CLADE: Campana Latinoamericana por el Derecho a la Educacion 

La educación es un derecho humano que se ejerce a lo largo de la vida; incluye, por lo tanto, la educación en la primera infancia, la educación técnica, vocacional, profesional y universitaria para todas las personas, en cualquier etapa de su vida.

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece, en su artículo 26, el derecho a la educación superior: “el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”. También el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales (PIDESC), en su artículo 13, establece las obligaciones de los Estados de asegurar el acceso progresivo universal y gratuito a todas las personas a la educación superior, lo que debe realizarse sin ninguna condición. Otros instrumentos de derecho internacional relevantes son: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), que en su artículo 10 establece la igualdad de acceso a la educación para las mujeres y la eliminación de roles estereotipados que legitimen la violencia de género en el proceso educativo; la Convención de Derechos del Niño (1989), que señala en el artículo 32, que el derecho a la educación es necesario porque protege de la explotación económica y laboral, las cuales pueden entorpecer el proceso educativo del niño o la niña, y en el artículo 28 subraya que la enseñanza superior deve accesible a todos; y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) que, en su artículo 24, exige que el proceso educativo sea inclusivo para todos y en todos los niveles.

Según el Instituto de Estadísticas de UNESCO, la tasa bruta de matriculación en América Latina y el Caribe (porcentaje de la población matriculada en relación con la población total del grupo de edad recomendado) aumentó considerablemente entre los años 2000 y 2018, pasando del 23 al 52%. Sin embargo, el Banco Mundial identifica que solo la mitad de las y los estudiantes entre 25 y 29 años que están matriculados completan su formación. Ello ocurre por distintas razones, muchas de ellas vinculadas al inclumplimiento de los Estados con sus obligaciones en temas de derechos humanos (World Bank; Latin America and the Caribbean: Tertiary Education; 2021).

El cumplimiento del derecho a la educación, en cualquier etapa, está basado en la realización de cuatro dimensiones del derecho: la disponibilidad de la oferta educativa en todas las partes de los territorios; la accesibilidad de todas las personas, sin cualquier forma de discriminación, a la educación y a las instituciones escolares; la aceptabilidad de los contenidos educativos brindados; y la adaptabilidad de la educación al contexto en el cual los sujetos de derechos están incluidos. Cuando no cumplen cualquiera de estas dimensiones, los Estados están concretamente violando el derecho.

América Latina y el Caribe tienen una larga trayectoria en la discusión sobre el derecho a la educación superior. Hace más de cien años, cuando en septiembre de 1918, estudiantes argentinos ocuparon las

facultades de Medicina, Derecho e Ingeniería de la Universidad de Córdoba, se planteó la laicidad y la democratización de la educación universitaria.

En oposición al modelo universitario milenario europeo, de tradición autocrática y religiosa, que había sido creado en 1088 en la Universidad de Bologna, estudiantes latinoamericanos exigieron que la Universidad de Córdoba se desvinculara de los padres jesuítas, que la habían fundado en 1613. Y reclamaron: participación de los sujetos de las comunidades educativas en la gestión administrativa universitaria; autonomía universitaria; libertad de cátedra; mecanismos de asistencia social para discentes; y el acercamiento de las universidades a las necesidades de los pueblos, a través del desarrollo de iniciativas de extensión universitaria y de conocimientos que contribuyan a la justicia socioeconómica. A estas demandas, más recientemente, se sumaron el cumplimiento de la justicia socioambiental, la realización de los derechos humanos y el buen vivir. Asimismo una producción crítica de conocimientos, plural y diversa, que reconoce incluso los saberes y cosmovisiones de los pueblos indígenas originarios, afrodescendientes y de otros grupos históricamente excluidos.

Este movimiento político, emancipatorio y liberador de estudiantes argentinos, rápidamente se diseminó por el continente, provocando la asunción de federaciones estudiantiles e inspirando reformas universitarias en distintos países del mundo. En un momento en el cual hay una corrida por la inclusión de estudiantes en los sistemas de educación superior, pero dejando de lado los principios fundamentales para la transformación social, nos parece urgente recuperar estos mensajes potentes de nuestra región, reiterando que las y los estudiantes de nuestra región continúan siendo víctimas de persecuciones y procesos de criminalización por el simple hecho de luchar colectivamente por la realización de sus derechos.

La democratización de la enseñanza superior no significa un crecimiento acelerado en la tasa de matriculación, o en el número de instituciones de enseñanza, o una ampliación en la diversificación de títulos y carreras, como observamos en nuestra región. Democratización con inclusión significa crear mecanismos para revertir las tendencias de reproducción de relaciones asimétricas de poder, exacerbación de las desigualdades y de las discriminaciones en los sistemas educativos, generando sociedades más igualitarias.

El crecimiento de la oferta educativa superior no estuvo debidamente acompañado de un financiamiento adecuado, que garantice el disfrute del derecho en igualdad de condiciones para las personas. Al contrario, se dió una tendencia a la precarización de las instituciones públicas y un crecimiento de la oferta privada. Por falta de reglamentación por parte de los Estados, ello generó la multiplicación de escuelas internacionalizadas y de elite para los ricos y universidades de baja calidad para estudiantes pobres, que hacen grandes esfuerzos para pagar por la educación superior – pensando que ello les permitirá tener mejores condiciones de vida – y que terminan por no conseguir puestos de trabajo decentes por la baja calidad de la educación a la cual acceden.

Nos preocupan los procesos de privatización – hoy un 53.2% de las y los estudiantes universitarios están en universidades privadas – y la financiarización de la educación superior. La educación superior ahora se presenta como una mercancía negociada en el mercado de acciones, un negocio interesante, que homogeniza y estandariza los conocimientos y formas de pensar, y produce ciudadanos útiles a la profundización de los modelos neoliberales. También nos inquieta la hiperconcentración de la enseñanza privada en manos de pocas instituciones, muchas veces extranjeras.

En este contexto, recuperar el contenido del derecho a la educación superior nos parece fundamental:

● Una educación superior disponible para todas y todos significa que las instituciones de educación superior públicas y gratuitas    deben de estar debidamente financiadas y presente en las distintas partes del territorio, con docentes con calificación y trabajando en condiciones de trabajo decente.

• ●  Significa que, cuando sea necesario, el Estado brinde educación superior a distancia, pero de manera complementaria a la educación presencial, y garantizando las condiciones para que todas las y los educandos puedan estudiar – lo que supone el acceso universal a internet y a dispositivos tecnológicos y a plataformas accesibles, preferencialmente de código abierto y adoptando software libres. Durante la pandemia, los procesos de enseñanza-aprendizaje fueron asumidos por las familias, estudiantes y docentes, quienes tuvieron que comprar equipos de conexión, pagar el acceso a internet y plataformas; pero son los Estados los que deben asumir los costos de transformación digital, sin privatización.
• ●  Ser accesible para todas y todos significa que todas las barreras que impiden el acceso a este derecho deben ser superadas. Así, la educación superior tiene que ser gratuita y no puede adoptar procesos excluyentes para el ingreso a las universidades, que suelen dejar afuera a los grupos históricamente marginados. Por otra parte, donde la gratuidad de la educación pública superior ya esté garantizada, es imperativo no retroceder justamente porque la gratuidad debe ser progresivamente cumplida para todas las personas. Tampoco pueden haber barreras en términos de infraestructura o de cualquier otra naturaleza, que impidan el acceso de personas con distintas discapacidades o minorías étnicas, migrantes y otros grupos a la enseñanza superior.
• ●  La educación superior ha servido durante siglos para formar grupos sociales dominantes de la población. Urge ampliarla a los sectores históricamente excluidos y con perspectiva intercultural e interseccional. Crear y ampliar políticas de acción afirmativa para garantizar el acceso y políticas intersectoriales para garantizar la permanencia de estos grupos en la educación.
• ●  La educación superior debe de ser un bien común, una inversión que la sociedad hace en colectivo, para generar justicia social y ambiental. Un instrumento habilitador de la realización de los demás derechos. En este sentido, nos preocupa la ofensiva del capital corporativo, muchas veces extranjero, que pretende habilitar al sector empresarial para la titulación en carreras cortas y rápidas y también influenciar los espacios de gobernanza global y de toma de decisión sobre políticas educativas, de manera poco transparente y democrática. Asimismo, nos inquietan los procesos de privatización y comercialización de la educación, que amplifican las desigualdades y segregaciones en los sistemas. Aquí, los Estados tienen un rol fundamental de regular la oferta privada y evitar el endeudamiento de las y los estudiantes y de sus familias, de manera de no seguir arrastrando las falencias de la educación básica.
• ●  Ser aceptable significa que el contenido de la educación superior debe poner el centro de su proyecto político-pedagógico la dignidad humana, el pensamiento crítico, la transformación de las sociedades, la realización de todos los derechos humanos, la paz y la convivencia democrática. En tal sentido, la presencialidad es fundamental para cumplir con el derecho a una educación que enseñe a vivir, convivir, compartir y a crear colectivamente una sociedad de justicia social.
• ●  Ser aceptable significa romper con la lógica del pensamiento único, estandarizado, hegemónico y mantenedor del status quo; significa aceptar y valorar la diversidad, incluso en los procesos evaluativos, que deberían seguir criterios formativos y no únicamente economicistas.
• ●  Significa responder a las expectativas de los sujetos de derechos y de los distintos actores de las comunidades educativas, que deben participar en la gestión de las universidades y en la definición de las políticas educativas. Y garantizar las condiciones para que todas las personas puedan estudiar y seguir la trayectoria de vida que deseen.

• ●  Ser aceptable significa garantizar un ambiente libre de violencia, intimidación, acoso, hostigamiento, amenazas y demás agresiones contra las mujeres, personas LGTBQI+ o cualquier otro grupo, en razón de su participación en la comunidad académica o del ejercicio de actividades. También, libre de violencia contra las instituciones, los laboratorios y las bibliotecas universitarias.
• ●  Las mujeres han tardado seis siglos en acceder a las universidades. Ahora hay que garantizar la ruptura de estereotipos de género y de la cultura patriarcal, de manera que ellas puedan permanecer estudiando en las áreas que deseen, incluso en Ciencias, Matemáticas, Ingeniería y Tecnología (STEM, por sus siglas en inglés) donde siguen poco presentes, y que logren concluir sus cursos elegido, participando en la toma de decisiones.
• ●  Por otro lado, hay que volver a valorar las carreras humanistas, la filosofía, el arte, la música, el deporte porque ellas permiten comprender los procesos históricos, políticos, sociales y proponer alternativas para el desarrollo de las sociedades.
• ●  Ser aceptable es reconocer que la educación superior universitaria debe de tener un compromiso con la enseñanza, con la investigación y con la extensión universitaria. Y garantizar la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, elementos fundamentales para consolidar la democracia, el pluralismo de ideas, el progreso científico y el buen vivir.
• ●  Ser adaptable significa que la educación debe de ser flexible para responder al contexto de cada estudiante, permitiendo que él o ella permanezca estudiando y culmine sus estudios, incluso en contextos de emergencia.
• ●  La democratización de la educación superior implica que actores que tuvieron sus derechos violados en etapas anteriores de su vida estarán en las universidades y otras instituciones de enseñanza superior, y que por lo tanto las escuelas deberán adaptarse para acoger de manera adecuada a este nuevo grupo, brindando asistencia social y emocional cuando sea necesario, y adoptando una cultura de colaboración, en lugar de la cultura de la competición, meritocracia e individualismo.
• ●  Considerando la indivisibilidad e indisociabilidad de los derechos humanos, también será necesario adoptar políticas intersectoriales y interseccionales para prevenir posibles nuevas violaciones de derechos, sea en la presencialidad o en la educación a distancia, y para evitar el desgranamiento que mayormente sucede en los primeros años de la educación.Finalmente, para garantizar la educación superior universitaria y no universitaria como derecho humano, es fundamental asegurar las condiciones para la realización de ese derecho. Urge garantizar buenas condiciones para las y los docentes, incluyendo buenos salarios, infraestructura laboral y libertad de cátedra. Es hora de descolonizar y despatriarcalizar la construcción de los conocimientos, incorporar los saberes y cosmovisiones de los pueblos indígenas, de las y los afrodescendientes, personas migrantes, minorías étnicas, las comunidades LGTBQI+ y otros grupos históricamente excluidos. Es hora de asegurar la libertad académica para proteger la diversidad de métodos, temáticas y fuentes de investigación acordes con las prácticas y reglas internas de cada disciplina.

  Es imperativo asegurar un financiamiento público y adecuado de la educación superior pública y estatal, que garantice el acceso y permanencia de las y los estudiantes, sin recurrir a “soluciones” basadas en los préstamos, que, en largo y mediano plazos, disminuyen los recursos disponibles para la educación debido al servicio de la deuda que deben de pagar los Estados, las y los estudiantes y sus familias individualmente. Para ello, es fundamental adoptar mecanismos de justicia fiscal y de control de la evasión y elusión de impuestos, con miras a disponer de más recursos para la educación.

Asimismo, es urgente garantizar la presencialidad, la territorialidad, y las condiciones para la organización estudiantil y docente, así como la participación de las comunidades educativas en la definición de las políticas, adoptando una gobernanza transparente y democrática, basada en los intereses de la comunidad universitaria en diálogo abierto y permanente con la sociedad. Así, los órganos de gobierno y cogobierno universitario deben transmitir en vivo sus reuniones y dinámicas de toma de decisión para abrir paso a modelos de democracia directa y abierta.

¡La educación superior es un derecho; no es una mercancía! ¡Es imperativo que todos los Estados la asuman como responsabilidad primordial, cumplan con sus obligaciones, y hagan todos los esfuerzos para que ella se realice para todas y todos!