Por: Enrique Carranza
Según un informe del Banco Mundial y UNICEF, una de las principales dificultades que enfrentarán los estudiantes estará en la comprensión lectora
Cuatro de cada cinco estudiantes de sexto grado en América Latina y el Caribe (ALC) no alcanzarán el nivel mínimo de comprensión lectora, prevé un informe publicado esta semana por el Banco Mundial y UNICEF, en colaboración con la UNESCO.
Si bien la región ya se encontraba en una crisis de aprendizaje antes de la pandemia, el covid y su prolongado impacto representó agravamiento sustancial. Esta nueva y alarmante estimación también sugiere que luego de dos años de cierre de escuelas en la región a causa de la COVID-19, los resultados del aprendizaje podrían haber retrocedido más de diez años.
El nuevo informe, “Dos años después: salvando a una generación”, recalcó que estas pérdidas de aprendizaje podrían costar a los alumnos de hoy una reducción en sus ingresos del 12 por ciento a lo largo de su vida.
Los niños de América Latina y el Caribe vivieron algunos de los cierres de escuela más extensos por COVID-19 del mundo. En promedio, desde el comienzo de la pandemia los alumnos de la región perdieron, parcial o completamente, dos tercios de los días de clase presenciales, con una pérdida estimada de 1,5 años de aprendizaje.
“América Latina y el Caribe enfrenta una crisis educativa sin precedentes que podría comprometer el desarrollo futuro de nuestros países”, dijo Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.
“El hecho de que una gran mayoría de los alumnos de sexto grado tal vez no logre comprender lo que leen pone un signo de interrogación sobre el bienestar futuro de millones de niños que aún no desarrollaron competencias fundamentales críticas, algo que eleva el riesgo de profundizar aún más las desigualdades de larga data en la región”, añadió.
Los niños más jóvenes y vulnerables han sido desproporcionadamente afectados por estas pérdidas de aprendizaje, como muestra la evidencia más reciente a lo largo de la región, sentando las bases para una mayor desigualdad y una crisis generacional.
“América Latina y el Caribe ya perdió más de diez años de avances en términos de aprendizaje a causa de los dos años de cierre de escuelas por COVID-19. Y esta catástrofe educativa sigue en marcha, día tras día”, sostuvo Jean Gough, director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe.
Agregó que “Si bien la mayoría de las escuelas de la región ha reabierto, vemos que demasiados niños no han podido regresar a la escuela a tiempo completo, y muchos de los que han regresado están perdidos. En ambos casos no están aprendiendo. Cerrar los ojos ante la crisis educativa más severa jamás enfrentada por la región perjudicará a los jóvenes de hoy y a todos nosotros a largo plazo”.
Por: Nancy Cázares
En el comunicado difundido señalan que si bien la incertidumbre y precarización de docentes de educación privada es común a miles por todo el país, este caso enfatiza el carácter retrógrada de un sistema educativo que «normaliza la estigmatización y nos aleja de una sociedad más justa».
Por medio de un comunicado difundido por el Sindicato 20 de noviembre/Coalición Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Privada, se informó del despido de Galia Domínguez Velázquez, docente en una secundaria privada quien había presentado una denuncia ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) en contra de las autoridades de su escuela. Entonces la docente denunció «discriminación, invalidación e invisibilización de un alumno que pedía respeto a su identidad», así como la censura de contenidos sobre educación sexual integral y diversidad en la materia que impartía.
A través de sus redes sociales, Domínguez Velázquez ya había denunciado previamente el hostigamiento del que era objeto, mismo que iba desde entorpecimiento de su labor docente hasta invisibilización de la misma. En el comunicado difundido señalan que si bien la incertidumbre y precarización de docentes de educación privada es común a miles por todo el país, este caso enfatiza el carácter retrógrada de un sistema educativo que «normaliza la estigmatización y nos aleja de una sociedad más justa».
El despido de Galia Domínguez ha generado indignación entre activistas y colectivos LGBTIQ+, quienes han suscrito con su firma la exigencia de derechos laborales para trabajadores de la educación, así como la exigencia de respeto a los derechos de las infancias y adolescentes.
A continuación reproducimos el Comunicado difundido y algunas de las firmas que se han sumado a esta denuncia:
A los alumnos, alumnas y alumnes que conforman las escuelas privadas;
A los colectivos que luchan día con día por el respeto a la identidad;
A los colectivos de la comunidad LGTBQI+;
A las organizaciones que defienden los derechos de niñas, niños y adolescentes;
A los medios de comunicación;
A los sindicatos independientes;
Por supuesto, a todas, todos y todes los educadores
El pasado viernes 17 de junio del presente año se le notificó a nuestra compañera GALIA DOMÍNGUEZ VELÁZQUEZ, profesora de la asignatura de Formación Cívica y Ética a nivel secundaria en la escuela privada Centro Escolar Lancaster, la decisión de “no renovar” su contrato para el siguiente ciclo escolar.
A pesar de que esta es la situación de miles de profesores que en el ámbito privado son despedidos ciclo escolar tras ciclo escolar, en el caso de la compañera Galia Domínguez, la escuela decidió, después de varios momentos de hostigamiento laboral, anunciarle su despido por haber realizado una denuncia ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) por discriminación, invalidación e invisibilización de un alumno que pedía respeto a su identidad y por censurar los contenidos de la asignatura Formación Cívica y Ética, específicamente los temas relacionados a la diversidad sexual y sexualidad. Es injustificable que una escuela en lugar de dar información y brindar herramientas para la erradicación de la discriminación reproduzca la invisibilización, la falta de diálogo y la hostilidad a la comunidad LGTBQI+. Dejar de señalar estos actos normalizan la estigmatización y nos alejan de una sociedad más justa y con garantía a los derechos fundamentales que históricamente han sido conquistados.
Estas acciones no solamente visibilizan la falta de voluntad para dar herramientas necesarias a la comunidad estudiantil y que puedan ejercer libremente su derecho a la identidad y al libre desarrollo a la personalidad que todo niño, niña y adolescente tiene derecho.
Es por eso que desde el sindicato 20 de noviembre/ Coalición de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Privada nos unimos para denunciar:
a) La situación laboral de miles de docentes que año con año padecen el abuso sistemático a sus derechos más esenciales a un trabajo y a una vida digna.
b) La vulneración que presentan nuestras y nuestros alumnos en sus derechos fundamentales para recibir una formación incluyente, integral y a la altura de las problemáticas contemporáneas.
c) La profunda precarización que viven los profesores en el ámbito de la educación privada, pues muchos de ellos son “despedidos temporalmente” hasta iniciar el ciclo escolar siguiente, bajo contratos simulados que desdibujan la relación laboral más básica: dejando a las y los profesores en una situación de permanente incertidumbre.
En este contexto es que exigimos un alto al despido, por lo demás absurdo e injustificado, por defender los derechos de los estudiantes a su libre identidad.
¡Como profesoras y profesores exigimos respetar y salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a mantener canales de diálogo con la comunidad escolar para atender las necesidades de los adolescentes como una prioridad!
Finalmente, pedimos a la Secretaría de Educación Pública no cerrar los ojos ante estos casos en las escuelas privadas y crear mecanismos que salvaguarden los derechos tanto laborales de los y las profesoras como el bienestar de la comunidad estudiantil.
Los abajo firmantes suscribimos estas demandas:
Movimiento de Izquierda Revolucionaria
Colectivas Las Matrioskas
Red de Psicólogas Feministas-Socialistas
Proyecto DesprincesamiDaniela Lobardo Hijar
Batallones Femeninos (Nosotras en el Hip-Hop)
Hijas de su Maquilera Madre (Colectiva de Ciudad Juárez)
Susana Molina Medina
Siobhan Guerrero Mc Manus
Security For All
Julio César Díaz Calderón
Hola Amigue
Mirel Rangel
Lu Peláez
Mak César
Miguel Torres Caudillo
Juntrans Fest
Coalición Mexicana LGBTTTI +
Colectivo Michoacán es Diversidad
Trensardina
Pablx
Resistencia No Binarix
Andras Hernández
Dra Guadalupe Mauricio Hernández, Investigadora de CINPECER y docente de la UANL.
Escuela para Juventudes Defensoras de Derechos humanos y Cultura de Paz
Christian Hernández Hernández
Eduardo G. Alvarado (ella/elle)
Queer: Jodiendo al género binario
Hans E. Sedella Malpica-Herrera.
Eduardo Ezequiel Sánchez González
Angélica Rodríguez Ortíz
Oaxatrans
Aref Azrael
Candy Castellanos
Josseline Mendoza Aguilar, Orgullo Ecatepec A.C.
Círculo Queer
Centro de Derechos Humanos de las Minorías CEDHUMI
Houston LGBTQ Jewish Caucus
Houston Progressive Caucus
Human Rights Minorities Rights Center
Círculo de Hombres Trans
Movimiento Igualitario LGBTQ
Coordinadora 1° de Diciembre
Yoru Martínez
Marcela Ramón Sala
Mónica Galarza Corona
Montserrat Velásquez
Inés Murga Ayuso
Le Paline
Lisa Sapien
Colectiva Chicatanas
Transformar Trascender
Sunny Xhantall Nuilah
Colectiva Aurora, Colectiva LGBTQ+ de la UAM Cuajimalpa.
Georgina Osnaya Romo
Karina Alvarez Ramirez
Yang Aiyal Arreola Cervantes Serrano
Revolución Iridiscente
Profesora María Cristina Romero Alfonso
Daniela Muñoz Jiménez
Leticia Vázquez Oropeza
Transpsición Podcast
Estrella Núñez
Adrian Kadrit lo
Katia Benjamín Lomelí Garza
Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – Consejo de Mujeres Autónomas (APIIDTT – COMA)
José María Gatica Núñez
Ana Guadalupe Hernández Vilchis
Mónica Carmen Martínez Ruiz
Nahui Sanabria
SaiChaos Romero
Martha Forjas
Raúl Cruz V.
Giovanni Hernández
Asociación para las Infancias Transgénero A.C.
Tania Morales O.
Alexe Chávez
Emi Moreno
Óscar Borja S.
Carlos M. Paredes González
Brianda Rodríguez Romualdo.
Bren Ibáñez
María del Refugio Hernández Rivas
Víctor M. Campos
Lloret Gironés
Leticia Garcés Choussal
Diana Pombo Viaplana
Emilia Moreno Carrillo
Susana Salazar Sanchez
Diana Villegas Langle
Coral Ambrosía Delgado Piñon
Arrecife Arte Trans
Anémona, Infancias y Juventudes Trans
La Societas en Movimiento de la pskykhe Iluminada Veracruz asociación civil
Karina González Aguilera
Oscar Rodríguez Fuentes
Armando Osorio Chulín docente de secundaria en el Estado de México
Wendy Rosaura Cruz de la Rosa
Ulises Piñón
Román Ramírez López
Asociación Civil Trans Oaxaca
Daniel Nizcub Vásquez Cerero
Fernanda Dames
Yuvet Gutiérrez Rodríguez
Alina Fernanda Gómez Rivera
Patricia Melchor Blanco
Adriana Edith Sánchez Cuatianquiz
Paulina Benavides Pacheco
Lucia Martínez Hernández
Drag Queen Story Hour,. Mérida
Diana Fernanda Rubio Rojas
Ana Patricia Vázquez Cárdenas.
Mónica Kuhne Terrazas
Jesús Torres Hernández
Dr. Roberto González Villarreal
Dra. Lucia Rivera Ferreiro
Mtr. Marcelino Guerra
Francisco Oswaldo González Lorenzo
Celina Gómez
Ariel Avalos
Karloz Atl
Paula Delicia Ruiz González
Jessica Estefanía Rubio Pérez
Mario Gutiérrez Castañeda
Blanca Pérez Rodríguez
Araceli Hernández Sabino
Eduardo Ávila
Mónica Alducin
Miguel Ángel Vázquez Cárdenas.
Martha Vázquez Cárdenas.
Charlotte Cruz Delgado
Diana Delegado del Río
Jonathan Javier Nuño Alejandre.
Salvador Martínez Campos.
Belén del Rosario Aguilar Jiménez.
Catalina Juárez Oechler
Miriam Jelinek Mendelsohn
Familias por la Diversidad Sexual
Julia Guadalupe Alba Munguia
Gabriela Tames
Ana Cristina Vazquez Rodriguez
Juliette Greenham
Mónica Carreón M.
Ma. del Carmen Gutiérrez M.
URobin Willow Terrazas G.
Rocio Elizabeth García Gutiérrez.
Mauricio Sosa Ocaña
Jazmín Maricela Venegas Alvarado
Sahidi Luna Villanueva
Catalina González Pérez
Eurany Yamileth Villaseñor Pérez.
Aria De la Serna
Ancy Sofía Florentino Rojas
Angélica Rodríguez Ortíz
Jacobo Espinoza Hilario
Dra Guadalupe Mauricio Hernández. Investigadora de CINPECER y docente de UANL
Gabriela Vázquez Cárdenas.
Etienne Marion Rocha Montoya
Xavie Gálvez
Elsa I. Jiménez
Raúl Alfonso Bañales Aranda
Dario Muñoz Castro
Pablo Nicolás Sergio Hugo
Maroli Marian Rojas Guerrero
Luis Felipe Mendez Santiago
Linda Marlen Mendez Santiago
Margarita Cuéllar Reséndiz
Angel T. Aguilar Gómez
Daniela Camacho Flores
Yara Cassandra Sánchez Pérez
Alondra Díaz Gallegos
Nancy Castilleja Molina
Francisco Javier Solís Mendoza
E. Esmeralda Tafolla Salas
Verónica Vallejo
Joel Ortega Erreguerena
Sayak Valencia
Brenda Arely Hernández Hernández
Ofelia Desiree Arce Aguilar
Miguel Ángel Rodríguez Castillo
Andrade Mejía María Iyali
Elizabeth Figueroa Vargas
Saúl Juárez
Carolina
Abraham García Niño de Rivera
Aline Viridiana Hernández González
Liliana Cid Reyes
Raúl D. Peñaloza Ramírez
Carlos Vázquez Gutiérrez.
Miranda Ramírez
Luis Antonio Lara Rosas
Red Universitaria Anticapitalista
Edgar Francisco González
Salomón Ruiz Andrade
María del Rocío Martínez Martínez Central Campesina Cardenista Estado de México
Fuente de la información e imagen: https://www.laizquierdadiario.mx
La agencia de las Naciones Unidas indicó que una de cada cuatro escuelas es disfuncional
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señaló que una de cada tres escuelas en el país es blanco de actos de violencia, afirmación contenida en un informe que analiza el impacto en el sector educacional de la guerra de pandillas por el control de barrios de la capital, Puerto Príncipe.
“Casi el ocho por ciento de las escuelas evaluadas todavía están ocupadas, en su mayoría, por bandas armadas y familias desplazadas. Debido a la inseguridad, el número de alumnos en las aulas cayó de 270.000 antes de la crisis de seguridad en abril a 218.000 en mayo. Cerca de 55.000 niños no han regresado a la escuela”, señaló el organismo.
La agencia de las Naciones Unidas indicó que una de cada cuatro escuelas es disfuncional y subrayó que en barrios desfavorecidos dos de cada tres escuelas de las 290 centros evaluados sufrieron actos de vandalismo y se perdieron materiales escolares.
Por su parte, el representante de la Unicef en Haití, Bruno Maes, reflexionó sobre “la inseguridad que provocó el cierre de 1.700 escuelas, dejando a 500.000 niños sin educación, y la necesidad urgente de construir más escuelas en el suroeste de Haití”.
Asimismo valoró que las escuelas son templos del conocimiento donde miles de niños construyen su futuro y el de la nación. “Las escuelas no deben bajo ninguna circunstancia ser blanco de violencia o servir de base para grupos armados”, refirió.
La advertencia realizada por el funcionario de la ONU contempló que los niños son más vulnerables y están más expuestos al abuso, la explotación y el reclutamiento por parte de grupos armados cuando se cierran las instancias educativas.
“Es el círculo vicioso de violencia lo que conduce al cierre de escuelas, lo que empuja a los niños a las calles donde son fácilmente reclutados, lo que luego alimenta más violencia”, dijo Bruno Maes.
Fuente de la información e imagen: https://www.telesurtv.net
Por: Nahuel Lag
El 40 por ciento de los análisis en una escuela rural de Baradero dieron positivo de agrotóxicos. Las niñas y una docente tienen el herbicida glifosato en la sangre. Las organizaciones, asambleas y familias exigen que se alejen las fumigaciones a más de 1000 metros y que el Estado realice estudios. El Municipio propone solo 250 metros de protección.
“¿Qué agua tomamos, qué aire respiramos?”, interpela una campaña impulsada por organizaciones socioambientales en el municipio bonaerense de Baradero, localidad de la zona núcleo agropecuaria que no cuenta con legislación para poner límites a la fumigación con agrotóxicos. ¿Tendremos glifosato corriendo por nuestro cuerpo?, se preguntaron. La respuesta llegó con los resultados de las muestras de orina enviadas por la comunidad educativa de una escuela rural a un laboratorio especializado de Mar del Plata: tres de ocho muestras analizadas (un 40 por ciento) dieron positivo a la presencia de glifosato y en una al metabolito AMPA, uno de los principales productos de degradación del herbicida. Los casos positivos fueron de dos niñas de 6 años y una docente.
Mientras la comunidad prueba que los agrotóxicos están circulando en sus cuerpos —decidieron preservar la identidad de las personas de la comunidad educativa a la espera de contar con un informe final más amplio—, la Municipalidad de Baradero lleva dos años de demora en el tratamiento de una ordenanza que ponga límite a las fumigaciones. Las organizaciones locales piden alejarlas a 500 metros de las viviendas y escuelas rurales para aumentarlas progresivamente hasta los 1100 metros, mientras que la Sociedad Rural exige que sean solo 50 metros. El gobierno municipal, a cargo del intendente Esteban Sanzio (Frente de Todos), presentó a principios de junio un proyecto de ordenanza que pone un límite de solo 250 metros, sin progresividad.
La campaña de concientización sobre la presencia de agrotóxicos en el cuerpo, el agua y el suelo de Baradero la llevan adelante la Red Local de Estudios Agroecológicos Baradero-San Pedro (Relea), Acción Ambiental Baradero y Baradero Verde, con el acompañamiento de la Red Federal de Docentes por la Vida. “Los análisis son una foto de la situación, no sabemos si estamos ante cuerpos enfermos o que están enfermando. Lo que necesitamos es un estudio de largo plazo porque tenemos la prueba de que hay tóxicos peligrosos que no deberían estar en el cuerpo”, señala Mauro González, integrante de Relea.
González pone énfasis en la necesidad de un estudio más amplio que las muestras enviadas al laboratorio y costeadas por las organizaciones y vecinos porque la presencia del glifosato habla de la violación a la Ley de Residuos Peligrosos (Nº 24.051). “El glifosato no debería estar presente en sangre y orina de ninguna persona, mucho menos de niños y niñas de edad temprana”, sentenciaron las organizaciones en un comunicado.
En ese tono, la campaña de concientización exige al Municipio de Baradero que tome cartas en el asunto y le recuerdan el artículo 41 de la Constitución Nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
Foto: RELEA Baradero-San Pedro
El glifosato es el herbicida más utilizado por el modelo agropecuario transgénico. En Argentina se estima que se aplican 12 litros de agrotóxicos por habitante por año. La Organización Mundial de la Salud declaró al glifosato “posiblemente cancerígeno” en 2015 y existen más de mil estudios científicos que relacionan el glifosato al cáncer, malformaciones, encefalopatía, autismo y parkinson. Esta semana, la Corte Suprema de Estados Unidos condenó a Bayer-Monsanto, productora del herbicida Roundup a base de glifosato, a pagar una condena de 25 millones a un ciudadano que padeció linfoma de no-Hodgkins (una forma de cáncer) por el uso habitual del agroquímico.
Se trata de un tóxico que no debería estar en el cuerpo de las personas. Sin embargo, las muestras de orina enviadas al laboratorio Farestaie de Mar del Plata arrojó 3,70 microgramos por litro (μg/L) de glifosato en orina y 1,90 (μg/L) de AMPA en un niña de 6 años que asisten a una escuela rural de Baradero. En la misma comunidad educativa otra niña registró 1,20 (μg/L) de glifosato y una docente 1,00 (μg/L). A mediados de 2021, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) publicó la guía Efecto de los Agrotóxicos en la Salud Infantil, en la que repone la bibliográfica sobre usos de agrotóxicos en el país y el perjuicio en la salud infantil de los productos mayormente utilizados en los campos de la Argentina como clorpirifos, atrazina, imidacloprid, 2-4D, paraquat, carbofuran y glifosato.
En los tres casos positivos del muestreo realizado se da la particularidad que las niñas viven en la ruralidad, pero no en un predio donde se produzca con agroquímicos, mientras que la docente vive en el centro de la ciudad y se traslada a la escuela para las horas de clase. “Con estos resultados queda expuesto el debate sobre la deriva de agrotóxicos que para la Sociedad Rural y el discurso de las ‘Buenas Prácticas Agrícolas’ es de solo diez metros”, apunta el integrante de la Relea Baradero-San Pedro. La deriva es la distancia que recorren las partículas de los agroquímicos luego de una pulverización y que no se limita a momento de la aplicación sino que pueden recorrer cientos de kilómetros, por ejemplo, a través del aire cuando se evaporan.
“Las familias que viven en la ruralidad advierten las intoxicaciones agudas, pero no cuentan con información sobre los riesgos de la exposición crónica. A partir de los resultados que obtuvimos aparecen la preocupación y los miedos”, describe González sobre los peligros para la salud que aún pasan desapercibidos. Por eso, la campaña “¿Qué agua tomamos, qué aire respiramos?” impulsa que los análisis sobre la situación sanitaria de Baradero no dependa del esfuerzo de organizaciones sociales que logran juntar el dinero para realizar los estudios.
“No son análisis que para el Estado sean caros. Son estudios que los gobiernos pueden costear, pero no lo quieren hacer porque saben cuál va a ser el resultado. Por eso es la población la que hace la logística y cubrimos los costos. No podemos esperar los tiempos del Estado porque la realidad es que el glifosato está en el cuerpo de las personas”, sentenció el integrante de Relea. Los estudios de orina cuestan 5 mil pesos, mientras que los de sangre completo 20 mil pesos.
La campaña impulsada por las organizaciones socioambientales cuenta con otros dos estudios para exponer la realidad del municipio de la zona núcleo del agronegocio: análisis de suelo y de agua para detectar la presencia de plaguicidas. Una primera serie de muestras fueron enviadas al Centro de Investigaciones Medioambientales de la Universidad Nacional de La Plata (CIMA), que integra el científico Damián Marino; y otra serie será enviada a analizar al INTA Balcarce, donde el análisis lo encabezará la doctora Virginia Aparicio, quien intervino en los análisis requeridos por vecinos y vecinas de Pergamino que lograron un fallo judicial para alejar las fumigaciones. Estos estudios tienen un costo de 10 mil pesos para las organizaciones.
Un informe preliminar del primer estudio realizado en el CIMA detectó 56 plaguicidas y metabolitos de los plaguicidas en agua y tierra. Aunque los primeros análisis encontraron plaguicidas dentro de los parámetros permitidos por los organismos de control estatales, las muestras se encontraban lejos de los campos donde se aplican. “Cuando hablamos de presencia lo que ponemos en discusión es la deriva”, apunta González.
Este tipo de estudios sobre la presencia de plaguicidas que no realizan desde los poderes Ejecutivos ni desde el sistema de salud también fueron impulsados por las comunidades en otras localidades bonaerenses como Lobos, Mar del Plata o Exaltación de la Cruz, pero no en todas se logran traducir en herramientas legislativas locales para proteger la salud y el ambiente, comenzando por poner un límite a las fumigaciones, como ocurrió recientemente en Tandil. En este último municipio bonaerense también se denunció cómo se aplican agrotóxicos sin las recetas agronómicas necesarias, tal como indican las «Buenas Prácticas».
Baradero limita con los partidos Zárate, San Pedro, San Antonio de Areco y Capitán Sarmiento. Solo Zárate y Baradero son los municipios que no cuentan con ninguna legislación que limite el uso de agrotóxicos. La campaña impulsada por la Relea Baradero-San Pedro, Acción Ambiental Baradero y Baradero Verde busca modificar esta situación, por lo que hace dos años propusieron un proyecto de ley que proponía alejar las fumigaciones a 1000 metros de escuelas y zonas urbanas, con una progresividad para llegar a los 2000 metros en seis años. La iniciativa quedó trabada en el tratamiento en comisiones. La respuesta fue la presentación de otra iniciativa por parte de la Sociedad Rural para que el límite sea de solo 50 metros.
El Municipio de Baradero abrió una mesa de negociación y el pasado 14 de junio anunció que enviará una iniciativa con una zona de exclusión de 250 metros para escuelas rurales, sin precisar cuál será la distancia para las zonas urbanas y periurbanas. En los diálogos de la mesa abierta por el municipio, las organizaciones socioambientales propusieron que la norma contempla la progresividad para que, cada tres años, se incremente 300 metros la zona de exclusión y alcanzar los 1100 metros en seis años, algo que por el momento quedó descartado por el Ejecutivo municipal.
“El proyecto aún no está finalizado. Dijeron que nos lo enviarían para evaluarlo y hacer devoluciones, pero aún no lo recibimos”, apuntaron las organizaciones socioambientales. Uno de los argumentos presentados en la mesa de negociación contra la iniciativa original de las organizaciones fue una proyección del INTA-San Pedro que indicaba que el proyecto, al llegar a los 2000 metros de exclusión, afectaría al 28 por ciento del territorio de explotación agrícola del municipio. “Nos tildaron de prohibicionistas, pero nosotros estamos proponiendo producir y hacerlo de forma agroecológica. El Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense cuenta con herramientas formales que fomentan la agroecología”, apuntó el integrante de Relea.
El debate a nivel provincial para actualizar la legislación sobre agrotóxicos y establecer nuevas zonas de exclusión de fumigaciones para proteger la salud y el ambiente continúa demorada. El gobierno de Axel Kicillof suspendió el decreto 246 de la gestión de María Eugenia Vidal, a medida de las pretensiones de los sectores del agronegocio, y creó el Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA) a cargo de proponer una nueva legislación, pero los tiempos corren y no existe una propuesta concreta.
“Desde la OTA reconocen los estudios sobre deriva de agrotóxicos, pero no marcan una posición sobre el metraje para que los municipios lo incorporen a sus ordenanzas e insisten con los Buenas Prácticas Agrícolas. Prevalece las posiciones de Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes) y la Sociedad Rural”, lamenta González.
Fuente de la información e imagen: Agencia Tierra Viva
Marcelo le quitaba la colación a Luis, también le rayaba los cuadernos y lo golpeaba. Un día incluso lo pateó tanto que llegó a casa con mucho dolor y su mamá lo llevó al hospital. Tenía los testículos inflamados. En el colegio internacional de Quito, en donde el chico permaneció desde los 4 hasta los 11 años, pasaron por alto las agresiones. Lo recuerda Sybel Martínez, directora de Rescate Escolar y vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de la capital.
Para que una agresión no sea considerada una simple pelea de niños -anota- debe haber desequilibrio de fuerzas, deseo manifiesto de hacer daño y reiteración en la falta. «Los niños saben lo que hacen, un agresor maltrata a un compañero y sabe que lo hace sentir incómodo, aunque quizá no entiende lo que produce a largo plazo».
En Ecuador, seis de cada 10 estudiantes de entre 11 y 18 años han sido víctimas de al menos un hecho violento. Lo señala el informe ‘Una mirada en profundidad al acoso escolar en Ecuador, violencia entre pares en el sistema educativo’. La investigación se hizo en el 2015, con el aval de Unicef, entre otras ONG y el Ministerio de Educación.
Los adultos, profesores e incluso padres de familia tienden a minimizar los hechos de violencia. Pero la abogada Sybel Martínez, especializada en protección a niños y adolescentes, repite que siempre hay que escuchar a los chicos. Si un niño te cuenta que se siente mal en la escuela, hay que indagar. Pero a veces le responden «¿será que estuviste muy sensible? También les piden arreglar sus asuntos solos.
«Entre niños hay una relación horizontal, en el aula son pares. Si se pasa al dominio y a la sumisión, si uno de los dos se siente más poderoso y actúa como tal se trata de acoso. Y hay que frenarlo. Lo contrario hará que la víctima crea que merezca ser maltratado, humillado. Si los días pasan, se sentirá y será visto como débil ante el grupo. El profesor debe neutralizar esas situaciones».
Lo dice Martínez a menos de un mes del inicio de clases en Sierra y Amazonía, en el ciclo lectivo 2019-2020, este martes 24 de septiembre del 2019. En estas primeras semanas, las maestras y maestros, así como el personal del Departamento de Consejería Estudiantil ya han identificado cómo se comporta cada niño. Les pide creer en ellos. No dudar.
Rescate Escolar,el año lectivo anterior, conoció la historia de una estudiante de 17 años, que se cambió a un colegio religioso de Quito, en el último año, el de la graduación. Era muy bonita y también solía participar en clase y sacar buenas calificaciones. De repente empezó a sentir que les caía mal a sus compañeras, le hacían comentarios groseros. Un día a través de redes sociales empezó a recibir mensajes del tipo ¿por qué no te matas? Una mañana la encerraron en el aula y le dieron un frasco con pastillas. Le pidieron que se las tomara todas. Ella se negó y logró llamar a su madre. Acudió con la Dinapen (Policía especializada en niños y adolescentes). A otra estudiante de un plantel capitalino, también particular, le colocaron la cabeza de una muñeca manchada con pintura. Y una nota: «la próxima serás tú».
Los planteles deben neutralizar situaciones de acoso escolar. Martínez dice que no se puede atacar al problema si no se lo conoce a profundidad. Es la forma de proteger a la víctima, mejorar el clima de la escuela y dar opciones al agresor de cambiar su forma de actuar.
«Mi recomendación para los docentes es que busquen construir escuelas compasivas, que enseñen empatía, alfabetismo emocional y aprecio a la diversidad, a resolver conflictos sin violencia y que pongan freno a la competencia desleal. Los niños son perceptivos, hay que enseñarles a identificar lo que es un maltrato a un compañero, a no ver sin hacer nada».
A las madres y padres de familia de niños que hayan sufrido algún tipo de acoso escolar les pide ir al plantel y no salir de ahí hasta que la maestra o la psicóloga les haya dado una respuesta sobre las acciones que tomarán. Firmar un acta, para registrar su presencia y su queja. Es un primer paso, luego les sugiere llevar escritos con el detalle de lo ocurrido. Si el tema escala, los distritos educativos deben actuar. También las juntas distritales de protección de Derechos.
En Facebook, los padres de familia y maestros pueden buscar El Acoso Escolar Duele – «Grupo Rescate Escolar». También es posible acudir al Consejo de Protección de Derechos, en Twitter (@DerechosQuito), están ubicados en el Pasaje Alejandro Andrade E4-297 y 12 de Octubre, centro norte de Quito. Sus teléfonos 255 4062 y 255 1995. Las direcciones de los distritos educativos las puede ubicar en su sitio web y además puede escribir a sociedad@elcomercio.com
Fuente de la información: https://www.educaccion.ec/el-profe/alumno-acoso-escolar-violencia-bullying.html
Los centros educativos deben tener en consideración los lineamientos generales del proceso educativo, a fin de asegurar la calidad de los servicios dentro de la normativa sobre la materia, según el Código de Protección y Defensa del Consumidor. “El deber de idoneidad que deben cumplir los proveedores de servicios educativos no se limita a una evaluación de la calidad del servicio brindado, sino también al respeto de las normas sectoriales que regulan la materia educativa”, precisa Jairo Salcedo Rojas, asociado de Aramburú, Castañeda, Boero.
Fuente de la Información: https://gestion.pe/economia/empresas/colegios-que-sanciones-pueden-recibir-por-casos-de-bullying-noticia/
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