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Alrededor de 300.000 mujeres mueren a consecuencia de embarazos y multitud de personas sufren de enfermedades crónicas u olvidadas que podrían ser eliminadas.

Según la OMS, los países en desarrollo acogen a un 93% de los enfermos del planeta, teniendo solo un 18% de los ingresos y con el 11% del gasto sanitario. Pero las ONG y la sociedad civil alertan que el problema de acceso a los medicamentos afecta ya a todo el mundo y que si no se cambia el modelo de innovación médica muy pronto no se podrá garantizar el derecho fundamental de la salud en todo el mundo.

Los pacientes y los contribuyentes de decenas de países –ricos, emergentes y pobres– se preguntan si se desarrollarán los medicamentos que necesitan y de dónde saldrá el dinero para costearlos.

En los últimos años hemos sido testigos de cómo pacientes y sistemas públicos de salud de países desarrollados sufren para pagar facturas de cientos de millones de euros por nuevos medicamentos para la hepatitis C o el cáncer.

El alto coste de estos tratamientos, junto con la resistencia a los antibióticos, la escasa investigación desarrollada para generar nuevos o las peticiones de los pacientes con enfermedades raras, han puesto de manifiesto que se trata de un problema mundial y de carácter sistémico.

Esta situación se agrava en los países en desarrollo dadas sus severas carencias en los sistemas sanitarios, gobiernos e infraestructuras.

No solo se enfrentan a la dificultad de pagar el precio de los tratamientos: la falta de infraestructura hace imposible llegar a los pacientes; la escasez de agua potable, tomarlas; la falta de cadena de frío, conservar las vacunas; la inexistencia de dosis pediátricas adaptadas, administrarlas, y la carencia de beneficio para la industria, el desarrollo de soluciones para las enfermedades olvidadas causantes de la muerte de 8.000 personas al día.

Pero ¿en qué medida este problema y su solución son directamente atribuibles a la industria farmacéutica? El sector farmacéutico se mueve en el ámbito empresarial y, como cualquier compañía, realiza su actividad con una finalidad lucrativa.

Dada la naturaleza específica de este sector, este beneficio debe ser “responsable”. Y ahí radica el quid de la cuestión. ¿Se puede determinar un “beneficio adecuado”? ¿Cómo se incentiva la innovación, y por ende el riesgo en el que incurre la industria, sin el estimulo de los beneficios?

Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial, declaraba recientemente que “el actual modelo de investigación no está dando respuesta a las necesidades de la población. Estamos protegiendo las patentes tan férreamente que estamos poniendo precio a la vida”.

Pero ¿puede la industria farmacéutica sobrevivir y tener beneficio para seguir investigando y distribuyendo los medicamentos sin la protección de las patentes? El profesor Nicholas Capaldi, en su tesis Corporate Social Responsibility and Business Ethics in the Pharmaceutical Industry, se pregunta: “¿Le pedimos a la industria armamentística asumir el coste de atacar al terrorismo igual que le pedimos a la industria farmacéutica subsidiar el coste de atajar las epidemias?”.

Cambio sistémico de modelo de investigación

Según las principales ONG involucradas en luchar por el acceso generalizado a los medicamentos, como Salud por Derecho, IS Global o Médicos sin Fronteras, el problema no radica solo en el acceso o en el aumento de la cobertura, sino en la reforma del actual sistema de investigación biomédica.

Para estas organizaciones, el sistema actual de innovación tiene algunas características que dificultan la falta de acceso:

• El sistema de patentes.

• La falta de transparencia en la investigación.

• Un sistema de fijación de precios poco transparente.

Según Vanessa López, directora general de Salud por Derecho, existen numerosas disfunciones del sistema que generan: altos precios de los fármacos; que no se desarrollen las medicinas que la población necesita; el uso ineficiente de los recursos, sobre todo de investigación, y el poco valor terapéutico de los nuevos fármacos.

“El sistema de patentes actual sobre el que se sostiene la industria corre el riesgo de convertirse en una amenaza para el acceso a la salud global”, advierte Gonzalo Fanjul, director de análisis de IS Global.

Por ello, las propuestas de las ONG para atajar este problema se centran entres soluciones principales:

• Impulsar la transparencia en el sistema para garantizar un debate público informado.

• La inclusión de criterios de interés general en las ayudas públicas.

• La promoción de nuevos modelos de innovación que no dependan exclusivamente de las patentes como incentivo a la innovación.

Estas se recogen en el manifiesto de la campaña No es sano, una iniciativa coral de estas organizaciones, que lucha para defender y promover el acceso universal a los medicamentos como parte indispensable del derecho a la salud, lanzada hace un año en España.

Las principales ONG reconocen el legítimo derecho de las compañías farmacéuticas a un beneficio razonable por su actividad.

Su propuesta se centra en separar el modelo de innovación del precio de los productos y financiar la innovación con incentivos distintos a los actuales,cuestionando que la recuperación del coste se base en el monopolio.

“Como la patronal farmacéutica expresa en público –señala Vanessa López–, parece que el sector está preocupado por ‘triangular innovación, acceso y sostenibilidad’; sin embargo, esta es una tarea imposible a menos que se introduzca en la ecuación modelos alternativos a los actuales para reconducir la innovación de medicamentos hacia áreas de mayor relevancia para la salud pública y desarrollar tecnologías sanitarias asequibles”.

Pero ¿puede la industria farmacéutica obtener un “beneficio razonable” si se sustituye el actual modelo? La primera discrepancia surge en relación con el coste y sobre quién financia actualmente la investigación farmacéutica. Según una reciente campaña de Pfizer en Reino Unido, crear un medicamento cuesta 1.300 millones de euros.

La respuesta de las ONG no se ha hecho esperar; Médicos sin Fronteras ha lanzado una contracampaña argumentando que el coste real se sitúa en los 150 millones de euros. La diferencia en las cifras se encuentra en los distintos criterios de imputación de costes.

Según las ONG, gran parte del gasto de investigación se financia con dinero público a través de universidades y gobiernos, sin repercutir el coste a la industria.

La segunda discrepancia surge en relación con el monopolio garantizado por las patentes. Según las ONG, la industria farmacéutica es la más rentable del mundo, debido a su protección por las patentes y su falta de transparencia a la hora de negociar el precio de los fármacos.

Según la industria, el modelo actual de patentes se puede revisar y mejorar, pero es necesario para incentivar la investigación, producción y distribución de medicamentos esenciales.

Como señala José Zamariego, director de la Unidad de Supervisión Deontológica de Farmaindustria: “Se puede abrir un debate sobre las patentes, qué aportan y si habría que mejorarlas premiando mejor a quien consigue introducir un medicamento innovador en el mercado. Pero la sociedad tiene que ser consciente de que la investigación y el medicamento son cada vez más complejos y tienen que ser retribuidos”.

“El incentivo, bien gestionado, tiene consecuencias positivas en la sociedad. No se puede estigmatizar la patente; este concepto es fundamental porque remunera y estimula la innovación. Desarrollar un medicamento es costoso, largo y de alto riesgo”, concluye.

La industria farmacéutica sí responde

Un estudio realizado por la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica (IFPMA) y validado por el Centro de Salud y Cuidados de la London School of Economics en 2013 muestra la contribución total de la industria en los últimos cinco años.

Desde que se lanzara por Naciones Unidas la campaña para la consecución de los Objetivos del Milenio, las 126 alianzas creadas por los departamentos de I+D de las principales empresas farmacéuticas han prestado asistencia sanitaria a 539 millones de personas o, lo que es lo mismo, más de dos tercios de la población de los países subsaharianos.

En este periodo la industria ha proporcionado medicinas, vacunas, equipos, educación en salud y mano de obra por un valor estimado de 4.300 millones de dólares. Esta cifra supera a toda la ayuda oficial al desarrollo de Canadá durante el año 2004 o la de Holanda, y es tres veces mayor que la de Suiza. Y mucho más alta que el presupuesto conjunto de las principales ONG que trabajan en este campo.

En enero del 2012, trece empresas farmacéuticas, los gobiernos de UK, US y Emiratos Árabes, la Bill & Melinda Gates Foundation y el Banco Mundial anunciaban la donación durante la próxima década de 14.000 millones de tratamientos para diez enfermedades tropicales olvidadas, equivalente a 1.400 millones por año.

Este grupo confirmó también que mantendrán o expandirán los actuales programas de donación, compartirán conocimiento y componentes para acelerar la investigación y proveerán más de 785 millones de dólares para investigación, desarrollo de la distribución y programas de implementación.

Solo MSD ha donado desde 1987 más de 2.000 millones de tratamientos de Mectizan para ayudar a erradicar la ceguera del río, y acaba de anunciar la donación de un millón de dólares para realizar la verificación de su erradicación en África.

Los esfuerzos de las veinte principales farmacéuticas para responder a este desafío están siendo monitoreadas desde hace casi diez años por la Fundación Access to Medicine Index, con su índice de acceso a medicamentos.

El índice está especialmente diseñado para fomentar el desarrollo de estrategias por parte de la industria farmacéutica para incrementar el acceso a este derecho universal.

Lo hace a través de, por un lado, poner en valor los esfuerzos que se están haciendo y, por otro, compartir conocimiento entre la industria de las distintas estrategias y sus avances, para comunicar buenas prácticas e impulsar la industria en su conjunto.

El índice publica cada dos años un ranking de las veinte empresas farmacéuticas más grandes del mundo, midiendo el compromiso, la transparencia, la actuación e innovación en siete áreas técnicas que consideran como esenciales para impulsar el acceso a los medicamentos: gestión empresarial y estrategias de acceso, política pública e influencia en el mercado, investigación y desarrollo, política de precios, producción y distribución, gestión de patentes y políticas de licencias, mejora de las capacidades locales y donación y filantropía.

Con GlaxoSmithKline (GSK) a la cabeza del ranking de 2014, seguida de Novo Nordisk, Johnson & Johnson, Novartis, Gilead Sciences y Merck, el índice señala que estos líderes tienen importantes proyectos de investigación, estrategias de precios focalizadas en los más desfavorecidos y gestionan cada vez más la propiedad intelectual de manera que estimule la competencia.

Según el informe, hay tres áreas con importantes avances: cada vez más compañías están experimentando con nuevos modelos de negocio enfocados a mejorar el acceso; se está incrementando el número de licencias concedidas para la fabricación de genéricos, y las empresas han mejorado el control interno sobre sus actividades y políticas para facilitar el acceso a los medicamentos.

Sin embargo no han avanzado igual en todas las áreas. El informe advierte quela industria sigue siendo muy conservadora en la gestión de patentes, y todas las compañías, exceptuando a dos, Gilead y Abbvie, han tenido casos relacionados con marketing no ético, soborno o corrupción en los dos últimos años.

La mayoría de las estrategias se focalizan en la falta de acceso en los países menos desarrollados, ya que es donde hasta ahora se había puesto el foco en este problema. Pero con la llegada del problema a los países desarrollados la industria tendrá que volver a repensar sus políticas y estrategias para incorporar el creciente coste de los fármacos en todo el mundo.

El acceso a los medicamentos en España

El precio de los medicamentos también es una variable de acceso importante en España. Según la campaña No es sano, en España 2,4 millones de ciudadanos tuvieron que interrumpir el año pasado al menos uno de sus tratamientos a causa del precio de los medicamentos y el 19% de los médicos de familia afirma que tuvo que cambiar sus prácticas de prescripción a causa de los problemas de sus pacientes para pagarlos.

El caso de la hepatitis C ha puesto de manifiesto además el problema de coste para el sistema sanitario de ciertos tratamientos. Según Elena Villanueva, de IS Global, se estima que unas 700.000 personas en España padecen hepatitis C, de las cuales unas 50.000 se encuentran en la fase avanzada de la enfermedad.

Las autoridades sanitarias establecieron inicialmente un presupuesto de 125 millones de euros para la compra del fármaco que cura la enfermedad en tasas superiores al 90% de los casos, Sovaldi (Sofosbuvir), a un precio estimado (el Ministerio de Sanidad no ha dado números oficiales) de 25.000 euros por cada tratamiento de tres meses.

Esta cantidad permitiría tratar a 5.000 pacientes durante el 2015, una cifra muy por debajo de las necesidades reales. Las asociaciones de pacientes en movilizaciones por todo el país, lograron que el Gobierno español se comprometiera a poner en marcha un plan nacional sobre hepatitis C por el que 11.000 pacientes adicionales accedieron al tratamiento durante ese año. En septiembre de 2015 ya se contabilizaban 30.000 pacientes tratados con Sovaldi.

Un gran logro pero todavía muy lejano de los 700.00 que lo necesitan.

Además, el Estado de las Autonomías hace que la existencia de 17 servicios de salud distintos provoque importantes desequilibrios. Cuando la AEMPS (Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios) aprueba un medicamento debería estar disponible en las farmacias de todos los hospitales de España, pero la realidad es muy distinta.

Entre los trámites de las comunidades autónomas y los de las farmacias de hospitales, pasan muchos meses hasta que finalmente llegan al paciente, dependiendo del lugar donde viva. “El paciente no alcanza a entender el porqué de la inequidad en función de dónde se viva, la comunidad, la ciudad o incluso el hospital donde se trate”, explica la secretaria de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Esther Sabando.

Según un estudio presentado a finales del 2015 por la Sociedad Española de Oncología Médica, no se cumple el principio de equidad en el acceso a fármacos en los distintos centros de oncología de las 17 comunidades autónomas.

Una vez que un medicamento se aprueba por las agencias oficiales, debe fijarse el precio de reembolso; un proceso que varía en tiempo de espera dependiendo de las autonomías y de los propios centros hospitalarios. En un cómputo general, el rango de meses que transcurren desde la aprobación hasta la primera prescripción de los fármacos analizados muestra una variabilidad desde cero hasta 74 meses, con una media de 24.

Además, cada hospital español decide basándose en sus presupuestos si puede afrontar el coste de un fármaco y negocia individualmente con la industria el precio, con lo que el acceso depende de la capacidad de negociación y de gestión del presupuesto del hospital que tengas asignado por la Seguridad Social.

Estrategia de negocio de las farmacéuticas

Las empresas farmacéuticas ya reconocen el acceso a los medicamentos como un área clave en su estrategia y lo están gestionándolo como tal. Para ello, tiene que estar muy presente en la agenda de la alta dirección con una clara estrategia a medio y largo plazo, supervisado por sus órganos de dirección, e incluido en sus programas de incentivos.

Continuando con el Access to Medicine Index, por primera vez todas las empresas han establecido alguna forma de supervisión de esta cuestión por parte del consejo de administración y algunas tienen comités específicos para impulsarlo.

Es muy llamativo que siete de las principales empresas farmacéuticas liguen los incentivos de la alta dirección a la consecución de objetivos de acceso.

Además, algunas de las empresas han establecido unidades de negocio para este segmento y están en coordinación con los principales grupos de interés.

También el número de estrategias empresariales abordando este problema está creciendo. Es dudoso que las empresas farmacéuticas vayan a invertir grandes sumas en este tema si solo vieran un coste y no percibieran la posibilidad de un beneficio a largo plazo.

Por eso, como ocurre en otros sectores, los negocios en la base de la pirámide(negocios para proveer productos adecuados a las necesidades del segmento más bajo de la pirámide económica con ingresos inferiores a cuatro dólares al día) se están consolidando como una de las estrategias más sostenibles para involucrar al sector privado en la lucha contra los problemas sociales.

Un buen ejemplo en este sentido lo representa Novartis, que ha creado una división específica, Social Business Group, y lanzado el programa Familia saludable. El programa nació en la India en 2007, se extendió en 2012 a Kenia y Vietnam y actualmente cuenta con tres pilotos en Indonesia.

Para ello, Novartis ha establecido un grupo de Health Educators (educadores en salud) cuya misión es recorrer las zonas rurales de la India educando en nutrición, enfermedades infecciosas, alergias o tuberculosis.

Muchos de estos educadores son mujeres, favoreciendo también su empoderamiento. Además, ha creado Health Camps con médicos procedentes de la ciudad para hacer diagnosis una vez al mes en las zonas rurales.

Otra de las claves de éxito es que los productos estén disponibles en las zonas más remotas y alejadas de los centros urbanos. Para ello la farmacéutica ha desarrollado acuerdos con su red de distribuidores habitual para que extiendan su radio de cobertura a las zonas rurales a través de vendedores locales. Además, los medicamentos tienen que ser extremadamente asequibles.

En este sentido, Novartis ha ajustado precios y creado versiones con menor número de unidades para acomodar el flujo de caja de los clientes a la vez que incrementa el seguimiento y la educación en la importancia de terminar los tratamientos.

Según la empresa, el programa ha educado en salud a más de 4,5 millones de personas de zonas rurales en 2013, y más de 230.000 han sido diagnosticadas en los campos de salud. Los productos distribuidos incluyen una amplia gama de medicinas esenciales.

El programa comenzó a ser financieramente viable a los treinta meses de su lanzamiento. Esta estrategia, que está siendo exitosa en muchas otras industrias, podría constituir una buena opción para incrementar el acceso en las zonas más remotas de forma sostenible y rentable.

Estrategia de precios de los medicamentos

Uno de los factores clave del acceso es la capacidad de pago de los pacientes. Por mucho que el medicamento esté disponible, si los pacientes no lo pueden pagar no sirve de nada.

Para facilitar la asequibilidad de los medicamentos, las empresas farmacéuticas están diseñando estrategias para hacer sus productos más accesibles a los más desfavorecidos, predominando la diferenciación de precios para los segmentos o países más pobres.

El informe destaca algunos ejemplos, como Merck & Co, que ofrece a pacientes sin cobertura de salud en once localidades indias un precio más bajo unido a un crédito sin interés para la compra de su tratamiento contra la hepatitis.

GSK, por su parte, ha lanzado un microseguro de salud por un dólar al mes.Para favorecer su adopción, este se puede adquirir y mantener con ingresos continuos en el teléfono a lo largo del mes. Los pacientes pueden ir pagando el precio del seguro diariamente según van teniendo excedentes.

Entre otras políticas, Novo Nordisk ha lanzado dosis únicas de insulina; Merck, pastillas masticables que no requieren agua y son más baratas de producir, y Bayer un sistema de precios diferencial basado en variables de segmentación.

Patentes, el gran reto pendiente

Pero el hueso más duro de roer es el uso de patentes. Y en este punto es donde menos avances se han producido a pesar de la presión social. Las empresas farmacéuticas, en general, siguen sin publicar el estado actual de sus patentes: dónde están activas y cuándo caducan.

Esta información es clave para la introducción de los genéricos, y según el índice, ninguna empresa farmacéutica ha publicado información referente al estado de sus patentes en el periodo de estudio.

Además, están ejerciendo grandes presiones para la aplicación de tratados de comercio restrictivos como el TPP (Trans-Pacific Partnership) o para la regulación en la introducción de genéricos en determinados países, especialmente la India, que por su política de genéricos se ha convertido en “la farmacia de los países en desarrollo”.

Sin embargo, según el índice, sí se han producido avances muy relevantes en la concesión de licencias en determinados territorios.

Ocho empresas de las 16 que pueden legalmente proporcionar la información, han otorgado licencias para las enfermedades consideradas en el estudio, habiendo evidencia de 250 licencias.

Cada vez proporcionan más información pública sobre las licencias e incluyen cláusulas que fomentan el acceso. Aunque la amplia mayoría de las licencias son para los antirretrovirales, se están haciendo avances para expandir las licencias a otras enfermedades como la hepatitis C o el cytomegalovirus.

Las compañías líderes en este punto –según el índice–, Gilead y GSK, muestraninnovación, apertura y un modelo más abierto para la gestión de la propiedad intelectual; si ellas pueden, el resto más pronto o más tarde les seguirán.

Ambas empresas tienen patentes en algunas de las enfermedades clave y ambas han concedido voluntariamente licencias para facilitar la producción de genéricos en un gran porcentaje de ellas, teniendo acuerdos que cubren amplios territorios y alto grado de flexibilidad en las licencias. Por otro lado, no hay que olvidar que, según la OMS, el 96% de las “medicinas esenciales” (necesarias para satisfacer las necesidades prioritarias en países en desarrollo), están ya fuera de la protección de la patente.

Es muy difícil generar un cambio que afecte a los fundamentos de la industria. Aun así, el sector reconoce que debe aceptar un límite razonable a las patentes. Su razón de ser está en el fomento de la investigación, pero los monopolios a largo plazo van en detrimento de la innovación. Están de acuerdo en abrir la discusión, pero siempre con la premisa de compensar el riesgo en el que están incurriendo.

La clave se encuentra en mantener un diálogo claro y constructivo entre todos los actores sobre los límites económicos y técnicos de las patentes, teniendo en cuenta las diferencias entre las distintas industrias y la realidad económica. Como dice Óscar Fernández-Capetillo, director de innovación CNIO: “Sería importante definir marcos de coexistencia que además sean lucrativos para todos”.

¿De verdad otro modelo es viable?

Hasta ahora, los intentos por desarrollar un modelo alternativo al actual han sido infructuosos.

En el año 2000, Victoria Hale, que había trabajado como investigadora farmacéutica para la Food and Drug Administration y para el gigante de la biotecnología Genentech, decidió crear el Institute OneWorld Health, la primera compañía farmacéutica no lucrativa en los Estados Unidos.

“Las compañías farmacéuticas miden sus resultados en términos de beneficios, nuestra idea es poner en marcha una compañía que mida su éxito por el número de vidas salvadas y de enfermedades curadas”, declaraba Victoria.

Han transcurrido quince años y OneWorld Health no ha logrado consolidarse como empresa farmacéutica y se ha convertido en el brazo para el desarrollo de medicamentos de PATH, organización no lucrativa líder en innovación en el terreno de salud.

Años más tarde, en 2009, se lanzó Medicines360, una compañía farmacéutica no lucrativa con la misión de extender el acceso a las medicinas a todas las mujeres, independientemente de su estatus o situación geográfica. De momento han conseguido desarrollar y patentar un tratamiento contraceptivo hormonal que se está distribuyendo con éxito en África.

Existen otras iniciativas similares que persiguen la misma loable intención, pero lo cierto es que a día de hoy no se ha logrado consolidar un modelo viable fuera del sistema de patentes.

Si se quiere solucionar el problema puntual de la falta de agua potable de una aldea en África, un proyecto de una ONG podría ser la solución. Igualmente, si lo que se pretende es incrementar los niveles de escolarización de una comunidad específica en Latinoamérica, un programa de becas y desarrollo económico financiado por una fundación puede ser la respuesta más adecuada.

Pero el desafío actual no se encuentra en solucionar casos aislados, siempre urgentes y necesarios, sino en desarrollar modelos y estructuras que sean capaces de incidir en varios frentes al mismo tiempo y generar un cambio sistémico; por utilizar los ejemplos anteriores, de ofrecer una respuesta económicamente viable al problema de la carencia de acceso al agua potable de miles de millones de personas o a la falta de escolarización de millones de niños en las poblaciones del tercer mundo.

En este sentido, no es previsible que las propuestas de las organizaciones sociales (fundaciones, asociaciones, ONG, etc.) vayan a resolver los desafíos sociales del acceso a los medicamentos a una escala global sin la colaboración de la industria farmacéutica.

Ni siquiera la Fundación de Bill y Melinda Gates, que lleva años intentándolo, lo ha conseguido a pesar de sus ingentes recursos.

Diálogo y colaboración por el acceso a los medicamentos

Como se ha visto, la industria está haciendo grandes esfuerzos para mejorar el acceso tanto en la búsqueda de nuevas soluciones como en la donación de grandes sumas y dosis de medicamentos. Pero la encrucijada continúa.

Como señala IS Global y la campaña No es sano en su informe publicado en marzo 2016, Innovación biomédica y acceso a medicamentos esenciales: alternativas a un modelo roto, para desarrollar otro modelo la transparencia es clave en tres campos:

– Transparencia financiera. Datos fiables sobre su inversión, márgenes de beneficio y fondos públicos a los que tienen acceso.

Como ya se hace en otras industrias como la extractiva, deberían declarar todos sus impuestos, beneficios y subvenciones en cada uno de los países en los que operan.

– Transparencia en los acuerdos comerciales. Negociaciones de los tratados comerciales, bilaterales y regionales (con una influencia definitiva en las normas de propiedad intelectual).

– Transparencia en los mecanismos de compras públicas. Negociaciones entre los diferentes gobiernos y las empresas farmacéuticas para las compras de medicamentos con dinero público.

Para Vanessa López, estas medidas son importantes pero deben ir acompañadas por cambios legislativos propugnados por los gobiernos: “Es necesaria una transformación sistémica y sería deseable que la industria participara de esta visión para sumarse a la misma. No obstante, la mayoría de esos cambios tienen que ser propiciados por los gobiernos”.

Este documento contempla un paquete de 16 reformas del modelo actual de innovación y desarrollo de medicamentos. Entre ellas la condicionalidad de las inversiones públicas, premios a la innovación, investigación abierta o el pago por resultados, como se está proponiendo en Inglaterra con el uso de bonos de impacto social para financiar la investigación farmacéutica.

No se sabe cuántas de ellas serán asumibles por la industria y hasta dónde pueden llegar garantizando su beneficio y su incentivo a la innovación, pero lo importante es establecer un diálogo fructífero entre todos los actores implicados –industria, gobiernos, ONG, sociedad civil– que ponga de manifiesto las necesidades individuales y se intenten entender y acoger para acometer la reclamada reforma.

Se trata de desarrollar un programa de cambio paulatino sin estigmatizar a la industria farmacéutica. Porque el acceso a los medicamentos es un problema multidimensional y la responsabilidad de atajarlo debe repartirseequitativamente entre los diferentes actores –gobiernos, ONG, academia, empresas farmacéuticas, financiadores y organizaciones multilaterales como la OMS–.

La realidad actual es que el diálogo entre ellos es todavía muy pobre y los recelos mutuos siguen siendo importantes. Fomentar este diálogo y comprensión mutua es clave para desarrollar un modelo que tenga en cuenta: el coste real de investigar y fabricar los medicamentos; la investigación y producción de fármacos que cubran las necesidades más graves de la sociedad; el beneficio necesario para incentivar a la industria; los retos de los gobiernos para atajar los problemas de salud pública; los incentivos a los investigadores, o la sostenibilidad del sistema sanitario.

Ninguna de estas cuestiones puede contestarse aisladamente sin relación con el resto, ni tampoco puede abordarse la solución del problema global sin una colaboración entre los diferentes actores implicados: gobiernos, industria farmacéutica y ONG.

Cada vez existe un mayor consenso en la necesidad de identificar y desarrollar ecosistemas que permitan abordar de manera integral los problemas sociales. Solo descubriendo las interconexiones entre las diferentes variables que afectan a los problemas sociales y coordinando los esfuerzos entre los diversos actores será posible diseñar una estrategia eficaz de cambio social e incrementar exponencialmente el impacto.

Este compromiso colectivo no se crea por generación espontánea. Todos y cada uno de los actores implicados deben impulsar y facilitar las condiciones para que ese ecosistema de colaboración funcione y pueda darse el salto del impacto individual al colectivo. Ese es el reto que queda por delante.

Fuente: http://www.compromisoempresarial.com/carrusel/2016/07/acceso-a-los-medicamentos-un-reto-colectivo/