por miembros de las fuerzas armadas: dos casos de violación, uno de intento de violación y cinco de acoso sexual, cometidos por personal militar en 2017-2018 en zonas residenciales.
“Las autoridades ucranianas deben llevar a cabo reformas legales rápidas y amplias que protejan a las sobrevivientes de la violencia de género y de la violencia de género intrafamiliar. Estas reformas sólo podrán tener éxito si se basan en consultas reales con sobrevivientes y organizaciones de mujeres”, concluyó Oksana Pokalchuk.
Las autoridades ucranianas deben llevar a cabo reformas legales rápidas y amplias que protejan a las sobrevivientes de la violencia de género y de la violencia de género intrafamiliar.
“El gobierno ucraniano ha demostrado en los últimos años que está dispuesto a abordar el problema de la violencia contra las mujeres. Este es el momento de redoblar sus esfuerzos. Ucrania debe ratificar el Convenio de Estambul, pues proporcionará a las autoridades una guía clara para la reforma, que incluye seguir mejorando la legislación, instituir programas de educación para funcionarios y el público en general, un mecanismo de denuncia oficial y otros cambios importantes”.
Colombia está entre las naciones de Latinoamérica con mayor variación negativa en el número de ocupados en sus asalariados, un indicador que muestra cómo el impacto laboral ha sido en varios sentidos más fuerte en el territorio nacional que en la región.
Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Cepal, Colombia registra una caída de 24,2% de la ocupación entre los asalariados privados y de 3,6% entre los públicos, lo que genera un descenso total de 22,6%, solo superado por Perú, donde el dato supera el 40%, aunque no se conoce el desagregado.
Con una baja de 44,7%, el país también se encuentra entre los líderes en caída en cuanto a los asalariados en los hogares, mientras que registra un descenso de 30,2% en empleadores, 17,9% en los trabajadores por cuenta propia y una variación negativa de 29,1% en los no remunerados. “En Colombia el desempleo ya venía con aumentos desde 2018 por temas estructurales como los problemas en la tecnificación, y coyunturales como la migración y el incremento de los salarios reales. Hay números que preocupan, hay 2 millones menos de trabajadores asalariados y 600.000 menos por cuenta propia, mientras que la informalidad es superior al 50%. Es una situación muy seria”, aseguró Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la Cepal.
Pero lo cierto es que la situación es grave en toda Latinoamérica, pues como afirmó Vinícius Pinheiro, director de la OIT para la región, esta será la más golpeada del mundo. “En temas laborales estamos en cuidados intensivos, y eso tiene que ver con las condiciones preexistentes, como el hecho de que solo seis países tengan seguro de desempleo. De hecho, esta era una crisis sanitaria, que se hizo socioeconómica y puede convertirse en política; tenemos que desactivar esa bomba de tiempo”.
Según el informe, en la región se han destruido cerca de 47 millones de empleos, al tiempo que se han reducido los ingresos laborales en 19,3% hasta el mes de septiembre. La caída en el trabajo formal es del 14%, y en el informal del 25%.
La principal conclusión del informe es que la recuperación tanto económica como del empleo será más lenta de lo esperado. Según las estimaciones, si la región crece al 3%, se volvería a los niveles prepandemia en 2023; si el alza es de 1,8% (como la última década), se demoraría hasta 2025, y si el avance es de 0,4% (el de los últimos seis años), ese regreso tardaría más de 10 años.
No obstante, las dos instituciones dejan claro que ya se empiezan a ver algunas mejoras, pues se estima que 49 millones de personas salieron de sus empleos en la región al segundo trimestre, y que hoy en día 15 millones han vuelto.
Eso sí, Bárcena deja claro que en 2021 habrá más desempleo que en 2020.
Algunas emisoras ayudan a mantener escolarizados a los más jóvenes en el continente africano. Se trata de proyectos alentadores en un contexto de creciente desigualdad social por culpa de la covid-19.
Mélani ha pasado de vender verduras en el mercado local de Bambari, República Centroafricana, a convertirse en la maestra de un colegio tras formarse como profesora a sus 45 años con el Servicio Jesuita al Refugiado. Orgullosa, ha pasado en seis años de garantizar alimentos frescos a sus vecinos a asentar las bases de un futuro alternativo para los jóvenes de su comunidad. En total, 51 alumnos acudían a su clase cada mañana antes de que llegara la pandemia y con ella se cerrara la escuela. Lejos de perder el contacto con ellos, lo ha incrementado. Ahora siguen sus clases más de 7.738 escolares al sumarse los niños de las aldeas cercanas gracias a la capacidad de difusión de la radio.
De 16.30 a 17.00 horas, de lunes a viernes, afina su voz para impartir sus clases a través de la radio comunitaria Radio Lego ti la Ouaka con su programa La escuela en la radio. Otros ocho profesores se alternan con ella para llegar también a los alumnos de secundaria con canciones, lecturas y juegos complementarios. En total, llegan a más de 13.000 de diferentes edades.
República Centroafricana, el cole en las ondas
“Su éxito nos ha sorprendido a todos”, asegura Irene Galera, responsable de comunicación del Servicio Jesuita al Refugiado de África del Oeste y Grandes Lagos, durante una entrevista por Skype. De ser un proyecto experimental para reforzar aquellos casos que no pueden acudir a la escuela, a convertirse en el principal medio de familias para mantener la escolarización de los más pequeños. “Ya estamos diseñando junto con Mélani los nuevos programas para continuar con el programa hasta diciembre abran o no los centros educativos de nuevo estas semanas”, adelantan.
Junto los profesores como Mélani, la ONG Alboan, junto al Servicio Jesuita al Refugiado en África, ha involucrado también a familias de las diferentes aldeas para que compartan sus radios con los vecinos que no tengan. Christian Marago es uno de ellos. A 37 kilómetros del colegio más cercano, coloca todas las tardes junto a la puerta de su casa un viejo aparato de radio del que estira al máximo la antena y rodea de sillas, taburetes y troncos para acoger al máximo número de jóvenes, junto a sus dos hijos. “No solo aprendemos cómo evitar los contagios de coronavirus, sino también cómo garantizar que nuestros hijos no tengan que abandonar el colegio”, explica Marago.
Tanto en Basari, República Centroafricana, como en el resto de localidades en las que está presente Alboan, la escuela no solo garantiza el acceso a la educación sino también aporta un lugar seguro en contextos de desplazamiento y violencia. “Aquí aprenden a leer y a escribir, a la vez que cuidan sus heridas provocadas por los desplazamientos forzados y la violencia. No podíamos centrar toda nuestra actividad ahora en repartir kits higiénicos, nos pedían que siguiéramos con la actividad educativa”, enfatiza Galera.
Unos niños escuchan un programa educativo en Radio Lego ti la Ouaka, en Bambari, República Centroafricana.SERVICIO JESUITA AL REFUGIADO
Alboan cifra las consecuencias de la pandemia en 500 millones de personas en riesgo de regresar de nuevo a la pobreza extrema. “La pandemia ha puesto de manifiesto las desigualdades del sistema actual tanto en lo económico como en lo social”, asegura la directora de la organización vasca, María del Mar Magallón. Por eso, aprovechan la rueda de prensa de presentación balance anual de los 250 proyectos desarrollados durante el último año por el mundo para reclamar soluciones más globales en la lucha contra la pandemia también desde Euskadi, España y Europa.
Y para no caer en el pesimismo, Alboan destaca la capacidad de las personas a las que acompaña en África subsahariana, donde la radio se ha convertido en la gran aliada para afrontar las consecuencias de los confinamientos, falta de medidas higiénicas básicas e infraestructuras.
Tanto en República Centroafricana, como en Camerún, Tanzania y Chad, la creatividad de la población y las organizaciones locales ha conseguido mantener vivos sus proyectos a pesar de no contar con electricidad, ni agua potable, ni equipos médicos en sus ciudades.
La República Centroafricana ocupa el segundo puesto por la cola en el Índice de Desarrollo Humano. En una de las zonas más rural del país, Bambari, viven cerca de 40.000 personas. Son en su mayoría desplazados internos por las guerras que golpean al país desde 2013. “Aquí una simple radio encendida ha bastado para que miles de jóvenes no hayan abandonado la escuela”, remarcan.
Mensajes contra bulos en Camerún
En Camerún, en la frontera con la República Centroafricana, han conseguido también con este medio de comunicación transmitir medidas de higiene básicas y mantener la cohesión social ante las tensiones entre desplazados y población local. En total más de 25.000 personas siguen los contenidos de la radio comunitaria Garoua-Boulai y el canal nacional CRTV. “Es tal el número de bulos que hay contra los desplazados que eran una necesidad urgente desmentirlos y explicar bien en qué consistía la pandemia para evitar linchamientos o ataques racistas”, explica Galera.
Allí donde no había emisoras de radio, han acudido con altavoces para emitir los programas ya grabados
Allí donde no había emisoras de radio, han acudido con altavoces para emitir los programas ya grabados y garantizar la máxima la paz en los peores momentos de confinamiento.
Otro lugar con tensiones está en la frontera de Tanzania con Burundi. En especial, en los tres campos de refugiados de Nduta, Mtendeli y Nyarugus, donde más de 80.000 personas hacen frente a las restricciones de movimiento con la Radio Kiwesa de fondo. “Para muchas mujeres la escuela es también la manera de alcanzar un lugar seguro de agresiones. No solo hemos emitido programas educativos, también hemos diseñado contenidos para dar apoyo psicosocial dirigidos de forma directa a mujeres víctimas o en riesgo de sufrir agresiones sexuales”, detallan.
En Chad, un 20% ha abandonado los estudios
En Chad, en los 12 campos de refugiados frontera con Sudán, Alboan no contaba con radios, pero sí con una red de líderes con posibilidad de reunir en grupos de WhatsApp a los más jóvenes que acudían a su escuela. Así con orgullo, documentan haber llegado a 164.111 personas con mensajes de móvil tanto para continuar las clases de francés como para recordar que ya podían ir a recoger apuntes para sus hijos o cerrar la hora de clases particulares para aquellos que tuvieran exámenes pendientes.
Eso sí, con pena indican también que más de un 20% ha abandonado los estudios al no presentarse a las pruebas finales. “Tenemos documentados muchos casos de niñas dadas en matrimonio durante estos meses, así como de familias que han abandonado los campos de refugiados en busca de lugares donde poder trabajar y comprar alimentos”, lamentan.
Un grupo de mujeres escucha la radio en Camerún.SERVICIO JESUITA AL REFUGIADO
Alboan aprovecha la actitud de estas personas en contextos tan vulnerables para exigir también medidas creativas para paliar las desigualdades como “la condonación de la deuda externa de los países más empobrecidos por parte del Banco Mundial” y el cumplimiento de la histórica reclamación de “destinar el 0,7% de los presupuestos de cada Gobierno municipal, autonómico, central o europeo a cooperación internacional y ayuda humanitaria”.
Mientras tanto, Mélani vuelve a afinar su voz para un nuevo programa de radio en la zona más rural de República Centroafricana. Sabe que más de 13.000 niños y niñas le esperan con ganas. A 37 kilómetros del estudio de la emisora, Christian mira el reloj para sintonizarla y garantizar así que sus hijos y vecinos continúen con sus estudios al margen de las nuevas limitaciones impuestas por la lucha contra la covid-19, la falta de recursos y las limitaciones de movimiento por el contexto de violencia.
El monto procede del fondo japonés. La institución aclara que se trata de una transacción «no reembolsable». El apoyo se prolongará por dos años.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció el miércoles una partida de un millón de dólares para apoyar el sistema educativo en Honduras y El Salvador para ayudar a paliar los efectos de la pandemia de coronavirus.
El monto del fondo japonés y –según declaración del BID– “permitirá reducir el impacto del COVID-19 en el aprendizaje para jóvenes vulnerables de ambos países.
El BID informa que se trata de una cooperación técnica “no reembolsable” que busca apoyar “la reinscripción escolar y la recuperación de resultados de aprendizaje”.
Según estimados de la institución, teniendo en cuenta crisis económicas anteriores, “cerca de un millón de jóvenes no regresarán a la escuela en Mesoamérica”, lo que representa al menos un 19,4% de aumento en el ausentismo estudiantil.
Las dos naciones beneficiadas recibirán apoyo por dos años, con objetivos centrados en asegurar entornos seguros para el aprendizaje y reducir el impacto de la pandemia en materia de escolaridad.
Además “apoyará a las autoridades educativas a desarrollar una estrategia y plan de incentivos monetarios y no monetarios para motivar a los niños, niñas y jóvenes a que regresen a las aulas y promover su permanencia en el sistema educativo”, concluye la comunicación.
Los equipos de la Organización Internacional para las Migraciones en Honduras, Guatemala, El Salvador y Belice se han desplazado a las zonas más afectadas por el paso del huracán Eta en Centroamérica el pasado 3 de noviembre y están distribuyendo entre los afectados miles de kits de emergencia que incluyen utensilios de cocina, colchones, sábanas y productos de higiene.
En Honduras, donde el huracán alcanzó la categoría 4 y afectó a 1,8 millones de personas, la Organización entregó más de 39,000 artículos de protección personal, así como kits de higiene, mantas, ropa y bolsas de agua.
Por su parte, en Nicaragua, la Organización, junto a las ONG locales y organizaciones de la sociedad civil presentes en las áreas afectadas, entregará de kits de alimentos y artículos de higiene, mientras que México repartirá ayuda humanitaria en siete albergues del sur del país. En paralelo, evalúa en qué medida se han visto afectados los albergues en Chiapas.
Asimismo, empezó el despliegue de los equipos de la Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos que se encarga de recopilar información sobre los desplazamientos de población provocados por el huracán. Su tarea servirá para facilitar la toma de decisiones que durante las próximas semanas ayuden a salvar vidas y en la recuperación de las zonas afectadas.
Según la información que maneja Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU, al menos 358.000 personas están alojadas temporalmente en escuelas y otros edificios en los tres países del norte de Centroamérica.
Hay que prevenir una futura crisis migratoria
El jefe de la Misión de la Organización para Honduras, El Salvador y Guatemala, Jorge Peraza, destacó que las necesidades más inmediatas “son la alimentación, protección y albergue de las personas afectadas, así como otros artículos básicos que ayudan a garantizar su dignidad”.
La directora regional de esa Organización para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe mostró su preocupación por la destrucción de cultivos y el impacto en las economías locales en algunas partes de Nicaragua, Honduras y Guatemala.
Michele Klein-Solomon destacó que los desperfectos pueden “agravar las condiciones de inestabilidad económica e inseguridad alimentaria que han obligado a miles de centroamericanos a migrar en busca de mejores condiciones de vida”.
Al mismo tiempo, recordó que “lo que ha dejado el huracán Eta no es solo una enorme calamidad humanitaria que requiere atención inmediata, sino también la semilla de futuras crisis migratorias que debemos tratar de prevenir”, explicó Klein-Solomon.
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