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Después de Colombia y Brasil, la región mesoamericana concentró en 2018 el mayor número de personas asesinadas por defender derechos humanos en América Latina. En total 72 activistas perdieron la vida a causa de la violencia en países como México, Guatemala y Honduras 1/, y en Nicaragua la crisis política, que se intensificó desde abril de 2018, se ha cobrado la vida de 325 personas 2/.

Esta violencia está afectando principalmente a las personas, organizaciones y comunidades que defienden el territorio y los bienes comunes de la naturaleza frente a la imposición de proyectos extractivos. De hecho, Global Witness denunció que América Latina sigue siendo la región más peligrosa, representando el 60% de los asesinatos de 2017 3/. En consonancia con ello, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras ha documentado que las mujeres que defienden el territorio y los bienes comunes son el principal grupo afectado por la violencia, representando el 30% del total de agresiones para el periodo 2015-2016 4/.

El extractivismo es una de las principales causas del retroceso hacia el autoritarismo en la región, la captura corporativa de las instituciones y recursos públicos, el aumento de la conflictividad social y el uso de fuerzas armadas –tanto legales como ilegales– para reprimir la resistencia y garantizar el control territorial 5/. Tan solo el sector minero ha causado 63 conflictos en México y Centroamérica en los últimos años 6/.

En este contexto la protección de quienes defienden sus territorios ancestrales y los bienes comunes de la depredación, la contaminación y la destrucción ambiental, y de quienes se oponen o denuncian violaciones a derechos humanos provocadas por la imposición de proyectos extractivos, se ha convertido en un imperativo de organizaciones locales, nacionales e internacionales que ha motivado el surgimiento de numerosas iniciativas, redes y mecanismos de protección. Sin embargo, los asesinatos, amenazas, represión y procesos de criminalización siguen incrementándose.

¿Qué hacer ante este contexto cada vez más hostil? Desde la experiencia de JASS (sinónimo de Asociadas por lo Justo), trabajando hace más de diez años en la protección y acompañamiento de defensoras de derechos humanos y el fortalecimiento del poder colectivo de las mujeres, consideramos que los saberes y estrategias que emergen de las mujeres que defienden el territorio y los bienes comunes, de las mujeres rurales y de los pueblos originarios, resultan fundamentales para construir procesos y estrategias de protección que respondan a los enormes desafíos del contexto actual.

En este artículo recuperamos de forma sintética algunos de estos aprendizajes con el objetivo de contribuir a que las voces y la visión de las mujeres que defienden el territorio y los bienes naturales sean cada vez más reconocidas, apoyadas y consideradas prioritarias para orientar el trabajo de protección. Estas y otras reflexiones estarán contenidas en un trabajo sobre protección colectiva que publicaremos próximamente en el marco de nuestro programa de poder y protección para activistas y defensoras de derechos humanos.

Ampliar nuestra comprensión sobre el extractivismo desde la mirada de las mujeres

“Estamos ante una crisis como civilización. No es solo una crisis política, no es solo una crisis económica o social, es realmente una crisis por un modelo de desarrollo que está destruyendo nuestro planeta…” (Miriam Miranda, OFRANEH, Honduras).

El extractivismo es un modelo que no puede ser sostenible ni sustentable. Por el contrario, se trata de una de las expresiones más devastadoras y violentas del capitalismo global que profundiza las estructuras históricas de discriminación. Muy lejos de la promesa de prosperidad y desarrollo, es un modelo que profundiza la desigualdad y causa daños ambientales irreversibles.

El extractivismo se remonta al racismo estructural, la desposesión de tierras ancestrales y la negación de las prácticas culturales y las formas de cuidado del medio ambiente de los pueblos indígenas y originarios. También está profundamente enraizado en el patriarcado; hay paralelismos culturales, históricos y simbólicos entre la dominación de las mujeres y la dominación de la naturaleza 7/.

Gracias al protagonismo cada vez mayor de las mujeres en las luchas contra el extractivismo y los diálogos que se han construido con diferentes expresiones del feminismo en la región, actualmente tenemos una mayor comprensión sobre cómo este modelo está sostenido principalmente en la explotación y la violencia contra las mujeres. El extractivismo usa los cuerpos y las vidas de las mujeres e impone sobre ellos violencias en las que se intersectan las principales estructuras de discriminación; por ello, sus impactos son desproporcionadamente severos sobre las mujeres negras, indígenas y rurales, sobre las mujeres que forman parte de minorías étnicas y las que viven en contextos de conflictos.

Al ser las principales responsables del cuidado familiar y del hogar, las mujeres se ven afectadas directamente cuando el agua está contaminada o cuando escasean los alimentos básicos a consecuencia de los proyectos extractivos; en ellas recae principalmente la atención de los efectos nocivos en la salud y la sobrevivencia familiar. Al no contar muchas veces con la propiedad de la tierra o no participar de la tenencia comunal, tienen mayores limitaciones o son directamente excluidas de las negociaciones y toma de decisiones sobre sus territorios, lo cual las somete a procesos de despojo y expulsión que aumentan su vulnerabilidad. Además, por lo general, la economía extractiva ofrece alternativas laborales precarias y estereotipadas que empobrecen y excluyen a las mujeres.

La violencia de género es una constante en la imposición del extractivismo. Desde violencia y acoso sexual ejercida por los guardias de seguridad de las empresas hasta las violaciones cometidas por fuerzas de seguridad del Estado y grupos paramilitares en el marco de acciones represivas o de desalojos forzados. Esta violencia pone en riesgo la vida y la integridad de las mujeres y resulta un poderoso mecanismo de destrucción del tejido social.

A los diez meses de imponerse el estado de sitio en Jalapa y Santa Rosa, las mujeres de AMISMAXAJ denunciamos públicamente el múltiple nacimiento de niñas y niños producto de historias de violencia sexual ejercida por parte de los soldados durante el estado de sitio… Que ocho mil soldados se apostaran en los caminos, a la orilla de los lugares donde las mujeres lavan la ropa, donde siembran; que se apostaran frente a las escuelas para acosar a las niñas y amenazaran con violar sexualmente a dirigentas o a sus hijas por estar metidas en cosas jodidas, colocó el cuerpo en la línea frontal de ataque 8/.

Además, al extractivismo le resulta sumamente funcional la violencia familiar y la falta de reconocimiento del rol y liderazgo de las mujeres en la defensa del territorio y en la vida política y económica de las comunidades, pues ello limita su participación en los movimientos y acciones de resistencia.

Las defensoras del territorio también nos han enseñado una forma distinta de entender y relacionarnos con el territorio, el territorio-cuerpo: “Nosotras pensamos que el territorio es el espacio que han venido compartiendo con nosotras nuestros ancestros que dicen que es necesario cuidar la vida; la vida que son los árboles, los animales, la madre tierra. Reconocer el territorio nos enseña que en él todo es necesario. El agua, la tierra, el viento que sopla. Nosotras pensamos que no estamos separadas de la madre tierra, la cultivamos, la labramos y alabamos porque de ella recibimos la cosecha de la vida. De allí nos nace cuidarla…” (Adelaida Cucue Rivera, Cherán, México).

“Soy el dedo de una mano, la mano de un cuerpo, el cuerpo de un mundo… Somos espejo del territorio, en una célula está el reflejo de todo el universo… (El) atropello de nuestro cuerpo atropella nuestro territorio” 9/.

Reconocer el rol y protagonismo de las mujeres en las luchas contra el extractivismo y sus necesidades particulares de protección

“A mí me da mucho orgullo ver que las mujeres estamos en todos los espacios de estas rebeldías colectivas e individuales… Me da mucha satisfacción que procesos fuertes de defensa de la dignidad del pueblo hondureño, de los pueblos indígenas, de los movimientos sociales, son librados por mujeres que saben actuar frente a las agresiones del poder. Nosotras hemos visto situaciones en las que a veces las empresas van y ofrecen soborno a los hombres primero y, en algunas ocasiones, eso les puede dar resultado, pero con las mujeres es muy distinto, porque existe una comprensión más profunda de lo que implica tener la tierra y los territorios para la vida” (Berta Cáceres, COPINH, Honduras) 10/.

Las mujeres han jugado un rol cada vez más protagónico en la defensa de sus territorios. Por ello, luchas emblemáticas en Mesoamérica han tenido el liderazgo de las mujeres. En Honduras, organizaciones como OFRANEH y COPINH, reconocidas por su lucha contra el extractivismo, han estado dirigidas por mujeres. En Guatemala, la Resistencia Pacífica de la Puya frente a la Mina San Rafael o las Consultas Comunitarias hechas en Santa Cruz del Quiché, que rechazaron unánimemente las actividades mineras e hidroeléctricas, han sido organizadas por las comunidades con un importante protagonismo de las mujeres. En México, las mujeres del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra jugaron un rol fundamental en la batalla contra la represión y encarcelamiento de líderes sociales que resultó clave para detener la construcción de un aeropuerto en su territorio. En Nicaragua fueron mujeres principalmente quienes asumieron el liderazgo en la lucha contra la construcción del Canal Interoceánico.

Por ello, también las defensoras del territorio y los bienes comunes de la naturaleza son objeto de múltiples formas de violencia en las que se intersectan el género y otras formas de discriminación. Estas violencias generan riesgos específicos y configuran necesidades propias de protección. Corren más riesgo de vivir violencia sexual en el marco de acciones represivas, amenazas contra sus hijos e hijas, campañas de difamación orquestadas por empresas y autoridades públicas basadas en estereotipos de género o procesos de criminalización que las enfrentan a sistemas de justicia profundamente sexistas, muchas veces sin el mismo nivel de apoyo que reciben sus compañeros varones.

Su cosmovisión y conocimientos ancestrales sobre el cuidado de la naturaleza y la preservación del equilibrio ambiental, sobre prácticas de salud –incluida la salud sexual y reproductiva– y sobre la manera de entender el territorio y la organización social suelen ser menospreciadas o utilizadas bajo la lógica colonial todavía imperante.

Además de estas violencias más visibles, se enfrentan a otras menos evidentes como las situaciones de violencia familiar por romper o salirse de los roles tradicionales, la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados que tienen que compaginar con su activismo político y las afectaciones en su salud que ello genera; la precariedad económica que se incrementa cuando deben hacer frente a procesos de criminalización, e incluso situaciones de acoso sexual dentro de sus espacios organizativos. Durante 2015-2016, según el citado informe de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, el 14% de las agresiones provino de su propia comunidad:

“Como mujer indígena chontal he llevado la voz y la problemática contra la minería que enfrenta la Asamblea del Pueblo Chontal al Congreso Nacional Indígena y a otros pueblos de México visitados con la vocera del CNI, María de Jesús Patricio (Marychuy). Mi participación ha implicado dificultades económicas, tiempos, desvelos, críticas, ausencia de casa y de la vida comunitaria, pérdida de animales, todo para lograr verdaderamente una participación continua y activa. No ha sido fácil; en las comunidades chontales aún no es aceptado y bien visto que las mujeres tomen la voz, tengan una participación activa, se les dé un nombramiento o un cargo para desempeñar; por eso es más difícil, pero siempre he dicho que nada es imposible” (Reina Cruz López, exconsejera del Consejo Indígena de Gobierno, México) 11/.

Priorizar procesos de protección colectiva, reconociendo el valor de las experiencias y saberes de las mujeres

Cuando hay un tejido social fuerte, solidario y bien organizado es más difícil que los agresores de la violencia consigan amedrentar, dividir y detener el trabajo por los derechos humanos y la defensa del territorio. La protección colectiva de base comunitaria permite activar toda una red de apoyos cercanos y acordes a la cosmovisión, las capacidades y los recursos existentes que resulta sumamente eficaz para enfrentar situaciones urgentes y salvaguardar la vida y la integridad de las personas defensoras y sus luchas.

Cuando las comunidades logran sacar adelante procesos de consulta comunitaria en los que se afirman como territorios libres de empresas extractivas, o cuando las acciones de resistencia logran impedir la entrada a las comunidades de trabajadores y maquinaria, los territorios tienen más oportunidades de protegerse y evitar los daños, violencias y efectos nocivos del extractivismo. La protección así entendida parte del reconocimiento de la capacidad de autosanación y autodefensa como un saber instalado en la memoria y en las prácticas políticas de las propias comunidades. Se trata de procesos de construcción de poder colectivo que incrementan la capacidad de protección.

Los saberes y necesidades de las mujeres que defienden el territorio y los bienes comunes fortalecen las experiencias de protección colectiva de base comunitaria. De ellas hemos aprendido el valor que tienen los procesos de sanación basados en las propias cosmovisiones y los saberes colectivos que entretejen la medicina ancestral, la música, el baile, el homenaje e invocación de ancestros y ancestras, el intercambio de alimentos y otros elementos para sanar las huellas físicas y espirituales de la violencia. Estos procesos abren caminos para enfrentar el miedo, aliviar el dolor y fortalecer el tejido social y organizativo: “La cultura y la espiritualidad, las ceremonias, grupos de cuidadoras espirituales que dan soporte, ánimo y sentido a la lucha, eso es lo que nos ayuda a seguir…” (Defensora de Honduras).

Las mujeres construyen espacios seguros dentro y fuera de sus comunidades en los que pueden hablar sin miedo y sin vergüenza de lo que les preocupa, construir relaciones sororales y definir sus propias estrategias. Además, trabajan en la construcción de relaciones de igualdad al interior de sus familias y organizaciones, pues solo de esa forma es posible sostener la defensa del territorio y hacer de este un espacio de protección y cuidado colectivo:

“En las asambleas comunitarias decimos que estamos de acuerdo en que se declaren los territorios libres de empresas transnacionales. Del mismo modo, también queremos que estos mismos territorios se declaren libres de violencia contra las mujeres. Entonces cada día estamos en la disputa de la recuperación de nuestros cuerpos: mientras más cuerpos estén en la capacidad de la libre determinación, más mujeres nos encaminaremos hacia el buen vivir” (Lolita Chávez, Guatemala) 12/.

Quienes buscamos contribuir a la protección de las defensoras de derechos humanos, sus movimientos y comunidades tenemos la responsabilidad de escuchar, aprender y comprometernos en el fortalecimiento de los procesos de protección colectiva que las defensoras del territorio están construyendo cotidianamente. De dichos procesos depende no solo la integridad de las compañeras, sino la posibilidad de construir un modelo de sociedad que ponga en el centro el cuidado de la vida, de nuestros cuerpos-territorios, y no los intereses del capital.

Patricia Ardón, Carme Clavel y Marusia López forman parte de la organización JASS (sinónimo de Asociadas por lo Justo)

Notas

1/ Análisis global de Front Line Defenders 2018. https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/spanish_annual_report.pdf

2/ CIDH desde abril de 2018 hasta la fecha

3/ Global Witness. Informe anual “¿A qué precio?” https://www.globalwitness.org/en/blog/que-precio-dos-semanas-despu%C3%A9s/ , agosto 2018.

4/ Articulación de redes de defensoras y organizaciones, de la que JASS es cofundadora desde 2010. Cuenta con un sistema de registro de agresiones a defensoras de DDHH. https://im-defensoras.org/2018/05/informe-2015-2016-de-agresiones-a-defensoras-cuerpos-territorios-y-movimientos-en-resistencia-en-mesoamerica

5/ Consorcio Count Me In! (CMI!), Documento enviado al Alto Comisionado enfocado en el racismo como herramienta de las empresas extractivas, enero 2019

6/ Observatorio de Conflictos Mineros. https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db-v2/

7/ Consorcio Count Me In! (CMI!), ibidem.

8/ Análisis de la defensora indígena Lorena Cabnal en relación al estado de sitio impuesto por el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, para proteger a la empresa San Rafael en 2013.

9/ http://im-defensoras.org/wp-content/uploads/2017/11/Memoria-Gr%C3%A1fica-Encuentro-Defensoras-del-territorio.pdf

10/ “Cultivando rebeldías”. https://justassociates.org/es/relatos-de-mujeres/cultivando-rebeldias

11/ Boletín del Grupo Regional de Género y Extractivas, 5, 2019. https://sway.office.com/1YxvJK1EAIY06DL

12/ SUDS. Mujeres indígenas: cuerpos, territorios y vida en común. https://suds.cat/wp-content/uploads/2016/01/Mujeres-indigenas-cuerpos-territorios-vida-en-comun.pdf