Los representantes de ambas naciones delinearon las pautas para fortalecer la colaboración educativa.
El ámbito educativo se erige como una de las áreas clave en las que Venezuela e Irán enfocan sus esfuerzos de cooperación gubernamental, con el objetivo de generar mayores oportunidades, de acuerdo con lo expresado por el ministro venezolano de Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, y el Ayatolá Dr. Ali Abbasi, rector de la Universidad Internacional Al-Mustafa del país persa.
Los representantes de ambas naciones llevaron a cabo un encuentro en la República Bolivariana, donde se delinearon las pautas para fortalecer la colaboración entre los dos países, ofreciendo beneficios para los jóvenes.
De acuerdo con lo manifestado por Sánchez, “la diversidad cultural, la cooperación internacional y el desarrollo integral de Venezuela” constituyen algunas de las principales prioridades sobre las cuales se fundamenta un futuro próspero y solidario.
Además, Sánchez subrayó que la prestigiosa casa de estudios iraní ofrece una variedad de programas académicos que incluyen “ciencias islámicas, filosofía, teología, derecho islámico, así como estudios sobre el Corán y el Hadiz”.
La reunión fue anunciada por Sánchez, quien utilizó sus redes sociales para resaltar este tipo de encuentros como una alianza estratégica entre el pueblo islámico y el venezolano. Según sus palabras, “promover el respeto, la integración cultural y el intercambio académico son herramientas fundamentales para el desarrollo social y educativo del país”.
Fuente de la Información: https://www.telesurtv.net/venezuela-e-iran-fomentan-la-colaboracion-academica/
Japón ofrece refugio académico a estudiantes afectados por veto a extranjeros en Harvard
El gobierno japonésinstó a las universidades nacionales a considerar la posibilidad de recibir temporalmente a estudiantes extranjeros, incluidos japoneses, que se vean afectados por la reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de impedir la permanencia de alumnos internacionales en Harvard.
La medida surge en respuesta directa a la iniciativa de la Universidad de Tokio, que anunció estar evaluando la posibilidad de acoger a estudiantes internacionales que deban abandonar Harvard debido a las nuevas restricciones impuestas por Washington. A esta postura se sumó más tarde la Universidad de Kioto, que expresó su disposición a recibir tanto a estudiantes como a jóvenes investigadores que enfrenten dificultades para continuar sus estudios en la institución estadounidense.
El gobierno japonés, a través de su ministra de Educación, Toshiko Abe, remarcó el compromiso del país con la educación y la necesidad de asegurar oportunidades académicas a jóvenes con talento y determinación, sin importar su nacionalidad. En una conferencia de prensa en Tokio, Abe aseguró que se hará todo lo posible para apoyar a quienes vean interrumpido su camino educativo por razones ajenas a su desempeño o mérito.
La decisión del gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, apunta a revocar la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio de Harvard, lo que obligaría a los alumnos extranjeros a abandonar el país o transferirse a otras universidades. No obstante, un tribunal federal estadounidense emitió una orden judicial temporal que permite a los estudiantes seguir inscritos mientras se revisa la legalidad de la medida.
Actualmente, hay 110 estudiantes japoneses y 150 investigadores del país en Harvard, según datos del Ministerio de Educación. Para facilitar la asistencia a quienes se encuentren en situación de incertidumbre, la Organización de Servicios Estudiantiles de Japón habilitará un espacio de consultas en su sitio web.
Mientras la política migratoria de Estados Unidos suma nuevas barreras, Japón se posiciona como una alternativa para quienes buscan continuar sus estudios en un entorno estable. Las universidades locales se preparan para actuar con rapidez y ofrecer apoyo concreto, reflejando una voluntad política y académica de proteger el acceso a la educación superior en un contexto global marcado por tensiones e incertidumbre.
Fuente de la Información: https://reporteasia.com/cultura/educacion/2025/05/28/japon-refugio-academico-estudiantes-afectados-veto-extranjeros-harvard/
Esta semana va a ser clave para poner en discusión los problemas que acarrea el gremio docente y no docente que reclaman una mejora salarial. A su vez, se presentarán un nuevo proyecto de financiamiento universitario, luego del intento fallido en 2024.
El gremio universitario definió esta semana mediante el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes, que realizarán el próximo mes una nueva marcha universitaria en pos de discutir los salarios y una nueva ley de financiamiento para las universidades públicas.
Según definieron en la reunión, esta semana será clave para realizar actividades que echen luz sobre los problemas del sector, que no incluye solo a los docentes, sino también a estudiantes de todas las casas de estudio que ven afectado el funcionamiento de los edificios por falta de presupuesto.
El secretario General de CONADU, Carlos De Feo, señaló: “El Poder Ejecutivo ha demostrado con creces su desprecio por el diálogo y su intención de destruir la universidad pública”. La declaración es clave para entender el conflicto: un gobierno que no quiere discutir una mejora salarial, ni le interesa mantener en condiciones los edificios.
Respecto a una nueva ley de financiamiento, el secretario de CONADU expresó: “Es necesario que el Congreso, como expresión y representante de la sociedad, dé respuesta y respaldo a los justos reclamos de los diferentes sectores que se ven afectados por las políticas de ajuste implementadas por el Poder Ejecutivo. La ley tiene que ser una herramienta para sostener la discusión en la agenda política, social y mediática, para que se entienda que el conflicto en las universidades de ninguna manera ha sido resuelto y que vamos a seguir dando pelea”.
El último intento de actualizar los montos fue en el año 2024, el cual no fue aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación, ocasionando una fuerte repercusión en el campo educativo y convirtiéndose en un triunfo para la gestión de Milei.
El nuevo proyecto contempla además de una actualización, la recomposición salarial de los docentes, la cual viene en picada desde el año 2023. Otro punto esencial que presenta la propuesta es el artículo que estipula la garantía de las paritarias en función del índice de Precios al Consumidor.
Con estas discusiones, la totalidad del gremio educativo comienza a cobrar fuerza para una nueva instancia de lucha para visibilizar la situación salarial de los docentes, la situación de la universidad y la permanencia de los estudiantes en las aulas que con la crisis en ascenso cada vez desertan mucho más.
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📅 Fecha: 22/05/2025
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Las calles y campos en Panamá son testigos, desde hace 15 días, de una serie de movilizaciones que aglutinan a múltiples sectores de la sociedad. Trabajadores, docentes y estudiantes universitarios, así como ambientalistas y comunidades campesinas e indígenas rechazan una serie de acciones del gobierno panameño que, argumentan, vulneran a los servicios de salud pública, al medioambiente e incluso ceden frente a las presiones de EEUU y su intervencionismo militar en el istmo centroamericano.
Las mayores protestas se han suscitado tanto en la ciudad capital, así como en las provincias de Chiriquí y Veraguas, donde se han realizado bloqueos carreteros, marchas masivas y concentraciones frente a instituciones gubernamentales.
Acorde a reportes de Radio Temblor, las manifestaciones han sido reprimidas con detenciones y judicialización de activistas. “El gobierno desconoce el movimiento social, tildándolo de comunista de izquierda, para deslegitimar la lucha que llevan adelante por la justicia y en contra de la corrupción. Además, amenazan a los docentes con descontarle salario y destituirlos”, señala.
En un análisis del medio independiente con participación de la socióloga Briseida Barrantes Serrano, ella argumenta que uno de los principales detonantes de las movilizaciones yace en lo que los movimientos consideran como una “decisión arbitraria”, por parte de la Asamblea Nacional, para modificar la Ley de la Caja del Seguro Social (CSS).
La Alianza Pueblo Unido por la Vida llama a una huelga general.
El pasado marzo, bajo el argumento de que la CSS está en quiebra, diputados aprobaron la Ley 462 que propone una reorganización de la CSS encaminada al mejoramiento de sus finanzas, pero que, acorde a Barrantes, fue el pretexto para aprobar una ley que “se centra en privatizar los servicios públicos bajo formas diversas, eliminando o queriendo eliminar conquistas de los sectores mayoritarios que han luchado toda la vida en este país por mejorar las condiciones de vida para todas las personas”.
Las comunidades indígenas, especialmente los pueblos Ngäbe-Buglé y Guna, también han participado en la actual huelga al encabezar marchas en sus territorios y bloqueos carreteros, adhiriéndose a las demandas, principalmente contra las pretensiones del gobierno panameño de una posible reactivación de la mina de cobre en Donoso, la cual fue cerrada desde 2023 después que la Corte Suprema de Panamá determinó que la concesión gubernamental era inconstitucional.
Mediante rueda de prensa, este sábado (10), educadores y representantes de comunidades indígenas de Panamá hicieron un llamado a la resistencia popular, expresando su firme rechazo a la Ley 462 y exigiendo su derogación inmediata. La reunión, celebrada en Santiago de Veraguas, sirvió como plataforma para manifestar otras demandas sociales y denunciar violaciones a los derechos humanos y laborales de quienes participan de las protestas.
“Nadie, nadie está solicitando mesa de diálogo. Lo que queremos es la derogación de la Ley 462, que quede eso bien claro”, afirmaron los participantes, dejando claro que las movilizaciones continuarán hasta lograr este objetivo.
Además, insistieron en que sólo después de la derogación de la ley se abrirán a discutir otros temas críticos para el país. Entre ellos, destaca el rechazo al memorando de entendimiento firmado entre el gobierno panameño y Estados Unidos, el cual, según los manifestantes fue firmado “sin consultar con el pueblo”, por lo cual exigieron su anulación inmediata.
¿Acuerdo o intervención?
El 9 de abril, en el marco de la visita a Panamá del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el ministro de Seguridad Pública panameño, Frank Alexis Abrego, con presencia del presidente José Raúl Mulino como testigo, firmó un memorando de entendimiento que contempla el uso por parte de tropas de EE.UU. de instalaciones de seguridad panameñas.
El secretario de Defensa de Estados Unidos justificó la firma del memorando debido a que “empresas con sede en China continúan controlando infraestructura crítica en la zona del canal” de Panamá, lo que, de acuerdo a las autoridades norteamericanas, representa la posibilidad de que el país asiático realice actividades de vigilancia en la zona clave para el comercio internacional, por donde transita alrededor del 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos y el 5% del comercio mundial.
“Esto hace que Panamá y Estados Unidos sean menos seguros, menos prósperos y menos soberanos. Y como ha señalado el presidente Donald Trump, esa situación es inaceptable”, declaró Hegseth durante su paso por el país centroamericano, respaldando con ello las amenazas del presidente Trump, quien desde que llegó a la Casa Blanca, en enero pasado, ha polemizado con sus declaraciones para “recuperar” el canal construido por EEUU durante el siglo XX y cuya administración fue devuelta a Panamá en el año 1999.
Por su parte, Luis Arturo Sánchez, secretario de la Asociación de Educadores Veragüenses, organización activa en las movilizaciones de las dos últimas semanas denuncia que el acuerdo firmado representa que “este gobierno ha hecho que Panamá retroceda casi más de 100 años”, argumentando que permitiría la instalación de bases militares extranjeras, amenazando la soberanía panameña.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, fue testigo de la firma de un memorando de entendimiento entre EEUU y Panamá.
A esta acusación se suman las declaraciones de los centros de investigación panameños miembros de la red del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, quienes aseveran que el memorando viola la Constitución Política panameña y el Tratado de Neutralidad del Canal. “Su firma constituye una traición a los mártires del 9 de enero y permite el retorno de bases militares en nuestro territorio. Solicitamos a las autoridades rectificar esa decisión y defender al país sin sumisión ni entreguismo. Así como el establecimiento de una estrategia de unidad latinoamericana que permita enfrentar los ataques imperialistas como se hizo en el pasado”.
La semana pasada, como respuesta a las protestas, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, descartó que se vaya a entablar una renegociación de los términos firmados con Washington. Sus declaraciones sucedieron un día después de que la embajada estadounidense difundiera un comunicado donde ratifica que el memorando crea un marco para que se realicen actividades conjuntas, entre ellas, entrenamiento, almacenamiento de equipo, asistencia humanitaria y mejoras de infraestructura, en sitios que permanecen “completamente bajo control panameño”.
Reactivación minera
A las demandas que alimentan el rechazo popular se suma la amenaza minera, debido a la pretensión del presidente Mulino de reiniciar operaciones para la extracción de cobre en Donoso, provincia de Colón, después de que a finales de marzo declarara que comenzaría a examinar el futuro de la mina.
Organizaciones sociales acusan que grupos empresariales están presionando al presidente, al mismo tiempo que la dueña de la mina Cobre Panamá, First Quantum Minerals, anunció que ha suspendido los arbitrajes que había iniciado contra el Estado panameño por el cierre de la mina en 2023, debido a conversaciones con el gobierno para acordar una eventual reapertura.
Vista general de la mina Cobre Panamá, de la canadiense First Quantum Minerals, en el país centroamericano.
El 28 de noviembre de 2023, tras fuertes movilizaciones sociales, la Corte Suprema de Panamá dictaminó por unanimidad que la concesión minera, con vigencia de 20 años, era inconstitucional, obligando con ello al ex presidente Laurentino Cortizo para iniciar el proceso para cerrar la mina. Días antes del fallo de la corte, el Congreso aprobó una moratoria para nuevas concesiones de minería metálica en Panamá.
“El tema de la minería no se va a negociar y se tiene que respetar el fallo de la corte. Se tiene que respetar la ley que determina que en Panamá no se puede hacer proyecto minero”, sostuvo un educador durante rueda de prensa el pasado sábado (10), en Santiago de Veraguas.
Para esta semana, las diferentes organizaciones sociales convocaron a intensificar las acciones de protesta y manifestaciones pacíficas en diferentes puntos del país. Al cierre de esta edición se reporta nueva represión policial contra movilizaciones en la provincia de Colón.
¿Quién podría haber imaginado hace 19 meses que se necesitaría más de un año y medio con Israel masacrando y matando de hambre a niños [y adultos] de Gaza para que aparecieran las primeras grietas en lo que ha sido un sólido muro de apoyo a Israel por parte de las instituciones occidentales?
Finalmente, algo parece estar a punto de ceder.
El diario financiero británico, TheFinancial Times, fue el primero en romper filas la semana pasada para condenar el “vergonzoso silencio de Occidente” ante el ataque asesino de Israel contra el pequeño enclave. En un editorial —la voz del periódico—, el Financial Times acusó a Estados Unidos y a Europa de ser cada vez más cómplices, ya que Israel ha convertido Gaza en un lugar inhabitable, en alusión al genocidio, y señaló que el objetivo era expulsar a los palestinos de su tierra, en referencia a la limpieza étnica.
Por supuesto, ambos graves crímenes cometidos por Israel han sido evidentemente ciertos no sólo desde la violenta salida de Hamás de Gaza en un solo día, el 7 de octubre de 2023, sino durante décadas.
Tan preocupante es el estado de la información occidental, proveniente de unos medios no menos cómplices que los gobiernos criticados por el Financial Times, que debemos aprovechar cualquier pequeño indicio de progreso.
A continuación, The Economist intervino, advirtiendo que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y sus ministros estaban impulsados por el “sueño de vaciar Gaza y reconstruir los asentamientos judíos allí”.
El fin de semana, The Independentdecidió que el “silencio ensordecedor sobre Gaza” debía terminar. Era hora de que el mundo despertara ante lo que está sucediendo y exigiera el fin del sufrimiento de los palestinos atrapados en el enclave.
En realidad, gran parte del mundo despertó hace muchos, muchos meses. Han sido la prensa y los políticos occidentales los que han estado dormidos durante los últimos 19 meses de genocidio.
A continuación, el lunes, el supuestamente liberal The Guardian expresó en su propio editorial el temor de que Israel esté cometiendo “genocidio”, aunque solo se atrevió a hacerlo al formular la acusación como una pregunta.
Escribió así sobre Israel: “Ahora planea una Gaza sin palestinos. ¿Qué es esto, si no genocida? ¿Cuándo actuarán Estados Unidos y sus aliados para detener el horror, si no es ahora?”.
El periódico podría haber planteado una pregunta más apropiada: ¿Por qué los aliados occidentales de Israel, así como medios como The Guardian y Financial Times, han esperado 19 meses para denunciar el horror?
Y, como era previsible, cerrando la marcha, apareció la BBC. El miércoles, el programa PM de la BBC optó por dar protagonismo al testimonio de Tom Fletcher, jefe de asuntos humanitarios de las Naciones Unidas, ante el Consejo de Seguridad. El presentador Evan Davis afirmó que la BBC había decidido “hacer algo inusual”.
Inusual, sin duda. Reprodujo el discurso de Fletcher completo, sus 12 minutos y medio. Esto incluyó el comentario de Fletcher: “Por los asesinados y aquellos cuyas voces han sido silenciadas: ¿qué más pruebas necesitan ahora? ¿Actuarán con decisión para prevenir el genocidio y garantizar el respeto del derecho internacional humanitario?”.
En menos de una semana, la palabra “genocidio” había pasado de ser tabú en relación con Gaza a convertirse en algo casi común.
Grietas crecientes
Las grietas también son evidentes en el Parlamento británico. Mark Pritchard, diputado conservador y defensor de Israel de toda la vida, se levantó desde la bancada para admitir que se había equivocado con respecto a Israel y lo condenó “por lo que le está haciendo al pueblo palestino”.
Fue uno de los más de una docena de diputados y pares conservadores de la Cámara de los Lores, todos ellos antiguos defensores acérrimos de Israel, que instaron al primer ministro británico, Keir Starmer, a reconocer de inmediato un Estado palestino.
Su decisión se produjo tras una carta abierta publicada por 36 miembros de la Junta de Diputados, un organismo de 300 miembros que afirma representar a los judíos británicos, en la que discrepaban de su continuo apoyo a la masacre. La carta advertía: «A Israel le están arrancando el alma».
Pritchard dijo a sus colegas parlamentarios que era hora de “defender la humanidad, defender nuestra posición en el lado correcto de la historia, de tener la valentía moral de liderar”.
Lamentablemente, todavía no hay indicios de ello. Una investigación publicada la semana pasada, basada en datos de la autoridad fiscal israelí, demostró que el gobierno de Starmer ha mentido incluso sobre las restricciones muy limitadas a la venta de armas a Israel que afirmó haber impuesto el año pasado.
A pesar de una aparente prohibición de los envíos de armas que podrían utilizarse en Gaza, Gran Bretaña ha exportado de forma encubierta más de 8.500 municiones diversas a Israel desde la prohibición.
Esta semana se conocieron más detalles. Según cifras publicadas por The National, el gobierno actual exportó más armas a Israel en los tres meses posteriores a la entrada en vigor de la prohibición que el anterior gobierno conservador entre 2020 y 2023.
Tan vergonzoso es el apoyo del Reino Unido a Israel en medio de lo que la Corte Internacional de Justicia (la Corte Mundial) ha descrito como un “genocidio plausible”, que el gobierno de Starmer necesita fingir que está haciendo algo, aunque en realidad continúa armando ese genocidio.
Más de 40 parlamentarios escribieron al ministro de Asuntos Exteriores, David Lammy, la semana pasada, pidiéndole que respondiera a las acusaciones de que había engañado a la opinión pública y al Parlamento. “La opinión pública merece conocer la magnitud de la complicidad del Reino Unido en crímenes de lesa humanidad”, escribieron.
Hay cada vez más rumores en otros lugares. Esta semana, el presidente francés, Emmanuel Macron, calificó el bloqueo total de Israel a la ayuda a Gaza de “vergonzoso e inaceptable”. Añadió: “Mi trabajo es hacer todo lo posible para detenerlo”. Ese “todo” parecía reducirse a nada más que a plantear posibles sanciones económicas.
Aun así, el cambio retórico fue sorprendente. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, denunció de forma similar el bloqueo, calificándolo de “injustificable”. Y añadió: “Siempre he recordado la urgencia de encontrar una manera de poner fin a las hostilidades y respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario”.
“¿Derecho internacional? ¿Dónde ha estado eso durante los últimos 19 meses?”
Hubo un cambio similar de prioridades al otro lado del Atlántico. El senador demócrata Chris van Hollen, por ejemplo, se atrevió recientemente a calificar las acciones de Israel en Gaza de “limpieza étnica”.
Christiane Amanpour, de la CNN y referente del consenso en Washington, sometió a la viceministra de Asuntos Exteriores de Israel, Sharren Haskel, a un interrogatorio inusualmente duro. Amanpour prácticamente la acusó de mentir sobre el hambre que Israel está causando a los niños.
Mientras tanto, Josep Borrell, el anterior responsable de política exterior de la Unión Europea, rompió otro tabú la semana pasada al acusar directamente a Israel de preparar un genocidio en Gaza.
“Pocas veces he escuchado al líder de un Estado esbozar con tanta claridad un plan que se ajuste a la definición legal de genocidio”, declaró, y añadió: “Nos enfrentamos a la mayor operación de limpieza étnica desde el final de la Segunda Guerra Mundial”.
Borrell, por supuesto, no tiene influencia alguna sobre la política de la UE en este momento.
Un campo de exterminio
Todo esto supone un progreso dolorosamente lento, pero sí sugiere que un punto de inflexión podría estar cerca.
De ser así, hay varias razones. Una —la más evidente— es el presidente estadounidense Donald Trump.
Era más fácil para The Guardian, el Financial Times y los diputados conservadores de la vieja guardia observar en silencio el exterminio de los palestinos de Gaza cuando detrás de él estaban, amablemente, el tío Joe Biden y el complejo militar-industrial estadounidense.
A diferencia de su predecesor, Trump olvida con demasiada frecuencia la parte donde se supone que debe minimizar los crímenes israelíes o distanciar a Estados Unidos de ellos, incluso cuando Washington envía las armas para perpetrarlos.
Pero también hay muchos indicios de que Trump, con su constante ansia de ser visto como el madamás, está cada vez más molesto por verse superado públicamente por Netanyahu.
Esta semana, mientras Trump se dirigía a Oriente Medio, su administración logró la liberación del soldado israelí Edan Alexander, el último ciudadano estadounidense vivo cautivo en Gaza, eludiendo a Israel y negociando directamente con Hamás.
En sus comentarios sobre la liberación, Trump insistió en que era hora de “poner fin a esta guerra brutal”, una observación que, obviamente, no había coordinado con Netanyahu.
Cabe destacar que Israel no está en la agenda de Trump para Oriente Medio.
Ahora mismo parece un momento relativamente seguro para adoptar una postura más crítica hacia Israel, como presumiblemente aprecian TheFinancial Times y The Guardian. Además, el genocidio israelí está llegando a su fin. No ha entrado comida, agua ni medicinas en Gaza durante más de dos meses. Todos están desnutridos. No está claro, dada la destrucción del sistema de salud de Gaza por parte de Israel, cuántos han muerto ya de hambre.
Aya, la madre de la bebé palestina Yenan Alskafi, muestra una foto en su teléfono móvil de su hija, quien murió de desnutrición debido al bloqueo israelí en Gaza el 3 de mayo de 2025 (Reuters).
Pero las imágenes de niños en los huesos saliendo de Gaza recuerdan incómodamente a las imágenes de hace 80 años de niños judíos esqueléticos encarcelados en campos nazis.
Es un recordatorio de que Gaza, estrictamente bloqueada por Israel durante 16 años antes de la fuga de Hamás el 7 de octubre de 2023, se ha transformado en los últimos 19 meses de un campo de concentración a un campo de exterminio.
Parte de los medios de comunicación y la clase política saben que la muerte masiva en Gaza no puede ocultarse por mucho más tiempo, ni siquiera después de que Israel haya prohibido la entrada a periodistas extranjeros al enclave y haya asesinado a la mayoría de los periodistas palestinos que intentaban documentar el genocidio.
Actores políticos y mediáticos cínicos intentan esgrimir excusas antes de que sea demasiado tarde para mostrar arrepentimiento.
El mito de la “guerra de Gaza”
Y finalmente, está el hecho de que Israel ha declarado su disposición a asumir la responsabilidad directa del exterminio en Gaza, en sus propias palabras, “capturando” el pequeño territorio.
El tan esperado “día después” parece estar a punto de llegar.
Durante 20 años Israel y las capitales occidentales han conspirado con la mentira de que la ocupación de Gaza terminó en 2005, cuando el entonces primer ministro israelí, Ariel Sharon, expulsó a unos pocos miles de colonos judíos y retiró a los soldados israelíes a un perímetro altamente fortificado que rodeaba el enclave.
En un fallo del año pasado, el Tribunal Internacional desestimó esta afirmación, enfatizando que Gaza, así como los territorios palestinos de Cisjordania y Jerusalén Este, nunca habían dejado de estar bajo ocupación israelí, y que la ocupación debía cesar de inmediato.
Lo cierto es que, incluso antes de los ataques de Hamás de 2023, Israel había estado asediando Gaza por tierra, mar y aire durante muchísimos años. Nada, ni personas ni comercio, entraba ni salía sin la autorización del ejército israelí.
Las autoridades israelíes instituyeron una política secreta de someter a la población a una “dieta” estricta —un crimen de guerra entonces como ahora—, una política que aseguraba que la mayoría de los jóvenes de Gaza sufrieran una desnutrición progresiva.
Los drones zumbaban constantemente, como lo hacen ahora, observando a la población desde el cielo las 24 horas del día y, ocasionalmente, sembrando la muerte. Los pescadores recibían disparos y sus barcos se hundían por intentar pescar en sus propias aguas. Los cultivos de los agricultores eran destruidos por herbicidas rociados desde aviones israelíes.
Y cuando le apetecía, Israel enviaba aviones de combate para bombardear el enclave o soldados en operaciones militares, matando a cientos de civiles a la vez.
Cuando los palestinos de Gaza salían semana tras semana a protestar cerca de la valla perimetral de su campo de concentración, francotiradores israelíes les disparaban, matando a unos 200 y mutilando a muchos miles más.
Sin embargo, a pesar de todo esto, Israel y las capitales occidentales insistieron en la historia de que Hamás “gobernaba” Gaza y que era el único responsable de lo que allí ocurría.
Esa ficción fue muy importante para las potencias occidentales. Permitió a Israel evadir la responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Gaza durante las últimas dos décadas, y permitió a Occidente evitar las acusaciones de complicidad por armar a los criminales.
En cambio, la clase política y los medios de comunicación perpetuaron el mito de que Israel estaba involucrado en un “conflicto” con Hamás, así como en “guerras” intermitentes en Gaza, incluso cuando el propio ejército israelí calificaba sus operaciones para destruir barrios enteros y matar a sus residentes de “segar la hierba”.
Israel, por supuesto, veía Gaza como su propia hierba. Y eso se debe precisamente a que nunca dejó de ocupar el enclave.
Incluso hoy, los medios de comunicación occidentales se confabulan con la ficción de que Gaza está libre de la ocupación israelí al presentar la matanza que allí se produce, y la hambruna de la población, como una “guerra”.
Pérdida de cobertura
Pero el “día después”, marcado por la promesa israelí de “captura” y “reocupación” de Gaza, plantea un dilema para Israel y sus patrocinadores occidentales.
Hasta ahora, todas las atrocidades de Israel se han venido justificando por la violenta irrupción de Hamás el 7 de octubre de 2023.
Israel y sus partidarios han insistido en que Hamás debe devolver a los israelíes que tomó cautivos antes de que pueda haber una “paz” indefinida. Al mismo tiempo, Israel también ha mantenido que Gaza debe ser destruida a toda costa para erradicar a Hamás y eliminarlo.
Estos dos objetivos nunca parecieron coherentes, sobre todo porque cuantos más civiles palestinos Israel mataba para “erradicar” a Hamás, más jóvenes reclutaba Hamás en busca de venganza.
El flujo constante de retórica genocida de los líderes israelíes dejó claro que creían que no había civiles en Gaza —ningún “no involucrado”— y que el enclave debía ser arrasado y la población tratada como “animales humanos”, castigada “sin comida, agua ni combustible”.
El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, reiteró ese enfoque la semana pasada, prometiendo que “Gaza será completamente destruida” y que su población sería sometida a una limpieza étnica, o, como él mismo lo expresó, obligada a “marcharse en masa a terceros países”.
Las autoridades israelíes le han hecho eco, amenazando con “arrasar” Gaza si no se libera a los rehenes esta semana. Pero, en realidad, los cautivos retenidos por Hamás son solo un pretexto conveniente.
Smotrich fue más honesto al observar que la liberación de los rehenes 2no era lo más importante”. Su opinión es aparentemente compartida por el ejército israelí, que, según informes, ha puesto ese objetivo en último lugar en una lista de seis objetivos de “guerra”.
Para el ejército, son más importantes el “control operativo” de Gaza, la “desmilitarización del territorio” y la “concentración y movimiento de la población”.
Con Israel a punto de volver a estar, de forma indiscutible y visible, al mando directo de Gaza —una vez despojadas las historias de portada sobre una “guerra”, sobre la necesidad de eliminar a Hamás y las bajas civiles como “daños colaterales”—, la responsabilidad de Israel por el genocidio también será indiscutible, al igual que la connivencia activa de Occidente.
Por eso, más de 250 exfuncionarios del Mossad, la agencia de espionaje israelí, incluidos tres de sus exdirectores, firmaron una carta esta semana denunciando la ruptura del alto el fuego por parte de Israel a principios de marzo y su regreso a la “guerra”.
La carta calificaba los objetivos oficiales de Israel de “inalcanzables”.
De igual manera, los medios israelíes informan de que un gran número de reservistas militares israelíes ya no se presentan cuando se les llama para que regresen al servicio en Gaza.
Limpieza étnica
Los patrocinadores occidentales de Israel deben ahora lidiar con el “plan” israelí para el devastado territorio. Su perfil se ha clarificado bastante en los últimos días.
En enero, Israel ilegalizó formalmente a la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, UNRWA, que alimenta y cuida a la gran proporción de la población palestina expulsada de sus tierras históricas por Israel en las primeras fases de su colonización de la Palestina histórica, que duró décadas.
Gaza está repleta de refugiados de este tipo, resultado del mayor programa de limpieza étnica de Israel en 1948, durante su creación como “Estado judío”.
Eliminar a la UNRWA había sido una ambición largamente acariciada, una medida de Israel diseñada para liberarse del yugo de las agencias de ayuda que han estado atendiendo a los palestinos, ayudándolos así a resistir los esfuerzos israelíes de limpieza étnica, así como para supervisar la adhesión de Israel, o más bien la falta de ella, al derecho internacional.
Para completar los programas de limpieza étnica y genocidio en Gaza, Israel ha tenido que crear un sistema alternativo al de la UNRWA.
La semana pasada, aprobó un plan que pretende utilizar contratistas privados, en lugar de la ONU, para entregar pequeñas cantidades de alimentos y agua a los palestinos. Israel permitirá la entrada de 60 camiones al día, apenas una décima parte del mínimo absoluto requerido, según la ONU.
Hay varias condiciones. Para tener alguna esperanza de aspirar a esta ayuda tan limitada, los palestinos deberán recogerla en puntos de distribución militares ubicados en una pequeña zona en el extremo sur de la Franja de Gaza.
En otras palabras, unos dos millones de palestinos tendrán que apiñarse en un lugar sin posibilidad alguna de poder acomodarlos a todos, e incluso así solo recibirán una décima parte de la ayuda que necesitan.
También tendrán que reubicarse sin ninguna garantía por parte de Israel de que no seguirá bombardeando las “zonas humanitarias” a las que se les ha conducido.
Estas zonas de distribución militar se encuentran justo al lado de la única y corta frontera de Gaza con Egipto, justo donde Israel ha estado intentando expulsar a los palestinos durante los últimos 19 meses con la esperanza de obligar a Egipto a abrir la frontera para que la población de Gaza pueda ser sometida a una limpieza étnica en el Sinaí.
Según el plan israelí, los palestinos serán examinados en estos centros militares utilizando datos biométricos antes de tener alguna esperanza de recibir alimentos con un mínimo de calorías controladas.
Una vez dentro de los centros, pueden ser arrestados y enviados a alguno de los campos de tortura de Israel.
La semana pasada, el periódico israelí Haaretz publicó el testimonio de un soldado israelí convertido en denunciante que confirmaba las versiones de médicos y otros guardias, de que la tortura y los abusos son moneda corriente contra los palestinos, incluidos los civiles, en Sde Teiman, el más conocido de esos campos.
Guerra contra la ayuda humanitaria
El viernes pasado, poco después de que Israel anunciara su plan de “ayuda”, disparó un misil contra un centro de la UNRWA en el campo de Yabalia, destruyendo su centro de distribución de alimentos y almacén.
El sábado, Israel bombardeó tiendas de campaña utilizadas para preparar comida en Jan Yunis y la ciudad de Gaza. Ha estado atacando comedores sociales y panaderías para obligarlos a cerrar, en un eco de su campaña de destrucción contra los hospitales y el sistema de salud de Gaza.
En los últimos días, un tercio de los comedores comunitarios apoyados por la ONU —el último recurso de la población— han cerrado porque sus reservas de alimentos se han agotado, al igual que su acceso al combustible.
Según la agencia de la ONU, OCHA, esa cifra aumenta día a día, lo que provoca una hambruna generalizada.
La ONU informó esta semana que casi medio millón de personas en Gaza —una quinta parte de la población— se enfrentaba a una hambruna catastrófica.
Como era de esperar, Israel y sus macabros apologistas están restando importancia a este mar de inmenso sufrimiento. Jonathan Turner, director ejecutivo de Abogados del Reino Unido por Israel, argumentó que los críticos condenaban injustamente a Israel por matar de hambre a la población de Gaza e ignoraban los beneficios para la salud de reducir la obesidad entre los palestinos.
En una declaración conjunta la semana pasada, 15 agencias de la ONU y más de 200 organizaciones benéficas y grupos humanitarios denunciaron el plan de ayuda de Israel. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advirtió que Israel estaba obligando a los palestinos a elegir entre el desplazamiento y la muerte.
Pero lo que es peor, Israel está esgrimiendo su argumento una vez más para cambiar la realidad.
Los palestinos que se nieguen a cooperar con su plan de “ayuda” serán culpados de su propia hambruna. Y las agencias internacionales que se nieguen a apoyar la criminalidad israelí serán tildadas de “antisemitas” y de responsables del creciente número de muertes por hambruna en la población de Gaza.
Hay una manera de impedir que estos crímenes sigan degenerando. Pero se requerirá que los políticos y periodistas occidentales tengan mucha más valentía de la que se han atrevido a mostrar hasta ahora. Se necesitará más que florituras retóricas. Se necesitará más que lamentaciones públicas.
¿Serán capaces de algo más? No se les ocurra contener la respiración.
Jonathan Cook es autor de tres libros sobre el conflicto palestino-israelí. Ha ganado el Premio Especial de Periodismo Martha Gellhorn. Vivió en Nazaret durante veinte años, de donde regresó en 2021 al Reino Unido. Sitio web y blog: www.jonathan-cook.net
Texto original; , Middle East Eye, traducido del inglés por Sinfo Fernández.
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