La designación este miércoles de un nuevo ministro de Educación en Afganistán, un erudito conservador cercano al líder supremo de los talibanes, diluye la posibilidad de reabrir las escuelas secundarias femeninas en el país, cerradas desde la llegada al poder de los fundamentalistas hace un año.
El ex jefe del consejo de eruditos de la provincia meridional de Kandahar Malawi Habibullah Agha es desde este miércoles el nuevo ministro de Educación, como parte de una serie de cambios en la Administración del Gobierno talibán de la que informó hoy el principal portavoz de los fundamentalistas, Zabiullah Mujahid.
Agha sustituye así al exministro Noorullah Munir, que estuvo casi un año al frente de esta cartera como parte del primer gabinete de los talibanes tras su llegada al poder, y mantuvo el cierre de las escuelas de secundaria femeninas, pese a mostrar en varias ocasiones su compromiso de reabrir los centros una vez las «adaptaran» a la ley islámica o sharía.
El nuevo ministro es una de las figuras más cercanas al líder supremo de los talibanes, Mawlawi Hibatullah Akhundzada, por lo que es visto como un perfil más conservador y se supone contrario a la reapertura de las escuelas de educación femenina.
A juicio de la activista afgana Nahid Noori, «el ministro anterior estaba bajo mucha presión de la nación afgana y de la comunidad internacional por no abrir las escuelas para niñas, por lo que el líder talibán ha decidido traer una nueva cara al ministerio para soportar la presión y hacer su trabajo» de acuerdo a sus ideas, dijo a Efe.
Desde la llegada al poder de los fundamentalistas el 15 de agosto de 2021, las mujeres han experimentado un deterioro en materia de derechos humanos que las acerca cada vez más al primer régimen talibán de 1996, cuando quedaron recluidas a las labores domésticas, sin posibilidad de trabajar o recibir educación académica.
La plétora de limitaciones impuestas a las mujeres en poco más de un año incluyen desde la imposición del burka hasta la segregación por sexos en lugares públicos o el veto a viajar sin velo y acompañadas de un familiar masculino en trayectos largos.
Pese a que durante este último año varios centros educativos trataron de reabrir las escuelas secundarias para mujeres, como ocurrió a principios de este mes en la provincia de Paktya, los talibanes reprimieron y ordenaron a los pocos días el cierre.
El decreto también apunta al exviceministro del Interior Mullah Mohammad Mohsin como nuevo gobernador de la provincia de Panjshir, donde recientemente se registraron enfrentamientos entre presuntos rebeldes del Frente de la Resistencia Nacional (NRF) y los talibanes.
El gobierno fundamentalista informó de la muerte de al menos 41 miembros del NRF, incluidos cuatro comandantes, en un operativo llevado a cabo en el antiguo bastión de la resistencia que luchó contra la toma del poder de los talibanes hace un año.
América Latina y el Caribe es la región donde la desigualdad tecnológica es la mayor en el mundo y esta se ha agravado y visibilizado aún más con los impactos económicos y sociales de la Covid-19.
Un tercio de la población mundial sigue privada de internet en 2022 y el ritmo de las nuevas conexiones se ha ralentizado, según la Unión Internacional de Comunicaciones (UIT), que ha identificado dos obstáculos principales: el hecho de que las poblaciones que aún no están conectadas son las que se encuentran en zonas más remotas y difíciles de alcanzar, y las dificultades para pasar del acceso simple al acceso regular y sencillo.
Las disparidades regionales siguen siendo fuertes: Europa ocupa el primer lugar con el 89% de su población conectada y América (incluyendo a Estados Unidos y Canadá) muestran tasas superiores al 80%, pero en regiones como África la conexión alcanza solo al 40% de la población. No es mucho mejor la situación en nuestra región.
En la actualidad, menos de la mitad de la población de América Latina y el Caribe tiene conectividad de banda ancha fija y menos del 10 por ciento cuenta con fibra de alta calidad en el hogar. Si bien el 87 % de la población vive dentro del alcance de una señal de 4G, el uso y la penetración reales siguen siendo bajos (37 %). Y solo cuatro de cada diez latinoamericanos de zonas rurales tienen opciones de conectividad en comparación con el 71 % de la población de zonas urbanas.
Unas 244 millones de personas en América Latina y el Caribe no tienen acceso a internet. En total, un 32% de la población de esta región no accede a este servicio, según un informe del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El estudio, que concentró su trabajo en 24 países, revela que un 71% de la población urbana cuenta con opciones de conectividad, ante menos de un 37% en la ruralidad.
América Latina y el Caribe es la región donde la desigualdad tecnológica es la mayor en el mundo y esta se ha agravado y visibilizado aún más con los impactos económicos y sociales de la Covid-19. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) menciona que se necesitarían 68.500 millones de dólares para subsanar la brecha digital.
Del total, el 59% debería destinarse a mejorar la conectividad en zonas urbanas, lo que suele estar a cargo del sector privado. Por otro lado, el 41% debería destinarse a las zonas rurales, donde las inversiones públicas suelen ser la fuente principal de financiamiento. Este sector vulnerable es una de las prioridades en los planes regionales del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA).
Para que la conectividad digital sea un acceso de igualdad en los países de la región, es necesario tener infraestructura digital de calidad y ofertas de precios accesibles para la población. Datos de la CAF -Banco de desarrollo de América Latina- muestran que la desigualdad digital en la región ha sido más visible en la pospandemia. Menos del 50% de la población de América Latina y el Caribe tiene conectividad de banda ancha fija y solo el 9,9% cuenta con fibra de alta calidad.
Si bien el 87 % de la población vive dentro del alcance de una señal de 4G, el uso y la penetración reales siguen siendo bajos (37 %).
Según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en promedio un 81% de los hogares del quintil de ingresos más alto (quintil V) tiene conexión a Internet; mientras que las cifras de los hogares del primer y segundo quintil es del 38% y el 53% respectivamente.
«Unos 5 mil 300 millones de personas en el mundo usan internet y aunque el crecimiento sigue siendo alentador, la tendencia deja pensar que, sin inversiones nuevas en infraestructuras y un nuevo impulso para crear nuevos conocimientos digitales, las posibilidades de conectar a la población mundial para 2030 parecen cada vez más escasas», dijo la UIT..
En 2022, dos mil 700 millones de personas no tienen acceso a internet; en 2019, antes del covid-19, eran 3 mil 600. La pandemia «nos dio un buen empujón en términos de conectividad, pero tenemos que mantener el mismo ritmo para garantizar que todo el mundo pueda beneficiarse”, subrayó Houlin Zhao, secretario general de la UIT. Para lograr una población global totalmente conectada, se necesita «más inversión en redes y tecnologías digitales, regulación y capacitación del mejor ejemplo», señaló
Un mayor acceso digital —en apoyo de la educación a distancia, las transferencias de efectivo digitales, la telemedicina y los servicios públicos en línea— es la piedra angular de esta agenda y requiere políticas ambiciosas y un programa de regulaciones, así como mayores inversiones en infraestructura. Esto es particularmente importante a medida que la región se prepara para las subastas de la tecnología 5G y continúa su expansión de la tecnología 4G.
Los argumentos a favor del acceso digital son claros, pero los desafíos son sustanciales: la cobertura deficiente y desigual, junto con los altos costos de los datos y dispositivos, continúan obstaculizando el acceso digital en un mundo pleno de desigualdades, donde lo prioritario para los ciudadanos es satisfacer las necesidades alimentarias diarias.
Es cierto que la digitalización impulsa la inclusión social y (lo único que le interesa a los bancos) financiera, así como los resultados en materia de aprendizaje, educación y salud. Actualmente, casi la mitad de la población adulta de la región no está bancarizada.
Unos 170 millones de estudiantes en toda la región se vieron afectados por el cierre de escuelas durante la pandemia. Y el 71 % de los países experimentó interrupciones en la prestación de atención para enfermedades no transmisibles durante los primeros meses de la crisis provocada por la Covid-19.
Los planes de datos y los dispositivos con internet no son asequibles para las personas pobres de la región, preocupadas por subsistir. En promedio, el costo de un plan de datos de solo 1GB representa el 2,7 % del ingreso familiar mensual (o entre el 8 % y el 10 % para el quintil inferior en algunos países), muy por encima del umbral de asequibilidad del 2 % que considera de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Además, el costo del teléfono inteligente básico más barato disponible representa entre el 4 % y el 12 % del ingreso familiar promedio en gran parte de la región, y entre el 31 % y el 34 % en Guatemala y Nicaragua o incluso el 84 % en Haití. Estos costos desproporcionadamente altos para las poblaciones vulnerables dan lugar a nuevas formas de disparidades en lo que ya es la región desigual en el mundo.
Al abandonar los Estados Nacionales su obligación de garantizar las condiciones mínimas para los procesos de enseñanza-aprendizaje, fue del bolsillo de la clase trabajadora, los y las docentes, estudiantes y la familia de donde salieron los dineros para pagar conexión a internet donde era posible, adquirir o potenciar equipos de conexión remota y acceso a plataformas.
Esto implicó una transferencia brutal de dinero de la clase trabajadora mundial a los grandes consorcios tecnológicos, señala el pedagogo crítico Luis Bonilla Molina, lo que ha generado en el sector tecnológico de la élite capitalista, dos movimientos simultáneos y complementarios.
Por una parte, añade Bonilla, se ha presionado el acelerador de la transformación digital en la educación impulsando distintas alternativas escolares entre ellas legislaciones de educación en casa, modelos de educación híbrida oferta mercantil de plataformas educativas, y por otra parte, las naciones poderosas requieren controlar lo que se viene en materia de virtualización-digitalización de la educación, para garantizar que la aspiradora de fondos públicos y dineros de los ciudadanos, garantice que ingresen a las arcas del capital transnacional tecnológico que ellos regentan.
Hoy una de las prioridades de América Latina y el Caribe es enfrentar la brecha digital, lo que requerirá acciones de políticas para reducir los costos, ampliar el acceso, así como la formación en habilidades digitales. Solo entre el 5 % y el 15 % de los adultos en la mayoría de los países de la región tienen habilidades informáticas y de resolución de problemas de nivel medio o alto en entornos con un elevado grado de tecnología, frente al 29,7 % en los países europeos.
*Sociólogo venezolano, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Comunicado de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos
A la opinión pública nacional e internacional
La Asociación Costarricense de Derechos Humanos ACODEHU se solidariza con la lucha popular que están liberando los pueblos pluriculturales de Honduras, en defensa de la soberanía de ese país Centroamericano, que se mantiene amenazada por el capital transnacional, que arremete violando los derechos humanos de las comunidades y pueblos originarios.
Con relación a ello, ciertas empresas internacionales en Honduras mantienen la postura de seguir apropiándose de los recursos y las riquezas naturales hondureñas, sin una previa consulta a las comunidades indígenas y afrodescendientes, ya que sus pobladores viven en los territorios heredados por sus ancestros, quienes son los primeros habitantes en lo que hoy, es el Estado hondureño.
Estas transnacionales están incumpliendo lo establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional del trabajo OIT, cuyo acuerdo internacional demanda la convocatoria de una asamblea de las comunidades, antes de aprobarse cualquier proyecto de extracción de algún recurso natural, que se encuentre dentro de la jurisdicción de sus territorios.
Por tal motivo, el pasado 9 de agosto del presente año, una de las fuerzas pluriculturales de Honduras, llamada la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y otras organizaciones de Pueblos Indígenas, acompañados por organizaciones nacionales territoriales y de derechos humanos, se dirigieron al Ministerio Público (MP) en la capitalina ciudad de Tegucigalpa en una protesta pacífica.
Para esa fecha se celebró internacionalmente el día de los pueblos indígenas, por lo que la OFRANEH, se apostó frente al MP exigiendo se resuelvan sus legítimas demandas por la falta de una pronta y efectiva justicia, en el caso de los 4 jóvenes garífunas desaparecidos hace más de dos años.
Estos jóvenes eran luchadores y líderes sociales que defendían la soberanía de sus territorios y que, según testigos, desaparecieron misteriosamente, desde que fueron sacados de su casa de habitación por supuestos agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI), sin dejar rastro alguno.
En un reciente comunicado la OFRANEH destacó que pese a la persecución de la que son víctimas por el Estado de Honduras, seguirán exigiendo la restitución de sus derechos territoriales ancestrales, el respeto a su identidad y la autonomía para recuperar la paz y la seguridad en sus comunidades.
También exigieron entre otros puntos, la continuación de la búsqueda e investigación de los 4 jóvenes garífunas desaparecidos, esto mediante la creación de una fiscalía especial para la desaparición forzada, en donde al mismo tiempo se incorpore a una estructura de la OFRANEH.
La líder de la OFRANEH, Miriam Miranda, solicita el verdadero cumplimiento de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a favor de las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la cruz, situadas en el caribe hondureño.
Ante estas demandas, la ACODEHU desde Costa Rica se suma al movimiento solidario internacional, ya que según la información de OFRANEH, el Ministerio Público de Honduras no ha procedido como corresponde en la investigación de los 4 jóvenes garífunas desaparecidos, al contrario, el pasado 17 de agosto se aprobó una investigación penal en contra de defensores de derechos humanos y líderes de los pueblos originarios.
Según la información difundida por la OFRANEH, la Fiscalía Contra los Delitos Comunes y la Agencia Técnica de Investigación Criminal ( ATIC), instituciones que el Fiscal Adjunto Sibrian Bueso supervisa, confirmaron que obedecen a las órdenes de su superior jerárquico y han abierto una investigación penal contra Miriam Miranda, Coordinadora General de OFRANEH, Luther Castillo Harry, Miembro de OFRANEH y Ministro de Ciencia y Tecnología del actual gobierno, y Edy Tábora, abogado de la OFRANEH.
Por lo que, la ACODEHU, demanda un cese a la criminalización de la protesta social en Honduras y también a la persecución judicial contra los defensores de derechos humanos, indígenas, afrodescendientes, campesinos, abogados, periodistas y todo aquel que se suma en busca de un Estado de derecho ecuánime y justo, alejado del autoritarismo judicial, que causa la agonía de un Estado de derecho.
La estrategia de crear falsos positivos contra los defensores de derechos humanos y demás lideres(as) sociales, es una medida autoritaria que arriesgan sus vidas, solo por el hecho de cumplir con la responsabilidad social y humana de proteger los recursos naturales y la soberanía nacional.
A través de este comunicado la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), hace un llamado a las instancias internacionales responsables de velar por la integridad humana en cualquier Estado, específicamente en la hermana Honduras, puesto que aún se perpetúa la persecución y por ende el riesgo de perder vidas.
Nuestra extensiva solidaridad fraterna para con el pueblo de Honduras, que, a través de la valentía de los pueblos originarios ancestrales, luchan de frente contra el oprobio del capital transnacional, avalado por el capitalismo salvaje que motiva la precariedad de la humanidad en el mundo.
PP, Vox y Junts no han logrado el respaldo del resto de la Cámara. Subirats se compromete a negociar en una comisión la polémica financiación de los campus
El Congreso de los Diputados ha tumbado este jueves las tres enmiendas a la totalidad al proyecto de la Ley Orgánica de Universidades (LOSU) que presentaron el Partido Popular, Vox y Junts. De modo que el proyecto, que sufrió muchos bandazos en sus inicios con el ministro Manuel Castells, prosigue su tramitación en manos de Joan Subirats, más hábil que el primero para negociar la ley, quizás por su experiencia política previa. Las enmiendas se han rechazado con 193 votos en contra, 148 votos a favor y una abstención.
En la teoría, el Gobierno cuenta con los votos suficientes para sacar adelante la norma en una votación a finales de 2022. Castells se jactó de ello en este periódico hace diez meses: “Podríamos aprobar la ley del Sistema Universitario mañana, pero quiero que sea consensuada”. Días antes, los rectores se habían negado a emitir un informe preceptivo para aprobar la ley ―consideraron que no era la versión definitiva― y colectivos de estudiantes convocaron una huelga sin ningún eco. La norma vigente ―la Ley Orgánica de Universidades (LOU)― ya ha cumplido 20 años y España ha cambiado mucho desde entonces. Cuenta con 30 universidades más, todas ellas privadas, hasta llegar a las 90 actuales.
Ahora las asperezas con ambos colectivos parecen haberse suavizado, aunque la conferencia de rectores (CRUE) aún no se ha pronunciado sobre el proyecto de Subirats, que varía mucho del de Castells porque legisla mucho menos, dejando más autonomía a los campus. Esta tarde su nuevo presidente, el rector de la Universidad Carlos III Juan Romo, marcará su posición ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, que le ha convocado como a otros expertos para conocer su opinión de la LOSU. Romo mantiene una mejor relación personal con el ministerio que su antecesor, José Gómez-Villamandos, nombrado hace dos meses consejero andaluz de Universidad.
La financiación de la ley es probablemente el mayor escollo de la negociación con las autonomías, que tendrán que sufragar los gastos extra. La intención es que en 10 años las universidades reciban un 1% del PIB para su financiación (ahora es el 0,7%). A las críticas se sumó hace tres semanas el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page ―”No vamos a tolerar que cargue de deudas a las comunidades autónomas”, dijo―, que se declaró dispuesto a acudir al Tribunal Constitucional. Subirats, en el pleno de este jueves, se ha comprometido a negociar un plan en una comisión de expertos, “en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria” en la que se sienta el ministro y los consejeros del ramo.
El PP arrancó su enmienda rechazada asegurando que la ley no cambia nada, porque “se limita a repetir epígrafes, materias ya conocidas o lugares comunes para generalizar en unos casos y detallar en otros los aspectos que figuran en la norma vigente”. Pero, seguidamente, afirma que la norma “deconstruye” el sistema, al otorgar más autonomía a los campus, lo que va a llevar a una atomización tal que dificultará la movilidad de estudiantes e investigadores.
Considera asimismo el PP que el texto no está conectado a la recientemente aprobada Ley de Ciencia. Se muestran también en contra de la contratación masiva de profesores asociados (doctores y con relación larga con el centro) pues, a su juicio, esta regularización del colectivo en situación precaria. “incrementa la conflictividad laboral, potencia la endogamia y va en detrimento de la excelencia”. “Esta ley abre una nueva era de precariedad. No resuelve los problemas que requieren instrumentos legales y crea otros nuevos”, ha asegurado María Jesús Moro, su portavoz.
Este miércoles, el consejero andaluz Gómez-Villamandos que dejó la presidencia de la conferencia de rectores en abril, defendió punto por punto la enmienda del PP en la Comisión de Ciencia, a la que acudió como experto invitado por su partido, pero dijo hablar no como político, sino como académico. Por eso, decidió emplear en cada frase el “nosotros”para sorpresa de muchos parlamentarios. Su tono como presidente de la CRUE durante tres años fue mucho más templado.
Vox ha encabezado una enmienda a la totalidad porque considera que con esta ley se quiere “convertir en política de Estado un programa ideológico” que hace seguidismo de las “agendas globales [Agenda 2030], el fanatismo climático, el feminismo radical, el desprecio al esfuerzo”. El diputado defensor del texto, Joaquín Robles, ha llegado a acusar al Gobierno de “justificar los escraches” sin citar a su excompañera Macarena Olona, víctima de uno, muy distanciada del partido.
La enmienda de Junts, como suele ocurrir con los nacionalistas, iniste en que el Gobierno no responde a las “peticiones y reclamaciones de Cataluña en materia universitaria, a pesar de ser un ámbito transferido”. El Ejecutivo no tiene que dar por perdido el voto de Junts, pues su diputada Mariana Illamola ha reconocido que presentaron la enmienda para presionar ―”Es una herramienta útil para la negociación”― y que observan “mejoras” en el proyecto de Subirats respecto a los anteriores. La CUP coincide en que la ley se entromete en las competencias autonómicas pero, como Coalición Canaria, quieren seguir negociando.
Marta Rosique, diputada de Esquerra Republicana ―cuyos votos son fundamentales―, ha mostrado su buena predisposición a votar a favor porque han detectado “cambios relevantes” que les agradan en un texto que da más independencia a los campus para autogestionarse. “Queremos que las universidades decidan cómo es su modelo, no desde Madrid”, ha insistido Rosique.
El PNV, que ha votado en contra de las enmiendas, echa de menos que de la nueva versión haya desaparecido la formación dual, como ocurre en FP con las empresas. Tampoco ha respaldado las enmiendas Ciudadanos, que se felicita de la “buena actitud” de Subirats, que trata de convencerles de las bondades de la ley, pero el partido cree que la norma “no es como se nos dijo”, en palabras de su diputado Juan Ignacio López-Bas. Además, coinciden en el diagnóstico de los problemas de la universidad con el PP.
La pandemia ha tenido un impacto devastador, pero la crisis de la educación empezó mucho antes y es muy profunda. Los sistemas educativos en general refuerzan y reproducen la desigualdad, los ricos tienen acceso a mejores escuelas mientras que los pobres enfrentan grandes obstáculos para obtener las calificaciones que podrían cambiar sus vida, dice el titular de la ONU.
Pese a que todos sabemos que la educación transforma vidas, economías y sociedades, hoy se está convirtiendo en la causa de una gran división en vez de propiciar esos cambios positivos, dijo este lunes el Secretario General de las Naciones Unidas en la Cumbre sobre la Transformación de la Educación.
“Incluso en los países desarrollados, los sistemas educativos suelen reforzar la desigualdad en lugar de reducirla, y la reproducen de generación en generación. Los ricos tienen acceso a los mejores recursos, escuelas y universidades, lo que los lleva a los mejores trabajos, mientras que los pobres, especialmente las niñas, enfrentan enormes obstáculos para obtener las calificaciones que podrían cambiar sus vidas”, apuntó António Guterres en el auditorio de la Asamblea General durante la jornada de líderes del cónclave, iniciado el viernes pasado.
“La educación está en una crisis profunda”, afirmó y llamó a transformarla.
Guterres señaló que si bien la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto devastador en el aprendizaje en todo el mundo, esta crisis comenzó mucho antes y es mucho más grave.
Los sistemas educativos no están a la altura y favorecen la memorización en el aprendizaje y la competencia por obtener mejores puntuaciones, además de que los programas de estudio a menudo son obsoletos y limitados, y los docentes están subcapacitados, infravalorados y mal pagados.
Por otra parte, la brecha digital penaliza a los estudiantes más pobres y la falta de financiamiento es más grande que nunca, agregó.
“No terminaremos con esta crisis simplemente haciendo más de lo mismo, más rápido o mejor. Ha llegado el momento de transformar los sistemas educativos”, advirtió Guterres.
Para lograrlo, el líder de la ONU destacó las cinco áreas que requieren atención y compromiso inmediatos:
Un grupo de niñas estudiantes de primaria en una escuela de la provincia de Nuristan, Afganistán.
1. Proteger el derecho a la educación de calidad
Proteger el derecho a una educación de calidad para todos, especialmente para las niñas, recobrando el terreno perdido debido a la pandemia de COVID-19, requiere que las escuelas estén abiertas para toda la población en edad escolar sin ningún tipo de discriminación.
“Una educación de calidad para todos significa abordar la crisis del aprendizaje fundamental y garantizar que dure toda la vida”, acotó, instando también a poner un mayor énfasis en los puntos de crisis.
En este renglón, Guterres apeló a las autoridades de Afganistán a poner fin inmediatamente a la restricción de acceso a las niñas a la educación secundaria.
“La educación de las niñas es uno de los elementos más importantes para lograr la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible en todas partes”, aseveró.
Una maestra con sus estudiantes en el centro de Desarrollo para Niños Pequeños en Garin Badjin, Nigeria.
2. Capacitar a los maestros
El Secretario General recordó que los docentes son la savia vital de los sistemas educativos y como tales se les debe capacitar para que no sólo sean instructores sino para que incentiven el aprendizaje constante.
En este punto, subrayó la urgencia de subsanar el déficit global de maestros elevando su estatus social y garantizándoles condiciones decentes de trabajo, así como oportunidades continuas de actualización y adiestramiento.
Niñas estudiando afuera de una escuela apoyada por UNICEF en Tigray, Etiopía.
3. Escuelas seguras
La tercera área por atender, continuó Guterres, es convertir las escuelas en espacios seguros y saludables que no den cabida a la violencia, el estigma o la intimidación.
Los sistemas educativos también deben promover la salud física y mental de todos los estudiantes, incluida la salud sexual y reproductiva.
La estudiante refugiada venezolana Emily usa su computadora portátil en Quito, Ecuador.
4. Revolución digital
La revolución digital debe beneficiar a todos los estudiantes, argumentó el titular de la ONU y exhortó a los Estados a garantizar que los alumnos y las instituciones educativas estén mejor conectados.
“Pero la conectividad, por sí sola, no es suficiente para brindar educación”, alertó, añadiendo que los gobiernos y docentes precisan trabajar con el sector privado para desarrollar contenido educativo digital de alta calidad para todos.
Cortesía de Nathaly Raquel Velasco
Nathaly (dcha.) durante un taller para combatir el acoso escolar en una Escuela Secundaria en Palenque, Chiapas.
5. Financiamiento
Sin aumentar las inversiones en educación, no será posible mejorar la agenda educativa. Tampoco sin solidaridad mundial, sostuvo Guterres.
“En estos tiempos difíciles, insto a todos los países a proteger los presupuestos educativos y asegurar que su gasto en esta área se traduzca en un aumento gradual de los recursos por estudiante y mejores resultados de aprendizaje”, dijo.
El Secretario General hizo hincapié en la necesidad de que la educación sea prioritaria para los gobiernos puesto que “es la mejor inversión que un país puede hacer por su gente y su futuro”.
En este contexto, el papel de la comunidad internacional es fundamental, por lo que conminó a los socios para el desarrollo a revertir los cortes a la asistencia y asignar a la educación al menos el 15% de la asistencia oficial para el desarrollo.
Además, precisó, las instituciones financieras internacionales deben proporcionar recursos a los países en desarrollo y dejarles margen de maniobra presupuestario para que puedan invertir.
Su gasto y asesoramiento deben alinearse con el objetivo de garantizar una educación de calidad para todos.
A propósito de esto, citó el Servicio Financiero Internacional para la Educación es una herramienta internacional que busca movilizar 10.000 millones de dólares para ayudara a unos 700 millones de niños que viven en países de renta media baja a recibir una educación de calidad.
Visión educativa para el siglo XXI
António Guterres abogó por una visión para la educación moderna y acorde con este siglo, una educación que enseñe a las personas a aprender, resolver problemas y colaborar.
“Sobre todo, la educación de calidad debe apoyar el desarrollo del alumno individual a lo largo de su vida”, precisó.
La educación, abundó, debe proporcionar las bases para el aprendizaje, “desde la lectura, la escritura y las matemáticas hasta las habilidades científicas, digitales, sociales y emocionales”.
Del mismo modo, debe desarrollar la capacidad de los estudiantes para adaptarse al cambiante mundo laboral.
“Y debe ayudarnos a aprender a vivir y trabajar juntos, y a entendernos a nosotros mismos y nuestras responsabilidades con los demás y con nuestro planeta”, recalcó, aludiendo a problemas como el cambio climático, la desinformación y los ataques a los derechos humanos. “Precisamos sistemas educativos que distingan los hechos de las conspiraciones, inculquen respeto por la ciencia y celebren a la humanidad en toda su diversidad”, concluyó el Secretario General.
En el cónclave para la transformación de la educación participan numerosos jefes de Estado y de Gobierno y dirigentes de organismos internacionales, líderes mundiales del rubro educativo y sectores relacionados, y activistas de la educación, entre los que destaca la pakistaní Malala Yousafzai.
Europe/France/23-09-2022/Auteur(s) et Source : www.ferc-cgt.org
Dans un contexte d’inflation galopante et alors que les employeur·ses se plaignent de ne pas réussir à embaucher, la CGT a pris la décision d’appeler à la grève interprofessionnelle aux côtés d’autres syndicats pour défendre nos rémunérations. Car quand les prix augmentent et les salaires stagnent, nos conditions d’existence se dégradent à vue d’œil.
Les petites mesures ponctuelles mises en place pendant l’été sont un pansement sur une jambe de bois et sont encore financées par l’ensemble de la société. En parallèle, plusieurs milliards par an de cotisations patronales ne rentrent pas dans les caisses du fait des exonérations mises en place par les gouvernements successifs.
Augmentation immédiate des salaires de 10 %,à la branche comme dans chaque structure !
Le 29 septembre, c’est le début de la négociation annuelle sur les salaires dans la branche du sport. Nous demandons 10 % d’augmentation pour toutes et tous les salarié·es du sport. Nous avions obtenu pendant l’été l’augmentation des minima conventionnels de 60 euros brut dès septembre. Cette mesure d’urgence correspond à peu de choses près à ce que nous revendiquions dès fin 2021. Le patronat et les autres syndicats l’avaient jugée irréaliste mais ont bien été obligés de se rendre à l’évidence, sous la pression des hausses des prix et des difficultés de recrutement.
Désormais, il ne faut pas reproduire la même erreur. 10 % pour toutes et tous, c’est un premier horizon atteignable et nécessaire pour permettre de vivre dignement malgré l’envolée des prix. C’est aussi une mesure forte pour reconnaître l’engagement au service des usager·es que représentent nos métiers du sport et en garantir l’attractivité.
Au-delà de la branche qui négocie pour l’ensemble du monde du sport, des négociations salariales collectives peuvent permettre d’augmenter directement les salaires dans votre piscine, votre salle de sport, votre club ou fédération. Prenez contact avec vos représentant·es et organisez-vous au sein de la CGT du sport. À l’UCPA par exemple, les salarié·es ont déjà obtenu des augmentations de 5 % voire davantage grâce à un mouvement de grève historique. Se mobiliser avec ses collègues, c’est possible et ça marche !
Vous voulez que les salaires augmentent ?
Contactez la CGT du sport, mobilisez-vous jeudi 29 avec vos collègues !
Contact : sport@ferc-cgt.org ou 06.75.33.83.96
Source et image : https://www.ferc-cgt.org/tract-cgt-sport-pour-nos-salaires-et-nos-emplois-en-greve-le-29-septembre
América del Sur/Chile/23-09-2022/Autor(a) y Fuente: www.colegiodeprofesores.cl
La Presidenta del Comunal Quellón del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Rosa Pérez Sepúlveda, denunció ante el Concejo Municipal de la comuna el hostigamiento del que fue objeto la Escuela Básica Rural de Coinco por parte de los concejales Belisario Vera y Natalia Haro, quienes el pasado martes 13 de septiembre se apersonaron en el establecimiento para registrar la exposición realizada por los estudiantes de sexto año básico para abordar el objetivo de aprendizaje Nº8 de la asignatura de Historia, lo que se tradujo en una serie de publicaciones en redes sociales acusando de adoctrinamiento político a niños de 10 y 11 años.
Sobre estos hechos, Rosa Pérez manifestó ante los concejales y alcalde de la comuna que: «El accionar de los concejales provocó el malestar de las y los docentes, pues atenta contra la libertad de cátedra. Por otro lado, el Politécnico de Quellón, también fue objeto de publicaciones tendenciosas, acusando a la comunidad de adoctrinamiento político, debido a una actividad del Departamento de Lenguaje e Historia, enmarcado dentro de los lineamientos del Ministerio de Educación. Como profesoras y profesores de la comuna no vamos a permitir que se nos coarte la libertad de enseñanza, mucho menos el amedrentamiento y la censura», enfatizó.
A continuación, el comunicado del Regional Los Lagos del Magisterio sobre esta acción de hostigamiento:
Fuente e Imagen: https://www.colegiodeprofesores.cl/2022/09/22/quellon-magisterio-interviene-en-concejo-municipal-acusando-hostigamiento-de-concejales/
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