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Colombia/ Barranquilla/26 de Abril de 2016/El Colombiano

En el colegio Rafael Argote Vega, en Cesar, los niños comen en andenes o en el patio. Allí, según la Contraloría General, estudian 2.116 menores. El centro educativo Nuestra Señora del Rosario, en Barranquilla, también está en la mira por líos en la entrega de alimentos. Funcionarios del ente de control constataron que se entregan 15 libras de carne para la comida de 290 estudiantes. En esa misma ciudad, la institución Sofía Camargo de Lleras fue investigada por disimular con vinagre la carne que estaba en mal estado.

Estos hallazgos son menores a la luz de la situación que se presenta en La Guajira, específicamente en Riohacha. En esta ciudad, dice la Contraloría, “las frutas son sustituidas por maíz para chicha de maíz”. Pese a que se firmó un contrato con la Fundación Luz y Vida por 2.000 millones de pesos para garantizar la alimentación, “no se evidenció la entrega de maíz ni limón de acuerdo con las actas de entrega”, dijo la Contraloría.

Fue justamente en La Guajira donde la Contraloría abrió las primeras investigaciones por presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Ayer, la entidad de control anunció la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal contra el exalcalde y la exsecretaria de Educación de Uribia, Abel José Giacometto y Zuleima Moscote, por posibles sobrecostos en la entrega de alimentación escolar, calculados en 1.614 millones de pesos.

De acuerdo con la Contraloría, 11 asociaciones de autoridades tradicionales wayúu también serán investigadas pues al actuar como operadores habrían recibido un valor mayor por cada ración de comida entregada, sobrepasando la medida en 534 millones de pesos. La entidad de control seguirá buscando responsabilidades individuales en La Guajira, donde ha reportado 9 hallazgos fiscales durante la última semana por 3.757 millones de pesos. En Uribia y Manaure, por ejemplo, “se contrata el suministro de 500 raciones y solo se entregan 200 raciones”.

El problema de la alimentación escolar, como lo han venido mostrando el Ministerio de Educación y la Contraloría, también ha afectado a los departamentos de Atlántico y Córdoba. La semana pasada, la Contraloría detectó 10 hallazgos fiscales por 1.841 millones de pesos en Córdoba. “Se evidenció que la entrega de insumos y alimentos es insuficiente, no se acatan las minutas establecidas en los lineamientos técnicos y no se entregan el número de raciones contratadas”, dice el informe.

¿Quién tiene la culpa por las irregularidades en la entrega de alimentos? Esta pregunta ha generado un intenso debate entre gobernadores y el ministerio, pues cada día se entregan más de cuatro millones de raciones en 36.000 instituciones educativas públicas del país.

La ministra de Educación, Gina Parody, dio a conocer tres redes que operan en los departamentos del Atlántico y Norte de Santander. “La telaraña que se ha venido tejiendo por parte de algunos de los operadores del PAE involucra cambios en la denominación de entidades sin ánimo de lucro, variaciones en la representación legal de estas entidades”. Por maniobras legales, personas naturales o grandes monopolios han controlado la alimentación en estas regiones.

Por ejemplo, el ministerio identificó que Katia Elena Rosado Murillo, Ivis Rosado Robles y María Angélica Araujo, por intermedio de fundaciones, consorcios y uniones temporales celebraron “contratos de alimentación escolar desde el año 2007 por un monto aproximado de 449.613 millones de pesos”.

Uno de los primeros en reaccionar fue Eduardo Verano, gobernador el Atlántico. “Hay una cacería de brujas a nivel nacional con respecto al PAE. No hay una política de Estado sobre la alimentación escolar”. El mensaje de Verano fue respaldado por los gobernadores de Bolívar y Córdoba, quienes le pidieron al Ministerio que asuma directamente el programa.

Desde la Federación Nacional de Departamentos (FND) también le pidieron al ministerio revisar el modelo de contratación. Actualmente, alcaldías y gobernaciones son las entidades encargadas de contratar a los operadores que entregan la alimentación en las escuelas. “Los gobernadores que apenas están iniciando su gestión se rehusan a encartarse con la ejecución del PAE y le piden al Ministerio que lo retome, de acuerdo con las normas de la Ley 1769”, dijo el director a Colprensa el director, Amylkar Acosta.

El Ministerio, por ahora, no se rehusa a cambiar la normativa para controlar directamente la alimentación escolar. Actualmente, el Ministerio cuenta con 4 billones de pesos para el PAE.

“El Gobierno Nacional está en disposición de revisar quién ejecutará el PAE. Tendremos las discusiones necesarias para modificar la ley porque establece que la competencia de contratar el PAE es de gobernaciones y alcaldías”, dijo el viceministro de Educación, Víctor Saavedra.

Para los gobernadores de la Costa Caribe, el Ministerio de Educación quiere pasarles la “papa caliente” que representa el PAE. “Es un programa que está desfinanciado. Queremos entregarlo nuevamente al Ministerio de Educación porque con lo que giran no se puede cumplir de manera óptima con la alimentación de nuestros estudiantes”, dijo el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay.

Una prueba de que el programa estaba desfinanciado es que en 2015, según el Icbf, demandaban 1,5 billones de pesos para su operación y el Ministerio solo destinó 789.000 millones de pesos. Otro punto del que poco ha hablado la ministra Parody es la debilidad de su despacho a la hora de garantizar la transparencia del PAE.

En los informes que la Contraloría entregó sobre las irregularidades en la Costa Caribe aparece que en la gestión del Ministerio había “debilidades en la supervisión y/o interventoría de los contratos (…) no se lleva un control uno a uno de los niños que reciben los alimentos en el momento de la distribución de complementos”.

Para la senadora Claudia López, del partido Verde, la responsabilidad recae en el Gobierno Nacional: “El déficit financiero del PAE es por la reducción del 16 por ciento del presupuesto que el Gobierno de Santos decidió hacerle a este programa entre 2015 y 2016 (…) Nosotros hemos calculado que las raciones que el Gobierno les da a nuestros niños son de 900 pesos y hemos retado a la ministra a ver si puede almorzar ella o alguien con esa cifra. ¡Obvio, que no! Es absurdo”.

Desde la academia también es cuestionada la estructura del programa. Sara Eloisa del Castillo, experta en nutrición y ciencias sociales de la Universidad Nacional, dice que el Estado se ha “desatendido” del PAE, pues “considera suficiente la descentralización, poniendo a los entes territoriales y a sus gobernantes locales como titulares de una responsabilidad y obligación estatal”.

En respuesta a EL COLOMBIANO, el ministerio dijo que no todas las entidades territoriales incumplen. Actualmente, los siguientes municipios presentan problemas contractuales: “Cartagena, Vichada, Córdoba, Girón, Ibagué, Piedecuesta, Bucaramanga, Guaviare, Casanare, Pereira, Santa Marta y Villavicencio. Algunas han tenido problemas porque la licitación ha sido declarada desierta (Pereira), otras están en proceso de alistamiento (Cartagena y Santa Marta). Florencia y Palmira prestaron servicio y tuvieron que suspender. Se encuentran en procesos licitatorios”.

Por ahora, el ministerio asegura que seguirá investigando la ejecución del PAE en el país: “Se está haciendo especial seguimiento a la región de la Costa Atlántica, los Santanderes, Chocó y Arauca”.

Fuente: http://www.elcolombiano.com/colombia/tras-denuncias-en-la-costa-piden-reformar-el-pae-KC4037840