América del Sur/Ecuador/19-05-2022/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net
Como una medida de presión para la Corte Constitucional (CC), este lunes también tuvo lugar una manifestación en lo que los maestros reclamaron el alza salarial.
La Unión Nacional de Educadores (UNE) y maestros ecuatorianos continuaron este lunes en huelga de hambre, la cual comenzó hace 14 días en reclamo de mejoras salariales y por hacer cumplir las reformas planteadas a la Ley de Educación Intercultural Bilingüe (LOEI).
El gremio docente ecuatoriano ha reclamado que la Corte pueda analizar los argumentos presentados en audiencia pública, pues el Gobierno no ha respondido con argumentos la negativa de proceder a la equiparación salarial.
La huelga de los docentes busca un pronunciamiento favorable a la aplicación de las reformas a la LOEI, aprobadas por la mayoría del pleno de la Asamblea Nacional a finales del mes de marzo de 2022, y que fuera vetada por el presidente Guillermo Lasso.
La UNE había iniciado la huelga junto a 14 profesores, estudiantes, madres y padres de familias en Quito, mientras que en la ciudad de Guayaquil 16 huelguistas se reunieron en la Plaza de San Francisco; cifra que ha aumentado.
Como una medida de presión para la Corte Constitucional (CC) este lunes también tuvo lugar una manifestación en lo que los maestros reclamaron el alza salarial y realizaron una acción consistente en extraerse sangre para hacer notar sus demandas. “Que los jueces sin presión y apegados a la ley ejerzan justicia para este magisterio oprimido. Hacemos esa ofrenda exigiendo justicia”, pronunció Julio Yujato.
Por su parte, Isabel Vargas Torres, quien se unió este lunes a la huelga de hambre, precisó que “se ha demostrado hasta la saciedad que sí hay dinero, existen recursos no solamente para educación” y esto no puede ser una justificación.
De igual manera, la UNE insistió en que la discriminación contra este sector se produce “cuando los sueldos de la cúpula de la Policía y las FF.AA. se elevan en montos superiores a cinco mil dólares, como se realizó mediante la Resolución MDT2022-002; ahí sí existió voluntad política y jamás se argumentó su inconstitucionalidad o que afectaría al gasto fiscal”.
Otro de los argumentos sostenidos por la organización gremial resalta que el derecho a la equiparación salarial se ha postergado durante 12 años. Sobre este argumento, el dirigente Jorge Escala indicó que “esta protesta tiene simpatía de la gente que busca trabajo pero está en la desocupación; simboliza la inconformidad de la gente que va a los hospitales y no tienen medicina o no son atendidos, está respaldada por quienes no tienen agua potable en algunos sectores”.
Otro de los incidentes denunciados por la UNE fue la represión de las fuerzas policiales contra los estudiantes de la Universidad de Guayaquil; por exigir clases presenciales tras una manifestación pacífica, por la falta de presupuesto para la comunidad educativa, el despido de docentes, la falta de cupos y la falta de prácticas.
Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/docentes-ecuatorianos-extienden-huelga-hambre-derechos—20220516-0034.html
La tasa bruta de matrícula de la enseñanza superior de China alcanzó el 57,8 por ciento en 2021, en comparación con el 30 por ciento registrado en 2012, informó hoy martes el Ministerio de Educación.
Más de 44,3 millones de alumnos están estudiando en las instituciones de educación superior de todo el país, señaló la cartera en una rueda de prensa, y agregó que China ha construido el sistema de educación superior más grande del mundo.
Hasta el momento, un total de 240 millones de personas han recibido educación superior en China, según la entidad.
En la rueda de prensa también se destacaron los logros de la reforma y el desarrollo de la educación superior del país en la última década.
La educación superior de China está en la etapa de volverse universal, dijo Xie Weihe, profesor de la prestigiosa Universidad Tsinghua.
En términos de innovación y educación empresarial, los colegios y universidades del país asiático han diseñado más de 30.000 cursos y han contratado a 174.000 maestros con formación profesional, según estadísticas oficiales.
Hasta el final de febrero de 2022, China tenía más de 52.500 cursos masivos abiertos en línea (MOOC, por sus siglas en inglés) con 370 millones de usuarios registrados, dijo, a su vez, Wu Yan, director del departamento de educación superior del ministerio.
Más de 330 millones de estudiantes de colegios y universidades han recibido créditos MOOC, agregó Wu.
América Central/El Salvador/19-05-2022/Autora: Lissette Lemus/Fuente: www.elsalvador.com
Los menores están entre 25 niños que son beneficiados con un aula integrada en una ermita en el caserío Pedro Díaz, en San Francisco Morazán.
La familia de María Antonia Mena no tiene ningún ingreso económico fijo mensual. Los seis integrantes sobreviven de la venta de algunas hortalizas, huevos o gallinas indias y las tareas agrícolas que el hijo mayor de 13 años realiza cuando hay oportunidad.
María relata que el estimado de lo que logran reunir de esas actividades ronda los 30 dólares al mes, lo que debe usar de la mejor manera para que sobreviva la familia de seis integrantes.
A pesar de la falta de recursos, María hace un esfuerzo para que sus cuatro hijos vayan a la escuela, incluyendo unas gemelas de cuatro años.
Las niñas se levantan a las cinco de la mañana, para asistir al kínder que está a una hora y media caminando por un cerro, en el caserío Pedro Díaz, del cantón Sumpul Chacones, en el municipio de San Francisco Morazán, departamento de Chalatenango.
Imagen del aula integrada donde reciben clase cerca de 25 alumnos, en San Franciso Morazán.
Foto EDH/Lissette Lemus
El hijo mayor de María viene con las niñas al centro escolar y se queda a esperarlas hasta que salen a las 11 de la mañana. Luego las lleva a la casa, almuerza y regresa a la escuela para recibir sus clases de sexto grado.
Esa rutina de su hijo mayor sólo es interrumpida cuando le sale la oportunidad para ayudar en algún trabajo agrícola, por lo que le pagan $4 por la mañana.
“A veces solo tengo para el refrigerio de las niñas, a los más grandes les toca aguantar”, dice María.
Mientras las niñas están en la escuela María aprovecha para trabajar en la siembra de hortalizas y otros cultivos, pues su compañero de vida padece una enfermedad crónica que no le permite hacer esfuerzo físico. Los dos niños mayores de 13 y 10 años le ayudan con las tareas agrícolas.
María y su esposo no saben leer ni escribir y por eso hacen un esfuerzo para que sus hijos se superen yendo a la escuela.
“Estoy luchando para que mis niños aprendan a leer y escribir porque yo no pude ir a la escuela por el tiempo de la guerra, quisiera que lograran su bachillerato”, dice.
A partir de febrero de este año la instalación de un aula integrada en la ermita la Divina Providencia, les ha beneficiado debido a que antes, los niños mayores debían caminar, por lo menos, una hora más para llegar al centro escolar más cercano.
Un momento de diversión en el piso de tierra del centro educativo. / Foto EDH/Lissette Lemus
La maestra del aula integrada instalada en la ermita atiende a 25 alumnos. En el turno de la mañana estudian 12 niños de parvularia hasta segundo grado y por la tarde 13 de tercero a sexto.
“Yo me siento muy feliz porque comparto la alegría de la comunidad, de poder cumplir su sueño”, dice la maestra Yesenia Martínez.
La profesora explica que tener niños y niñas de diversas edades es complicado pero se las ingenia para dedicarle un espacio a cada grado.
Los estudiantes que el año pasado iban a otras escuelas ya cuentan con la computadora donada por el programa del gobierno, sin embargo, tienen el inconveniente de que en la zona no hay cobertura de internet, lo que les dificulta hacer algún trabajo en línea.
Para algunos es la primera vez que han tenido acceso a una computadora y todavía están aprendiendo a usarla.
Estudiar en esos lugares remotos de Chalatenango significa un sacrificio enorme. Los alumnos que están cursando sexto grado, si desean continuar sus estudios el próximo año, deben viajar por lo menos una hora más para llegar al centro escolar próximo donde imparten hasta noveno grado.
Que estos alumnos puedan llegar al bachillerato, depende que sus padres tengan la capacidad económica para que sus hijos se puedan mudar a los municipios cercanos.
Después de sexto grado se nos complica porque no hay un lugar cercano donde puedan sacar el bachillerato, se deben ir a San Fernando, Dulce Nombre de María o San Francisco Morazán, pero por lo económico se nos dificulta para estar pagando una “posada” o un hospedaje”, explica Ismael Cardoza, padre de cuatro estudiantes.
La meta de la comunidad es construir una escuela para que los alumnos del aula integrada de la ermita tengan un espacio adecuado.
Para ese proyecto ya cuentan con un terreno donado por un residente, por el momento la organización Comunidades de Fe Organizadas en Acción les está asesorando para realizar todos los trámites legales necesarios para lograr ese sueño.
El paro de este martes era solo de dos horas, pero los sindicatos han realizado acciones en diferentes ciudades
Piquetes formados por profesores han cortado este martes varias carreteras catalanas en la primera jornada parcial de paro convocado entre las 08.00 y las 10.00 horas de manera unitaria por los siete sindicatos de docentes contra las políticas del Departamento de Educación. Hasta final de curso, los sindicatos han convocado dos días de huelga -el 25 de mayo y el 9 de junio- y otro paro parcial de dos horas que tendrá lugar el 2 de junio. Sobre la jornada de este martes, el Departamento de Educación han informado que el seguimiento ha sido del 2,09%.
Tras el fracaso de las negociaciones del pasado mes de marzo, los sindicatos exigen al Departamento un calendario de reversión de los recortes desde el próximo curso para los profesores de primaria y secundaria, más protección para no aplicar el 25 % del castellano y la retirada de la modificación del calendario que avanza el curso una semana, además de la retirada de la modificación del currículum.
En Barcelona, una treintena de manifestantes han cortado la Ronda Litoral portando una pancarta en la que se puede leer “Revertid los recortes en la educación pública” y “Cambray dimisión”, ha informado a Bernat Pèlach, de la Intersindical.
En Mataró (Barcelona) unos cincuenta manifestantes han irrumpido en el acceso a la carretera C-60 desde la Vía Sergia, llevando pancartas en las que se leía “Se nos están llenando las ratios”, “SOS educación” y “Cambray dimisión”, un eslogan que también corean los participantes en la protesta. Decenas de manifestantes también han cortado uno de los accesos a la ciudad de Manresa (Barcelona), la T-11 en Tarragona y una de las calles de la ciudad de Sabadell (Barcelona), según la misma fuente.
En El Prat de Llobregat (Barcelona), se han colocado piquetes informativos a las 08.00 horas en las entradas de los centros educativos y a esta hora está teniendo lugar una concentración en la plaza de la Vila del municipio. En Lloret de Mar (Girona) también se ha llevado a cabo una concentración con pegada de carteles y piquetes informativos en los centros educativos.
En Lleida, los profesores han pegado carteles delante de los Servicios Territoriales de Educación, mientras que los profesores han organizado un “picnic-piquete” en Tarragona, concretamente en el aparcamiento del Decathlon de las Gavarres. En Tortosa (Tarragona), los docentes se han citado en una protesta en la plaza dels Nusos.
La de este martes es la primera jornada de protesta convocada por los sindicatos de profesores contra las políticas del Departamento de Educación. Las protestas seguirán los próximos 25 de mayo y 9 de junio con paros de toda la jornada y con una nueva jornada de paro parcial de 08.00 a 10.00 horas el próximo 2 de junio.
Shireen Abu Akleh entraba cada día en millones de hogares árabes a través de Al Jazeera, relatando los últimos acontecimientos en los territorios ocupados palestinos. Toda una generación creció siguiendo sus crónicas.
Shireen Abu Akleh, de 51 años, era una respetada reportera que llevaba más de dos décadas informando sobre la actualidad palestina. Coincidí con ella en varias ocasiones en Cisjordania durante los años de la Segunda Intifada palestina y posteriormente en entierros de víctimas alcanzadas por fuego israelí. Shireen entraba cada día en millones de hogares árabes a través del canal Al Jazeera, relatando los últimos acontecimientos en los territorios ocupados. Sus colegas de profesión la admiraban. Era un referente al que también periodistas europeos acudíamos para solventar dudas o solicitar el teléfono de alguna fuente de información, conscientes de que siempre estaba dispuesta a ayudar.
“Toda una nación en duelo. Era un icono para todos los que crecimos viéndola diariamente en televisión. Todavía no puedo creerlo”, recordaba esta mañana el arquitecto e historiador palestino licenciado en Cambridge Nadi Abusaala. “Qué terrible noticia para despertar. Crecimos viendo a Shireen en televisión. Estoy en conmoción total”, ha escrito en Twitter la productora de Al Jazeera Linah Alssafin, recordando que desde 2000 hasta ahora Israel “ha matado a cerca de 50 periodistas palestinos”. La organización Reporteros Árabes de Periodismo de Investigación ha lamentado que “los periodistas en Palestina todavía son objetivo de Israel por su trabajo cubriendo lo que ocurre en el terreno. Un triste día para el periodismo y los periodistas de todo el mundo”.
Una reportera palestina testigo de lo ocurrido ha explicado ante las cámaras que cuando el equipo llegó esta mañana al área de Jenin tomada por francotiradores israelíes, estos abrieron fuego contra su vehículo. Shireen salió entonces del coche para que los soldados la vieran –iba identificada con un chaleco de prensa y un casco– “pero dispararon igualmente”.
Ali Samoudi, reportero del diario Al Quds, resultó herido: “Íbamos a grabar la operación del ejército israelí y de repente nos dispararon sin pedirnos antes que nos fuéramos o que detuviéramos la filmación”, ha señalado ante las cámaras de Al Jazeera. Otro periodista ha relatado que “francotiradores israelíes dispararon contra el vehículo, así que Shireen salió y fue acorralada por los disparos” antes de ser alcanzada. “Shireen recibió el disparo cerca de su oreja, donde el casco no le cubría. Fue un disparo de extrema precisión”, ha denunciado la presentadora y productora Dena Takruri.
Shatha Hanaysha, periodista palestina que se encontraba junto a Shireen, ha explicado que no había enfrentamientos en el lugar donde se encontraban: “Éramos cuatro periodistas, todos llevábamos chalecos y cascos. El ejército de ocupación [israelí] siguió disparando después de abatir a Shireen. Ni siquiera pude extender mi brazo hacia ella porque seguían disparando”. Al Jazeera ha difundido imágenes en las que la periodista superviviente del ataque Shatha Hanaysha, agazapada junto a una pared, intenta sin éxito alcanzar el cuerpo inerte de Shireen, tumbado junto al mismo muro.
La redacción del Al Jazeera en Ramala ha indicado que esta mañana, a las seis y trece minutos, la veterana reportera había enviado un email en el que señalaba que “las fuerzas de ocupación asaltan Jenin y rodean una vivienda en el barrio de Jabriyat. Estoy de camino, os traeré noticias en cuanto recopile datos claros”. La conmoción en los territorios ocupados palestinos y entre la comunidad internacional de periodistas que han trabajado en la región es notable. Shireen, palestina cristiana nacida en Jerusalén, licenciada en Jordania y con pasaporte estadounidense, se había ganado la admiración en su oficio. En las redes circula esta mañana un vídeo de hace algunos años, en el que relata lo que experimentó en 2002, en plena Segunda Intifada:
“Nunca olvidaré la envergadura de semejante destrucción ni la sensación de que a veces la muerte estaba muy cerca. (…) Nos quedábamos a dormir en hospitales o en casas de gente que conocíamos. Y, a pesar del peligro, seguíamos trabajando. Aquello fue en 2002, cuando Cisjordania sufrió un ataque que no había vivido desde 1967. En los momento difíciles he superado el miedo. Elegí el periodismo para estar cerca del ser humano. Puede que no sea fácil cambiar la realidad, pero por lo menos he podido llevar esta voz al mundo. Soy Shireen Abu Akleh”.
Shireen llevó su voz y su denuncia a millones de personas en todo el planeta. Puede que no haya podido cambiar la realidad, pero ha muerto intentándolo. Así es este oficio: sacrificado, obsesionado con la persistencia y la verdad mientras otros intentan amordazarla. Nunca ha sido fácil ser periodista en zonas de conflicto, donde los informadores son a menudo objetivo. Más difícil aún es ser reportera palestina en una tierra ocupada por las tropas israelíes.
CARACAS – La voraz búsqueda de oro en el sur de Venezuela, practicada por miles de mineros ilegales amparados por diversos grupos armados, representa la mayor amenaza actual para la vida de sus indígenas, su hábitat y sus culturas, coinciden en señalar sus organizaciones y defensores de los derechos humanos.
En ese territorio que forma parte de la Amazonia “la minería, la violencia, la destrucción del hábitat, la muerte por enfermedades y la migración forzosa conforman un contexto que ya los indígenas califican como genocidio silencioso”, observó a IPS el investigador Aimé Tillet, con largos años de trabajo en el área.
Al otro extremo del país, en el noroeste fronterizo con Colombia, en el drama indígena destaca la delimitación pendiente de sus territorios, que les ha llevado a enfrentamientos y muertes en sus intentos por recuperar tierras ancestrales, mientras mueren de mengua y a menudo se ven reducidos a la indigencia.
Hay rasgos comunes en esa vida en regiones fronterizas que son hábitats indígenas, como el abandono por parte del Estado central, al incumplir sus deberes en salud, educación, seguridad, provisión de alimentos, combustible y transporte, insumos, comunicaciones y consultas debidas a los pueblos originarios.
El gobierno aúpa la actividad minera y decretó en 2016 como “Arco Minero del Orinoco”, en la margen derecha del río, un área de 111 844 kilómetros cuadrados, más grande que Bulgaria, Cuba o Portugal. En paralelo estableció una empresa de la Fuerza Armada, Camimpeg, para liderar la explotación de oro, diamantes, coltán y otros minerales convencionales y raros, de los que el país es especialmente rico.
La opacidad es un lunar en el manejo de las empresas militares por parte de las autoridades, según organizaciones no gubernamentales como Control Ciudadano para la Seguridad y Defensa
La prensa local ha mostrado unidades militares y policiales en la región involucradas en incidentes en torno a la actividad minera que han causado protestas de indígenas y defensores de los derechos humanos, y que van desde muertes de indígenas en altercados hasta masacres en las que “grupos desconocidos” han asesinado a decenas de personas.
La minería más artesanal y también ilegal, en centenares de espacios deforestados y junto a ríos contaminados con mercurio para la reducción del oro, es a menudo controlada por bandas delictivas que se autodenominan “sindicatos” y trafican con el metal, los insumos y también con las personas que van a trabajar en esas minas, muchas veces en forma forzosa.
Desde hace algunos años a los peligros se han sumado las guerrillas colombianas, en particular el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que participa de la minería y otras actividades ilegales en el sureño estado de Amazonas, así como disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pacificadas en 2016, según destacan organizaciones de derechos humanos.
En la Sierra de Perijá, hábitat de tres pueblos originarios y que marca parte de la frontera norte entre Colombia y Venezuela, el ELN penetra en las comunidades indígenas, instala campamentos, cobra “vacunas (impuestos)” a ganaderos, supervisa el contrabando de ganado y recluta jóvenes para sus columnas.
Mapa de las áreas que son hábitat de los principales pueblos indígenas de Venezuela, según el estatal Instituto Geográfico Simón Bolívar. Los grupos más numerosos están en el extremo noroeste, sur y oriente del país. Imagen: IGVSB
Disparos en la selva
El 20 de marzo cuatro indígenas yanomami murieron abaleados en un sector de la Sierra de Parima, que en el extremo sur marca la frontera con Brasil, por disparos de efectivos de la Aviación venezolana, tras un altercado por la señal de internet y un aparato direccionador que compartían los militares e integrantes de una comunidad ancestral.
Los yanomami, que viven en esas selvas del sur venezolano y norte brasileño desde hace miles de años -son considerados testimonio viviente del hombre primitivo, entraron en contacto con el resto del mundo hace pocas décadas- han encontrado en la telefonía móvil un recurso de comunicación en sus muy dispersas comunidades.
Lo sucedido en Parima “no se puede tomar como una reacción aislada, sino como el resultado de un cúmulo de tensiones y abusos, de no tener un trato diferenciado en función de los derechos a una discriminación positiva”, declaró entonces Wataniba, una organización de apoyo a los pueblos indígenas de la Amazonia venezolana.
“Todas esas tensiones que se viven a diario en las fronteras son consecuencia del extractivismo, aunado a los abusos de poder por parte de efectivos militares, la transculturización y la falta de acciones concretas por parte de Estado para atender las necesidades primordiales de los pueblos indígenas”, agregó la organización.
Minería en la Amazonia venezolana. En centenares de explotaciones informales e ilegales para buscar oro se deforesta el terreno, se dañan los suelos, se contaminan la aguas con mercurio y se explota a los indígenas y otros trabajadores bajo formas de esclavitud moderna. Foto: RAISG
Garimpeiros indetenibles
En 1989, un decreto ley del entonces presidente Carlos Andrés Pérez (1922-2010 y quien gobernó el país entre 1974 y 1979 y 1989 y 1993) prohibió por 50 años toda actividad minera en el estado de Amazonas, visible como el saliente sur en el mapa de Venezuela, selvático y de suelos frágiles, de 178 000 kilómetros cuadrados y 200 000 habitantes, más de la mitad de ellos integrantes de 20 pueblos indígenas.
Durante décadas, sin embargo, miles de garimpeiros (nombre brasileño para los buscadores informales de oro, de donde provenían originalmente), han incursionado en Amazonas, y en los últimos años a mayor escala, con empleo de pistas de aterrizaje, abundantes motobombas, e imponiendo relaciones a veces de intercambio y sobre todo de explotación con comunidades e individuos indígenas.
El 28 de julio de 2021, las organizaciones indígenas Kuyujani y Kuduno, así como el tribunal de justicia Tuduma Saka, de las etnias sanemá (rama yanomami) y sus vecinos ye’kuana (caribes), denunciaron la presencia de garimpeiros en cuatro comunidades en documentos entregados a la gubernamental Defensoría del Pueblo.
Más de 400 garimpeiros armados, según la denuncia, trabajaban con 30 máquinas extrayendo minerales preciosos en la zona del Alto Orinoco, forzando a hombres y niños a trabajar en la minería, y esclavizando y obligando a las mujeres a prostituirse.
La denuncia agregó que la destrucción de bosques alcanzó a los conucos (huertos) de las comunidades indígenas, que así quedaron dependientes de los suministros de los garimpeiros para su alimentación.
Tillet hizo notar que la incursión de guerrillas y mineros ilegales en el sur crea además focos de conflictos interétnicos, porque algunos indígenas y comunidades desesperadas por sobrevivir aceptan a los irregulares, y otras (como los uwottija o piaroas del Orinoco medio) se oponen contundentemente a esas incursiones.
Otra imagen de los daños de la minería sin control en una zona del sur de Venezuela. Foto: SOS Orinoco/RAISG
Esclavitud moderna
En las “currutelas”, minas de socavón, se busca emplear a varones jóvenes y niños para extraer arenas ricas en oro, y a mujeres para labores como cocinar, barrer, lavar y poner cierto orden en los campamentos, así como para explotarlas sexualmente.
Esa situación, generalizada en los cientos de minas del Amazonas y del suroriental estado de Bolívar, de unos 238 000 kilómetros cuadrados, se agrava en el caso de los indígenas, dijo a IPS el abogado Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, que conduce varios estudios en la zona.
“Bajo el control de los grupos armados se generan dinámicas de violencia, con enfrentamientos y muertes, y situaciones de esclavitud moderna, con omisión que se traduce en aquiescencia por parte del Estado venezolano”, abundó Trujillo.
En particular, las mujeres indígenas, captadas para trabajar en los campamentos, “quedan sometidas a una dinámica de violencia, su trabajo no es voluntario, a veces no se les paga, y son sometidas con riesgo para su salud y vida”, subrayó.
La minería venezolana abona así cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según las cuales más de 40 millones de personas son víctimas de esclavitud moderna, 152 millones del trabajo infantil y 25 millones realizan labores forzosas.
El cerro Autana, visto de las márgenes del río Cuao, afluente del Orinoco medio. El pueblo uwottija lo considera sagrado y rechaza la presencia en el área de grupos guerrilleros provenientes de Colombia, asociados a la minería ilegal. Foto: Humberto Márquez / IPS
Adiós hábitat, cultura y vida
En Venezuela, según el censo de 2011, de sus 28 millones de habitantes al menos 720 000 son indígenas, pertenecientes a unos 40 pueblos originarios, y cerca de medio millón viven en áreas rurales indígenas, sobre todo en las regiones fronterizas.
Aunque la etnia mayoritaria (60 %) es la wayúu, un pueblo de lengua arawak que habita la colombo-venezolana península de la Guajira (norte), la mayoría de los pueblos está en el sur del país, algunos con miles de integrantes y otros con muy pocos centenares y con sus idiomas y saberes en riesgo de extinción.
La organización ambientalista Provita sostiene que al sur del Orinoco se han deforestado en los últimos 20 años 380 000 hectáreas, y las dedicadas a la actividad minera aumentaron en el lapso 2000-2020 de 18 500 a 55 000 hectáreas.
Zonas muy afectadas han sido riberas y cabeceras de ríos, muchas en áreas teóricamente protegidas como parques nacionales, y Tillet subraya que, además del daño ambiental, se trata de zonas de recursos limitados para la subsistencia, por los que ahora compiten las comunidades indígenas y los mineros.
Los indígenas “al depender de la minería para obtener algún ingreso, se ven forzados a abandonar su actividad tradicional de siembra, pesca y caza, se deteriora su alimentación, y avanzan la desnutrición y las enfermedades, como el paludismo, y aparece la vía de decir adiós a sus tierras, desplazarse y migrar”, expuso Tillet.
El investigador sostiene que los servicios de salud responsabilidad del Estado prácticamente han desaparecido, y más con la pandemia de covid-19, y la educación se ha desplomado con la migración de maestros, dándose el caso de que “niños que deberían estar en la escuela ahora laboran explotados en las minas”.
En el documento que presentaron ante la Defensoría del Pueblo, las organizaciones yanomami y ye’kuana dijeron ser víctimas de asesinatos selectivos, contaminación de las aguas con mercurio, contagio de enfermedades y, en resumidas cuentas, de “un genocidio cultural silencioso”.
Niños de una comunidad uwottija (piaroa) en la zona del Orinoco medio, donde organizaciones de ese pueblo originario rechazan la presencia de grupos guerrilleros provenientes de la vecina Colombia, asociados a la minería ilegal. Foto: Humberto Márquez / IPS
El territorio, derecho huidizo
La vigente Constitución, de 1999, reconoció el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus culturas y poseer sus territorios ancestrales, y previó una demarcación expedita de esas áreas, de lo cual se cumplió solo una pequeña parte en el país.
En el caso del estado Amazonas, cuyo territorio es casi en su totalidad hábitat de pueblos originarios, esa demarcación se ha ignorado, impidiendo a los pueblos indígenas reclamar derechos, exigir consultas y consentimiento para la explotación del territorio y, eventualmente, obtener beneficios derivados de su posesión.
Para Tillet “la demarcación se mantiene como deuda, para la que no hay voluntad política, pero la avalancha minera ha relativizado su importancia, pues si las áreas protegidas como parques nacionales o monumentos naturales son violadas por la minería, puede pensarse que se haría lo mismo con territorios indígenas”.
Ejemplos son el sudoriental Parque Nacional Canaima, de 30 000 kilómetros cuadrados, rico en tepuyes –montañas de paredes verticales y techos planos – y grandes saltos de agua, y el Yapacana, en medio del estado Amazonas, de 3200 kilómetros cuadrados, donde la minería se practica mientras las autoridades miran hacia otro lado.
En cambio, en el noroeste se mantiene, con episodios de violencia, la lucha por la tierra del pueblo yukpa, en el centro de la Sierra de Perijá y que, como sus vecinos barí de origen chibcha y los wayúu, son un pueblo binacional, aunque con más individuos del lado venezolano que del colombiano.
El nudo del conflicto es que a lo largo del siglo XX los indígenas fueron arrinconados en las tierras más inhóspitas de la montaña, mientras que las llanuras, sobre la margen occidental del lago de Maracaibo, fueron ocupadas por fincas ganaderas.
Algunas comunidades han aceptado lotes de tierras –las menos ricas- otorgadas por el gobierno, pero un núcleo yukpa duro, que dirigió hasta su asesinato en 2013 el cacique Sabino Romero, reclama tierras donde hay haciendas ganaderas, mientras resiste incursiones de contrabandistas y guerrilleros en plena montaña.
Sabino Romero, cacique yukpa, de la Sierra de Perijá, fronteriza con Colombia, asesinado en 2013 en el marco de las luchas de su pueblo por recuperar tierras que quedaron en manos de ganaderos a lo largo del siglo XX. Foto: Sociedad Homo et Natura
“Otros miembros de la familia y seguidores de Sabino han sido asesinados al paso de los años y soportan agresiones y el asedio de sicarios y empleados de fincas ganaderas, cuando no de la Guarda Nacional (policía militarizada) o el ELN”, dijo a IPS Lusbi Portillo, conductor de la ambientalista Sociedad Homo et Natura.
Ana María Fernández, activista yukpa de la zona, ha dicho que “no solo luchamos contra terratenientes, grandes hacendados, cuerpos policiales y Guardia Nacional, y el Estado que no permite la demarcación de nuestras tierras. Nos atacan por igual la guerrilla colombiana y sicarios contratados por ganaderos”.
En contrapartida, algunos yukpa en ocasiones toman ganado como modo de cobrar los daños que se les infligen, pero otros, menos combatientes y no habituados a vivir en las ciudades “improvisan alcabalas en lo que fueron sus tierras para cobrar derecho de paso y tener algo de dinero para comer y sobrevivir”, dijo Portillo.
El activista sostiene que una alternativa es que el Estado cumpla compromisos de indemnizar a ganaderos cuyas haciendas deban ser devueltas a los indígenas, así como sus deberes de proporcionar vías de transporte para la producción agrícola de las comunidades y atención en salud ante el auge de enfermedades.
Ana María Fernández, activista de comunidades yukpa que reclaman la demarcación de sus territorios ancestrales en la occidental Sierra de Perijá, y de los cuales las mejores tierras fueron ocupadas por haciendas ganaderas a lo largo del siglo XX. Foto: OEPV
Hora de migrar
La crisis de la segunda década de este siglo en Venezuela ha forzado a miles de indígenas a migrar, en el torrente de seis millones de venezolanos que han abandonado el país desde 2014, en su inmensa mayoría dirigiéndose a los países vecinos de América Latina y el Caribe, Estados Unidos y España.
El grupo más numeroso es el de los warao, pueblo poblador del nororiental delta del Orinoco, en cuyo frente sur también hay actividad minera y maderera, y que han ido mayoritariamente a Brasil, aunque también a Guyana y Trinidad y Tobago.
Los warao “son menos de 50 000, y la migración de al menos 6000, más de 10 % de ellos, es una merma que dice mucho de la situación de derechos humanos de esta población. En el norte brasileño hay unos 5000, y Brasil ya los considera como otro pueblo indígena, además muy viajero, en su territorio”, comentó Tillet.
Pablo Tapo, del pueblo baré y coordinador del Movimiento Indígena Amazonense de Derechos Humanos, levantó un informe según el cual más de 4500 indígenas de nueve etnias en su región cruzaron la frontera con destino a Colombia en tres años.
Tanto en ciudades como en las zonas rurales “las comunidades se quedan solas porque no hay atención ni servicios, en los hospitales ambulatorios no hay médicos, ni medicinas ni insumos, y no hay seguridad alimentaria”, dijo Tapo.
En el sudoccidental y llanero estado de Apure, la confrontación armada que involucró hace meses a guerrilleros colombianos con militares de Venezuela forzó la huida a Colombia de grupos indígenas que poblaban el lado venezolano del río Meta.
En el extremo sudoriental, junto a Brasil, el pueblo pemón se ha resentido del desplome del turismo por la inseguridad asociada a la minería y la pandemia, incentivo para migrar, y en el noroeste para pueblos como los wayúu aprovechar los cruces de frontera es una vieja práctica sin novedad.
Miembros del Bloque Unitario del Sector Educativo de Carabobo, protestaron este martes pacíficamente frente a la zona educativa, para exigir que cesen las violaciones a sus derechos laborales.
Este bloque lo conforman siete sindicatos que agrupan educadores, trabajadores administrativos y obreros, que en forma conjunta piden respeto a su condición.
Los manifestantes denunciaron que desde la zona educativa se les aplica cambios en la modalidad de pagos, los excluyen de la nómina del Ministerio de Educación, y se les suspenden los salarios, sin cumplir con el debido proceso y sin expediente administrativo.
Luego de la protesta, se instaló una mesa técnica donde serán revisados los distintos casos que se están presentando.
Angélica Flores, dirigente del Sindicato Unico de Magisterio, indicó que en la mesa, que se reunirá la próxima semana, se tratará todo lo relativo a tres mil casos de educadores, que están en condición de riesgo laboral.
Igualmente se analizará la situación de unos 1.500 trabajadores con planillas 1408, esperando juntas médicas, por presentar malas condiciones de salud, a los cuales les suspendieron los sueldo
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