La pandemia de coronavirus que afecta a la mayoría de los países del mundo ha impedido la celebración de las tradicionales manifestaciones por el 1 de mayo, si bien en algunos países ha habido quien ha desafiado a las restricciones, produciéndose algunos arrestos.
En Atenas, unos cientos de miembros del sindicato comunista PAME se han manifestado delante del Parlamento manteniendo la distancia exigida para evitar los contagios. La mayoría de ellos portaban mascarillas rojas.
Cientos de trabajadores también han salido a las calles en otras ciudades del país, en la mayoría de los casos respetando las distancias. El resto de grandes sindicatos griegos habían cancelado las marchas del 1 de mayo por la pandemia.
En Turquía, el Gobierno ha impuesto un confinamiento de tres días en 31 ciudades y provincias, incluida Estambul y la capital, Ankara, desde este viernes con el fin de frenar la propagación del coronavirus.
En Estambul, la Policía ha desplegado a casi 45.000 efectivos este viernes “para impedir las marchas en medio del toque de queda”, según la agencia estatal Anatolia. Así las cosas, al menos 45 personas han sido detenidas en Estambul y Ankara tras intentar saltarse el confinamiento, según este medio.
Quince de los detenidos, incluida la líder del sindicato izquierdista DISK Arzu Cerkezoglu, han sido liberados posteriormente, según ha contado la central sindical en Twitter. Por el momento no hay más datos de los otros 23 detenidos en Estambul y los siete arrestados en Ankara.
En Filipinas, más de 50 activistas sindicales y de Derechos Humanos han sido detenidos durante las protestas, mucho menos numerosas que otros años debido a la prohibición de grandes concentraciones debido al confinamiento impuesto por el coronavirus.
Según el grupo sindical May One Movement, 42 personas han sido detenidas en Iloilo, 460 kilómetros al sur de Manila, mientras realizaban una protesta en memoria de un activista abatido el jueves dentro de su cafetería. Los manifestantes han sido detenidos pese a llevar mascarilla y mantener el distanciamiento social, ha denunciado la organización.
En el suburbio de Marikina, 10 voluntarios han sido detenidos cuando repartían paquetes de comida en el marco de las actividades del 1 de mayo, mientras que otros dos han sido detenidos en Rodriguez, al este de Manila, cuando la Policía ha disuelto a una docena de manifestantes que reclamaban pruebas masivas, cuarentenas pagadas y un pago por peligrosidad a los trabajadores en Filipinas.
Entretanto, en la ciudad alemana de Leipzig, más de 200 personas se han concentrado con motivo de la Fiesta del Trabajo, según la Policía. Inicialmente, las autoridades locales habían permitido dos concentraciones de hasta 25 personas pero la actual se está realizando en un lugar alternativo y está transcurriendo con tranquilidad, según la Policía.
Los menores trans tienen que soportar demasiadas veces los ataques e insultos de sectores radicales de la sociedad.
La diversidad sexual ha sido una constante en la historia de la humanidad. Lo que ha ido variando, en cambio, es la forma en la que la sociedad responde a esta realidad. Los (las y les) menores trans necesitan urgentemente una respuesta por parte de la sociedad que garantice sus derechos y los proteja de injerencias ideológicas que tienen como único objetivo cercenar el libre desarrollo de la personalidad y de la vida de esos menores.
La campaña Libres e Iguales de Naciones Unidas hace varias propuestas a los estados en materia de identidad de género, entre ellas: “Proteger a los niños y jóvenes trans y que expresen disconformidad de género frente a la violencia y la discriminación y facilitar el reconocimiento de su identidad de género”. Uno de los derechos humanos es, precisamente, el derecho del libre desarrollo de la propia personalidad e identidad, es decir, el derecho de ser quien cada uno afirma ser. El derecho a la identidad, y la obligación de los estados a garantizar dicha identidad.
Los menores trans tienen que soportar demasiadas veces los ataques e insultos de sectores radicales de la sociedad, desde Vox y Hazte Oír hasta cierto sector del feminismo (recordemos a Lidia Falcón llamando a la niña trans que habló en el parlamento de Extremadura como “ese niño”, o actitudes similares de Amelia Valcárcel o Alicia Miyares). Por eso decimos basta ya a los ataques: es hora de que España proteja de verdad a los menores trans y garantice el libre desarrollo de su identidad.
Los menores trans tienen que soportar demasiadas veces los ataques e insultos de sectores radicales de la sociedad.
Desde esta tribuna nos ponemos enfrente de aquellos que se han abonado al odio profesional, de aquellos y aquellas que niegan derechos, que niegan la identidad a otros seres humanos. Los menores trans necesitan reconocimiento real y efectivo, necesitan derechos, integridad, respeto. Necesitan ser niños, niñas y niñes libres, necesitan crecer en un ambiente libre de odio.
Desde el acompañamiento a la infancia y juventud trans, a veces surgen emociones encontradas. A veces, brota de dentro un grito de guerra, hastiado, cansado, aburrido y con muy poca paciencia que reclama justicia y amor. Ese grito exclama que sí, que hay niños, niñas y niñes trans. Y jóvenes. Y personas adultas. Que dónde está el problema, que dónde está el drama. Que cualquier edad es la correcta para ser quien realmente se es. Las demás personas, las personas cis, tanto desde lo individual y personal como desde lo colectivo y lo comunitario, tenemos que, simplemente, garantizar espacios suaves, amables y plenos de derechos para que todas las personas trans puedan ser, desarrollarse, encontrar su lugar. En definitiva, los mismos espacios que todes necesitamos para llevar una vida lo más feliz y tranquila posible.
Y este grito de guerra a veces se alinea con un grito que duele, que no entiende por qué aún existe el debate. Por qué aún tenemos que pelearnos con ciertos sectores políticos, médicos, sociales… Incluso, con determinados puntos de vista del feminismo, que temeroso de perder sus propios privilegios, trata de expulsar de sus filas a las mujeres trans, sin darse cuenta de que el enemigo es común. Se llama cisheteropatriarcado y contra este, cuantes más seamos, mejor.
Cualquier edad es la correcta para ser quien realmente se es.
A menudo es necesario conectar con esa empatía que la mayoría de las veces no sentimos desde este lado y entendemos que aún queda pedagogía por hacer. Que aún partiendo de la base de que si te tienes a ti misma por una persona defensora de los derechos humanos, tu responsabilidad es informarte de lo que desconoces y no interpelar a los colectivos vulnerables para que, aún desde su cansancio y su dolor, sean quienes tienen que informar, educar y sensibilizar.
Pero seguiremos siendo generoses y reconociendo sobre todo la generosidad de las personas trans que siguen educando y transformando. Seguiremos explicando que no se trata de cuerpos equivocados, que no se trata de ningún trastorno o incongruencia, que no sea trata de una cuestión homogénea de personas trans deseando tener un cuerpo distinto al que tienen. Que cada vivencia trans es única y legítima, igual que cada vivencia cis. Que se trata de una parte integrante de la sociedad. Minoritaria, sí. Pero enriquecedora, diversa, tan antigua como el resto de la humanidad (no se trata de algo nuevo y mucho menos de ninguna moda) que necesita, que exige que se la reconozca y que sus derechos sean garantizados.
Seguiremos educando. Seguiremos gritando. Seguiremos acompañando. Hasta que deje de ser necesario.
COORDINACIÓN ACADÉMICA: Lucas Sablich (CLACSO y Universidad de Buenos Aires, Argentina) y Nicolas Sticotti (Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina)
El libro, incluso en esta era definida por las tecnologías digitales de comunicación, sigue siendo el principal vehículo de transmisión de saberes y culturas. Poseedor de una carga simbólica insustituible, trae incorporadas dos lógicas en su definición. Una cultural e intangible, casi imposible de valuar, y otra de carácter material, vinculada al soporte, que tiene su interfaz por excelencia en el libro impreso. Tal como señala Pierre Bourdieu, el libro es “un objeto de doble faz, económica y simbólica, es a la vez mercancía y significación; el editor también es un personaje doble, que debe saber conciliar el arte y el dinero, el amor a la literatura y la búsqueda del beneficio” (Bourdieu, 1999: 242).
En este juego de múltiples valores se maneja la actividad editorial, incluso hoy, que se ve convertida en gran parte en un rubro no exento a la conformación de grandes oligopolios transnacionales propios de la globalización.
Sin embargo, en este mismo contexto de concentración, surgen también, gracias a los cambios tecnológicos determinantes tanto en la producción como en la circulación de libros, una cantidad enorme de pequeños y medianos proyectos editoriales a lo largo del continente. Estos proyectos, verdaderos garantes de la bibliodiversidad, se generan, prosperan o desaparecen en los más diversos contextos de crisis que asolan con demasiada recurrencia a América Latina.
Pequeños y medianos emprendimientos recogen una tradición editorial latinoamericana que tuvo su impulso moderno inicial con el aporte de editores que la diáspora de la guerra civil española llevó a México y Argentina principalmente, pero también a Venezuela, Uruguay, Chile, y el resto del continente americano. Un campo editorial que se fue consolidando no solamente con el trabajo de estos editores, sino también a través de las políticas y proyectos impulsados desde el Estado y las universidades públicas, como el Fondo de Cultura Económica mexicano o la Editorial de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Muchos de estos proyectos, que hasta fines de los sesenta del siglo pasado contaba con una vitalidad y un alcance muy significativo fueron cercenados por las distintas oleadas de dictaduras cívico-militares que sufrió el continente. Luego de este período, el ingreso a la incipiente globalización, sumado a la expansión transnacional de los primeros grupos españoles, pusieron un freno al desarrollo editorial latinoamericano.
A partir de este proceso que continúa aún hoy, atravesada por la revolución tecnológica de los medios digitales, la industria editorial en toda su cadena de valor, sufrió (y sufre) modificaciones sustanciales en sus procesos de producción y consumo. Estos procesos transforman la cultura de forma drástica, haciendo confluir la hibridez y mestizaje tanto de soportes como de lenguajes y narrativas (Roberto Igarza). No solo aparecen cambios en prácticas y procesos preexistentes, sino que aparecen nuevas apropiaciones y formas de relacionarse con los bienes culturales, sobre todo en aquellos surgidos de los procesos digitales. En este plano, se vuelve una necesidad para el sector la reflexión en torno a los cruces entre tecnología, convergencia digital, lectores/consumidores, libros y editoriales. ¿Cómo son las nuevas prácticas con la cultura escrita? ¿Se relacionan las nuevas pantallas tecnológicas y otras actividades de ocio y tiempo libre con la posibilidad de construir nuevos lectores? ¿Hay en los nuevos consumos posibilidades para los productos de la industria editorial?
Con obstinación y prepotencia de trabajo, la actividad editorial siempre termina sobreviviendo y desarrollándose. En un contexto de concentración mundializada, las claves para este desarrollo se verán en el trabajo mancomunado y las estrategias colaborativas de las editoriales independientes, pero también en las políticas públicas que se logren implementar desde el Estado. Estos cruces y tensiones conforman uno de los ejes fundamentales que atraviesa la propuesta de este curso.
Tom Hanks se ha convertido en la imagen de la esperanza en tiempos del coronavirus, tras haber superado junto a su mujer, Rita Wilson, el COVID-19 y haber relatado todo el camino, siempre con optimismo. No nos extraña que un niño que está sufriendo acoso por culpa de la pandemia haya querido ponerse en contacto con el actor en busca de consuelo.
Según recoge el medio australiano 7 News, un chico de 8 años llamado Corona De Vries escribió una carta a Hanks contándole que los niños de su colegio le están haciendo bullying por cómo se llama: «Escuché que tu mujer y tú cogisteis el coronavirus. ¿Estáis bien? Me encanta mi nombre pero en el colegio la gente me llama coronavirus. Me pone muy triste y enfadado que la gente me llame eso». El niño explicó que sus padres le pusieron ese nombre por la capa más externa del Sol.
Días después de recibir el mensaje, Tom Hanks respondió a Corona con esta preciosa carta, escrita por supuesto a máquina de escribir (las colecciona): «Querido amigo Corona: ¡Tu carta nos ha hecho sentir maravillosamente a mi esposa y a mí! Gracias por ser un amigo tan bueno, los amigos hacen que sus amigos se sientan bien cuando están de bajón. Te vi en televisión, aunque ya estaba de vuelta en Estados Unidos, bien de salud. Aunque ya no estoy enfermo, tu carta me hizo sentir mucho mejor. Sabes, eres la única persona que conozco que tenga el nombre de Corona, como el anillo alrededor del Sol, una corona».
Además de la carta, Hanks le envió como regalo la misma máquina de escribir con la que la escribió, que curiosamente es de la marca Corona, y que fue la que utilizó mientras se curaba del coronavirus (y que esperamos haya desinfectado a conciencia antes de mandarla). «Pensé que esta máquina de escribir te puede servir. Me la había traído a la Gold Coast, y ahora ha vuelto, contigo. Pregunta a un adulto cómo funciona. Y úsala para responderme». Cierra la carta, esta vez a mano, con un «Tienes un amigo en mí. Gracias otra vez».
Corona De Vries / Fuente externa
Tom Hanks revela que padece coronavirus y que será aislado junto a su esposa en Australia
“Querido amigo Corona”
En respuesta, Hanks también le envío una carta al pequeño, al que llamó “querido amigo Corona”
“Tu carta nos hizo muy felices a mi esposa y a mí. Gracias por ser tan buen amigo. Los amigos les hacen a sus amigos sentirse bien cuando no lo están”, escribió el ganador de dos Oscar y cuatro Globos de Oro.
“Tú eres la única persona que he conocido que se llame Corona, como el anillo alrededor del sol, como una corona”, agregó.
La carta estaba además escrita en una máquina de la marca L.C. Smith & Corona Typewriters Inc., que Hanks usó durante su tiempo de cuarentena en Australia.
Y Hanks decidió regalársela al niño.
“Pensé que esta máquina de escribir te vendría bien”, explicó en la misiva. “Me la había llevado a Gold Coast y ahora está ahí de vuelta, contigo. Pregúntale a alguien mayor cómo funciona. Y úsala para escribirme de nuevo”, lo invitó.
Según la familia de Corona, el pequeño había querido contactar a Hanks por conocerlo por shaberle dado voz a Woody en las películas de Toy Story.
La lista de medidas neoliberales recomendadas por el FMI, con un impacto funesto en la vida cotidiana de millones de personas en Sri Lanka, y de miles de millones en todo el mundo, es enorme.
Hiruni, la esposa de un pescador que tiene que gestionar su familia de cinco personas con un ingreso de cerca de 2,50 euros por día (500 rupias de Sri Lanka), está en este momento muy endeudada. Para conseguir un aumento de los ingresos de la familia, pidió 50.000 rupias (250 euros) a una institución financiera no bancaria —un estatus que les permite eludir las normas reguladoras impuestas a las instituciones bancarias por el Banco Central de Sri Lanka— especialista en los microcréditos. Con ese dinero, Hiruni comenzó la producción de mosquiteros impregnados de insecticida (como recomiendan fundaciones como la de Bill Gates) que vendía a 2.000 rupias la pieza (10 euros).
Durante un tiempo el negocio fue bien, pero hubo dos factores, independientes de su voluntad, que la arruinaron: el primero corresponde al tipo de interés practicado por la LOLC, que es realmente abusivo (más de un 50 % de interés real) y las enormes penalidades en caso de retraso del pago; y el segundo fue la aparición de una compañía comercial poderosa que comenzó a vender mosquiteras importadas un 25% más baratas, y pagables en dos cuotas. Hiruni no pudo hacer frente a esta competencia ya que el precio al que vendía esa empresa era menor que sus costes de producción. Tuvo que parar la producción de mosquiteros y se vio impedida de proseguir normalmente con el reembolso de la deuda. Y esto la llevó a pedir otro préstamo a otra institución de las microfinanzas para poder pagar el primero. Por consiguiente, Hiruni está desesperada y sobreendeudada.
LA ACTUACIÓN DEL FMI TIENE UN IMPACTO DIRECTO SOBRE EL FUTURO DE CIENTOS DE MILES DE MUJERES
Efectivamente, desde hace años, el FMI actúa con todo su poder para acabar con las barreras aduaneras que protegen a las productoras y productores locales, ya sea en la agricultura, la pesca, las artesanías o en la fabricación de otros productos. Y esa es una de las razones por las que Hiruni y sus semejantes ya no pueden vivir de lo que producen. El FMI favorece también, en compañía del Banco Mundial y de otras instituciones internacionales, la desregulación del sector bancario y promueve el microcrédito. El FMI, por supuesto, defiende el derecho de las empresas de crédito a fijar los intereses que desean, en nombre de la “libertad” de los precios y del mercado.
Y debido a esa política, Hiruni y tantas otras deben pagar tipos de interés exorbitantes por sus créditos. El FMI, en concertación con otras instituciones internacionales, presiona a los gobiernos para privatizar o cerrar los bancos públicos de crédito, aunque éstos otorgaban préstamos con tipos de interés razonables, generalmente subvencionados —es decir sin obtención de beneficios—, que es lo que aborrecen el FMI y el Banco Mundial. Y esta es una razón suplementaria que explica por qué Hiruni, y todas las personas en sus condiciones, no encuentran créditos en el ámbito oficial.
Para completar este cuadro negativo, se deben añadir las muchas condicionalidades impuestas por el FMI en la política de créditos que concede a Sri Lanka, así como a otros países. El FMI quiere que el gobierno reduzca su déficit público mediante el recorte de los gastos sociales y reduciendo el personal de la función pública. Por consiguiente, Hiruni y millones de personas en Sri Lanka ven como la gratuidad de la educación y de la salud (conseguidas en los años 1960) es socavada radicalmente. En efecto, Sri Lanka es uno de los pocos países donde los servicios sanitarios y la educación son todavía gratuitos, en principio, pero las medidas de austeridad impuestas por el gobierno, cómplice del FMI, hacen que el coste real de los estudios (incluidos los primarios) y de los sanitarios básicos aumentan constantemente, ya que hay que pagar libros escolares, medicamentos, etc. Además, las familias se ven empujadas hacia la educación y sanidad privadas para escapar de la degradación de los servicios públicos. Por lo tanto, las familias pobres tienen que endeudarse con las agencias de microcrédito para poder hacer frente a los gastos de escolaridad y salud. Y son las mujeres las más directamente afectadas ya que tienen como prioridad encargarse de sus hijos e hijas, en cuanto a su educación y salud.
La lista de medidas neoliberales recomendadas por el FMI, con un impacto funesto en la vida cotidiana de millones de personas en Sri Lanka, y de miles de millones en todo el mundo, es enorme. Y esto cambiará solamente si los pueblos logran sacarse de encima al FMI, cuando consigan llevar al gobierno fuerzas políticas con voluntad de aportar soluciones radicales que garanticen el respeto a la justicia social y el goce de los derechos humanos en el respeto a la naturaleza.
LA POLÍTICA ACTUAL DEL FMI EN SRI LANKA
En 2016, el gobierno neoliberal de Sri Lanka pidió ayuda al FMI que respondió con el otorgamiento de un crédito de 1.600 millones de dólares, condicionado a que se siguieran sus recomendaciones. Ese programa continúa en ejecución y el balance es totalmente negativo.
El 7 de febrero de 2020 terminó una visita del FMI a Sri Lanka. El comunicado de prensa de la institución con sede en Washington, es muy significativo. El FMI declara que la decisión del Gobierno de fijar un tipo máximo de interés del 35% para los préstamos por medio del microcrédito solamente puede ser temporal puesto que es necesario evitar la distorsión (¡sic!) del funcionamiento del mercado financiero.
El Gobierno de Sri Lanka fijó un techo de interés por la presión de la calle y de miles de mujeres, víctimas del microcrédito y de sus tipos de interés abusivos
Sabemos que el Gobierno fijó este techo de interés por la presión de la calle. Miles de mujeres, víctimas del microcrédito y de sus tipos de interés abusivos, se habían movilizado en el Norte del país para exigir que los tipos de interés no puedan superar el 25% (lo que sigue siendo excesivo ya que la inflación es solo del 4 %). El Gobierno fijó en el 35%, el interés máximo que puede ser reclamado, frente a la amplitud del drama social y al riesgo de la multiplicación de las movilizaciones. También hay que conocer que el experto independiente de las Naciones Unidas para la deuda y los derechos humanos, en un informe muy claro, dio la voz de alarma ante la dramática situación que viven las numerosas víctimas del microcrédito en Sri Lanka. Su informe, redactado después de cumplir con una misión sobre el terreno, es abrumador para el Gobierno, las instituciones financieras y los otroprestamistas extranjeros. Y, por ende, hizo un llamamiento al gobierno para que actúe.
El gobierno había intentado justificarse afirmando que estaba llevando una política de reducción de la pobreza. También, hay que agregar que el experto independiente había estado atento a los trabajos realizados durante el 7º taller del CADTM Asia del Sur, realizado en Colombo en abril de 2018 y que los movimientos sociales de Sri Lanka le entregaron un documento público en el momento de su visita al país, en agosto de 2018.
Por lo tanto, fue mediante todas esas presiones que el gobierno fijó el tope máximo del 35%. Y aunque ese tope sea exagerado y deba ser considerado usurario, el FMI tiene la desfachatez de declarar en su comunicado de prensa del 7 de febrero de 2020 que es necesario restablecer en poco tiempo el derecho de establecer libremente los tipos de interés.
El FMI llama también al gobierno a acabar, lo antes posible, con la moratoria sobre el pago de las deudas de las pequeñas y medianas empresas. A causa de los ataques terroristas de abril de 2019, los turistas abandonaron Sri Lanka durante meses lo que perjudicó enormemente la economía y en particular a las pequeñas y medianas empresas. Para evitar la proliferación de quiebras, el gobierno decretó una suspensión de pagos de esas deudas, y esta es la medida que el FMI quiere que se anule rápidamente.
Además, el FMI pide al Gobierno que prosiga con las medidas de austeridad y de privatización subrepticia y progresiva de las empresas públicas. Esto apunta especialmente a la compañía aérea SriLankan Airlines, a la compañía petrolera y a la compañía de electricidad. El FMI pide al gobierno profundizar la liberación de los intercambios internacionales y las medidas tomadas para atraer las inversiones extranjeros. Ya conocemos las consecuencias negativas de estas políticas.
El volumen de la deuda pública de Sri Lanka aumentó fuertemente durante los últimos tres años, y ahora supera el 90 % del PIB. Recordemos que el actual acuerdo con el FMI es de 2016. Entre 2016 y fines de 2018, la deuda pública aumentó en un 30 %. Esto significa que la actuación del FMI contribuyó directamente al incremento de la deuda de Sri Lanka, lo que aumenta, a su vez, la dependencia del país con respecto a los prestamistas extranjeros o nacionales. A pesar de ser minoritaria, la deuda en forma de títulos soberanos emitidos en los mercados financieros extranjeros duplicó su volumen. Con un puñetazo sobre la mesa, el FMI exige al Gobierno aplicar una política de austeridad más firme en los gastos públicos. Así que Hiruni, como la inmensa mayoría de la población de Sri Lanka, no puede esperar nada bueno del FMI.
Con un puñetazo sobre la mesa, el FMI exigió al Gobierno de Sri Lanka aplicar una política de austeridad más firme en los gastos públicos
El CADTM, que celebró su 8º taller regional de Asia del Sur en Colombo, en febrero de 2020, aportó su apoyo a la lucha de las víctimas de las políticas aplicadas por el gobierno y el FMI. El experto independiente de las Naciones Unidas para la deuda y los derechos humanos envió a los participantes del taller CADTM un mensaje que aborda los problemas de fondo.
Hay que señalar que, a la par de los funestos acuerdos con el FMI, la acción mortífera del gobierno de Trump tiene también un papel nada despreciable en la degradación de las condiciones de vida de una gran mayoría de la población de Sri Lanka. Uno de los canales de intervención de Washington está constituido por una agencia federal creada en 2004, llamada Millenium Challenge Corporation, activa en Sri Lanka desde abril de 2019 (Véase ). Esta agencia atribuye buenas o malas notas a los países en donde opera. Su acción deletérea se une a la más clásica de la USAID, la otra agencia federal que alienta con toda su fuerza la precarización aún mayor del mercado de trabajo en Sri Lanka.
La Unión Europea no se queda atrás. Su banco de inversiones, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), apoya activamente las empresas de microcrédito que explotan y espolian cientos de miles de mujeres en Sri Lanka. Y es necesario señalar que el banco privado Triodos, supuestamente de banca ética, invirtió también en el negocio del microcrédito en este país.
Y, por supuesto no hay que olvidar a China, para la que Sri Lanka ocupa un lugar geoestratégico en el plan de sus rutas comerciales. China construyó varios puertos sin tener en cuenta la preservación del medio ambiente y, además, endeudando a Sri Lanka. China tampoco hace regalos.
El CADTM se unió a Hiruni y a todas aquellas y aquellos que, como ella, tomaron finalmente la decisión de resistir. Ya que Hiruni, después de haber sido una víctima pasiva, se unió a la acción de la resistencia activa, como muchas otras mujeres que se manifestaron en Colombo, el 27 de febrero de 2020, para exigir del gobierno una respuesta a sus reivindicaciones.
Desde la redacción editorial del portal «Otras Voces en educación» nos sumamos a la exigencia de la libertad plena del compañero dirigente sindical chileno Michael Humaña y 13 compañeros más. El SNTE se había sumado, ayer 1 de mayo, a la convocatoria de varios movimientos sociales para denunciar la forma discriminatoria y anti popular con la cual el gobierno chileno ha abordado la pandemia del Coronavirus.
Exigimos cese la criminalización de la protesta. Ya se anuncia que a los compañeros se les abrirán causas por haber «violado la cuarentena», en momentos en los cuales miles de trabajadores informales tienen que salir para conseguir el alimento para sus familias.
Estaremos muy atentos al desarrollo de los acontecimientos y estamos enviando esta nota al Secretario General de Naciones Unidas, así como a la OIT, UNESCO, a la Campaña Latinoamericana por el derecho a la Educación (CLADE) y la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
A pesar de la emergencia sanitaria, en los últimos días ha habido una serie de protestas en diversos puntos de este país sudamericano.
«El Piñeravirus es más mortal que el coronavirus».
La frase que alude al presidente de Chile, Sebastián Piñera, se leía en uno de los carteles con los que unas 200 personas volvieron a las calles de la ciudad de Santiago a protestar este lunes 27 de abril.
Carros lanza agua, bombas lacrimógenas y duros enfrentamientos entre manifestantes y la policía tomaron nuevamente la Plaza Italia -o «Plaza Dignidad», como algunos la rebautizaron-, el epicentro del estallido social que irrumpió en este país sudamericano el 18 de octubre del año pasado.
A pesar de la emergencia sanitaria, la imagen se repitió en otras capitales regionales, como Antofagasta, Concepción y Valparaíso, donde también hubo barricadas.
Era una jornada simbólica, pues no solo se celebraba el aniversario 93 de Carabineros, la institución policial chilena, sino también porque se recordaba que un día antes -el 26 de abril- era la fecha original programada para la realización del plebiscito que busca cambiar la Constitución heredada del régimen de Augusto Pinochet.
Desde la llegada del coronavirus a este país, a mediados de marzo, la agenda que buscaba descomprimir la tensión social pasó a segundo plano y, con ello, el referendo fue postergado para el 25 de octubre.
Las intensas protestas, en tanto, parecían haber cesado. O, al menos, eso se pensaba.
Sin embargo, lentamente han vuelto a cobrar relevancia, aunque en grupos bastante más reducidos.
La razón detrás -explican sus protagonistas- no es distinta a la que motivó el «despertar» de Chile en octubre: el descontento social ante las desigualdades del sistema político y económico que impera en esta nación sudamericana.
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«El coronavirus visibilizó las desigualdades»
«Protestamos porque el sistema chileno es mucho más cruel que el coronavirus», le dice a BBC Mundo Paloma Grunert, quien ha asistido a todas las manifestaciones desde octubre y está detrás de la organización de algunas de las protestas que han ocurrido en medio de la pandemia.
Para ella, todo lo que los llevó inicialmente a salir a la calle «sigue vigente», como la inequidad en los salarios y en el acceso a la salud y educación, entre otros.
«Hay desigualdad, injusticia y un constante apoyo a los empresarios y grupos económicos», señala.
Una opinión similar comparte el fotógrafo Cristóbal Venegas, quien también ha participado en las manifestaciones.
«No hay credibilidad en el gobierno ni en la clase política. Las demandas sociales están a flor de piel», le dice a BBC Mundo.
Venegas afirma que con el coronavirus quedaron «aún másen evidencia los problemas de la gente».
«En el tema de la educación, por ejemplo, en este país no todos tienen computador, ¿quién puede hacer clases online? El tema de la salud también; en algunos lugares no hay abastos, no hay insumos», indica.
De acuerdo con el académico de la Universidad de Cambridge y experto en movimientos sociales, Jorge Saavedra, este último punto es justamente una de las cosas más importantes que explican el «rebrote» de las manifestaciones.
«Lo que ha hecho el coronavirus es visibilizar las desigualdades estructurales por las que se protestó en su momento», dice a BBC Mundo.
«Si en Chile antes se protestaba por la desigualdad en la salud, eso ahora ha quedado en evidencia. Lo mismo ha pasado con la precariedad laboral, donde se ha visto lo frágil que era el sistema. Se demostró que el mercado no solucionaba los problemas porque ahora el propio mercado le está pidiendo ayuda al Estado», agrega.
Ante la emergencia, no obstante, el gobierno de Chile ha diseñado una serie de medidas para enfrentar las consecuencias de esta crisis.
Es así como se creó un Plan de Emergencia Económico que, con la inyección de US$11.750, se busca proteger el empleo y apoyar a los trabajadores entregándole liquidez a empresas de todos los tamaños.
También se decidió reforzar el presupuesto del sistema de salud -será suplementado con el 2% constitucional- para asegurar que cuente con los recursos necesarios frente a la pandemia.
Por otro lado, se estableció una Ley de Protección del Empleo -que busca resguardar los puestos de trabajo-, y se creó un fondo de US$2.000 millones para la protección de los ingresos de los trabajadores más vulnerables (informales sin contrato), entre otras cosas.
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De todas maneras, esta es una realidad que no solo golpea a Chile. En otros países de Latinoamérica hay una percepción similar.
Debido a la paralización de la economía por las cuarentenas que buscan enfrentar la pandemia, buena parte de la población en la región se han visto afectada por la pérdida de empleo o por una disminución en sus salarios.
Esto ha dado paso a un profundo malestar social que se ha reflejado en marchas callejeras, bloqueos y cacerolazos en países como Colombia, México y Bolivia, entre otros.
«El coronavirus ha exacerbado las diferencias sociales», explica Saavedra.
Y, en el caso de Chile, el académico afirma que las grandes demandas que se vienen exigiendo desde octubre «siguen ahí».
«Hay un sujeto político que todavía no se siente escuchado. Y que cree que, si deja de manifestarse, va a pasar al olvido», indica.
Plebiscito: ¿se realizará el 25 de octubre?
Entre esas demandas quizás la más relevante y simbólica es el cambio a la Constitución que rige en Chile desde 1980.
Es una petición que se escuchó con fuerza en la mayoría de las protestas que tuvieron lugar en los últimos meses en este país.
La demanda encontró una salida el 15 de noviembre de 2019, cuando el parlamento chileno alcanzó un acuerdo histórico donde se estableció un plebiscito que se realizaría en abril de este año.
En él, los ciudadanos chilenos iban a poder elegir si apoyaban o no un cambio constitucional y el mecanismo para la elaboración de una nueva carta magna.
Sin embargo, el coronavirus cambió los planes y el referéndum debió postergarse para el 25 de octubre.
Pero en los últimos días algunos líderes políticos han vuelto a poner en duda su realización debido a la pandemia.
El propio presidente Piñera dijo en una entrevista con CNN que «quizás la recesión económica va a ser tan grande, que esto es un tema que quizás se va a volver a discutir». Mientras que diversos ministros de Estado han indicado que todo dependerá de la realidad sanitaria del país.
En conversación con BBC Mundo, Diego Schalper, diputado del partido oficialista Renovación Nacional, explica que es importante tener en cuenta la legitimidad del proceso constitucional en medio de la pandemia.
«Chile está en crisis. Y habrá que ver la dimensión de la crisis en junio o julio para resolver si es que están las condiciones adecuadas para realizar un plebiscito que tenga la participación y la legitimidad necesarias», afirma.
«Hay que volver a trabajar y a desarrollar distintas actividades, pero de ahí no se sigue a que sea posible tener un día de votación con alta participación, tener una campaña como la que todos queremos para que este proceso tenga legitimidad», agrega.
«En democracia no se cancelan elecciones por crisis económicas»
Estos planteamientos no han sido bien recibidos por miembros de la oposición, quienes señalaron que es «incoherente» que el gobierno proponga un plan de «nueva normalidad» -que contempla, entre otras cosas, la reapertura de centros comerciales y el retorno a clases escolares- y, paralelamente, ponga en duda el plebiscito.
«Es preocupante; en democracia no se cancelan ni se suspenden elecciones por crisis económicas», dice a BBC Mundo el diputado Gabriel Boric, perteneciente a la coalición opositora Frente Amplio.
«Hay un sector de la derecha que nunca ha querido cambiar la Constitución y que está buscando cualquier excusa para tratar de instalar un debate entorno al tema. Yo quiero ser enfático: nosotros vamos a defender el itinerario constituyente, aunque no les guste», agrega.
El parlamentario afirma que esta no es una demanda de los políticos, sino de los ciudadanos chilenos.
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«Ese descontento social que se expresó durante los últimos meses sigue presente, no se puede esconder debajo de la alfombra, y tenemos que canalizarlo institucionalmente», señala.
De la misma manera, el presidente del Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, afirma a BBC Mundo que «la protesta aún está viva y el cuestionar el plebiscito lo único que hace es alterar la tranquilidad que hoy necesitamos para controlar el coronavirus».
Y puede que Muñoz tenga razón pues muchos de los manifestantes que hoy salen a las calles a protestar con mascarillas dicen estar molestos ante un eventual aplazamiento del referéndum.
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