Por: Ibon Herrero

Artem Korovin llegó en enero de 2019 a España desde Noguinsk, una pequeña ciudad a 34 km de Moscú que lo vio crecer hasta el día en que cogió aquel avión. Él pertenece a esa lista interminable de personas que deciden abandonar su tierra por ser homosexual.

El detonante que hizo que Artem sufriera discriminación por ser gay, estalló cuando publicó unas fotos con su exnovio mostrando una actitud cariñosa en la red social VK. Desde entonces, su vida cambió por completo: “Mi ciudad es pequeña donde más o menos nos conocemos todos. Recuerdo que salí con este chico y con unos amigos al centro y mientras estábamos sentados en una terraza sentí que nos observaban. Unos skinheads empezaron a insultarnos y a perseguirnos porque me habían reconocido”, rememora el joven migrante.

La historia no acabó ahí, el hostigamiento siguió por redes sociales, hasta el punto en el que todo el colegio supo que era gay. “El hijo de la vecina empezó a acosarme también, me tiraba piedras a la ventana, envueltas en papeles que decían ‘maricón fuera’, dañaba la puerta de mi casa y cuando salía me perseguía con un palo. Sufrí todo tipo de agresiones”, señala. Años después, cuando parecía que la situación se había tranquilizado, comenzó a trabajar como docente en una escuela, hasta que un día los padres de una niña reconocieron a aquel joven de las fotografías. La presión que ejercieron en el centro hizo que el director tuviese que expulsarlo de su puesto de trabajo: “Siempre era muy cuidadoso con mi orientación sexual, nunca les decía nada a los niños”. Entonces, el caos volvió a su vida: los mismos que le habían perseguido en el centro volvieron a hacerlo, pero esta vez en la puerta de su casa. Él y una amiga fueron a comisaría a interponer una demanda: “La respuesta fue que no serviría de nada la denuncia, que no protegían a personas como yo”. Cansado de la persecución y la pasividad de los agentes, abandonó el país: “Si no me protege la policía, entonces, ¡qué hago!”.

Rusia contra el colectivo LGTBI+

La estrategia que adopta el régimen de Putin deja claro que todo lo que provenga de fuera de sus fronteras es un ataque a la nación. “Los valores LGTBI+ se asocian a un pensamiento que encarnan Occidente y Europa, países que han perdido toda ideología cristiana”, apunta Francisco Peña, consultor en derechos humanos.

Desde el gobierno se fomenta un discurso de odio y una legislación que no busca reconocer derechos y que ponen en el centro de la diana a las personas que forman parte del colectivo. Para el régimen son el epicentro de todos los problemas que tiene el país.

“Cuando yo tenía 15 años y mis padres descubrieron que estaba enamorada de una chica, me mandaron a la psicóloga de la escuela para que me curara, porque entendían que no era normal que a una mujer le gustara otra mujer”

Nika Berezina y Olga Khanin no dudan al afirmar que para la administración la homosexualidad y la pedofilia están en el mismo nivel. Ambas huyeron de Rusia al no tener la libertad de mostrar al mundo su orientación sexual. “Cuando yo tenía 15 años y mis padres descubrieron que estaba enamorada de una chica, me mandaron a la psicóloga de la escuela para que me curara, porque entendían que no era normal que a una mujer le gustara otra mujer”, afirma con dureza en su mirada. “Se pensaban que yo consumía drogas y que por esa razón hacía lo que hacía y sentía lo que sentía”, añade.

La LGTB-fobia no es solo algo social, está intrínseca en toda la estructura. Al ser una cuestión sistemática es mucho más complicada de “erradicar”, afirma Gaizka Villar, trabajador social de Aldarte, centro de atención a gais, lesbianas y transexuales. Es por ello que, en 2013, bajo el mandato de Vladimir Putin, se aprobó la Ley para el propósito de proteger a los niños de la información que aboga por la negación de los valores familiares tradicionales, proyecto que se usa, tal y como su nombre lo indica, para evitar cualquier influencia que no atienda a las relaciones clásicas, entendiéndose como la unión entre un hombre y una mujer y que bloquea todo estímulo que provenga de los vínculos entre personas del mismo sexo o del colectivo LGTBI+. Esto hace que cualquier exhibición en la vía pública o en las redes sociales sea motivo de persecución y multa. “Recuerdo que era 2019 cuando, en San Petersburgo, una madre colgó una cortina de arcoíris a su hija en la habitación, las personas asociaron eso con el colectivo y acabaron multando la acción”, concluye Artem Korovin.

La ley rusa a juicio

A Alexey Kiselev, migrado a España por su orientación sexual y su activismo político en Rusia, el Tribunal Europeo de Derechos humanos le dio la razón cuando denunció que había sido multado por manifestarse delante de una biblioteca a favor de la inclusión de las personas del colectivo en la sociedad: “Me detuvieron y me multaron por lo que ellos consideran que es propaganda homosexual a los niños. Este caso, junto a dos compañeros más, lo llevamos a Estrasburgo y acabamos ganando. No podían ni detenernos ni multarnos porque esa ley no es legal”.

El Tribunal de Estrasburgo ha sentenciado que la ley es ilegal y que vulnera los derechos humanos al incitar a la homofobia a la población. La Corte Europea, condenó a Rusia por los efectos discriminatorios que produce la ley, el fallo concluye en que esta norma ataca a “la libertad de expresión” de las personas y no sirve para “proteger la moral”; aspecto que Rusia intenta tener bajo control para que las relaciones no tradicionales “no influyan” en las decisiones de los jóvenes. Es por ello que, tras su aprobación en 2013, según un informe de Human Rights Watch, con la norma vigente se suprime la orientación por parte de los profesionales en salud mental sobre diversidad
sexual e identidades de género y que esta supone un abuso, discriminación y vulneración hacia el colectivo. “A nosotros nos compensaron con una cantidad de dinero, pero sigue sin cambiarse la ley”, señala Kiselev. “Prefieren pagar que anularla”, enfatiza.

Aunque en las últimas décadas ha habido una tendencia a que cada vez más estados de las Naciones Unidas, del Consejo de Europa y organizaciones internacionales presionen para que otros países respeten los derechos de las personas LGTBI+, en el caso de la ONU algunas decisiones son recomendaciones y, por lo tanto, no son vinculantes, lo que viene a significar que su cumplimiento no es obligatorio. En 2019 la Unión Europea sancionó a dos líderes de Chechenia por las purgas antigay que se proyectaron en la región. “El derecho internacional tiene ese problema, que funciona más en presionar y enrecomendar, pero se sigue produciendo esa violación en los derechos humanos”, afirma Francisco Peña, jurista especializado en derechos LGTBI+.

El caso de Chechenia

Chechenia es un vórtice en el que la represión hacia integrantes del colectivo LGTBI+ es todavía mayor. Tras el hostigamiento que sufren las personas, existen organizaciones clandestinas que protegen a las víctimas y ofrecen alternativas para que huyan del régimen ruso. Reka Valerik, seudónimo que utiliza para protegerse de la persecución por parte de la comunidad chechena, es un director de cine que filmó el largometraje Silent Voice sobre la huida del país de un hombre que cobra vida en la película bajo el nombre de Khavaj: “En Chechenia es muy famoso, es un campeón de lucha libre, por esa razón tengo que guardar su anonimato”, confiesa. El protagonista tuvo que migrar cuando su familia supo que era gay.

El proyecto comienza cuando viajó a un albergue de Moscú donde había personas que estaban dispuestas a escapar a Canadá. Allí conoció a un joven de 17 años que tenía el visado preparado. “El adolescente recibía constantes mensajes de su madre diciendo que iba a estar bien, que volviese a Chechenia. Al final acabó obedeciéndola y volvió a casa. Una vez que lo hizo, nunca más supe de él”, recuerda con tristeza.

Chechenia es un vórtice en el que la represión hacia integrantes del colectivo LGTBI+ es todavía mayor. Tras el hostigamiento que sufren las personas, existen organizaciones clandestinas que protegen a las víctimas y ofrecen alternativas para que huyan del régimen ruso

El consultor en derechos humanos puntualiza las palabras del director cuando afirma que Ramzán Kadýrov, el presidente del territorio, incitó a la población chechena a cometer “crímenes de honor”. “Les decía a las familias que, si tenían algún familiar que fuera homosexual, tomaran las medidas que considerasen oportunas. Les animaban a asesinarlos”, detalla.

El protagonista del largometraje, Khavaj, era deportista de élite y miembro del equipo de lucha del presidente de la república. Cuando su familia descubrió su orientación sexual, el joven tuvo que huir tras sufrir duras represalias. Este motivo le empujó a migrar a Bélgica.

El director de la película afirma que dentro de la Unión Europea hay países que promueven visados humanitarios para que los procesos sean más rápidos: Francia y Bélgica son dos de ellos. “El problema al que se enfrentó Khavaj fue que Bélgica es uno de esos estados que te requiere hablar de lo que te pasa, no vale con una redacción escrita, tienes que ser capaz de verbalizar lo que te sucede”. La condición del migrante fue que padecía de mutismo a causa de los golpes que le propició su hermano. “Ahora ya no está en el país y emocionalmente está mucho mejor. Va retomando poco a poco la voz y, aunque a veces no la controla muy bien, los médicos le han dado un pronóstico positivo”, confiesa.

El realizador audiovisual −que tiene que esconder su rostro a causa de la persecución chechena− también muestra que existen otros países donde no ponen problemas para acceder: “Canadá es uno de esos territorios en los que no te preguntan ni te ponen muchas trabas. Los casos más urgentes, los que sufren más peligro y tienen que salir del país lo antes posible, van sobre todo vía Argentina, porque las personas con nacionalidad rusa no necesitan ningún tipo de visado para acceder al país”, afirma.

Una nueva vida

En el momento en el que los ciudadanos rusos deciden evitar la persecución y velar por la libertad y seguridad de sus vidas comienzan una nueva odisea al pedir asilo en otro país. Nika y Olga lo recuerdan como un proceso no muy agradable cuando se encontraron delante de los agentes a la hora de iniciar el trámite: “Es mucha tensión a la que estás sujeta, te preguntan y tienes que entregar fotos, conversaciones, todo lo que tengas”, apunta Nika. “Todo lo que pueda confirmar que tú allí sufriste discriminación al pertenecer al colectivo”, continúa Olga.

En el caso de Artem, la documentación que mostró para que comenzaran con el procedimiento fue algunas fotografías con su exnovio, unas capturas de texto donde le amenazaban, el testimonio de su amiga cuando los skinheads vinieron a agredirlos: “Al menos para que sepan que mi amiga también vivió la escena”, matiza, y un certificado de un colectivo LGTBI+ en Moscú al que solía acudir. Alexey, por su parte, en 2012 cuando solicitó el asilo, la ley contra la propaganda homosexual daba sus primeros pasos en el territorio y los agentes tenían conocimientos sobre lo que ocurría bajo el mandato de Putin: “Eran conscientes de lo que sucedía y enseñé varios artículos de periódicos y fotos mías detenido”. La imagen de Kiselev, que frecuentaba las manifestaciones a favor de los derechos del colectivo, llegó a manos de la policía rusa, lo que hizo que fueran a buscarlo a su domicilio y que finalmente decidiera migrar por la persecución y las diversas detenciones que sufría.

Durante su estancia en España, Nika y Olga se conocieron en Valencia, lugar en el que residen y comparten sus vidas enamoradas junto a sus dos hijas. Están a la espera de que aprueben su solicitud de asilo y salgan del limbo de la aceptación o de la deportación. Alexey también ha formado una familia y agradece que esté viviendo con normalidad su día a día, esa misma sensación que no sentía en Rusia. Artem, por su parte, se encuentra en Madrid a la espera de obtener la nacionalidad y con una vida más tranquila que la que tenía en su tierra natal: “Ahora vivo con naturalidad, tengo un trabajo fijo y ya no siento esa incertidumbre de lo que pueda pasar”, concluye.

Fuente de la información:  El Salto

Foto: Manifestación de apoyo a los activistas LGTBIQ+ de Rusia en Hamburgo en 2017. (Álvaro Minguito)