La CRUE señala que si no hay una alternativa al contrato por obra puede ocurrir que a partir de abril «se pare el sistema de ciencia y tecnología»
La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas ha advertido de los impactos negativos que la reforma laboral podría ocasionar en el ámbito de la Investigación, debido sobre todo a la desaparición general del contrato de obra y servicio sin que se ofrezca alternativa en la nueva Ley. Se trata de una forma de amplia utilización en los contratos para investigadores, pues los proyectos científicos suelen tener un carácter temporal prefijado. Estos proyectos, en muchas ocasiones, están sujetos a la entrega de resultados en periodos cortos de tiempo.
El rector de la Universidad de Córdoba y presidente de la CRUE, José Carlos Gómez Villamandos, ha advertido este miércoles que si no hay una alternativa, «a partir de abril vamos a tener un gran problema que puede hacer que se pare el sistema de ciencia y tecnología«. Villamandos ha señalado que esta situación puede afectar a más de 25.000 en toda España, lo que supone «un problema para esas personas y evidentemente para la actividad investigadora».
La aplicación del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo «tendría efectos no deseados para las universidades debido a la desaparición -con carácter general- del contrato de obra o servicio determinado por la nueva redacción del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, al no incluir una alternativa de contratación que dé respuesta a las necesidades el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación», advierte una nota de la CRUE.
Según los rectores españoles, «esta figura es de frecuente utilización en las áreas de la investigación y la transferencia del conocimiento, donde los proyectos científicos a los que concurren los investigadores se desarrollan mayoritariamente en un contexto internacional muy competitivo y de carácter temporal». Por ello, señalan que en la reunión mantenida el pasado martes 12 de enero por los representantes de CRUE con el ministro de Universidades, Joan Subirats, se dio traslado de la preocupación de la comunidad universitaria.
Ahora mismo, con la aplicación de la ley tal y como está, «a partir mes de marzo no podremos contratar a muchas personas que actualmente están realizando esa labor», ha asegurado el rector de la UCO.
«Es profundamente desigual». Con estas palabras resume Juan Manuel Moreno la situación en relación a lo que se conoce como «educación en la sombra», es decir, las clases particulares de toda la vida. Se trata de un negocio que mueve, en España, cientos de millones de euros al año. Y aunque ha ganado transparencia en los últimos años gracias a la aparición en Internet de páginas que define como «el idealista de las clases particulares», es decir, buscadores donde encontrar oferta, así como empresas que gestionan este tipo de servicios, sigue funcionando mucho el boca a boca, la economía sumergida.
Moreno ha utilizado los datos que proporciona la Encuesta de Presupuestos Familiares que elabora el INE para hacer un estudio de la evolución del gasto de las familias en este tipo de servicios desde 2006 hasta 2020. El crecimiento, asegura, ha sido imparable en esos casi 15 años. Ni siquiera en los momentos más complicados de la recesión de 2008-2014 o durante el pasado 2020 con la crisis del coronavirus. Con algunas curiosidades, como el hecho de que sean las clases populares las que han sido más constantes en este tiempo.
El informe Educación en la Sombra en España: Cómo las clases particulares se están convirtiendo en un bien de primera necesidad analiza esta variación en los últimos años en la inversión, así como las razones que la motivan o si se produce más en unos sectores sociales que en otros (ingresos, lugar de residencia…). Deja claro que hace décadas en España este tipo de gasto se realizaba como gasto de lujo y, poco a poco, se está convirtiendo en un básico para un porcentaje alto de las familias.
Por supuesto, el uso de servicios de educación en la sombra (se trata de servicios que van en paralelo al sistema educativo y que, en España al menos, facilitan, no fagocitan al sistema educativo) acaba siendo muy desigual. Es una de las conclusiones importantes del informe. Aunque las familias de los quintiles más bajos de renta han sido fieles a las extraescolares todo este tiempo, con un incremento sostenido en el gasto, son las familias del quintil más alto las que gastan más dinero, hasta cinco veces más que las primeras.
Pérdida de confianza y competitividad
España no es, ni de lejos, uno de los peores ejemplos en cuanto a volumen de educación en la sombra. Más allá de países como Corea del Sur o Japón en donde se calcula que entre el 80 y el 90% de los estudiantes de primaria acuden a clases particulares, existen ejemplos en Europa que también hacen levantar la ceja. En Alemania, por ejemplo, en el año 2000 eran el 27% de los estudiantes utilizaban estos servicios. En 2013 ya suponían el 40%; en Reino Unido, en 2005 eran el 18% y en 2019, el 27%, con un 40% en Londres, según los datos elaborados por un informe del diario The Economist de 2021 en relación a la educación en la sombra de los que se hace eco Moreno.
Para el investigador, es el momento de que se piense seriamente sobre la situación en la que se encuentra el sistema educativo español para evitar, lo antes posible, que este sistema paralelo acabe fagocitando al sistema reglado. Habla de ejemplos, como los asiáticos, en los que los docentes de los centros educativos se guardan los mejores materiales para las clases particulares o las resistencias de docentes de secundaria para cambiara exámenes externos para que no repercuta en sus ingresos por las clases preparatorias. «Nos encontramos lejos de esta situación», insiste, pero por ello es interesante estudiar más a fondo las causas y las posibles soluciones.
Entre las causas, señala la pérdida más o menos paulatina, de confianza de las familias en que el sistema ordinario sea suficiente para alcanzar los logros que esperan de él. Esto ocurre en todo el sistema, en la red pública y privada, aunque los motivos de unos y otros sean más o menos diferentes. Moreno es optimista en cuando a la posibilidad de recuperar esta confianza en la escuela. Sobre todo porque el gasto en educación en la sombra denota las altas expectativas de las familias en relación al proceso educativo, hablan de su preocupación y de hasta qué punto están dispuestas a hacer sacrificios.
Para él, la manera de que la escuela recupere cierta cantidad de confianza de las familias, o al menos no empeore la situación, para por un aumento de la personalización de los aprendizajes. Nombra en el estudio programas como los PROA o ÉXIT (en Cataluña) que se pusieron en marcha tras la aprobación de la LOE. A pesar de que durante el tiempo en el que estuvieron presentes el gasto en clases particulares no disminuyó, Moreno piensa que es posible que dicha inversión hubiera sido todavía mayor si no hubieran existido. Moreno señala las tutorías individualizadas como herramientas interesantes y el papel que jugará el sector online en toda esta situación, principalmente para las familias de menos recursos.
Además de la pérdida de confianza está el aumento de la competitividad en el sistema educativo; mayor en secundaria, cuando hay que enfrentarse, por ejemplo, a la EvAU «y una décima decide», comenta Moreno. «La ventaja competitiva marca la diferencia», insiste, de manera que crece el peso de las academias preparatorias. «Ahora compito con mucha más gente por una misma plaza y ni siquiera la escuela privada puede asegurármela».
Fuente: Informe.
Las familias pobres siempre aguantan
Entre los datos que se destacan en el informe está el hecho de que en los años de la gran recesión entre 2008 y 2014, aunque el gasto en educación en la sombra no para de crecer, lo hace principalmente de manos de las familias de menos ingresos. Moreno confiesa que le sorprendió esta situación. Como también la de que en 2020, durante el confinamiento, fuera precisamente este sector social el que aguantara dicho gasto en clases particulares, frente a unas clases acomodadas que renunciaron a él.
Aunque no hay datos concluyentes y sería necesario aumentar la investigación en este sentido, Moreno aventura algunas hipótesis posibles. En el caso del confinamiento, a pesar de que todas las familias (o la mayor parte) tuvieron que quedarse en casa con sus hijos, el capital cultural de padres y madres pudo influir en la decisión de continuar con las clases particulares para que los hijos no perdieran oportunidades de aprendizaje. Tal vez las familias de mayor capital cultural vieron menos necesario este esfuerzo durante los meses de confinamiento.
En relación a cómo durante la gran recesión también tuvieron importantes cotas de crecimiento y de aguante a pesar de la dificilísima situación económica, cabría destacar el hecho de que en no pocos casos se redujeron gastos como el vestido e incluso la comida, mientras que las clases particulares se mantuvieron o crecieron. Una hipótesis plausible podría ser la de que durante ese tiempo también el abandono escolar temprano sufrió importantes reducciones, con la vuelta de miles de personas a las aulas o su no salida. Es posible que las familias vieran la necesidad de hacer este gasto en unos años en los que el trabajo no cualificado estaba sufriendo importantes reducciones. Aunque para Moreno, esta hipótesis no explica 100% este fenómeno, que califica de contraintuitivo.
El ministro Rosendo Serna dijo mostrarse confiado en que se alcanzará el “100%” de docentes inmunizados contra el coronavirus.
Ante el retorno a clase presenciales y semipresenciales para el 28 de marzo, el ministro de Educación, Rosendo Serna, informó que los estudiantes podrán ser vacunados contra el COVID-19 en sus aulas por personal de las brigadas de salud, a fin de cumplir con meta de inmunización de menores de edad.
Como es público, Gabriela Jiménez, jefa de inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), informó que la vacunación a niños entre 5 y 11 años iniciará este lunes 24 de enero. La inmunización de adolescentes de 12 a 17 años de edad -que también forman parte del grupo de escolares que retornarán a clases- inició en noviembre pasado.
El titular del Ministerio de Educación (Minedu) remarcó que trabaja en coordinación con el sector Salud para el tema de vacunación contra el COVID-19 tanto de docentes como de niños y adolescentes.
“En temas de emergencia y carencias de infraestructura de salud y educación tenemos que hacer el esfuerzo posible. Ahora dentro de este proceso [vacunación] tenemos que facilitar las instituciones educativas a efectos que hagan centro de vacunación. Es más, nosotros pensamos que si no logramos las metas de vacunación antes del 28 de marzo van a hacer las instituciones educativas, las aulas donde llegará el personal de salud a hacer la vacunación masiva”, remarcó.
El ministro de Educación, Rosendo Serna, informó que los estudiantes podrán ser vacunados contra el COVID-19 en sus aulas por personal de las brigadas de salud.
Al ser consultado por la prensa respecto a que si se obligará a los docentes a presentar el carné de vacunación con las tres dosis contra el COVID-19 y si evalúan la obligatoriedad de la inmunización en los menores para el regreso a las aulas respondió: “Aquí hay que ser claros respecto a la vacunación, la norma aprobada por el Ministerio de Salud dice lo siguiente: que para ingresar a una entidad publica hay que tener el carné de vacunación con las dos dosis mínimamente, seguro que en los próximos días se pedirá la tercera dosis, porque es una obligación, una necesidad en caso de emergencia. En ese sentido, se hace extensivo para los maestros”, indicó.
Asimismo, Serna se mostró confiado en que todos los docentes serán inmunizados. “Los maestros para que ingresen al colegio que es una institución pública tienen que mostrar ese carné. Eso quiere decir que ellos deben estar vacunados, ahora en el tema de los maestros y trabajadores administrativos más del 95% ya se ha vacunado en segundas dosis, eso significa que hay un porcentaje menor que hay que convencer que hay que comunicar para que se vacunen también. Los maestros son empáticos y entiende la problemática y vamos a alcanzar el 100% de la vacunación”, indicó Serna.
Los participantes en un debate del órgano de seguridad de la ONU reconocen el papel clave de las mujeres en los procesos de paz y en todos los ámbitos de la vida pública y social. Michelle Bachelet denuncia los abusos contra las mujeres en Afganistán. Un nuevo fondo respaldará a las defensoras de las mujeres en escenarios de conflicto o crisis.
“Las decisiones en materia de paz que no reflejan las voces, realidades y derechos de las mujeres no son sostenibles. Debe haber una defensa clara y una inversión significativa en las mujeres defensoras de los derechos humanos y constructoras de la paz”, afirmó este martes la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En su participación en un debate ministerial abierto del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la violencia contra las mujeres en los procesos de paz y seguridad, Michelle Bachelet llamó a eliminar la brecha digital, ampliar el apoyo financiero y aumentar la rendición de cuentas por ataques e intimidación contra las mujeres.
“El trabajo de abordar la discriminación, la desigualdad, la negación del espacio cívico de las mujeres y la violencia de género también debe ser una prioridad para la construcción de la paz”, recalcó.
Bachelet destacó el papel del Consejo de Seguridad en el esfuerzo de construir la paz por y para las mujeres; sin embargo, subrayó que entre 1992 y 2019, sólo el 13 % de los negociadores, el 6 % de los mediadores y el 6 % de los signatarios de los principales procesos de paz en todo el mundo fueron mujeres.
La pandemia empeora la situación
“Y eso fue antes de que estallara la pandemia y antes de que una ola de conflictos cada vez más intensos, transiciones políticas antidemocráticas y crisis humanitarias desastrosas se apoderaran de muchas sociedades, reduciendo aún más los derechos de las mujeres”, advirtió.
Explicó que la situación a la que ahora se enfrentan las defensoras de los derechos humanos son mucho peores, como lo son las perspectivas de una participación plena, no simbólica, de las mujeres en la configuración y construcción de la paz.
Para ilustrar esta aseveración, citó que sólo el 1% del financiamiento a los países frágiles o afectados por conflictos se destina a las organizaciones de derechos de las mujeres y reportó que en 2020 su Oficina verificó 35 asesinatos de defensoras de los derechos humanos, periodistas y sindicalistas en siete países afectados por conflictos donde se pudieron recuperar datos.
“Este número, que sin duda es un recuento insuficiente, superó las cifras confirmadas de asesinatos en 2018 y 2019”, acotó.
Agregó que también se han documentado patrones de abusos de actores estatales y no estatales contra las defensoras de la igualdad de género y derechos sexuales y reproductivos entre otras causas, asegurando que esos ataques buscan disuadir la participación y liderazgo de las mujeres.
UNICEF/Alessio Romenzi
Mujeres en la clínica Mirza Mohammad Khan, en Afganistán. El centro sanitario cuenta con el apoyo de UNICEF.
Exclusión de las mujeres en Afganistán
Durante su alocución, la Alta Comisionada se refirió al caso de Afganistán, subrayando la exclusión de las mujeres del Gabinete de facto y otros foros clave y advirtiendo que esta supresión socava en gran medida la capacidad de los gobernantes para garantizar un futuro pacífico duradero.
“Las mujeres afganas han sido excluidas de la toma de decisiones que afectan a sus vidas y familias, y se les ha impedido ejercer plenamente su derecho a participar en todas las esferas de la vida cívica y pública”, abundó.
Bachelet también consideró que frente a un desastre humanitario de proporciones sin precedentes, el país necesita que toda su gente se una. “En cambio, la negación de los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas está dañando enormemente la economía y el país en su conjunto”, alertó.
Recordó que en los últimos meses, muchas defensoras de los derechos humanos, periodistas, abogadas y juezas afganas se han visto obligadas a huir o a esconderse, a menudo tras repetidas amenazas.
En este contexto, instó al Consejo de Seguridad a garantizar la rendición de cuentas de los responsables de las violaciones y abusos de los derechos humanos en Afganistán, incluso contra mujeres y niñas, “para permitir las condiciones para una paz sostenible”.
“Pido a todos los Estados que utilicen su influencia con los talibanes para fomentar el respeto de los derechos humanos”, enfatizó.
Solicitó además el establecimiento de vías seguras y programas de reasentamiento para las defensoras de los derechos de las mujeres afganas, al igual que la suspensión inmediata de la deportación de las afganas que buscan protección en otros países.
El caso de Colombia
Bachelet contrapuso la situación en Afganistán con el caso del Acuerdo de Paz de Colombia de 2016, en el que hubo una amplia participación de las mujeres y se incluyeron medidas puntuales de género.
“La Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz también han promovido la participación de las mujeres, y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas ha reconocido el papel fundamental de las mujeres en esa búsqueda”, apuntó.
No obstante, añadió que se deben fortalecer medidas específicas de género en cuestiones como la reforma agraria, la participación política, las garantías de seguridad y otros puntos del acuerdo.
También recomendó mayores esfuerzos para combatir la continua violencia sexual relacionada con el conflicto y para garantizar que las víctimas de esos crímenes sean tratadas con dignidad y tengan acceso a protección, justicia y reparación adecuadas. “Este trabajo servirá a la causa de la justicia y, por lo tanto, a la paz”, concluyó Bachelet.
Misión de Verificación de la ONU en Colombia/Daniel Sandoval
Mujeres colombianas decoran un muro con mensajes de paz.
Objetivo compartido
El debate en el Consejo de Seguridad fue organizado por Noruega, país que ostenta la presidencia del órgano en enero.
La canciller de ese país, Anniken Huitfeldt, resaltó que existen deficiencias persistentes en la creación de entornos seguros y propicios para que las mujeres constructoras de paz y defensoras de los derechos humanos puedan desempeñar su labor e instó a trabajar con miras a alcanzar el objetivo compartido de garantizar la participación plena, equitativa y significativa de las mujeres en todas las etapas de los procesos de paz.
Fondo de apoyo
En el misma línea que el Consejo de Seguridad, ONU Mujeres lanzó hoy el Fondo Humanitario y para la Paz de las Mujeres, que busca acelerar el respaldo a las defensoras de los derechos humanos de las mujeres en la primera línea del conflicto y la crisis.
La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bohous, y la ministra de Relaciones Exteriores de Noruega presentaron el Fondo en un evento virtual en el que definieron dichos recursos como una nueva ventana de financiamiento para las defensoras de derechos humanos que trabajan por la paz inclusiva y la acción humanitaria.
El Fondo es un mecanismo global de financiamiento conjunto flexible y rápido cuya meta es revitalizar la acción y aumentar los recursos para la participación, el liderazgo y el empoderamiento de las mujeres en los procesos de paz y seguridad y en las respuestas humanitarias.
“Constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla»
La iniciativa subida a la plataforma de Participación Popular de la Convención Constitucional lleva por nombre “Estatizar la Educación Pública para la Democratización de la Sociedad” y fue presentada por el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación – SNTE Chile.
La propuesta de Norma N° 31.814 propone en su primer articulado que “La Educación es un derecho social y un deber ineludible e inexcusable del Estado». La cual “constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.» Así también propone que “el Estado asegurará una educación pluralista, inclusiva y diversa, según las necesidades e identidades culturales, productivas, geográficas, territoriales y cosmovisiones de nuestro territorio”.
En palabras de Michael Humaña, presidente del SNTE Chile “Esta propuesta es tarea estratégica para enfrentar a los defensores de la Libertad de Enseñanza y del mercado de la educación consagrado en la falsa libertad de elegir de los padres”. Siendo una de las pocas, sino la única propuesta del mundo social de la educación que rechaza la libertad de enseñanza como pilar constitucional de la educación chilena.
La Iniciativa por la Estatización de la Educación respecto a los objetivos de la nueva educación pública, es clara, según Michael Humaña “La Revuelta Popular nos dejó como primera tarea terminar con los abusos del gran empresariado y el sistema capitalista, por esto entendemos que la nueva Escuela debe tener como objetivo la Democratización plena de la sociedad y la educación es clave para iniciar este proceso”.
En esta línea de ideas la Iniciativa de Norma en su segundo artículo declara: “La Educación será pública, plurinacional, estatal, comunitaria, democrática, pluralista, universal, no sexista, participativa, descolonizadora, inclusiva e integral. Se centrará en el respeto y valoración de los derechos de la Madre Tierra (Ñuke Mapu – Pachamama), preservación y conservación de la biodiversidad, junto con el desarrollo holístico del ser humano, en los marcos de una educación para la democratización, el diálogo intercultural, la equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos, el resguardo a la libertad de cátedra, el reconocimiento de la riqueza pluricultural y multiétnica de nuestros territorios, las formas de vida colectivas y comunitarias de producción e intercambio con la naturaleza y los demás seres humanos; además de la promoción de los principios de respeto a los adultos mayores y la recuperación de sus saberes, junto a la defensa y difusión de las lenguas de las naciones y pueblos indígenas, de su música, danzas, deportes y demás componentes culturales.”
Recordamos que esta propuesta es elaborada por las y los trabajadores de la educación organizados en distintos Sindicatos y Asociaciones de funcionarios, representativas de docentes y asistentes de la educación de varias regiones del país, los que desde el año 2015 se organizan en el SNTE Chile.
El reconocimiento de las y los trabajadores de la educación en la Nueva Constitución asume un rol estratégico para cumplir con las tareas de transformaciones profundas en la educación chilena, para lo cual el Estado deberá resguardar a las y los trabajadores de la educación “un contrato único, estatal e indefinido en todos sus niveles, con una carrera funcionaria que proteja la igualdad salarial y reconozca la experiencia, especialización y capacitación permanente, la cual será responsabilidad del Estado promover y financiar”, así las cosas, será el Estado el responsable de la capacitación y formación continua de docentes y asistentes de la educación.
Otro de los ejes estratégicos de la IPN 31.814 es referente al rol Comunitario de la Educación, devolviendo el poder de la administración educacional a las comunidades educativas, mediante Consejos Escolares Resolutivos y la participación vinculante de la sociedad civil en la construcción de un Proyecto Educativo Plurinacional, mediante un Congreso de Educación Permanente. “El Control Comunitario es pieza clave para lograr proyectos educativos pluralistas e integrales, relacionados con las necesidades y expectativas de desarrollo de cada comunidad, las familias deben tener el deber y el derecho de participar de manera vinculante en los procesos educativos de las Escuelas en cada territorio”, comenta el dirigente.
La Educación Popular y No Formal también están consideradas en la iniciativa, rompiendo con las viejas caricaturas del Estado hegemónico y apostando al desarrollo del Poder Popular Comunitario. La Norma cita en su último artículo: “El Estado, a través del Sistema Plurinacional de Educación Pública, promoverá la creación y organización de programas educativos populares y comunitarios no formales, los cuales podrán recibir aportes del Estado y serán ejecutados por educadores populares, Kimelfes, Amautas tradicionales y organizaciones e instituciones comunitarias como juntas vecinales, clubes deportivos, centros culturales, conservatorios, universidades, asociaciones culturales y deportivas, sindicatos, centros de pensamiento, entre otras organizaciones jurídicas sin fines de lucro”.
Para finalizar la nota, el profesor Michael Humaña, presidente del SNTE Chile hace un llamado a la juventud y a la ciudadanía en su conjunto a “patrocinar y difundir esta Iniciativa Popular de Norma Constitucional para garantizar transformaciones profundas en el sistema educacional chileno, acorde con las demandas y movilizaciones históricas del sector y en consecuencia con los mandatos emanados de la Revuelta Popular iniciada el 18 de octubre de 2019”, junto con el llamado a la participación el profesor Humaña también se manifestó “no es posible democratizar la sociedad con presos políticos, en consecuencia exigimos la Libertad inmediata de todas y todos de los Presos Políticos de la Revuelta Popular”.
El Gobierno federal eliminó o se apresta a hacer desaparecer al menos ocho organismos públicos, algunos autónomos o desconcentrados, que afectan a la población civil o cuya eliminación es contraria a la legislación vigente, de acuerdo con una investigación periodística de Martha Martínez, del diario Reforma.
En todos los casos, el argumento gubernamental es que aplica una política de austeridad.
En los últimos tres años, desapareció el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED), el Consejo de Promoción Turística, la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, Pro México y el Instituto Nacional de Desarrollo Social, donde se incluyen acciones para parar la violencia contra las mujeres.
Además, están en proceso de extinción el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).
La desaparición de estas instituciones implicó la eliminación de algunos servicios que brindaban, sobre todo a la población pobre, vulnerable o específica de mujeres.
Por ejemplo, el INIFED fue sustituido por La Escuela es Nuestra, un programa a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que entrega apoyos de manera directa a padres y madres de familia y directivos de planteles para la construcción, mantenimiento y mejoramiento de las escuelas, eliminando con ello la supervisión técnica y el análisis de la infraestructura a cargo de expertos que el Instituto ofrecía.
Investigaciones de INEGI y otras señalan que al menos 15.000 escuelas en el país carecen de agua y su infraestructura, tras el abandono por la pandemia, se ha deteriorado: ¿quién las reparará?
Otro ejemplo es el Indesol, que fue extinguido por decreto el 31 de diciembre, pero que desde 2019, con la desaparición del Programa de Coinversión Social, dejó de financiar proyectos de las organizaciones de la sociedad civil encaminados a atender problemáticas específicas de la población en situación de vulnerabilidad o el Paimef, recursos para atajar la violencia de género, que oficialmente será absorbido por la Secretaría de Gobernación.
El politólogo Jorge Javier Romero advirtió que la desaparición de organismos especializados afecta a la población más vulnerable.
Agregó que, paradójicamente, este tipo de estrategias son las preferidas del neoliberalismo para recortar y retraer al Estado.
La extinción de organismos tampoco hace al Estado más eficiente, ya que la manera en la que se está dando, deja huecos enormes en las estrategias de atención a problemas específicos que se habían desarrollado a lo largo del tiempo, aun cuando estas necesitaban ajustes, opinó.
«Su idea de un Estado no corrupto y austero lo que está haciendo es que el Estado se retire de ámbitos en los que históricamente había venido desarrollando capacidades de atención de problemas específicos», afirmó.
Para el académico, un ejemplo es el INALI, cuya fusión con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas dejará en el abandono una tarea que requiere de profesionalización y especialización.
Otro caso, agregó, es el recorte de 44 por ciento al presupuesto de ciencia y tecnología, que puede tener efectos negativos de largo plazo para el país. «No están construyendo un Estado más eficiente, porque no se está reformando el Estado con un proceso de profesionalización, se está haciendo igual de arbitrario y con las mismas características del sistema de botín que había caracterizado históricamente la Administración Pública mexicana», añadió.
Donde más se percibe las diferentes asignaciones son en las tareas de casa, en la comunicación sobre temas afectivo-sexuales y en la infancia, en la elección de regalos o prendas
Nos preguntamos si los niños por el hecho de ser niños son más brutos y las niñas más finas. ¿Hay algo biológico en esto o es una cuestión social y educacional? La educadora social en el ámbito de intervención familiar, además de miembro de la consultora especializada en temas de igualdad Geuk,Patricia Cardeñosa, contesta que las personas reproducimos roles, estereotipos, conductas y pensamientos que desde hace siglos se han ido asignando, absorbiendo e interiorizando por hombres y mujeres.
“Podemos decir que el sexo biológico es el conjunto de características anatómicas y fisiológicas que diferencia a los machos de las hembras, es decir, las diferencias sexuales entre varones y mujeres (teniendo en cuenta solo la categoría binaria) son las diferencias basadas en algunas características meramente biológicas”, asegura Cardeñosa y señala que es por eso que, “muchas veces se hace referencia al sexo como biológico, ya que estas características se originan naturalmente, pero son asignadas a un sexo o al otro (binarismo)”. Así que considera que la idea generalizada de niños-brutos y las niñas-finas es únicamente una percepción social y educacional y que los estudios de género así lo muestran.
Prosigue: “El género es la construcción social y cultural que se le da al hecho de ser hombre o mujer definiendo valores, conductas y expectativas propiamente femeninas y masculinas”. Las culturas, las sociedades y los sistemas políticos construyen marcos de referencia en cuanto al conjunto de ideas, creencias, representaciones y atribuciones relativas a la diferencia sexual. Así que la construcción de la identidad de género se basa en una sucesión de estereotipos asignados culturalmente para cada sexo. Es por eso que los atributos de género varían en función de la época y de la cultura en la que nos encontremos. Cardeñosa asegura que hasta el siglo XX no se distinguía la vestimenta de niños y niñas: “Lo habitual era vestir a los bebés con vestidos blancos. Los niños empezaron a usar pantalones y camisas y llevar el pelo corto a partir de los 6 o 7 años, y hasta los años 40 se usaron indistintamente los colores pastel incluidos el rosa y el azul”.
Algunas madres y padres tenemos interiorizado (y no nos damos cuenta) el sistema sexo-género: “Con él asignamos diferentes roles y posiciones y además establecemos normas tanto sociales como legales en función de cada género”. Cardeñosa asegura que las distintas expectativas que ponemos en nuestras hijas e hijos están totalmente ligadas al sistema sexo-género y esto “evidentemente puede condicionar y limitar su desarrollo en el futuro”. Donde más se percibe las diferentes asignaciones niño-niña son en las tareas de casa, en la comunicación sobre temas afectivo-sexuales y en la infancia, en la elección de regalos, prendas o actividades extraescolares.
La experta dice que el sistema sexo-género (con sus estereotipos, opresiones y limitaciones) es una organización dualista y discriminatoria que generalmente se apoya en la vinculación de la mujer con lo natural y biológico en contraposición con el varón relacionado con lo cultural y político. “Esto posiciona a la mujer en una situación de desventaja permanente dado que las mujeres estamos situadas en el hogar, la crianza, el cuidado y ocupándose del ámbito doméstico, mientras que a ellos se les sitúa en la economía, el poder, la política, el conocimiento y se les reconoce en el ámbito público”, asegura. He ahí por qué a las mujeres se nos inculca la finura y a los hombres la brutalidad, dureza y seguridad en sí mismos.
Si bien ninguno de los roles polarizados es bueno, según la agente de igualdad y experta en género María Gijón (creadora de la cuenta @educarsinestereotipos), los que recaen sobre las niñas como es ser cuidadoras, tranquilas o recatadas produce unas desigualdades mayores: “Son mujeres las que sufren violencia machista, las que padecen la pobreza a nivel mundial y las que estamos invisibilizadas en todos los ámbitos”. En los niños los estereotipos y los roles “producen hombres emocionalmente incapaces, con gran presión sobre lo que la sociedad espera de ellos sin poder salirse de la norma y, si se salen, corriendo el riesgo de sufrir violencia”, afirma.
Educar a los niños como fieras esconde “hacerles creer que tienen más derecho al espacio que las niñas tanto físico como a la hora de expresar su opinión”, dice María Gijón. Interiorizan que el espacio público es suyo. “Ellos importan porque son fuertes, sus cosas valen más que las de las niñas y, por tanto, todo lo que se parece a algo de niña tiene menos valor”. Gijón considera que esto a los niños les hace crecer ocultando lo que parece femenino como los afectos: “No desarrollan la empatía de igual forma ni saben expresar sentimientos”. He ahí que los hombres adultos sean incapaces de llorar, expresar sobre sus emociones o pedir ayuda.
Con las niñas ocurre al contrario, señala la experta en género, crecen pensando que los demás son lo importante, que hay que cuidar al resto y desarrollan su empatía pero supeditándose muchas veces a los demás. “Interiorizan que el espacio privado es lo suyo, no deben molestar ni importunar a los demás, y, por tanto, se identifican con roles cuidadores que, además, o no son retribuidos o lo son en una cuantía mucho menor que los roles productivos con lo que se identifican los niños”. Tanto para María Gijón como para Patricia Cardeñosa si no rompemos con los estereotipos seguiremos perpetuando las desigualdades de género de adultos.
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