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«Es una decisión inhumana»: la dura carta de renuncia del enviado especial de EE.UU. para Haití por el trato a los migrantes de la nación caribeña

«No estaré vinculado con la inhumana y contraproductiva decisión de Estados Unidos de deportar a miles de refugiados haitianos e inmigrantes ilegales a Haití, un país donde los funcionarios estadounidenses están encerrados en instalaciones protegidas debido al peligro creado por grupos armados que controlan la vida cotidiana».

Con esa dura crítica a su propio gobierno, el enviado especial de Estados Unidos para Haití, Daniel Foote, anunció este miércoles su renuncia inmediata al cargo.

En una carta dirigida al secretario de Estado, Anthony Blinken, Foote dijo que dejaba el cargo decepcionado y advertía que la política de Estados Unidos hacia Haití era «profundamente defectuosa».

Su renuncia al cargo, que ocupaba desde julio, se produjo luego de que el pasado fin de semana el gobierno de Estados Unidos empezó a deportar a unos 13.000 migrantes haitianos que se hallaban reunidos junto a un puente en una localidad fronteriza de Texas.

Estos haitianos habían levantado allí un campamento improvisado, donde vivían bajo temperaturas de 37ºC mientras esperaban su oportunidad para ser admitidos como refugiados en Estados Unidos, junto a grupos más reducidos de cubanos, peruanos, venezolanos y nicaragüenses.

Funcionarios locales habían enfrentado dificultades para proveerles de comida y condiciones sanitarias mínimas.

Inmigrantes haitianos deportados a Haití.

FUENTE DE LA IMAGEN,REUTERS

Pie de foto,El pasado fin de semana, Estados Unidos empezó a deportar a los haitianos que acampaban en Texas.

Desde el domingo hasta este jueves, Estados Unidos ya ha deportado hacia Haití a unos 1.400 migrantes que estaban en ese campo.

En su carta de renuncia, Foote advirtió que Haití era un «estado colapsado» que «simplemente no puede soportar la infusión forzada de miles de migrantes retornados que carecen de comida, refugio y dinero sin una tragedia humana adicional y evitable».

El malestar de los deportados se hizo visible el martes en el aeropuerto de Puerto Príncipe, cuando un grupo de ellos corrió de vuelta hacia el avión en el que habían sido trasladados, mientras que otros lanzaron sus zapatos hacia la aeronave en muestra de su descontento.

Al menos uno de los deportados casi logró abordar nuevamente una aeronave, lo que fue impedido por la tripulación que se apresuró a cerrar la puerta antes de que la alcanzara, según informó Reuters.

Imágenes de video también muestran algunas escenas de caos mientras muchos deportados buscaban sus pertenecias, luego de que su equipaje fue arrojado fuera del avión.

También circularon reportes de prensa según los cuales algunos migrantes no habían sido informados de que serían devueltos a Haití.

Migrantes haitianos intentan regresar al avión que les trasladó desde Texas hasta Puerto Príncipe.

FUENTE DE LA IMAGEN,REUTERS

Pie de foto,En Puerto Príncipe, algunos de los deportados intentaron regresar a los aviones que les había traído de vuelta a Haití.

Asilo, no deportaciones

Las imágenes difundidas en estos días de agentes estadounidenses montados a caballo intentando arrear a los inmigrantes en Texas generaron gran rechazo al evocar comparaciones con la época de la esclavitud en Estados Unidos y con el maltrato que la población negra ha sufrido históricamente en ese país.

Esas imágenes, captadas por un fotógrafo de la agencia AFP, parecen mostrar a los agentes fronterizos a caballo usando sus riendas en contra de los migrantes y empujándolos hacia el Río Bravo que marca la frontera con México.

Su difusión incrementó la presión sobre el gobierno de Biden y generó llamamientos dentro del propio gobernante Partido Demócrata para que a los haitianos se les ofrezca asilo y no se les deporte.

Funcionarios del departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informaron este jueves que el gobierno suspendería temporalmente el uso de patrullas a caballo en la localidad fronteriza de Del Río, donde se encuentra el campamento de migrantes haitianos.

Guardias fronterizos a caballo aparentemente arreando a los migrantes haitianos en la frontera con México.

FUENTE DE LA IMAGEN,AFP

Pie de foto,Las imágenes de los guardias fronterizos a caballo aparentemente arreando a los migrantes haitianos generaron conmoción.

Muchos haitianos abandonaron su país después de un devastador terremoto en 2010. Gran cantidad de los que están en el campamento en Texas habían estado viviendo en Brasil y en otros países de América del Sur, desde donde se trasladaron hacia el norte luego de que no haber logrado conseguir empleos ni un estatus migratorio legal.

Este año la situación en Haití empeoró al generarse más inestabilidad política, tras el asesinato en julio del presidente; y al producirse un terremoto mortal en agosto.

Foote sostuvo que los haitianos necesitan «asistencia inmediata» y criticó que Estados Unidos y otros países estén interfiriendo en la política de ese país.

«Lo que nuestros amigos haitianos realmente quieren, y necesitan, es la oportunidad de fijar su propio rumbo», escribió.

Un portavoz del departamento de Estado agradeció a Foote por su trabajo y aseguró que Estados Unidos se mantiene «comprometido con respaldar una migración segura, ordenada y humana en toda la región».

Casi 19.000 migrantes, mayormente haitianos, se encuentran en Colombia, esperando a cruzar hacia Panamá en su recorrido hacia Estados Unidos.

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-58671277

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25.000 firmas para que la Memoria Histórica tenga sitio en el currículo español

La petición en change.org es clara desde el principio. El Ministerio de Educación y FP debe cumplir cuanto antes con el proyecto de Ley de Memoria Democrática en la que, en sus artículos 43 y 44 relativos a cuestiones pedagógicas y educativas. Un texto que entró hace unas semanas en el Congreso de los Diputados para su tramitación. La petición lleva más de 26.000 firmas recogidas de las 35.000 necesarias.

Defiende que se realicen actuaciones curriculares para actualizar los temarios de 4º de la ESO y de bachillerato para que se tengan en cuenta las cuatro décadas de represión, así como de lucha antifranquista. Para ello, solicita que se revisen los libros de texto para que aparezcan estas cuestiones correctamente, además de evitar la «teoría de la equidistancia» entre los bandos contendientes.

También promueve medidas organizativas en relación con el currículo. En bachillerato se solicita que en la asignatura de Historia de 1º los contenidos vayan desde la Revolución Francesa hasta la Primera Guerra Mundial, de manera que para 2º quede desde el periodo de entreguerras hasta la actualidad. Asegura la petición que de esta manera «se acabará con la ‘anomalía española’ que supone la separación de la Historia del Mundo Contemporáneo y la Historia de España en dos cursos». Con esta organización, aseguran las y los promotores de la petición, que habría una organización más lógica, se comprendería mejor la historia de España en el contexto global y los contenidos dedicados a la II República y la dictadura no quedarían relegados al final del temario.

Además de estas medidas relacionadas con la revisión del currículo y la organización de los contenidos en los diferentes cursos, también se pide que haya un esfuerzo en la formación del profesorado que » incluya actualización científica, didáctica y pedagógica (…) para garantizar que se impulsa conjuntamente por la comunidad educativa el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición».

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Afganistán: los talibanes excluyen a las niñas de la escuela secundaria

Las escuelas secundarias iniciaron su reapertura este sábado en Afganistán sin niñas ni profesoras.

El Talibán ordenó en un comunicado que solo los niños regresen a las aulas, excluyendo a todas las niñas y a las mujeres que ejercen como maestras en el país.

Además, el viernes fue clausurado el Ministerio para Asuntos de la Mujer, encargado de velar por los derechos de las mujeres afganas desde 2001.

Fue reemplazado por el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, un organismo para hacer cumplir estrictas doctrinas religiosas.

Es el mismo departamento que entre 1996 y 2001 desplegó la llamada «policía de la moralidad» en las calles para hacer cumplir la estricta interpretación de los talibanes de la ley religiosa islámica, conocida como sharía.

Estas normativas son señales de que Afganistán está regresando al severo régimen talibán de la década de 1990, pese a las promesas de los nuevos mandatarios de ejercer un gobierno más inclusivo.

«Estoy muy preocupada por mi futuro»

El comunicado emitido el viernes, ante la reapertura de las escuelas afganas este sábado, decía lo siguiente: «Todos los profesores y estudiantes varones deben asistir a sus instituciones educativas».

Las escuelas secundarias suelen ser para estudiantes de entre 13 y 18 años. La mayoría de ellas están segregadas en Afganistán, lo que facilitaría a los talibanes el cierre de escuelas para niñas.

Niñas en una escuela segregada por género en Kabul, el 15 de septiembre de 2021.

FUENTE DE LA IMAGEN,BULENT KILIC/GETTY IMAGES

Pie de foto,Niñas en una escuela en Kabul, Afganistán.

Algunas alumnas y sus padres dicen que las perspectivas para el futuro son sombrías.

«Estoy muy preocupada por mi futuro», le dijo a la BBC una estudiante afgana, que soñaba con ser abogada.

«Todo se ve muy oscuro. Todos los días me despierto y me pregunto: ¿Por qué estoy viva? ¿Debería quedarme en casa y esperar a que alguien toque a la puerta y me pida que me case con él? ¿Es este el propósito de ser mujer?«

Su padre dijo: «Mi mamá era analfabeta y mi papá la intimidaba constantemente y la llamaba idiota. No quiero que mi hija se vuelva como mi madre».

Otra colegiala, una joven de 16 años de Kabul, dijo que fue un «día triste».

«¡Quería ser médica! Y ese sueño se ha desvanecido. No creo que nos dejen volver a la escuela. Incluso si abren las escuelas secundarias nuevamente, no quieren que las mujeres se eduquen».

Escuela para niños en Kabul, 16 de septiembre de 2021.

FUENTE DE LA IMAGEN,BULENT KILIC/GETTY IMAGES

Pie de foto,Escuela para niños en Kabul, 16 de septiembre de 2021.

A principios de esta semana, los talibanes anunciaron que a las mujeres se les permitiría estudiar en las universidades, pero no podrían hacerlo junto con los hombres y enfrentarían un nuevo código de vestimenta.

Algunos sugirieron que las nuevas reglas excluyen a las mujeres de la educación universitaria porque las universidades no tienen los recursos suficientes para proporcionar clases separadas para hombres y mujeres.

«Un retroceso»

Desde que el Talibán fue destituido en 2001, se han logrado enormes avances en la mejora de las tasas de escolarización y alfabetización de Afganistán, especialmente para las niñas y las mujeres.

El número de niñas en las escuelas primarias aumentó de casi cero a 2,5 millones, mientras que la tasa de alfabetización femenina casi se duplicó en una década al 30%. No obstante, muchos de los avances se lograron solo en las ciudades.

«Este es un retroceso en la educación de las mujeres y niñas afganas», dijo Nororya Nizhat, exvocera del Ministerio de Educación de Afganistán.

«Esto recuerda a todo el mundo lo que hicieron los talibanes en los años 90. Terminamos teniendo una generación de mujeres analfabetas y sin educación».

Poco después de tomar el poder, los talibanes dijeron que los derechos de las mujeres en Afganistán serían respetados «dentro del marco de la ley islámica».

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-58608977

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UNESCO: 117 millones de alumnos siguen sin ir a clase por la pandemia

La UNESCO alertó este viernes de que 117 millones de alumnos, el 7,5 % de la población escolar mundial, siguen viéndose afectados por el cierre de escuelas como consecuencia de la pandemia, e instó a los países a reabrir en condiciones seguras.

«Sabemos que cuanto más tiempo permanecen cerradas las escuelas, más graves e irreversibles son las consecuencias para el bienestar y el aprendizaje de los niños, sobre todo los más vulnerables y marginados», declaró en un comunicado la subdirectora de Educación de la UNESCO, Stefania Giannini.

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura señaló que a día de hoy los establecimientos escolares están totalmente abiertos en 117 países, lo que representa un total de 539 millones de alumnos desde educación infantil hasta secundaria, es decir, el 35 % de la población escolar mundial.

En el mismo período de 2020 este porcentaje era el 16 %, cuando sólo las escuelas de 94 países estaban abiertas.

Además, durante el pasado curso, el número de países donde las escuelas abrieron parcialmente pasó de 52 a 41, y hasta en cinco países los centros estuvieron cerrados completamente durante 18 meses, lo que afectó a 77 millones de alumnos.

La UNESCO se muestra a favor de la reapertura segura de todas las escuelas y pide que sólo se recurra en último recurso al cierre total de los establecimientos.

Desde el inicio de la pandemia, las escuelas han estado cerradas 18 semanas de media en todo el mundo, lo que pasa a 34 semanas si se tienen en cuenta los cierres parciales.

Según el organismo, los cierres prolongados y recurrentes en estos dos años han supuesto un retraso en el aprendizaje y han hecho aumentar la tasa de abandono escolar, afectando de manera desproporcionada a los más vulnerables.

Para la reapertura ha sido esencial el aumento de las medidas de higiene y protección frente al virus, pero también la vacunación.

En 80 países se ha acordado una prioridad a la inmunización de profesores, lo que supone un total de 42 millones de enseñantes, a lo que se suma la vacuna en muchos países de alumnos mayores de 12 años, lo que para el organismo es «crucial».

Además, la UNESCO mantiene su petición de que todos los países consideren a los profesores como un sector prioritario para las campañas de vacunas.

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/unesco-117-millones-de-alumnos-siguen-sin-ir-a-clase-por-la-pandemia/20000013-4631791

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Paraguay: Docentes anuncian movilización masiva para exigir el reajuste salarial del 16%

Todos los gremios de educadores decidieron hacer una gran movilización en todo el país el próximo 1 de octubre. Los educadores exigen al Gobierno el cumplimiento del reajuste salarial del 16%.

El secretario general de la Unión Nacional de Educadores – Sindicato Nacional (UNE-SN), Eladio Benítez, informó este jueves en conferencia de prensa que, oficialmente, para el 1 de octubre se realizará una gran jornada de reclamo y movilización en todo el país.

«Nuevamente fuimos burlados por el Gobierno cuando la ley establece claramente que nos deben dar 16% de reajuste. Ellos están haciendo la promoción de que el sueldo van a tocar en un 8%. Creemos que la palabra de la autoridad tiene que ser como un sello que garantice el cumplimiento, no aceptamos el 8%, sino debe ser absolutamente el 16%», indicó.

El dirigente amenazó con recrudecer la medida de fuerza entre el 7 y 8 de octubre, si no se da cumplimiento a la ley, que está en manos del Poder Ejecutivo.

El reclamo docente es mantener vigente la Ley 6672/2021, que dispone la continuidad de la implementación gradual del salario básico profesional y que prevé una suba del 16% a partir de octubre de este año.

En el congreso unitario realizado por varios sindicatos de educadores el pasado 10 de setiembre se resolvió el estado de alerta de movilización en caso de que no se inicie el proceso de modificación de la línea presupuestaria para incorporar el reajuste.

Entre los sindicatos presentes estuvieron la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), OTEP-A, OTEP-SN, Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), Unión Nacional de Educadores – Sindicato Nacional (UNE-SN) y organizaciones de docentes jubilados.

Desde Hacienda alegan que al recortarse fondos que provienen de las binacionales, no se podrá cumplir el reclamo al 100%. Para cumplir con el 16% en estos tres meses siguientes se requieren de USD 30 millones.

El viceministro de Administración Financiera de Hacienda, Marco Elizeche, explicó la semana pasada que el 8% corresponde al efecto año completo de la suba que se daría desde el mes que viene, de acuerdo con lo establecido en el plan de gastos 2021 y en la Ley de Consolidación Económica.

El artículo 260 del proyecto de ley para el año entrante estipula que el aumento salarial a maestros será del 8%, desde octubre, si la recaudación efectiva de ingresos corrientes es de por lo menos el 80% de lo previsto al cierre del tercer trimestre.

Si los ingresos están por encima del 85%, el incremento podrá ser de hasta el 16%.

Fuente: https://www.ultimahora.com/docentes-anuncian-movilizacion-masiva-exigir-el-reajuste-salarial-del-16-n2962918.html

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Estados Unidos: Maestros jubilados en California llegan a fin de mes sin acceso a Seguro Social

En el estado de California por ley los educadores jubilados no pueden cobrar los beneficios del Seguro Social, aunque todos hayan contribuido al sistema. La Federación de Maestros de California (CFT) estima que casi dos millones de maestros y empleados públicos jubilados cobrarán poco o nada de su Seguro Social.

“Una vez que la gente se dé cuenta de que esto es lo que va a suceder, menos personas se dedicarán a la enseñanza. Ya tenemos una grave escasez de profesores. Las personas que pagaron por este beneficio, no lo están recibiendo”. Declaró Doug Orr, presidente del Comité de Política de Jubilación de CFT.

California es uno de los 15 estados de Estados Unidos, donde los empleados públicos no pueden recibir la mayor parte o la totalidad de su Seguro Social que también incluye los beneficios de los cónyuges fallecidos.

Esto se debe a una decisión que tomaron los empleados públicos en los años setenta y ochenta, y que ahora los trabajadores no tuvieron nada que ver con esa decisión, están pagando el precio.

El republicano Rodney Davis de Illinois fue el autor de una legislación propuesta que denomina “Ley de equidad en la seguridad social”. En caso de que se apruebe, el proyecto de ley permitiría a los trabajadores del gobierno cobrar los beneficios del Seguro Social de otros trabajos y de sus cónyuges fallecidos.

Sin embargo, los opositores argumentan que esos cambios podrían representar una amenaza para la salud general del fondo del Seguro Social. La propuesta aumentaría los pagos del Seguro Social en un 1,5 por ciento. El proyecto de ley de Davis necesita el apoyo de 290 representantes para someterlo a votación en el Congreso.

Hasta ahora tiene 254 seguidores, y con el paso de la pandemia puede provocar que el proceso sea más lento, por lo que muchos maestros jubilados ya están impacientes de esperar más tiempo para cobrar su seguro.

https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/california-maestros-jubilados-reciben-beneficios-seguro-social

 

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Viewpoint: The AFT Shouldn’t Be Negotiating Away Puerto Rican Teachers’ Pensions

This summer the American Federation of Teachers (AFT) announced another lousy deal that, if passed, will decimate educators’ already abysmally low pensions in Puerto Rico. The AFT has been partnering in secret with the federally appointed and dictatorial Financial Oversight and Management Board—or la junta, as it is known in Puerto Rico—for quite some time.

As a union, the AFT should be standing up to the junta and rejecting the logic of neoliberalism, which will make workers pay for Puerto Rico’s illegal and illegitimate debt. Unfortunately, the AFT chose to work with the junta and negotiate away workers’ rights in service of their own narrow interests as a colonial union in Puerto Rico.

Two years ago, a similar deal was rejected by Puerto Rican educators as the result of a hard-fought “Vote No” campaign waged by rank-and-filers, retirees, and their allies.

Today, the widely-opposed proposal is likely to go down in defeat again, but Puerto Rican educators and retirees need solidarity. As opposed to the last election in which there were outside observers stationed to ensure that the elections were conducted fairly and without bias, this time the voting will be entirely controlled by the AFT/AMPR (the union’s Puerto Rican affiliate) and no observers will be allowed in voting sites.

Educators in the U.S. who are members of the AFT need to know what the union is doing in our name so that we can raise our voices against it. From September 23-27, educators in Puerto Rico will be voting to preserve their hard-earned pensions and we in the U.S. can raise our voices in solidarity: An injury to one is an injury to all!

Myths and realities about the American Federation of Teachers involvement in the Puerto Rico bankruptcy proceedings:

Myth #1: The AFT is fighting to defend educators’ rights in Puerto Rico.

According to AFT President Randi Weingarten, the AFT and its local affiliate in Puerto Rico, the Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR, the Puerto Rican Teachers Association), are negotiating to defend workers rights and public education in Puerto Rico.

But the agreement that the AFT/AMPR is proposing will change the education workers’ current contract for the worse, not the better. If passed, the agreement will increase the retirement age from 55 to 63, significantly lower educators’ retirement salaries, and eliminate the pensions of active and future educators by turning them into 401(k)s.

As Mercedes Martinez, the president of the Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR, the Puerto Rican Teachers Federation) at the time of the AFT’s 2019 attempt to change the contract, said, “What type of negotiation is it where the so-called union accepts the elimination and undermining of teachers’ existing rights? It’s not a negotiation, it’s a betrayal.”

Myth #2: The AFT has no choice but to deal with the junta.

The junta is an unaccountable and undemocratic entity working in the interests of the vulture capitalists who saddled Puerto Rico with an illegal debt burden that can never be repaid. It is similar to the International Monetary Fund. The junta serves the interests of big business by making Puerto Rican workers pay for a debt they aren’t responsible for, through austerity measures that would condemn them to decades of misery.

Educators do not have a labor contract with the junta; they have a contract with the government of Puerto Rico, specifically the Department of Education. Unions in Puerto Rico have no obligation to deal or negotiate with the junta, and some unions have refused to do so on democratic principle. As the currently recognized exclusive representative of educators in Puerto Rico, the AFT/AMPR has no obligation to negotiate with the junta. They chose to do so.

Myth #3: The AFT has a moral obligation to negotiate educators’ pensions with the junta.

The government of Puerto Rico has a legally binding contract with the island’s teachers. This contract includes pension plans that were a part of the workers’ conditions of employment. When the government of Puerto Rico signed these contracts, they made economic and social commitments to their employees. These commitments impact the lives of hundreds of thousands of people.

No one, especially a union which is supposed to represent the best interests of workers, should go behind the backs of its members and around the government of Puerto Rico to undermine this commitment. If the AFT has any moral obligation, it should be to honor and defend public-sector pensions in the face of a severe economic crisis.

Myth #4: The AFT is involved in good faith negotiations with the junta.

When workers’ organizations engage in negotiations with their bosses for better wages and working conditions, they negotiate their contracts and terms of employment. They have the power to do this because the workers have united to collectively assert their will over the employers.

When the AFT/AMPR choose to negotiate with the junta in secret and without any mechanisms for accountability, they undermine the collective power of the workers, as well as the contracts and commitments agreed upon by the union and the government of Puerto Rico. By attempting to pass an agreement with the junta that is so bad for workers, the AFT/AMPR gives tacit legitimacy to an institution and a debt that should be opposed by a fighting labor movement.

By agreeing to a plan with the junta that would push workers deeper into poverty in Puerto Rico, the AFT/AMPR is partnering with the very undemocratic organization whose purpose is to steamroller the labor movement in Puerto Rico. As a U.S.-based organization engaged in these practices, the AFT is participating in the colonial subjugation of the educators of Puerto Rico to the will of the junta.

Myth #5: This deal is in the best interest of educators and retirees in PR.

If passed, this agreement will sign away pensions in exchange for a $3,000 “recognition payment,” which will be dispersed to each member of the union “for the purpose of recognizing the outstanding service of the teachers of Puerto Rico and their importance to Puerto Rico’s future and acknowledging the challenges resulting from the freeze of the teachers’ [pensions].”

The language of the agreement itself recognizes that the freezing of educators’ pensions will cause hardship for the already extremely underpaid educators of Puerto Rico. Simply put, the AFT is agreeing to cashing in the pensions of educators to pay down illegitimate debt, in exchange for $3,000 per member.

This bribe is not in the best interest of educators or their families, to say the least. But it does serve the interest of the vulture capitalists and their allies in Washington and San Juan. In the process, the AFT is positioning itself as a “viable partner” with the junta in the hope of maintaining its lucrative position as the exclusive representative of Puerto Rican educators.

While this agreement will further impoverish Puerto Rican educators, it will line the pockets of the AFT/AMPR with dues payments and guaranteed government subsidies, in the form of payments into the union’s health care system for all members of the union.

Myth #6: There is no alternative to public-sector pension cuts in Puerto Rico.

According to the logic of neoliberalism, there is no alternative to cutting educator pensions in Puerto Rico. The AFT/AMPR’s style of business unionism accepts this logic and seeks to manage it, negotiate it and sell the results as the lesser evil.

But there is an alternative: class struggle unionism. Educators and public-sector workers have been fighting for years to defend their pensions, and they have been successful.

Under pressure from popular opinion, which supports maintaining public-sector pensions, as well as sustained struggle in the streets, the Puerto Rican legislature and conservative governor Pedro Pierluisi passed legislation in June that protects pensions. Law 7, the Law for a Dignified Retirement, was developed and advanced by a coalition of independent and local unions, as well as groups and coalitions that are organizing to cancel the debt.

The AFT’s announced deal with the junta undermines this effort, just at a moment when the junta is trying to dismiss it. This has created a situation in which the AFT/AMPR is acting to directly undermine the hard-won victories of the labor and social movements in Puerto Rico and, by extension, the autonomy and self-determination of the country itself.

The Puerto Rican uprising of 2019—known as “el verano combativo” (the combative summer)—that brought down the governorship of Ricardo Roselló reminded the world of the slogan that “When we fight, we can win.” Now we have to remind the AFT of this.

Fuente: https://labornotes.org/blogs/2021/09/viewpoint-aft-shouldnt-be-negotiating-away-puerto-rican-teachers-pensions

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