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Una ventaja en el sector público, un ‘plus’ en la empresa privada, un requisito obligatorio para los catedráticos: la maestría se ha convertido en la meta educativa de los profesionales ecuatorianos. Pero convertirse en máster cuesta.

Actualmente, Ecuador tiene algunos de los programas educativos más caros de la región. Y es que, en promedio, hacer una maestría en el país tiene un costo de 9.000 dólares. Esto contrasta con los sueldos, que para universitarios que tienen trabajo fluctúan entre 850 y 1.200 dólares.

Para pagar el máster, los estudiantes recurren a préstamos bancarios, créditos educativos, tarjetas de crédito y, en menor número, becas. Otros optan por salir del país, ya sea a ciudades como Bogotá, Lima y Buenos Aires, o a diversas urbes españolas, donde los programas son más económicos.

Así sea a punta de deudas, la meta sí se cumple. En la última década la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) ha inscrito cerca de 60.000 títulos de cuarto nivel.

En el último mes, los valores de los programas de maestría han pasado al debate público, con una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, planteada por la legisladora Viviana Bonilla. Presentada el año pasado, y actualmente en debate en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, esta plantea colocar techos a los costos de los programas, reduciendo el valor máximo, que en universidades como la San Francisco de Quito o la Escuela Superior Politécnica del Litoral es de 18.000 a 22.000 dólares, a tan solo 11.500 dólares.

La propuesta, no obstante, ha caído como un balde de agua fría en los rectores universitarios, que tildan la iniciativa de hiperreguladora, paternalista e irrisoria.

“Su proyecto debe ser desechado. Causará graves males a la educación y la consecuencia será el cierre de programas de calidad. Sus consideraciones son poco técnicas y altamente políticas. Demasiados errores y supuestos equivocados”, señaló Carlos Larreátegui, rector de la Universidad de Las Américas (UDLA), de Quito.

Marcia Gilbert, fundadora de la Universidad Casa Grande de Guayaquil, considera que la propuesta limitaría la posibilidad de las universidades de contratar docentes extranjeros, expertos en áreas que el país no ofrece, y obligaría a los institutos superiores a reducir la calidad. “No se puede comparar a las universidades públicas del extranjero con las privadas. Nosotros no contamos con subsidios del Estado. El control se debe hacer en cuanto a la calidad de los programas que ofrecemos, no a los costos”, indicó.

Los titulares de ciertas universidades públicas también comparten esta opinión, como es el caso de la doctora Cecilia Paredes, de la Espol. “El control de precios limita la calidad y marca una homogeneización con tendencia hacia una menor calidad. Además, es importante considerar que ingresos por algunos de estos programas permiten a las universidades generar más becas, así como agilizar las compras de insumos para investigación”, dijo.

Al otro extremo de la balanza, Ramiro Noriega, rector de la Universidad de las Artes, quien cree que la reforma contribuiría a la democratización del acceso a los títulos de cuarto nivel. “La educación no puede ser considerada un negocio, es un bien público y tiene que ser accesible para todos. Siento que la propuesta nos conduce a generar un espacio de cumplimiento de derechos”.

Para los estudiantes, las experiencias varían. Aunque muchos concuerdan con que estos programas son más caros en el país, hay quienes ven el monto como una inversión a largo plazo, mientras otros han optado por hacerla fuera del país para reducir su endeudamiento.

Es el caso de Daniela Gutiérrez, máster en Nuevas Tecnologías Audiovisuales en una universidad de Madrid, España. “En Guayaquil, el mismo máster me salía en casi 15.000 dólares. Con 3.000 más, podía vivir, estudiar y hacer pasantías en España, tenía sentido”.

EXPRESO consultó a diez maestrantes sobre sus experiencias con costos y programas. La mayoría consideró que colocar un techo podría influir en la calidad, pero aceptó que los valores debían disminuir o se deberían ofrecer más opciones de financiamiento. “Hay bancos cuyos requisitos para otorgar un crédito estudiantil son irrisorios. Uno estipulaba que el aplicante tuviera un salario de 3.000 dólares. Un profesional joven, en Ecuador, ¡tres mil dólares!”, expresó Diana Salmon, una de las alumnas.

Viviana Bonilla, asambleísta independiente

“La educación es un derecho, no un negocio”

Los detractores de este proyecto lo han llamado hiperregulador y perjudicial. ¿Qué opina?

Y me han dicho demagoga y populista. Pero el alto costo de las maestrías es un problema real. Es inaudito que una cueste lo mismo que la cuota de entrada de una casa o que un auto, sobre todo cuando la inversión no garantiza un mejor trabajo.

¿Dónde se colocaría el techo según los valores de este proyecto?

La propuesta es que la maestría más cara cueste
$ 11.820 y la más barata, $ 5.910. Está sujeto al debate. Los valores los determinamos comparando con universidades de la región. Además, la regulación de los aranceles ya existe en la ley actual, pero el órgano competente no aplica el control.

Los rectores han indicado que su propuesta afectará la calidad de las maestrías…

Propuse que se transparenten los costos de cuánto toma implementar una maestría, incluso con la planta docente extranjera, porque no todos los programas requieren la especificidad de traer un docente de fuera versus un catedrático nacional apto.

Fuente: https://www.expreso.ec/actualidad/precios-maestrias-ley-costos-estudios-GY2809228