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El Ombudsman de Cumplimiento (CAO, por sus siglas en inglés), mecanismo independiente de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional, concluyó que esta institución del Banco Mundial invirtió millones en estas plantaciones de té sin antes evaluar los riesgos sociales, laborales y ambientales.

«Una investigación del Banco Mundial ha descubierto que la CFI invirtió millones de dólares en plantaciones de té indias sin tener en cuenta las denuncias de abusos a los derechos humanos en el sector», dijo Jessica Evans, investigadora de instituciones financieras internacionales de Human Rights Watch. «La CFI no identificó y abordó los riesgos básicos, incluyendo las condiciones de vida muy inadecuadas para los trabajadores y el trabajo infantil».

Este informe sigue a una investigación de la CAO de diciembre de 2013 que concluye que las deficiencias de la IFC han sido en parte debidas a su cultura de incentivos que miden los resultados en términos financieros, alentando al personal a «pasar por alto, dejar de articular o incluso ocultar posibles problemas y riesgos ambientales”.

En noviembre de 2006, la CFI aprobó una inversión de 7,87 millones de dólares para permitir a Tata Global Beverages transferir la propiedad de sus plantaciones de té a una nueva empresa, Amalgamated Plantations Private Limited (APPL). La IFC debía recibir una participación de 19,9 por ciento en APPL, mientras que Tata Global Beverages mantuvo una participación de 49,6 por ciento. La inversión de la CFI también apoyó un programa para empleados de APPL para comprar acciones de la nueva compañía que también fue denunciada en el informe por presiones a los trabajadores para incurrir en deuda. La CAO dijo que la CFI apoyaba la emisión de más acciones, reduciendo el valor de las acciones de los trabajadores y diluyendo su participación en APPL, sin consultar a los accionistas trabajadores.

“Si bien la CFI ha propuesto programas de alfabetización financiera, entre otras medidas, no hace mención de las preocupaciones planteadas sobre el impacto de su inversión en el valor de las acciones de los trabajadores”, dice el informe.

La CAO también cuestiona que la CFI asignó a sólo especialistas para evaluar los impactos ambientales y sociales, pero no especialistas en derechos sociales, laborales o de derechos humanos.

En respuesta al Ombusman, la gerencia de CFI reconoció estar de acuerdo con muchos de los hallazgos de la CAO. “Estamos de acuerdo en que la CFI necesita identificar y manejar con más cuidado situaciones de vulnerabilidad social y laboral. Esto merece una revisión y una acción más cercanas de nuestra parte. También reconocemos que nosotros no analizamos los riesgos más amplios que plantea el contexto de Assam en el momento de la evaluación. Pero no está de acuerdo con las críticas contra la organización que condujo otra auditoría que no encontró incumplimientos a las condiciones de trabajo. No obstante, la CFI solicitará una opinión de un tercero para garantizar que los salarios mínimos se cumplan en el sector del té”.

Además, la CFI se comprometió a responder a las quejas en temas de salud y seguridad de los trabajadores, incluido el uso de plaguicidas, comprometiendo a la empresa APPL a eliminar completamente los pesticidas altamente peligrosos.