El 6 de marzo del 2021, la OPSU anunció que el pago de nóminas de docentes y trabajadores de las universidades sería a través del Sistema Patria, quitándole el trabajo a las direcciones de Recursos Humanos.

“Matar tigres”. Eso hacen los profesores universitarios en Venezuela para sobrevivir: mientras en países como México, Perú o Ecuador el salario mínimo de estos profesionales supera los dos mil dólares, en Venezuela puede estar por debajo de los 10 dólares al mes.

Tirso García, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Oriente (Apudo), aseguró que hay docentes desesperados que trabajan hasta de vigilantes en busca de sueldos que permitan llevar comida a sus hogares.

En pocas y duras palabras, lo que gana un trabajador universitario no alcanza para vivir y por eso han tenido que realizar otras actividades para conseguir ingresos extras. También hay quienes viven de las remesas que les envían sus familiares desde el exterior. Los más desafortunados viven situación de pobreza extrema.

“Hay quienes laboran como vigilantes privados para poder subsistir con los 80 dólares que les pagan. Algunos dan clases en liceos e institutos, y otros trabajan como transporte público para medio mantenerse dentro de este país, porque los sueldos realmente no alcanzan”, lamentó García en entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias.

Oscar Meza, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), explicó que la canasta alimentaria familiar en febrero de 2023 se ubicó en 11.873,34 bolívares, que equivale a 482,26 dólares.

Por ello se requiere de 91,33 salarios mínimos para acceder a la canasta alimentaria familia, mientras algunos trabajadores universitarios no tienen ni para movilizarse, provocando que las casas de estudios tomen medidas especiales para continuar las clases.

El vicerrector administrativo de la Universidad del Zulia, designado por el Consejo Nacional de Universidades (CNU), Clotilde Navarro, señaló que un empleado, profesor u obrero universitario que viva lejos de esta casa de estudios la tiene muy difícil en cuanto a pagar traslado.

“Si un trabajador gana 10 dólares mensuales, no tiene cómo venir. Por eso hemos venido aplicando una política con horarios mosaicos, porque no podemos exigirle esa permanencia de los 5 días”, precisó Navarro a Radio Fe y Alegría Noticias.

Dependiendo de las horas cumplidas de trabajo y de la experiencia profesional, un obrero calificado en grado 1 gana 130 bolívares y en su calificación más alta, que es grado 7, alcanza los 195,09 bolívares mensuales.

Mientras tanto, quienes trabajan como personal administrativo ganan entre 159,26 bolívares y 310,73 bolívares; finalmente un docente universitario gana entre 27,14 bolívares, como auxiliar docente III de Tiempo Convencional (TCV) 2 horas, hasta 522,16 bolívares como titular dedicación exclusiva.

Cabe destacar que dependiendo del nivel de formación con el que ingresen a la casa de estudios, los educadores pueden ir ascendiendo en la escala de valoración según sus años de servicio y la preparación que vaya adquiriendo en el camino como estudios de postgrado, doctorados o especializaciones. No obstante, esos ascensos actualmente les sirven de poco debido a que la retribución monetaria es insignificante.

Fallo de origen

El 28 de julio del 2021, las autoridades del Ministerio para la Educación Universitaria junto a los dirigentes de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (FTUV) firmaron la IV Convención Colectiva Única (IV CCU), lo cual fue dado a conocer por el entonces titular de la cartera para la educación, Eduardo Piñate, a través de su cuenta en Twitter.

Según el artículo 452 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, “la convención colectiva de trabajo por rama de actividad puede ser acordada en una reunión normativa laboral, especialmente convocada o reconocida como tal, entre una o varias organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras y uno o varios patronos, una o varias patronas o sindicatos de patronos y patronas, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una misma rama de actividad”.

Sin embargo, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), así como otras asociaciones y sindicatos de trabajadores universitarios cuestionaron este anuncio por no ser tomados en cuenta para la discusión y aprobación de dicho contrato, excluyendo de esta manera a asociaciones reconocidas por años y favoreciendo a la FTUV, una federación gremial cuestionada por su aparente tendencia oficialista.

La firma de la IV CCU no respondía a las necesidades básicas de los trabajadores universitarios, con salarios establecidos que en aquel momento rondaban cerca de los 10 dólares, ante una canasta básica alimenticia que ya superaba un poco más de los 300 dólares, según declaraba la presidenta de la Fapuv, Lourdes Ramírez.

Un año después, en marzo del 2022, el Gobierno nacional estableció un salario mínimo de 130 bolívares y un bono de alimentación de 45 bolívares. Sin embargo, el aumento de sueldo resultaba insignificante debido a la inminente devaluación del bolívar frente al dólar, moneda que prácticamente rige la economía del país actualmente.

Luego, el 3 de agosto del 2022, el entonces ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, Francisco Torrealba, informó a través de su Twitter que había sido suscrita el Acta de Homologación de la IV Convención Colectiva del sector universitario establecida en julio del 2021. Dicho acuerdo fue firmado nuevamente por la FTUV y por la ministra de Educación Universitaria, Tibisay Lucena. Esto motivó a que el personal que labora en la educación superior levantara su voz, incluso con protestas en las calles, para exigir una remuneración de al menos 400 dólares al mes.

Un salario que no es de dedicación exclusiva

Según Francisco Pinto, presidente (e) de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia (APUZ), a mediados del 2008 los profesores recibían su pago basado en las normas de homologación que establecía que los sueldos debían equivaler a la canasta básica alimentaria, pero el gobierno desconoció estos procesos y estableció unilateralmente una forma de pago que con el tiempo se volvió cada vez más insuficiente.

De acuerdo a él, fue de manera unilateral porque, en estas decisiones debe participar el gobierno, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) y el tercer elemento que es el representante legal de Organización Internacional del Trabajo (OIT), “para llegar a un común acuerdo del salario mínimo” y eso “no se volvió a hacer más nunca”.

Por otra parte, aseguró que el gobierno ha nombrado una serie de sindicatos afines a sus intereses, negándose a reunirse con todos los gremios y sindicatos.

“De tal manera nosotros nos hemos visto atropellados en nuestro derecho y reivindicaciones logradas. Nos encontramos hoy con un sueldo insuficiente e indigno que no llena las expectativas para el trabajo que desarrollamos”, sentenció Pinto a Radio Fe y Alegría Noticias.

Por su parte, Tirso García explicó que un docente universitario, dependiendo el cargo que posea, debe cumplir en promedio 36 horas semanales. “De esa cifra, al menos 16 horas son exclusivamente dando clases. El resto es para preparar el material de las clases o los exámenes, corrección de los mismos y atender consultas de los estudiantes”, puntualizó.

En ese sentido, David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta, detalló que el trabajo docente a tiempo completo implica promover que los estudiantes discutan problemas vinculados a la sociedad y realizar trabajos de extensión vinculados a la comunidad: es decir, involucrar a la universidad con las comunidades y generar conocimiento científico que se va a compartir en los espacios universitarios.

“Si los docentes son de dedicación exclusiva deberían vivir con un salario que le permita vivir, que le permita dedicarse a la investigación, la docencia y la extensión”, afirmó Gómez Gamboa a Radio Fe y Alegría Noticias.

Pérdida de la autonomía universitaria

El 6 de marzo del 2021, la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) anunció que el pago de nóminas de docentes y trabajadores de las universidades autónomas sería a través del Sistema Patria, quitándole el trabajo a las direcciones de recursos humanos de las casas de estudio superior. Esto ha provocado, según Gómez Gamboa, que los pagos se hagan reduciendo cualquier capacidad mínima que la universidad pueda gestionar al respecto, quedando el área administrativa sin autonomía.

Entonces el procedimiento tiene una nueva ruta: desde la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) se dirige información en relación a los pagos universitarios hacia la OPSU, la cual remite a las universidades unos formatos para que las oficinas administrativas rellenen unas casillas para determinar lo que se debe cancelar.

“Esta práctica reduce a las universidades a simplemente aceptar que desde estas instancias nacionales se les impone bajo la sanción de que, si no lo hacen, el personal no podrá cobrar las tres migajas que se les paga mensualmente a los trabajadores”, cuestionó Gómez Gamboa.

Desde un principio, gremios y sindicatos de trabajadores universitarios a nivel nacional rechazaron esta medida advirtiendo que violaba el artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece el respeto a la autonomía universitaria; también afecta el artículo 9 de la Ley de Universidades, que toma en cuenta la “autonomía económica y financiera, para organizar y administrar su patrimonio”.

El pago de nómina a través del Sistema Patria también afectó el manejo presupuestario de las asociaciones de profesores de las universidades públicas venezolanas.

Pinto señaló que cuando esta casa de estudios administraba el pago de nóminas, se descontaba un porcentaje a los profesores agremiados para el mantenimiento de la asociación. Pero una vez que el Estado asumió el pago de la nómina, ya las asociaciones perdieron ese ingreso. “El gobierno lo tiene secuestrado desde hace 4 años”, dijo. 

El origen del instructivo Onapre

El secretario general de Sintraudo en Anzoátegui, Ignacio Díaz, explicó que cuando Nicolás Maduro determinó el aumento de sueldo con incidencia en las tablas salariales en marzo de 2022, no anunció de inmediato cómo se le iba a dar cumplimiento a esos ajustes y se necesitaba un instructivo que sirviera como una especie de manual para aplicar el incremento. De esa forma “nace el Instructivo de la Oficina Nacional de Presupuestos (Onapre)”.

“Luego del anuncio, duró alrededor de 20 días que no llegaba ese manual, y cuando lo hizo, nos encontramos con la sorpresa de que nos redujeron todas las tablas salariales. Las primas por hijo, por familia, antigüedad, entre otras que teníamos, fueron eliminadas. Inevitablemente eso baja el sueldo y además viola cuando mínimo 10 cláusulas de la contratación que ya habían firmado los trabajadores”, comentó a Radio Fe y Alegría Noticias.

Díaz calificó esta medida de inaudita y añadió que nunca se había visto algo así en la historia de lo que tiene que ver con las reivindicaciones salariales del país. “Pero ocurrió y de ahí en adelante venimos arrastrando esa calamidad”.

El vocero sindical insistió en que el instructivo de la Onapre reduce los beneficios y tiene incidencia tanto en el bono vacacional como en el de fin de año, los cuales disminuyen a menos de la mitad de lo que les corresponde legalmente. “Todos deberíamos ganar mínimo el doble de lo que ganamos actualmente. Por ejemplo, yo cobro alrededor de 120 bolívares quincenales y debería estar sacando entre 240 y 250 bolívares”.

El secretario general de Sintraudo acotó que, por ejemplo, las primas familiares se las pusieron al 12.5, al igual que la prima por hijo, que representa la mitad del monto de cálculo original. Sumado a eso, la prima del 80% del sueldo básico, que era de compensación y la habían ganado en unos acuerdos (cláusula 72), se eliminaron.

“Los años de servicio ya no los toman como antes para el bono de antigüedad (cláusula 78), pues ahora solo es a partir de 30 años cuando antes era a partir de 25”, señaló.

En ese sentido, Pinto coincidió en que actualmente les reducen la mitad del monto que deberían cobrar.

“Venimos perdiendo el 45% del monto de nuestro salario”, aseguró.

Los docentes, trabajadores y obreros de las universidades se han quedado “en el aire” en cuanto al pago de salarios y demás beneficios, ante la falta de respuesta por parte del Estado desde que asumió dicha responsabilidad.

“Uno antes reclamaba ante los consejos universitarios y ellos tramitaban todos los reclamos. Ahora no sabemos, vamos a la OPSU, que es la Oficina de Planificación Universitaria, ni siquiera nos escuchan ni nos atienden”, denunció Pinto.

A su juicio, durante los últimos 5 años se han acumulado “muchas cosas” que ha motivado a la comunidad universitaria a salir a las calles a protestar por sus reivindicaciones salariales, salarios dignos y que se cumplan los beneficios laborales.

Por ello, en agosto del año pasado los trabajadores universitarios se movilizaron por todo el país para exigir el pago del bono vacacional, equivalente a 105 días de salario, que debían recibir el 10 de julio y no fue cancelado hasta luego de tres semanas. Sin embargo, el bono de fin de año (120 días de salario) fue cancelado de manera fraccionada en 4 partes.

“Resulta ser que es totalmente ilegal. Nos rebajan la mitad del monto por el cálculo que se aplica con el Instructivo Onapre, y nos van pagando de forma fraccionada. Cuando recibes el último pago de ese bono recibes la mitad de lo que te correspondía por la devaluación del bolívar”, sentenció Pinto.

Según la ONG Acceso a la Justicia, en el caso de los profesores, empleados y obreros universitarios, el instructivo Onapre obvia la tabla salarial prevista en la IV Convención Colectiva, que, entre algunas escalas, establecía diferencias de hasta 70% y fijó, sin ningún tipo de discusión previa, una interescala lineal de 7%.

Como si lo anterior no fuera suficiente, el instructivo también modificó unilateralmente la manera de calcular los beneficios, como las bonificaciones por antigüedad y las primas de especialización o profesionalización, por uniformes y por hijos.

Por su parte, Navarro cuestionó que, aunque el Tribunal Supremo de Justicia plantea que no existe el instructivo Onapre, “resulta que todo nuestro presupuesto según la ley va a la OPSU y en realidad va a la Onapre que te tranca todo”.

Navarro explicó que en el país no se habla de una utopía, se habla de una realidad, razón por la cual el gobierno debe atender esta situación con la implementación de otras medidas económicas que evite que, en cada aumento de salario, el dólar se dispare y por ende el bolívar se devalúa. Aseveró que los actuales reclamos del sector universitario son en busca del bienestar sin distinción de clases.

“El aumento de sueldo debe ser una realidad, que debe venir acompañado con otras medidas económicas. ¿Cómo se para el dólar? ¿Cómo se evita la especulación? Así que (el aumento de salario) debe venir acompañado de una política económica porque si no valdrá la pena”, aseguró el profesor Navarro.

Pagos atrasados y deudas acumuladas

Clotilde Navarro informó el pasado 25 de enero que la OPSU había efectuado el pago de las prestaciones sociales a través del fideicomiso y el 8.5% de las prestaciones sociales al personal docente, administrativo y obrero, enmarcado en la cláusula 8.5 de la contratación colectiva.

“A pesar que se envió en el mes de marzo del año pasado, nos cancelaron ahora. Imagínate ahora cómo se devaluó el bolívar, por la hiperinflación”, lamentó Navarro.

Agregó que, con este pago retrasado, aún quedó pendiente 25% a cancelar a los profesores.

Este caso sirve para recordar que el listado de deudas del Estado a las universidades públicas del país es largo.

Ignacio Díaz precisó que desde 2017 no les cancelan ni la bonificación por uniforme ni mucho menos los dotan. Esto viola, según él, la cláusula 19 de la CCU.

Dijo también que desde 2012 no les cancelan prestaciones sociales como debe ser y el pago que les hicieron en enero para él representó apenas 40 bolívares.

“Hay deudas fuertes en las que el gobierno se ha desentendido y no ha cancelado”, aseguró Díaz.

En cuanto al seguro médico, el sindicalista dijo que les habían implementado, desde hace cinco años aproximadamente, el Sistema Integral de Salud del Ministerio de Educación Universitaria (Sismeu) que, según dijo, no ha funcionado como tal.

“Antes teníamos un seguro con unas clínicas de la zona y podíamos asistir y reclamar, pero ya no. Si se presenta una emergencia debes hacer una llamada a Caracas y de allá es que se entienden con las clínicas. Es ilógico. Cuando tienes algo a distancia, no te van a atender y es lo que ha sucedido”, agregó Díaz.

También señaló que tuvieron problemas con los centros de salud del Estado porque no les cancelaron la prestación del servicio y eso trajo como consecuencia la eliminación tácita del seguro.

Díaz indicó que además les trasladaron las nóminas al Sistema Patria y esta plataforma hace descuentos, por lo que algunos beneficios como el servicio funerario o caja de ahorros también se han alterado.

“Por ejemplo, para la caja de ahorros, yo di una orden mediante un documento para que descontará el 15% de mi sueldo básico, que se sumaría al 10% que aporta el gobierno. Sin embargo, eso no está llegando. Esto nos perjudica en cuanto al servicio funerario porque de allí es que se paga con una empresa privada”, dijo Díaz.

El dirigente enfatizó que solo en el núcleo de Anzoátegui de la UDO hay alrededor de 2 mil trabajadores, entre activos y jubilados, que no cuentan con servicio médico ni funerario. “Todo a pesar de que en las cláusulas 12, 13 y 14 de la contratación colectiva, dice que nos van a cubrir el 100% de eventos de salud y funerario”.

Por su parte, el profesor Tirso García señaló que actualmente no cuentan con una caja de ahorros y un fondo de jubilación. Se supone que en la caja de ahorros los docentes apartan el 10% de su salario y el patrono debe aportar otro 10% para sumar 20%.

Sin embargo, “resulta que tenemos más de un año que no nos deducen nuestro 10%, más los otros 10% del patrono y no se le entrega a nadie, todo se queda atrapado en el Sistema Patria”.

“Al igual que el fondo de jubilaciones, nosotros apartamos 6% y el patrono 10%, pero también quedamos sin ese 16%”, agregó.

Vale mencionar que al personal administrativo y obrero les deben más de 5 años de uniformes. A los docentes nos les entregan uniformes y, aunque hace 4 años los incorporaron a la dotación, todavía no han recibido el beneficio.

Universidades sin presupuesto para funcionar

Navarro dijo que el presupuesto que recibieron el pasado año fue de mil 800 millones de bolívares, cuando lo solicitado fue de 4 mil 600 millones de bolívares; es decir: menos de la mitad. Con ello no se podía ejecutar ni el 10% de lo que requiere el recinto universitario.

Navarro explicó que han pedido “auxilio” a empresas privadas y públicas, como la Gobernación y alcaldías, para buscar soluciones a las problemáticas que enfrentan en cuanto a la infraestructura, donde además los trabajadores universitarios lo han asumido como un compromiso para mantener abierta la universidad.

“Como dice el artículo 1 y 2 de la Ley de Universidad, aquí lo que se está planteando es la defensa de la institución. Eso nos motiva a estar en cada una de las partes llegando a niveles macros a nivel local y nacional. Eso nos permite desarrollar una política de trabajo permanente”, aseguró Navarro.

Investigación sin presupuesto

Francisco Pinto, presidente (e) de APUZ, dijo que no cuentan con laboratorios renovados ni los recursos necesarios para promover la investigación ante el recorte presupuestario. La investigación que aún se hace se basa “en el interés personal de cada investigador”.

“Muchas veces el investigador se ha tenido que costear parte de esa investigación porque la universidad no da las herramientas necesarias para concluir su trabajo de investigación”, comentó.

Por su parte, José Rengel, coordinador de la comisión de investigación de la UDO en Anzoátegui, coincidió en que la calidad para estos trabajos ha disminuido, aunque más de uno se mantiene luchando por hacerlo.

“Hace varios años que no llegan recursos para la universidad, por lo que tampoco hay recursos para investigaciones. Aunado a eso, el edificio sede, dentro del núcleo, fue vandalizado hace unos meses y no cuenta con electricidad. Además, varios equipos fueron destrozados para extraerles el cobre y demás materiales que podían ser vendidos como chatarra”, detalló a Radio Fe y Alegría Noticias.

Rengel, quien además es ingeniero mecánico, aseguró que hay alrededor de 40 personas que siguen haciendo investigaciones en la casa de estudios anzoatiguense, pero de manera individual. Añadió que, en caso de que haya un trabajo realmente interesante, se busca apoyo en la empresa privada y organismos como la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundasite), para costear el desarrollo del mismo.

“Yo llevo dos años al frente de la comisión y en ese lapso no hemos visto nada de dinero. Del presupuesto que presenta la universidad ante el Ministerio de Educación Superior, solo llega lo correspondiente a los salarios e incluso se han eliminado hasta los fondos para el mantenimiento de la infraestructura”, puntualizó.

Dijo también que la mayoría de centros de investigación, bien sea de la escuela de ciencias de salud, ciencias administrativas o cursos básicos, quedaron sin equipos tras los actos vandálicos registrados y, de no ser por ellos mismos, las instalaciones aún lucirían desastrosas.

“Nosotros mismos hemos gestionado la limpieza y recuperación dentro de lo que nuestras posibilidades nos permiten. En el edificio hacemos reuniones de vez en cuando, siempre que haya luz solar, pues no contamos con sistema eléctrico”, contó.

El coordinador de la comisión de investigación explicó también que prácticamente ya no hay profesores que tengan la oportunidad de tener una preparación mejor, en vista de que hace años se cerró la posibilidad de que pudiesen ir al exterior a realizar algún postgrado, doctorado o algo por el estilo, para luego retribuirle eso a la universidad con años de servicio.

Radiografía de la crisis universitaria en Venezuela