Europa/España/16 de agosto de 2016/ Fuente: elmundo

Restringe las reducciones horarias a las organizaciones que apuestan por la liberación parcial

Esta discriminación motivó ya en 2011 una sentencia que condenó a la Junta.

La Junta de Andalucía prefiere los modelos clásicos de representación sindical, con liberados que se dedican exclusivamente a las tareas vinculadas al sindicato. Pero, al menos en el ámbito educativo, hay ya dos organizaciones que rechazan por principio ese modelo y apuestan por que sus representantes sindicales sigan en contacto con las aulas, para evitar que la labor de representación se convierta en un privilegio y se pierda conexión con el mundo real. Ésa es al menos la apuesta de APIA y PIENSA que, sin embargo, se han visto ‘castigadas’ por la administración precisamente por negarse a liberar de manera total a sus representantes.

«La Consejería de Educación ha decidido incrementar las horas de reducción a aquellos sindicatos que se acogen a un modelo de liberación total. El incremento es de un 33 por 100 más o menos. En cambio, a los sindicatos que optan por la liberación parcial (APIA y PIENSA) no les ofrece absolutamente ningún incremento», explica esta última organización a EL MUNDO.

Ese trato discriminatorio motivó ya en 2011 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en favor del sindicato APIA. La Consejería recurrió y el Tribunal Supremo ratificó la sentencia. En ambos casos con expresa condena en costas a la administración, recuerda PIENSA.

El procedimiento se había iniciado en 2006. «Es decir, tuvieron que pasar 7 años para que se hiciera justicia creando un perjuicio irreparable», añaden.

PIENSA, por su parte, exige ahora lo mismo que planteó APIA en 2006 y que es res iudicata, ‘cosa juzgada’. La solicitud fue presentada el pasado mes de febrero. Pero la dirección general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación ya les ha hecho llegar su negativa a admitir su reclamación, negando por un lado que exista tal discriminación (cosa que los tribunales ya sentenciaron) y, argumentando que la liberación total resulta «más cómoda» para la administración en lo que afecta a la organización de las plantillas de los centros.

Por contra, el sindicato responde a la administración que actualmente existen muchas fórmulas para todo el profesorado que implican reducción de jornada (que son equivalentes a la liberación parcial): «En consecuencia, es absurdo negar a un sindicato un trato análogo sobre esta base».

Por otro lado, PIENSA sostiene que «el modelo de reducción que aparece en Ley Orgánica de Libertad Sindical como natural es el de la reducción parcial. La posibilidad de acumular los créditos en una liberación total tiene un carácter contingente y subsidiario. Si hay algo que no necesita ser incentivado es la liberación total, precisamente por la ‘comodidad’ que supone para los liberados sindicales y sus sindicatos».

El sindicato PIENSA ha interpuesto ante la Consejería de Educación una demanda por vulneración de derechos fundamentales. De momento, los servicios jurídicos de la administración consideran que la Consejería no es competente y que ese tipo de demandas deben plantearse ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El sindicato teme que se trate de una maniobra dilatoria que conseguirá de nuevo retrasar varios años el reconocimiento de una situación de discriminación, que perjudica a los representantes de los trabajadores y sobre la que la Justicia ya había resuelto.

Fuente: http://www.elmundo.es/andalucia/2016/08/16/57b1e572268e3e271d8b45ec.html

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