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Sin embargo, desde diciembre de 2015 al presente, las escuelas —mejor dicho las trabajadoras y los trabajadores de la educación— están sistemáticamente siendo puestos bajo sospecha de idoneidad profesional por parte del gobierno nacional. Las pruebas estandarizadas que impulsa el Ministerio de Educación de la Nación contribuyen a esa idea: aportan datos para ránkings, titulares apocalípticos y ofrecen un disfrute bien morbo de lo que las pantallas de antemano -sí, incluso antes de saberse los resultados- se encargan de contar: «¡Qué mal que está la educación!».

Tremenda y desigual tarea les queda a los educadores: mostrar que la educación, sus escuelas, estudiantes y su trabajo no son parte de un show mediático, que se mira y escucha como se hace con Mirtha y Susana cuando opinan sobre cualquier tema con total soltura e impunidad.

Con más aciertos que errores, hay estrategias pedagógicas -no de márketing- para saber cómo se avanza o no en los aprendizajes. O bien se puede cumplir con la ley de educación nacional que contempla estas pruebas del sistema pero con la participación de todos en su diseño y aplicación (ley 26.206, capítulo III, Información y evaluación del sistema educativo). Tal como se hizo años anteriores con los operativos nacionales de evaluación (ONE).

La intención de las pruebas nacionales que se aplicarán hoy y la semana que viene en todo el país no es educativa. Tiene la decisión de atar los resultados a premios y castigos. Los premios serán diplomas y fotos para las redes sociales, y a la larga algún que otro «plus» salarial. Y los castigos, menos recursos, menos salarios y hasta ajustes en los puestos de trabajo.

El Operativo Enseñar -que se implementa hoy-, destinado a quienes están en los últimos años de los profesorados, se presenta como la prueba que quiere saber cómo egresan los futuros docentes. Pero entonces, ¿para qué estuvieron cuatro años en un profesorado, estudiando y siendo evaluados por profesores calificados? ¿Qué valor puede tener esta evaluación preparada en los despachos porteños? Hasta un funcionario provincial de primera línea reconoció en una nota reciente («Polémicas por el Operativo Enseñar«, del sábado 28 de octubre pasado) que Santa Fe no tuvo ni tiene ninguna participación en este operativo. «¿Qué rol cumple en el Operativo Enseñar el ministerio santafesino?» le preguntó La Capital al secretario de Educación, Oscar Di Paolo, a lo que contestó: «Ninguno. Ni siquiera hemos intervenido en la elaboración de la prueba estandarizada, ni en la logística. Nosotros no somos actores que tomen definiciones en este proceso. Se trata de una política del gobierno nacional».

Profesores del nivel superior, estudiantes y gremios recuerdan todo el tiempo que ningún docente se opone a la evaluación, sencillamente porque es parte de su trabajo. Vale recordar que uno de los logros de ese examen continuo y permanente fue elevar los años del plan de estudio de los profesorados de nivel inicial y primario. A partir de 2006, también por la ley de educación nacional, se extendieron de tres a cuatro años.

La historia de las educadoras y los educadores santafesinos también hacen memoria de los debates en este terreno. Todos recuerdan a la gran Rosita Ziperovich, defensora de la educación pública; y quien cuando ejercía su función de supervisora con gran exigencia y autoridad pedagógica, lo primero que hacía era escuchar, mirar, hablar, intercambiar ideas, llamar a la discusión y la reflexión, y siempre aprender junto a las maestras.

Los operativos de evaluación nacionales que se aplican por estos días lejos de motivar a una mejor enseñanza y aprendizajes tienen el mismo fin que en los años noventa: precarizar el trabajo docente, domesticar y doblegar a aquel magisterio que promueva el pensamiento crítico.