Jair Bolsonaro autorizó suspender los contratos de trabajo por cuatro meses y ratificó su decisión de no decretar la cuarentena para frenar el coronavirus que en seis días pasó de dos a veinticinco muertos. Horas después, se vio obligado a retroceder y dejó sin efecto su insólito decreto.
A través de una medida publicada en la noche del domingo en el Diario Oficial de la Unión determinó que los patrones están eximidos de abonar los salarios a partir de hoy y durante 120 días. «Nadie está dimitiendo a nadie», justificó hoy a la mañana ante los periodistas apostados frente al Palacio de Alvorada, en Brasilia.
«Esta es una manera de preservar los empleos, se acorta el período de pre-aviso (suspensión contrato) y se permite que se den vacaciones (anticipadas), esto es mejor que ser dimitido». Cuando se le consultó si se arbitrarán medidas para compensar el mazazo esquivó la respuesta dejándola a cargo del ministro de Economía, Paulo Guedes, un funcionario que trabajó con el dictador Augusto Pinochet, a quien le elogia las reformas laboral y previsional. En el decreto se permite, no se obliga, que los empleadores «concedan una ayuda compensatoria».
«Los gobiernos de varios países pagarán los salarios de los empleados para evitar dimisiones, mientras Bolsonaro penaliza al trabajador en medio de la pandemia», reprobó Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores.
Con casi 12 millones de desocupados Brasil puede saltar a 40 millones según una proyección de la consultora privada XP.
Al mismo tiempo que Bolsonaro intentaba mostrar las cualidades de su decreto laboral ante los movileros, el Banco Central anunciaba la liberación de 68 mil millones de reales (13.600 millones dólares) para la banca privada en la forma de reducción del 8 por ciento de depósitos compulsivos. Mientras tanto, en el Supremo Tribunal Federal ingresó una acción promovida por gobernadores de la región nordeste contra los recortes impuestos a la Bolsa Familia por Bolsonaro y el ministro Guedes .
El capitán retirado del ejército justificó este lunes su decisión de no imponer una cuarentena nacional, al contrario de lo que han hecho varios gobernadores . Una periodista le preguntó si le preocupa que su imagen esté cayendo junto con el rechazo que causa su posición (negación) ante el Covid-19. Este domingo ocurrió el sexto cacerolazo consecutuvo en varias capitales donde volvieron a escucharse consignas como «Fuera Bolsonar» e «Impeachment». El gobernante se enojó con la periodista que lo indagó sobre las encuestas, a quien acusó de comportarse de manera «antipatriótica».
El caso brasileño se proyectaba como una rareza mundial, con un gobierno empecinado en darle la espalda al coronavirus. La consultora norteamericana Eurasia Group catalogó al jefe de Estado brasilero como el más «ineficiente» del mundo en el combate contra la pandemia. La reacción adversa al decreto en contra de los trabajadores obligó a Bolsonaro a dar marcha atrás.
Fuente e imagen: https://www.pagina12.com.ar/254805-coronavirus-bolsonaro-dio-marcha-atras-con-la-suspension-de-
América/Argentina/25/03/2020/Autora: Laura Vales/Fuente: pagina12.com.ar
Cuatro millones de personas viven hacinadas y sin posibilidad de trabajar en casa. Hasta lavarse las manos es complejo.
El enfoque informativo predominante supone que toda la Argentina tiene las posibilidades de aislamiento de la clase media. En el país, sin embargo, cuatro millones de personas viven en barrios populares, de urbanización precaria, lo que en muchos casos significa condiciones de hacinamiento y ninguna posibilidad de hacer trabajo en casa. A eso se suman dificultades más básicas: lavarse frecuentemente las manos es una recomendación difícil cuando la red de agua potable es una canilla de uso compartido en un pasillo. Estas condiciones instaladas por la pobreza estructural, las de un país que no es Italia ni España, están enfrentando al Estado y especialmente a la militancia social a pensar otras medidas para que la cuarentena pueda implementarse. Especialmente en el conurbano, donde los funcionarios, intendentes y referentes barriales señalan que la clave, en los días que vienen, va a ser garantizar la distribución de alimentos. En este marco, el gobierno nacional analiza para el caso de que el confinamiento deba prolongarse ampliar la asistencia económica a los que dependen enteramente de changas y no tienen planes sociales. Las estimaciones no oficiales señalan que están en esa situación un millón de argentinos.
Desde diciembre, un importante sector de los movimientos sociales ingresó a cargos de gestión en el gobierno. En el ministerio de Desarrollo Social hay una secretaría y dos direcciones a cargo de referentes de las organizaciones; entre ellos está el coordinador de Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez, que hoy es uno de los encargados de armar un plan de realización de pequeñas obras locales para que menos personas se desplacen buscando changas. Mariel Fernández, formada en la militancia del Movimiento Evita, es intendenta de Moreno, un municipio que condensa en dos datos la vida precaria, ya que tiene 500 mil habitantes y un solo hospital. Fernanda Miño, militante de la villa La Cava, en San Isidro, es secretaria de Integración Sociourbana, una dirección del Estado creada para resolver el problema del acceso al agua en las villas y asentamientos. En los cuatro mil cuatrocientos barrios populares del país, el 93,5 por ciento no tiene acceso formal a la red de Agua Potable. Estos dirigentes contaron a Página/12 cómo ven, desde su condición de militantes en contacto directo con la realidad de los asentamientos y desde su posición como funcionarios que participan en el diseño de políticas, la atención de la pandemia en los barrios populares.
Los barrios populares . Con un click en el link, se accede al mapa de la pobreza estructural en la Argentina
Refuerzo alimentario
«Resguardarse en la casa es un elemento importante, pero que no alcanza en los sectores más humildes, que no tienen las condiciones de la clase media», señala Daniel Menéndez, subsecretario de Promoción de la Economía Social. Es sábado al mediodía y él está en un comedor en Villa Inflamable. «Lo que estamos viendo, en general, es que la gente está en la puerta de la casa pero sin salir del barrio, como si fuera un domingo. La actividad comunitaria sí es mayor, porque hay más gente entregando viandas en los comedores y aumentó el número de familias y de chicos que vienen a pedir a alimentos». En este sentido, lo que se ve venir es un esquema en el que la militancia social cubra la logística necesaria para que las familias no se queden sin alimentos.
Para Menéndez «es impensado que la gente de los sectores populares se recluya en sus casas como puede hacerlo la clase media, porque las casas son de una precariedad en muchos casos muy grande, porque hay problemas de hacinamiento, entonces hay que encontrar mecanismos para que la comunidad, en el barrio, pueda pensarse como una unidad de aislamiento. En ese sentido, sabiendo que puede haber movimiento, que el movimiento esté organizado para que haya trabajo, que haya actividad y posibilidad de acceder a los alimentos».
El ministerio de Desarrollo Social apura por esto la realización de pequeñas obras de infraestructura en los barrios para generar trabajo local, que ayude a limitar la circulación de las personas y funcione, a la vez, como un paliativo para la caída de las changas.
Hoteles y hospitales
«Ayer nos reunimos con los supermercadistas de Moreno para que entiendan que van a tener que hacer donaciones, y también para que garanticen stock de mercadería para que los comedores escolares puedan armar las bolsas de alimentos», contó Mariel Fernández, intendenta del distrito del conurbano con un solo hospital para 500 mil habitantes. «Estamos haciendo todos los esfuerzos pero hay realidades objetivas».
Ubicado en el segundo y tercer cordón, Moreno es uno de los seis municipios del Gran Buenos Aires con niveles más altos de Necesidades Básicas Insatisfechas, de acuerdo a datos del Observatorio de la Universidad de General Sarmiento. Sobre el aislamiento, la intendenta apunta que «en realidad, lo que intentamos hacer es que la gente se quede en el barrio. Estar adentro es difícil por el tema de la precariedad de las viviendas; no es lo mismo que en una familia de los sectores medios altos, que tiene las comodidades para quedarse en su casa. Yo insisto mucho en que hay garantizar el alimento, porque nadie puede quedarse si no lo tiene».
El viernes, la Nación envió a la intendencia 10 millones de pesos para alimentos y la compra de materiales de construcción que permitan generar las primeras obras de mejoramiento y empleo local. También el gobernador Axel Kicillof destinó una partida de 300 millones a distribuir entre los 135 municipios de la provincia en la emergencia sanitaria. Aunque –paradojas de las decisiones rápidas en tiempos de crisis– Moreno, por tener un solo hospital, recibirá menos que otros distritos, ya que el índiice de reparto es la coparticipación, que destina más fondos cuando se tienen más hospitales.
La preocupación está puesta en la demanda de salud que va a producirse en el pico del contagio, esperado para finales de abril o principios de mayo. Ya está anunciado que en Moreno se va a construir uno de los 5 hospitales modulares destinados al Conurbano pensados para la internación de pacientes con coronavirus. Como en otras localidades, el municipio tomó la idea de utilizar los hoteles sindicales para las personas que necesiten aislamiento. Hay un solo hotel, del Sindicato del Seguro, que se puso a disposición.
Un trabajo típico de Moreno es el de los vendedores de plantas, que se abastecen en los viveros locales y viajan 50, 60 y hasta 80 kilómetros por día buscando ventas. El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció obras de mejoramiento en los barrios para evitar los desplazamientos. Foto: Bernardino Avila
Donde falta el agua
La secretaria de Integración Sociourbana, Fernanda Miño vive en La Cava, la villa más emblemática de San Isidro. «Los barrios son un mundo aparte», indica. «Más allá de lo difícil que es respetar la cuarentena para cualquiera, la casa es chica, hay muchas situaciones familiares, indefectiblemente los vecinos salen a los pasillos o a la calle más cercana. No vamos a hacer cola al supermercado porque no hay plata para llenar la heladera, pero si a la única canilla de agua la tenés en la esquina de tu casa no te queda otra que salir», dice a Página/12. A su criterio, el principal obstáculo para sostener el aislamiento en las villas y asentamientos de Buenos Aires es el hacinamiento, y en el interior la falta de agua.
Explica también que el mapa de barrios populares con las 4400 urbanizaciones precarias del país fue armado tomando las viviendas en las que faltan dos o más de los servicios de agua, electricidad o cloacas. «En general, es el agua, que llega a las casas conectada irregularmente y puede no ser potable, y la cloaca. Sumados a la falta de trabajo y al tema del alimento, la pandemia viene a desafiar todavía más la posibilidad de salir adelante de las personas más vulneradas. Y también creo que va a hacer más difícil la concientización de lo que significa la pandemia, porque la gente no tiene el recurso para prevenirse».
Miño cree que las municipalidades van a tener que asumir el trabajo de ir a los barrios, llevar los bolsones a cada casa en lugar de hacer ir a la gente a un lugar donde puede amontonarse, hacer ruedas sanitarias con los elementos básicos. «Siempre hay una organización social, además, que se pone esto al hombro, que se pone el guante y el barbijo y sale a repartir».
Estudian ampliar las medidas para los trabajadores informales
El gobierno nacional analiza implementar otras medidas de ayuda para las personas de sectores vulnerables que dependen de actividades informales y no perciben ningún ingreso del Estado, en el caso de las medidas de aislamiento se prologuen más allá de estos diez días. La idea es la de un subsidio de 5 mil pesos durante tres meses. En el país hoy existen tres grandes esquemas de cobertura: la Asignación Universal por Hijo, los planes sociales y las jubilaciones y pensiones. Por afuera de eso hay una población que están entre los 40 y 60 años, que tiene hijos ya mayores de 18 años, por lo que ya no recibe la AUH y carece de empleo formal.
El comercio en las ferias, los talleres familiares, las pequeñas obras de construccion, la venta ambulante, los puestos de comida al paso, el manejo de remises, pequeñas verdulerías, almacenes y peluquerías abiertos por vecinos en sus casas son algunas de las actividades dentro de una infinidad de rebusques no registrados, con ingresos de subsistencia y por afuera de la figura del monotributo. La informalidad hace imposible medir cuántos están en esta situación. Hay referentes sociales que hacen una estimación, en el aire, de un millón de personas. El parate en la actividad puede, claramente, dejar a esta franja sin ninguna vía de ingresos.
El programa de trabajo local
Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, adelantó que se preparan políticas específicas para un universo de alrededor de un millón de personas en el país.
El programa de pequeñas obras de infraestructura en los barrios populares para generar trabajo local tiene el objetivo de limitar la circulación de las personas y funcionar, a la vez, como un paliativo para la caída de las changas. La medida fue anticipada el martes por el ministro de Economía, Martín Guzmán. El ministerio de Desarrollo Social que conduce Daniel Arroyo confirmó a su vez un paquete destinado para los sectores más vulnerables.
Las obras en las que se piensa son de mejoramiento, como pintar escuelas, hacer veredas, arreglar centros comunitarios, con un criterio de permitir a las personas trabajar en el barrio, sin tener que viajar. Todavía no está definido cuál será el pago por estos trabajos. Un criterio cercano es el que se utilizó en febrero con los arreglos de escuelas, cuando los trabajadores cobraron el doble de un plan social, es decir 17 mil pesos, aunque también está en estudio un esquema de módulos o complementos.
El Estado Nacional, por otra parte, reforzó los ingresos de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de planes sociales con un bono de 3000 mil pesos. Este plus abarcó a 556 mil personas.
La decisión de las obras a realizar estará a cargo de unidades ejecutoras integradas por los intendentes, las gobernaciones y los movimientos sociales.
El paquete combina ingresos con trabajo: al bono se le sumará el envío de insumos, materiales y herramientas para hacer posible la realización de las obras de infraestructura en salitas sanitarias, clubes de barrio, escuelas o viviendas precarias.
Fuente e imagen: https://www.pagina12.com.ar/254728-la-cuarentena-en-los-barrios-populares
América/Argentina/25/03/2020/Autor y fuente: www.anred.org
En medio de la crisis sanitaria mundial, en muchos países las poblaciones deben permanecer en cuarentena. Por este motivo la plataforma por suscripción de lectura Scribd liberó su biblioteca virtual. Durante un mes se podrá acceder en forma gratuita a su biblioteca biblioteca que incluye libros, audiolibros, revistas, podcasts, partituras musicales y más de un millón de documentos. Por ANRed.
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Fuente e imagen: https://www.anred.org/2020/03/20/la-plataforma-scribb-libera-su-biblioteca-virtual/
En entrevista a la CLADE, la coordinadora del Foro Dakar Honduras llama la atención sobre la importancia de la protesta y la movilización social, como forma de demandar al Estado el derecho a la educación pública y gratuita
La lucha por una educación pública y gratuita, la privatización del sistema educativo, la criminalización y represión contra la protesta social, leyes educativas y la calidad de la educación en Honduras, fueron algunos de los temas abordados durante entrevista de Aminta Navarro, coordinadora del Foro Dakar Honduras, a la CLADE.
Aminta Navarro: “No hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes.
En la ocasión, Aminta llamó la atención sobre la importancia del derecho a la protesta social como estrategia fundamental para demandar al Estado una educación de calidad, pública y gratuita para todas y todos. “No tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes, aunque la ley diga que hay un claro derecho a la educación pública y gratuita”, explicó.
Lee la entrevista completa.
¿Existe alguna legislación que aborde el tema de la privatización educativa o del lucro en la educación en Honduras?
Aminta Navarro – No hay legislación tácita. O sea, lo que dice la ley es que el derecho a la educación privada existe, pero el rector es el Ministerio de Educación como representante del Estado. Hay una asociación de instituciones privadas educativas en el país, que actúan desde la educación inicial.
De hecho, el Estado sólo te garantiza un año de educación preescolar, siendo los otros años de preescolar ofrecidos por el sector privado. Así mismo, está en manos del sector privado la educación bilingüe, que es altamente cara.
Las leyes del país no regulan el lucro, pues no dicen hasta cuánto se puede cobrar en matrículas o mensualidades, lo que hoy se regula por la libre oferta y demanda. Así mismo, los padres y madres son libres para enviar sus hijos e hijas al sistema que quieran: público, privado o privado religioso.
¿Usted cree que la legislación nacional fomenta o favorece el lucro en la educación en detrimento de una educación pública y gratuita?
Aminta Navarro – Es ambiguo, pero hay como un claro desprestigio, digamos, de la educación pública, mientras hay una tendencia a destacar las supuestas bondades de la educación privada.
“Al desprestigiar cada día más la calidad y la pertinencia de la educación pública, se obliga a los padres y madres a prácticamente trabajar para pagar por la educación de sus hijos”
Al desprestigiar cada día más la calidad y la pertinencia de la educación pública, se obliga a los padres y madres a prácticamente trabajar para pagar por la educación de sus hijos, para mandarlos a la escuela privada, porque esa “tendría mejores profesores y mejor acceso tecnológico, además de ofrecer clases de un segundo idioma”.
También hay mecanismos o políticas que excluyen estudiantes que frecuentaban la escuela pública del ingreso a las universidades porque muchas veces el sistema básico público “no responde a las exigencias de la educación superior universitaria”, lo que abre el espacio de la universidad pública para solamente el ingreso de estudiantes que vienen de la escuela privada.
En la práctica, ¿falta regulación a la actuación del sector privado en el país?
Aminta Navarro – Creo que no solamente hay falta de regulación, sino que la ley hondureña posibilita las transferencias de fondo público al sector privado sin fines de lucro. También se establece la renuncia fiscal del sector privado que actúa en el área educativa y las instituciones privadas gozan de exoneración de impuestos.
Además, bajo el modelo de centralización del Estado, hay una modalidad de contratación directa por servicios. Entonces el Estado, si quiere, puede contratar un centro educativo privado para la educación de los niños y niñas, que es lo que se hace también con la salud pública, y se llama tercerización de los servicios.
Sin embargo, hay un fuerte movimiento de los profesores, las profesoras, los trabajadores y las trabajadoras de la salud y la educación para impedir que se aplique esta normativa.
Respecto a la formulación de las legislaciones en su país, ¿destacaría algún actor o proceso particularmente determinante, o con gran influencia?
Aminta Navarro – Creo que hay toda una cuestión de construcción de imaginarios, que inclusive toma las mismas banderas del movimiento que defiende la educación pública y gratuita, para justificar la privatización. Por ejemplo, el Estado puede decir que, para garantizar el derecho humano a la educación, con calidad y pertinencia, necesita contratar instituciones privadas, las cuales “tienen mejores profesores, más eficientes y que coordinan mejor su trabajo”.
Es algo que se dice de manera constante en el país, como que para que la sociedad lo vaya aceptando de alguna forma. Es sutil el mensaje, pero cada vez más te dicen que la educación pública no sirve y que el Estado debe tener resultados, siendo que la gestión por resultados solo te puede garantizar una institución privada.
¿Y la privatización en la educación nacional ha aumentado en los últimos años, es una tendencia?
Aminta Navarro – Yo diría que el movimiento de profesores, profesoras, trabajadoras y trabajadores de la salud del país se ha unido y ha logrado, digamos, frenar esta intencionalidad del gobierno. Pero, no quiere decir que las medidas hacia la privatización no se implementarán.
La definición ‘organizaciones sin fines de lucro’ varía según el país. En Honduras, ¿considera que estas organizaciones actúan con coherencia a esta nomenclatura?
Aminta Navarro – Hay en el país las fundaciones de empresarios. Son llamadas fundaciones sin fines de lucro, y en ese sentido pueden captar recursos del Estado para desarrollar sus proyectos.
Pero, entendemos que estas fundaciones debilitan la sociedad civil que hace un trabajo por la educación pública y gratuita, porque el Estado les transfiere recursos. En el caso de la educación inicial, se les transfiere fondos a fundaciones que no son lucrativas, pero nadie evalúa los resultados de la educación que estos centros ofrecen, o sea, no hay un control por parte del Estado.
¿Existen brechas en la legislación actual de Honduras, que estimulen la práctica lucrativa en la educación?
Aminta Navarro – Yo creo que sí. El sistema posibilita la libertad de la educación privada y que el padre o madre es libre para matricular sus hijos e hijas en la educación pública, la privada, o inclusive la religiosa privada. Mientras tanto, se hace todo un desprestigio de la educación pública, con pruebas para medir resultados de aprendizaje, las cuales apuntan a que los niños y niñas del país no saben leer, escribir, ni comprender. Eso sustenta y apoya el sector privado y el lucro en la educación.
Hay una oferta [de educación privada] y los padres y madres que pueden pagar por una escuela, aunque no tengan casa, prefieren pagar por la educación de uno o dos hijos, que comprar una casa.
En el sistema privado no hay huelgas de docentes y las escuelas privadas suelen ser bien equipadas. Pero, el Estado no equipa, no mejora las condiciones de las escuelas públicas, incluyendo el acceso a la Internet, no cumple [con sus deberes], mientras que la educación privada sí ofrece estas condiciones. Además, lo puede hacer porque no paga impuestos.
Son incentivos para el sector privado y el lucro porque, en la medida en que hay más desilusión, desesperanza por la educación pública, más apertura hay para la actuación de empresas con fines de lucro en la educación.
Respecto al marco legislativo vigente en su país, ¿hay algún ajuste que deba hacerse para consolidar la educación como un derecho humano fundamental?
Aminta Navarro – En la ley de educación que se aprobó en el 2012, queda reflejada la educación como un derecho humano. Creo que lo que hay es una debilidad del sector educativo y de las condiciones de trabajo de los maestros y maestras de la educación básica inicial.
“No tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta social. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes”
Así mismo, no tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta social. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes, aunque la ley diga que hay un claro derecho a la educación pública y gratuita. Infelizmente, el sector público no te garantiza la gratuidad.
¿Qué recomendaciones haría a las organizaciones de la sociedad civil que actúan contra la mercantilización de la educación y en defensa de la gratuidad educativa?
Aminta Navarro – Yo creo que, más que presionar por cambios legislativos, la sociedad civil debe exigir la aplicación de la legislación que ya existe para la garantía de la educación pública. En el país, lo que vivimos es una total desaplicación de la justicia y la ley.
La norma establece que en el país la educación es pública, gratuita y un derecho humano. La ley fundamental de educación retoma la educación como un derecho fundamental, y además establece que la educación debe darse en español, inglés y que los pueblos originarios tienen derecho a ser educadas/os en su lengua materna, teniendo el español como segunda lengua. Sin embargo, esta legislación no se aplica.
¿Y en relación al derecho a la movilización? ¿Usted cree que si las y los estudiantes y profesoras/es tuvieran garantido su derecho a la protesta, la educación estaría mejor?
Aminta Navarro – La Constitución del país sí asegura el derecho a la protesta y que este no puede ser violado. Ya es una garantía constitucional, pero una cosa es lo que dice la constitución y la ley, y otra es la práctica cuando estás en un país y un momento como el nuestro, donde no se cumplen las normas.
Estamos en un gobierno centralizador, con limitados esfuerzos democráticos. Incluso, se está discutiendo una propuesta de prohibir a los profesores y profesoras que salgan a las manifestaciones en el país. Eso sería inconstitucional porque estaría violentando el derecho a la protesta establecido en la Constitución de la República.
Fuente de la entrevista: https://redclade.org/noticias/aminta-navarro-en-la-medida-en-que-hay-mas-desesperanza-por-la-educacion-publica-mas-se-da-la-apertura-para-el-lucro-en-la-educacion/
América del Sur/ Chile/ 24.03.2020/ Fuente: mba.americaeconomia.com.
La iniciativa establece que el trabajo a distancia estará regulado por el Código del Trabajo, por lo que se deberá suscribir un contrato o un anexo entre empleador y empleado.
La Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto que regula el teletrabajo y trabajo a distancia, en el contexto de crisis como las que actualmente enfrenta el país a causa del Covid-19.
El proyecto había sido aprobado la semana pasada en el Senado, por lo que con su aprobación en la Sala de la Cámara Baja (por 88 votos a favor 22 en contra y 1 abstención) quedó listo para ser promulgado y con ello convertirse en Ley de la República.
En concreto, la iniciativa establece que el trabajo a distancia y el teletrabajo estarán regulados por el Código del Trabajo, por lo que se deberá suscribir un contrato de trabajo o un anexo entre empleador y empleado.
Además, instaura que el trabajador tendrá los mismos derechos laborales que cualquier otro trabajador. Otro punto importante es que el trabajador, en caso que sus funciones lo permitan, podrá pactar la distribución libre de la jornada de trabajo.
En paralelo, la ley señala que el empleador deberá proveer de los equipos, materiales y herramientas para que se lleve a cabo el teletrabajo o trabajo a distancia.
La ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, agradeció el compromiso de los parlamentarios en respaldar esta iniciativa que había sido ingresada en agosto de 2018.
“Mientras más trabajadores puedan seguir cumpliendo con sus labores desde sus domicilios, menos expuestos estaremos los chilenos al Coronavirus, entonces no solo apoyaron una ley que permitirá generar más empleo, sino que también una norma que permitirá al país superar de manera más eficiente y rápida la crisis sanitaria que vivimos”, señaló.
Por su parte, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, dijo que como Gobierno “estamos muy contentos de la aprobación como Ley de la República del proyecto de Trabajo a Distancia y Teletrabajo que va a regular un tipo de empleo moderno, inclusivo y sustentable otorgando certeza jurídica a las partes y especialmente a los trabajadores, quienes a partir de ahora dispondrán de un catálogo de derechos respecto de los cuales pueden ejercer el Trabajo a Distancia de manera protegida, segura y sin menoscabo”.
Las autoridades destacaron que la nueva ley permite al trabajador prestar sus servicios total o parcialmente, desde un lugar o lugares distintos al de la empresa, permitiendo distribuir de mejor manera la jornada laboral, pero respetando los límites que actualmente impone la Ley y, sobre todo, resguardando todos los derechos laborales, tanto individuales y colectivos de los trabajadores.
Además, establece nuevas garantías de vanguardia en la legislación nacional y regional, como es el derecho a la desconexión.
Para resguardar tanto al trabajador como al empleador, se deberá registrar el contrato con dicho cumplimiento en el sitio web de la Dirección del Trabajo dentro de los 15 días siguientes a su suscripción, y la DT remitirá copia de dicho registro a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y a la mutualidad a que se encuentre adherida la entidad empleadora.
Asimismo, la DT será el organismo, previa autorización del trabajador, que deberá fiscalizar el cumplimiento a la normativa laboral en el puesto de trabajo a distancia.
Fuente de la noticia: https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/promulgan-ley-de-teletrabajo-en-chile
El virus ha puesto en evidencia la enorme desigualdad en el acceso a la tecnología: veinte millones de ciudadanos no tienen internet y el 75 por ciento de los municipios no podrá tener clases virtuales. Pero tenemos algunas soluciones.
Los retos de la educación virtual
Una forma evidente de prevenir y contener el contagio del COVID-19 es evitar que niños, niñas y jóvenes vayan a guarderías, colegios y universidades.
Pero en Colombia esta medida supone varios desafíos que se han vuelto apremiantes tras la llegada del virus. Uno de ellos –quizás el principal– es que veinte millones de personas no tienen conexión a internet, y muchos de los que sí la tienen, acceden únicamente a través de celulares. Esto ocurre, sobre todo, en las zonas rurales.
Para que la educación virtual sea un éxito se necesitan los equipos en el centro educativo y en la casa de los estudiantes. Así mismo es necesario que educadores y estudiantes aprendan las metodologías y habilidades para el aprendizaje por fuera del aula.
Un esfuerzo indispensable
Aunque suene utópico, debemos trabajar para que todas las personas tengamos conexión a internet durante todo el tiempo y podamos navegar sin restricciones. Conformarnos con menos no debería ser una opción.
La conexión a internet es fundamental, sobre todo porque solo así es posible garantizar derechos básicos como el acceso a la educación en situaciones como la que estamos viviendo.
Recientemente la Corte Constitucional señaló que aunque el Estado no está obligado a pagar la conectividad a cualquier precio, sí debe poner en marcha un plan que aumente el cubrimiento y debe promover el uso de la tecnología en el sistema educativo. Además, indicó que -mientras la conectividad llega a todas partes-, el Estado debe ofrecer alternativas para garantizar la alfabetización digital.
Veinte millones de personas no tienen conexión a internet, y muchos de los que sí la tienen, acceden únicamente a través de celulares.
Un punto importante del debate es que la realidad presenta muchas zonas grises y no puede reducirse a la dicotomía de ‘hay conectividad’ o ‘no hay conectividad’. Generalmente, las políticas son diseñadas por centros de poder urbanos que ignoran estos matices y caen en generalizaciones simplistas.
Por ejemplo, en Karisma sostuvimos que las ventajas para promover la conectividad rural no deberían estar en manos solo de las grandes operadoras de telecomunicaciones, la Ley TIC debía promover soluciones locales, como las redes comunitarias para que las comunidades resolvieran sus necesidades usando sus propias capacidades. Así mismo, criticamos el proyecto de ley que prohibía el uso de celulares en las escuelas, señalando la necesidad de incorporar la tecnología en los procesos educativos que tienen lugar en las zonas rurales.
En Karisma, la fundación donde trabajo, estamos buscando cómo llevar mecanismos de educación virtual a instituciones rurales donde la conectividad es muy limitada o no existe. Se trata de nivelar las condiciones para cerrar la brecha de la desigualdad.
En el resto de este artículo compartiré algunas lecciones que pueden acelerar este proceso en el futuro cercano.
Una de las iniciativas que estamos adelantando es “laRedLocalInalámbricaKimera” que busca cubrir necesidades de conectividad local, especialmente en centros educativos rurales. Esta solución se basa en tres premisas: que sea fácil de usar para personas sin habilidades técnicas, que permita la apropiación de la herramienta por parte de la comunidad, y que funcione con los equipos disponibles en los centros educativos a los que tiene acceso la comunidad.
La red inalámbrica se aloja en el computador de alguno de los o las educadoras o del centro educativo, opera con Windows –el sistema más usado en Colombia en el sector educativo– y utiliza soluciones que son de software libre, es decir, que no cobran licencias, tienen actualizaciones disponibles y permiten hacer adaptaciones y ajustes.
La red permite acceder a todos los contenidos y servicios desde cualquier dispositivo con tecnología inalámbrica (celulares, tabletas o computadores) y funciona en lugares que presentan grandes limitaciones para acceder a internet. Así, permite que las y los estudiantes usen las tabletas que los gobiernos repartieron en sitios donde no había conectividad, y fomenta un escenario donde las y los educadores y estudiantes se comunican, experimentan y aprenden.
El servidor se alimenta con contenidos y servicios que las y los educadores escogen entre opciones precargadas, porque la mayoría de estos lugares tienen una conectividad intermitente que depende de la hora o de las condiciones climáticas, por ejemplo. Los contenidos son ligeros y de la libre circulación, por lo cual son soportados fácilmente por todos los dispositivos. Cada vez es más frecuente que las y los educadores y estudiantes creen nuevos contenidos.
Las comunidades que acceden a este tipo de soluciones a pesar de tener problemas de conectividad apoyan su educación con tecnología y están por lo tanto preparadas para desplegar soluciones de virtualidad en casa, durante una crisis como la que estamos viviendo.
Foto: MinTIC
No se debe centralizar el problema de la conectividad en los operadores privados, deben hacerse redes comunitarias.
Este tipo de soluciones tendría un impacto importante en una amplia franja de la población porque, otro punto a considerar es que no debemos confiar exclusivamente en las estadísticas sobre desconexión. Como ha señalado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), hay comunidades que son registradas como conectadas, pero la calidad de su conexión es tan baja que no funciona para muchos fines, como el streaming. Otras comunidades se reportan como desconectadas, si tienen soluciones como la red Kimera logran un nivel de apropiación de la tecnología que no debe ser menospreciada. Estos son solo algunos de los grises a los que me referí anteriormente.
Los dispositivos representan uno de los retos más importantes cuando pensamos en soluciones virtuales para la educación en poblaciones vulnerables.
El Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana estableció que 95 por ciento de los municipios del país no podrá utilizar la educación virtual porque ni siquiera la mitad de los estudiantes tienen computador e internet en su casa (no hablemos de servicio eléctrico).
El Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana estableció que 95 por ciento de los municipios del país no podrá utilizar la educación virtual
Ante esta realidad, el gobierno ha optado por usar la radio y la televisión para apoyar al sistema educativo. En la gama de grises, esa solución funciona para el extremo de la desconexión, aunque me preocupa que no se ocupa de los lugares donde no hay energía, es importante tener en cuenta que en muchas zonas de baja conectividad muchas hay personas –incluyendo estudiantes– tienen celulares, por lo cual podría pensarse en soluciones hibridas que les permitan no estar tanto en la franja de la desconexión.
En Karisma hemos notado que el celular es el dispositivo más utilizado por los y las estudiantes para acceder a la Red Local en los centros educativos rurales. Si contáramos a los celulares como dispositivos para la educación virtual, seguramente las estadísticas cambiarían y en una situación como la que vivimos actualmente, las y los niños y jóvenes podrían usarlos para aprender desde casa.
Esto no sucede todavía porque es necesario adaptar los contenidos escolares para poder acceder a ellos a través de los celulares. Aunque no es la mejor solución para educación virtual, si vamos a explorar con celulares valdría la pena pensar en aplicaciones y contenidos que ofrezcan características hipertextuales, que sean livianos y fáciles de usar y de instalar, y que puedan usarse sin tener conexión a internet, para que puedan ser actualizados y cambiados en la conexión de la escuela.
La crisis provocada por el COVID-19 demuestra que la desigualdad en términos de conectividad sigue siendo muy grande en Colombia y, por eso, muchos estudiantes tendrán dificultades para seguir estudiando, especialmente en zonas rurales. Debemos asumir esta situación como una invitación para cerrar la brecha y reflexionar sobre el potencial que ofrece la tecnología en materia educativa.
Lo que ocurra con la conectividad híbrida durante estos meses nos dará pistas para mejorar las condiciones de los sectores más afectados por la desigualdad tecnológica, por la llamada brecha digital. Tendremos muchas décadas de conectividades híbridas, así que debemos tomarnos en serio este tema y pedirle al gobierno que empiece a trabajar en él tan pronto superemos esta crisis.
*Directora de Fundación Karisma. Trabaja en la defensa de los derechos humanos en entornos tecnológicos, siguiendo debates sobre la libertad de expresión, la privacidad, el acceso al conocimiento y la cultura y la innovación social @carobotero
Fuente del artículo: https://razonpublica.com/los-retos-la-educacion-virtual-la-del-covid-19/
América del Sur/ Brasil/ 24.03.2020/ Fuente: redclade.org.
La acción es apoyada por la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil. Además, el voto virtual sobre el nuevo fondo para la educación básica por el Congreso Nacional, y la postergación de la SAME son otras consecuencias de la propagación del COVID-19 en el país
Organizaciones que actúan en defensa de los derechos humanos en Brasil presentaron, el último 18 de marzo, una demanda ante el Supremo Tribunal Federal (STF), corte máxima del país, por la suspensión inmediata de la Emenda Constitucional 95 de 2016 (EC 95/2016), que limita los gastos públicos en educación, salud, asistencia social y otros derechos. La motivación tiene carácter emergencial, ya que la pandemia del COVID-19 (coronavirus) pone en riesgo el funcionamiento del Sistema Único de Salud (SUS). Así mismo, la suspensión de las clases presenciales en el sistema público de educación, como forma de mitigar la transmisión del virus, acompañada de la interrupción de la oferta de alimentación escolar, ha expuesto niños, niñas y adolescentes de familias con menos ingresos a la miseria y al hambre.
Organizaciones brasileñas entran con demanda a la Suprema Corte por la suspensión inmediata de emenda constitucional que limita los gastos públicos en educación, salud, asistencia social y otros derechos. Foto: CNDE
La iniciativa de presentar dicha demanda al STF fue de: Plataforma Brasileña de Derechos Humanos (Dhesca) Brasil, ONG Ação Educativa y Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE), al lado de otras 22 organizaciones y movimientos sociales brasileños que actúan en la defensa de los derechos humanos.
“Con el cierre de las escuelas motivado por la pandemia, muchas madres y padres no tienen donde dejar sus niñas y niños para trabajar, y muchos estudiantes no tendrán alimentación escolar, intensificando la vulnerabilidad de las famílias y aumentando el hambre en todo el país. Los alimentos servidos en los centros educativos y escuelas tienen función importante en el cotidiano de muchos alumnos y alumnas, aunque varíen en calidad y contenido – en gran parte de los casos son alimentaciones completas con arroz, frijoles, verduras y carne. Para esos niños y niñas, los periodos sin clases son equivalentes al hambre: una amenaza a lo largo de todo el año se vuelve una realidad difícil de ser enfrentada”, se afirma en el pedido enviado a la Suprema Corte.
La EC 95/2016, aprobada por el Congreso Nacional de Brasil en el 2016, determina que ninguna inversión pública en áreas sociales – lo que incluye educación y salud – puede ser superior a la inflación por 20 años. Según la CNDE, esta política ha contribuído para profundizar las desigualdades del país, en especial, la sobrevivencia de la población más pobre.
“La Campaña reafirma su compromiso histórico de repudio a la EC 95/2016 por sus impactos dañinos a la educación pública. En resumen, la EC 95 prácticamente vuelve inviables las metas y estrategias del Plan Nacional de Educación – PNE – 2004 a 2024”, subraya la Campaña Brasileña en su página web.
Votación virtual de nuevo fondo para la educación
“Nuevo Fundeb: en nombre de un consenso que promueva el derecho a la educación”. Foto: CNDE
Para prevenir el contagio por el COVID-19, se pasó a la modalidad virtual la votación sobre el nuevo Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y Valoración de los Profesionales de la Educación (Fundeb), en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados de Brasil. Depende de la aprobación del fondo la garantía de la movilización de recursos de Unión, estados y municipalidades del país para financiar la educación pública.
Según la CNDE, la propuesta para el Fundeb que se analiza actualmente en la Cámara de Diputados está lejos de consagrar el derecho a la educación. “En vez de avanzar en la línea de la equidad, la actual propuesta atiende a la presión de parlamentarios comprometidos con la reforma empresarial de la educación, y posibilita condicionar la transferencia de recursos para la red pública, a la medición del desempeño de estudiantes”, afirma la Campaña Nacional en posicionamiento público.
La CNDE añade que la actual propuesta para el Fundeb también pone en riesgo al presupuesto de programas esenciales relacionados a la alimentación y al transporte escolar. Tal como está, el fondo si se aprueba tampoco irá contemplar la implementación del Costo Alumno Calidad Inicial (CAQi) y del Costo Alumno Calidad (CAQ), mecanismos de financiamiento que buscan asegurar inversiones públicas adecuadas por cada estudiante, para la garantía de una educación de calidad y gratuita para todas y todos. Estos mecanismos están previstos en el Plan Nacional de Educación, gracias a acciones de incidencia impulsadas por la CNDE.
Se postergan las celebraciones de la SAME en Brasil para junio
Aún con su realización postergada para junio, la SAME en Brasil sigue con inscripciones abiertas. Foto: CNDE
La edición 2020 de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) en Brasil fue postergada para junio, y se realizará del 15 al 22/6, debido a los impactos y medidas de prevención que resultan de la pandemia COVID-19.
“La decisión quiere colaborar con la situación de salud pública. Recomendaciones de especialistas y autoridades nacionales e internacionales desaconsejan fuertemente las aglomeraciones de personas para disminuir la propagación del virus”, afirma la Campaña Nacional.
Sin embargo, siguen abiertas las inscripciones para participar en la movilización. Si eres de Brasil y quieres sumarte, solo debes acceder a la página web de la SAME nacional y llenar un formulario para recibir gratuitamente materiales que te permitan organizar actividades y diálogos sobre el derecho a la educación en tu localidad.
Con el tema “Educación contra la barbarie: por escuelas democráticas y la libertad de enseñar”, la SAME brasileña busca expresar la indignación de una multitud de profesionales de la educación, estudiantes, madres, padres y activistas que presencian la precarización y una fuerte desfinanciación de la educación pública y gratuita, bajo el gobierno de Jair Bolsonaro y su ministro de Economía, Paulo Guedes.
Sobre la SAME
Todos los años, desde el 2001, la CME coordina la SAME, una movilización internacional que se impulsa simultáneamente en más de 100 países, recordando el aniversario del Foro Mundial de Educación de Dakar (2000).
Las acciones de incidencia, comunicación, diálogo y movilización que se impulsan en la SAME, tienen el objetivo de llamar la atención de la sociedad civil e instar los gobiernos, sobre la necesidad de hacer real y efectivo el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad para todos y todas, en todo el mundo.
En el 2019, la SAME fue realizada de abril a junio en América Latina y el Caribe. Abrazando el tema “Nuestra Educación, Nuestros Derechos”, impulsó actividades y diálogos para analizar y discutir el estado del derecho a la educación en la región, contribuyendo así con la revisión del ODS 4 en el ámbito de Naciones Unidas.
Fuente de la noticia: https://redclade.org/noticias/coronavirus-en-brasil-organizaciones-demandan-al-supremo-tribunal-la-inmediata-suspension-de-la-limitacion-de-gastos-para-educacion-y-salud/
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