El 4 de noviembre, el consejero de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, reunió a más de 3.000 directores de centros escolares de Cataluña para anunciarles que el Govern se proponía implantar un plan para endurecer la aplicación de la inmersión lingüística. Adelantándose a la sentencia del Tribunal Supremo, el Gobierno catalán trasladó claras directrices a los responsables de las escuelas con el fin de blindar el modelo de enseñanza monolingüe. Entre ellas, figuraban realizar «observaciones» en el interior de las aulas para detectar a los profesores que emplearan el castellano y el adoctrinamiento de los nuevos docentes para convertirlos en «modelo de lengua catalana», como reveló EL MUNDO.

Confirmó públicamente esas directrices el propio Pere Aragonès cuando, semanas después, y ya con el debate lingüístico inflamado por el acoso a los padres de Canet, comunicó que se multiplicarían las inspecciones en los colegios para controlar la férrea implantación de la inmersión y, por ende, el desacato a la sentencia del Supremo, ya anunciado y fomentado por su consejero de Educación. Y culminó su maniobra el Govern al liderar la manifestación contra el uso del castellano en las escuelas que congregó a 35.000 personas en Barcelona el pasado fin de semana, abundando entre los asistentes cargos públicos de la Generalitat, profesores, miembros de sindicatos educativos de sesgo soberanista y directores de colegios.

Directores alineados con el proyecto lingüístico del Gobierno de la Generalitat, como los que, olvidando su rol institucional, han tenido a bien proferir insultos contras las plataformas que luchan por la ejecución de la sentencia judicial que ordena la impartición de un 25% de castellano en todas las escuelas de Cataluña. «Sois unos payasos» o «¡a cagar!» fueron algunas de las respuestas recibidas por la organización Escuela de Todos, que remitió una carta a todos los directores de colegios catalanes en la que les adjuntaba el fallo del Alto Tribunal y les animaba a modificar el proyecto lingüístico del centro para «adaptarlo al criterio que establece la sentencia», de manera que «todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular de las dos lenguas oficiales, catalán y castellano, en los porcentajes que se determinen, pero que no podrán ser infierores al 25% en ninguna de ellas».

A las dos malsonantes respuestas, remitidas respectivamente por el centro Bertrán, de Sabadell, y la escuela Abat Ruera, de Lérida, se unieron otras como la de la dirección de la escuela Joaquim Gifré, de Gerona, que reconoció a Escuela de Todos que influye en sus alumnos para que «discriminen a grupos organizados como el suyo, para que sigan valores democráticos y europeos modernos». Otras, como la escuela infantil Germanes Bertomeu, de Barcelona, considera que para que su escuela refleje la realidad social y no establezca modelos discriminatorios, como le sugería en su escrito la plataforma por el bilingüismo, deberían hablar «árabe y amazig»; igualando así estas lenguas extranjeras con el idioma común del Estado.

«Dejadnos educar en paz en la lengua propia de nuestro país», rebatió la dirección de la Escola de les Aigües, de Cardedeu, Barcelona, quien acusó a los padres que defienden el derecho de sus hijos a estudiar también en castellano de querer convertir Cataluña en «una colonia sumisa» y alegó que la sentencia que se propone desobedecer «se inspira en principios de regímenes anteriores al del 78 e ignoran la cultura lingüística de los centros educativos de los Países Catalanes».

Fuente: https://www.elmundo.es/cataluna/2021/12/22/61c33633fdddff8c3a8b457a.html