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UNESCO: Comunicación, pensamientos y vida de los pueblos indígenas. Conversatorio y talleres

agosto 5, 2021agosto 5, 2021UNESCO

El 7 de agosto de 2021, Radio Jënpoj conmemorará sus primeras dos décadas de historia y de transmisiones, siendo el número 20 de especial importancia para la cultura ayuujk porque su numeración es vigesimal y porque su montaña ceremonial-sagrada es el ii’pxyyukp (Cerro de los 20 picos). Por ello, cumplir 20 años es símbolo de fortaleza y esfuerzo espiritual para la palabra de los Ayuujk Jënpoj (“Vientos de Fuego” en mixe).

En el marco del XX Aniversario de la Radio Jënpoj, del reciente Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo (21 de mayo), y del Día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto), la Radio Jënpoj y la Oficina de la UNESCO en México, en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, AMARC México, COMUNICARES y la DW Akademie, llevarán a cabo un conversatorio entre radios indígenas y comunitarias, así como una serie de tres talleres para fortalecer sus capacidades de comunicación. Estas actividades tendrán lugar el 6 y 9 de agosto (de las 10:00 a las 14:00 horas del centro de Méxcio) en las plataformas zoom y facebook.

Las radios comunitarias e indígenas forman parte de las industrias culturales y creativas ya que generan empleos, ingresos y sostenibilidad. También promueven la diversidad lingüística y cultural del país, al tiempo que fortalecen los valores y vínculos identitarios propios de los pueblos indígenas y de las comunidades. Estas radios contribuyen al fortalecimiento de la paz, el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la lucha contra la pobreza. Su papel en nuestra sociedad involucra la creación de contenidos, la preservación del patrimonio y, sobre todo, habilita nuestros derechos de acceso a la información y a la libertad de expresión.

En México se hablan 68 lenguas indígenas y se cuenta con más de 25 millones de personas que se reconocen como indígenas[1]. Sin embargo, un gran número de estas lenguas están amenazadas y en riesgo de desaparecer. En este contexto, las radios comunitarias e indígenas cobran especial relevancia para mantener vivas las lenguas indígenas y las expresiones culturales, ya que tienen la capacidad de promover identidades y cosmovisiones a través de la producción y distribución de sus contenidos.

Hoy en día, a nivel nacional, con concesión existen 95 registros de radios comunitarias y 19 de radios indígenas, dato que contrasta con las más de 2000 frecuencias de uso comercial[2]. Ante este panorama, las radios indígenas y comunitarias constituyen un elemento fundamental para un ecosistema mediático plural y diverso. No obstante, se enfrentan a diferentes retos para su existencia y sostenibilidad.

El taller AMI lo facilita COMUNICARES, organización de Guatemala y experta en la materia; esta actividad es apoyada por la DW Akademie y forma parte de los esfuerzos de la Red AMI en México. El taller de seguridad para comunicadoras y comunicadores indígenas y comunitarios será facilitado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, quienes cuentan con amplia experiencia en el tema. Finalmente, el taller para tramitar la concesión indígena será impartido por el académico Álvaro Guzmán, especialista en el tema y con experiencia laboral en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como Director General de Concesiones de Radiodifusión.

Participan:

Radio Jënpoj
UNESCO México
COMUNICARES A.C. (Guatemala), facilitador del taller
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, facilitador del taller
AMARC México
Álvaro Guzmán, facilitador del taller
Radios indígenas y comunitarias

-Transmisión en vivo-

https://www.facebook.com/UNESCOMX

[1] Comunicado. En el país, 25 millones de personas se reconocen como indígenas: INALI. Disponible en: https://www.inali.gob.mx/es/comunicados/701-2019-02-08-15-22-50.html

[2] Datos obtenidos a través del Registro Público de Concesiones, disponible en: https://rpc.ift.org.mx/vrpc

Fuente de la información e imagen: https://events.unesco.org

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ONU advierte sobre aumento de hambre extrema en próximos meses

agosto 5, 2021agosto 3, 2021Tercera Información

El organismo multilateral señala que la pandemia, el cambio climático y los conflictos bélicos son los principales causantes de la hambruna.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), alertaron este lunes sobre el incremento del hambre extrema en el mundo, donde al menos 23 focos poblacionales la sufrirán en los próximos cuatro meses.

En un informe en conjunto señalan que los agricultores sentirán los mayores efectos de dicho fenómeno, entre otras causas por la burocracia y la falta de fondos, los cuales imposibilitan brindar ayuda alimentaria, y poder plantar cultivos a gran escala en el momento indicado.

Asimismo, advierte que a la problemática se suman otras variables como los efectos económicos causados por la pandemia de la Covid-19 y el cambio climático, los cuales acrecentarán la inseguridad alimentaria en al menos 23 sitios.

“Las familias que dependen de la asistencia humanitaria para sobrevivir penden de un hilo. Cuando no podemos llegar a ellos, este hilo se corta y las consecuencias son sencillamente catastróficas”, indicó el director Ejecutivo del PMA, David Beasley.

El documento de la ONU y del PMA destaca que Madagascar y Etiopía serán dos zonas de alerta roja, pues en el segundo país al menos 401.000 personas sufrirán de hambre extrema como consecuencia de los enfrentamientos bélicos entre las tropas federales y eritreas. Mientras, en Madagascar un aproximado de 28.000 ciudadanos padecerán escasez de alimentos, reflejo de una de las peores sequías en los últimos 40 años, el aumento de los precios de los alimentos, las tormentas de arena, y las plagas que dañan cosechas.

Otros polos de hambruna reseñados en el informe indican a Afganistán, Angola, la República Centroafricana, la zona del Sahel central, Chad, Colombia, la República Democrática del Congo, El Salvador, Honduras, Guatemala, Haití, Kenia, El Líbano, Mozambique, Myanmar, Nigeria, Sierra Leona, Liberia, así como Somalia, Sudán del Sur, Siria y Yemen, como países de posibles mayores carencias.

Al respecto, el pasado mes de junio, la FAO y el PMA señalaron que 41 millones de personas corren riesgo de sufrir de escasez de alimentos a menos que reciban ayuda inmediata. En 2020, 155 millones de personas en 55 países se enfrentaban a inseguridad alimentaria.

Fuente de la información e imagen: https://www.tercerainformacion.es

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México: AMLO exige regreso a clases presenciales a toda costa

agosto 5, 2021agosto 4, 2021Noticias

Por: Aldo Santos

Con más de 20 mil contagios diarios de Covid-19 en los últimos días, el presidente insiste en que a fines de agosto se volverá a clases presenciales, “llueva, truene o relampaguee”.

Poco o nada le importa la creciente saturación hospitalaria en diversas entidades del país; que las nuevas variantes del virus afecten más a los jóvenes, quienes no están vacunados; que la campaña de vacunación aún no concluye; o que la mayoría de las escuelas no cuentan con condiciones sanitarias óptimas. El presidente parece decidido a que el próximo ciclo escolar inicie a toda costa con clases presenciales. “No vamos a mantener cerradas las escuelas, ya fue bastante”, afirmó.

Su determinación no es nueva. Semanas antes de concluir el ciclo escolar pasado, a partir de dichos de AMLO en el mismo sentido, las autoridades educativas quisieron imponer el regreso a las escuelas, lo que solo pudieron lograr en algunas debido a la firme oposición de buena parte del magisterio, así como de madres y padres de familia. En el caso de la CDMX, a los pocos días tuvieron que suspender el experimento, ante el regreso del semáforo epidemiológico a color amarillo y luego de 12 alumnos contagiados, de lo que ninguna autoridad se hizo responsable. Ahora vuelven a la carga.

De mal en peor

Para el presidente, “el sistema de educación a distancia es bueno, pero no es lo mismo…”, ya que la escuela “…es donde se socializa el conocimiento”. También dijo que además de la salud física se tiene que pensar en la salud emocional de niñas, niños y adolescentes (NNA), quienes según él no sufren riesgos mayores con la pandemia.

Tendría que haber empezado por reconocer a los millones de alumnos rezagados y excluidos del sistema educativo con la educación a distancia, al no haberlos dotado de recursos tecnológicos y conectividad gratuitos como era necesario, lo que las autoridades educativas quisieron invisibilizar con su política de no reprobación. Pero la solución a esto no es exponer aun más a los alumnos y a sus familias al contagio, lo que sólo agravará los problemas educativos.

Es falso que lxs NNA no sufren riesgos con la pandemia. Está demostrado el aumento de casos entre las personas jóvenes con las nuevas variantes del virus. Por lo que se les niega el derecho a la salud al exponerlxs a la enfermedad, en un transporte público saturado y en escuelas sin condiciones sanitarias óptimas, con posibles secuelas que pueden mermar su calidad de vida, sin mencionar las consecuencias fatales que puede provocar que contagien a sus familiares de mayor edad con los que viven.

Ni que hablar de su “salud emocional”, cuando muchxs han tenido que enfrentar situaciones familiares críticas, con parientes graves en casa, internados o buscando hospital, pero también por el despido o la reducción de los ingresos de sus madres y padres durante la pandemia, que el gobierno federal dejó pasar impunemente en beneficio de los empresarios.

Si verdaderamente le preocupara la salud emocional de lxs NNA, el presidente debería haber decretado la prohibición de los despidos y rebajas salariales, además de dar apoyos suficientes a los pequeños comerciantes y trabajadores del sector informal para que sus familias no quedaran sin sustento durante la pandemia.

Escuelas inseguras

Hay que reconocer también, como hemos denunciado muchas veces desde la Agrupación Nuestra Clase, que las escuelas no cuentan con condiciones sanitarias óptimas. En las ciudades se padece hacinamiento en la mayoría de ellas, es decir, de espacio suficiente para poder guardar “sana distancia”; así como la falta de insumos sanitarios, como gel antibacterial, jabón e incluso agua corriente, que tendrán que obtenerse con las aportaciones de las madres y los padres de familia. Tampoco se cuenta con médicxs o enfermerxs, ni con personal especializado para la atención psicoemocional de lxs NNA, más allá de lxs docentes frente a grupo que debemos hacer de “todologxs”.

En estas condiciones, lo que las autoridades pretenden es que volvamos en una modalidad “híbrida”, es decir, unos días con clases presenciales y otros a distancia, sin que cuenten con los recursos necesarios ni las escuelas ni las familias, lo que promete seguir profundizando el rezago educativo a cambio de mayor carga laboral para las y los docentes.

No a la imposición

Con lo anterior, queda claro que al titular del ejecutivo federal no le interesa ni la educación, ni la salud física y emocional de lxs NNA que asisten a las escuelas públicas. Fue sincero al decir que está de acuerdo con los directivos de escuelas privadas, quienes presionan por el regreso a clases presenciales para poder seguir lucrando con la educación. Mientras ignora la opinión de lxs maestrxs, madres y padres de familia. Aunque el presidente dice públicamente que será “voluntario”, la línea de los directivos en las escuelas es imponer el regreso presencial a toda costa, recurriendo a chantajes y amenazas.

Las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, independientemente de su filiación partidaria, tienen acuerdo en imponer cuanto antes la “nueva normalidad” para que continúen los negocios de los grandes empresarios, sin importarles la salud ni la vida de lxs hijxs y familias del pueblo trabajador. Para lo cual requieren del regreso a las escuelas, que movilizará a millones de personas diariamente.

Los trabajadores de la educación, aliados con las madres y padres de familia, debemos impedir que se imponga esta política irresponsable. Hay que exigirles a nuestros delegados sindicales que convoquen a asambleas por escuela, donde podamos discutir democráticamente cuáles son las condiciones mínimas indispensables para un regreso seguro, tales como: grupos reducidos de no más de 15 alumnos; todos los insumos necesarios, pagados con recursos públicos; médicos y psicólogos en cada escuela; pruebas de diagnóstico a toda la comunidad escolar, antes de iniciar el ciclo y periódicamente; que haya semáforo verde por al menos 3 semanas consecutivas y que esté toda la población vacunada, entre otras.

Para conseguirlo se requiere un plan de acción que movilice las fuerzas de todo el magisterio nacional. La CNTE debe romper con su pasividad y convocar a todas las organizaciones que se reivindican.

Fuente de la información e imagen: https://www.laizquierdadiario.mx

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México: Claves para entender la nueva Ley General de Educación Superior

agosto 5, 2021agosto 4, 2021Noticias

Por: Ana María Zorrilla Noriega*

Mediante este artículo se busca contribuir en el entendimiento del cambio que la nueva Ley General de Educación Superior implica para las personas, relaciones y procesos que integran las instituciones de educación superior en México.

El 20 de abril de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Educación Superior (LGES). El anteproyecto de esta ley se tejió en diversos grupos de trabajo, foros estatales de consulta y mesas redactoras. Después, la iniciativa fue presentada por consenso de casi todos los grupos parlamentarios. Con esta nueva ley, se abrogó la Ley para la Coordinación de la Educación Superior que había sido publicada en 1978, bajo la presidencia de José López Portillo.

Durante los 43 años transcurridos entre ambas leyes, el sistema mexicano de educación superior se transformó de manera radical: las instituciones que lo conforman se diversificaron, el tipo de sostenimiento de los servicios varió, la matrícula creció de manera significativa, la profesión académica y las modalidades de enseñanza evolucionaron, entre otras cuestiones. Por este motivo, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior resultaba insuficiente para regular este sistema educativo.

El principal propósito de este artículo es contribuir en el entendimiento de este importante cambio regulatorio para la realidad social y educativa de nuestro país. Para comenzar es relevante considerar que, a fin de lograr una regulación adecuada al contexto actual de la educación superior, una nueva ley general era necesaria. ¿Por qué? Una ley general bien diseñada es capaz de articular todas las instancias y los actores involucrados en un sistema; de distribuir las competencias entre las autoridades; así como de desarrollar el régimen constitucional de derechos y obligaciones que sea aplicable.

Lograr lo anterior no es sencillo. El sistema de educación superior en México está conformado por instituciones con distintos regímenes jurídicos, recursos, capacidades y necesidades. Si bien son muchos los cambios que la nueva ley incluye, enseguida se referirán algunas cuestiones clave que vale la pena considerar para comprender sus implicaciones para el día a día de las personas, relaciones y procesos que integran las instituciones de educación superior (IES):

(1) El federalismo educativo propio del Sistema Educativo Nacional ahora se manifiesta en varios aspectos cruciales de la educación superior, tales como la distribución de competencias entre los órdenes federal, estatal y municipal; el reconocimiento de los sistemas estatales de educación superior; así como la previsión de las comisiones estatales para la planeación y los programas estatales para este tipo educativo.

(2) Dentro del sistema de educación superior, ahora se reconocen tres subsistemas: el universitario, el tecnológico, y el de escuelas normales y formación docente en sus diferentes modalidades. Dentro de cada subsistema, existen instituciones con diversos regímenes jurídicos y administrativos.

(3) Se prevé la existencia de instancias de vinculación y gobernanza, entre las que se encuentran nuevos órganos coordinadores. Uno muy importante es el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, órgano colegiado para acordar acciones y estrategias que impulsen la educación superior. Si bien la ley incluye la definición, integración y principales funciones de este consejo, los mecanismos mediante los que operará y los procedimientos para elegir a sus integrantes serán definidos en los lineamientos que proponga la Secretaría de Educación Pública.

(4) En relación con las IES públicas, la ley indica que los mandatos de obligatoriedad y gratuidad establecidos en el artículo 3º constitucional deben cumplirse de manera progresiva y de conformidad con la disponibilidad presupuestaria; para lo que se contempla la creación de un fondo federal especial. La obligatoriedad significa que el Estado debe asegurar que cualquier persona que termine el bachillerato tenga un lugar que dentro de alguna institución. La gratuidad implica eliminar gradualmente -pero sin retroceder- los cobros de las instituciones públicas al alumnado por conceptos de inscripción, reinscripción y cuotas escolares ordinarias.

(5) Para las IES que gozan autonomía constitucional o legal, la ley establece un mayor blindaje: ahora se requiere una autorización expresa por parte de los órganos directivos de estas instituciones para que alguna reforma a sus leyes orgánicas sea aprobada. Por otro lado, se contemplan excepciones para los régimenes autónomos y obligaciones que estas instituciones comparten con todas las demás, como las relacionadas con transparencia y rendición de cuentas.

(6) En cuanto a las IES particulares, se señala que su actividad constituye un servicio público; es decir, que está sujeta a un régimen jurídico específico en el que se activan ciertas facultades del Estado. Estas facultades pueden ser de carácter regulatorio, como los procedimientos para otorgar o renovar el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, o la opción para simplificar los trámites mediante el Reconocimiento a la Gestión Institucional y Excelencia Educativa. Las facultades también pueden ser de aseguramiento de mínimos necesarios, como puede observarse en la nueva obligación de las instituciones particulares de otorgar becas a por lo menos el 5% de su alumnado inscrito. Finalmente, las facultades también pueden ser de vigilancia y sanción, como las que se incluyen en el esquema de infracciones y sanciones que se establece para este conjunto de instituciones.

(7) La ley plantea avances relevantes en términos de información y movilidad dentro del sistema de educación superior. En primer lugar, se indica la creación del Registro Nacional de Opciones para Educación Superior, mediante el que se darán a conocer los espacios disponibles en las IES, así como los requisitos para el ingreso. En segundo lugar, se contempla la construcción del Marco Nacional de Cualificaciones y el Sistema Nacional de Asignación, Acumulación y Transferencia de Créditos Académicos, los cuales facilitarán el tránsito de los estudiantes y la continuidad de sus estudios entre la educación superior universitaria, tecnológica y de educación normal. En tercer lugar, se anuncia el establecimiento del sistema de evaluación y acreditación de la educación superior, que dependerá de una labor coordinada entre el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.

(8) En la ley se incluyen valiosos principios y acciones con enfoque transversal, tales como inclusión, no discriminación, interculturalidad, perspectiva de género, eliminación de la violencia, entre otros. Su incorporación en los ambientes de aprendizaje y las dinámicas de enseñanza dependerán de la capacidad de respuesta de cada institución, que a su vez está determinada por diversos factores como su historia y sus recursos económicos y humanos.

Si bien la nueva LGES representa un importante avance en la regulación educativa de nuestro país, para dar cuenta de su efectividad en la realidad habrá que estar pendientes de ciertos hitos de implementación, tales como los acuerdos, lineamientos y demás disposiciones que emita la Secretaría de Educación Pública; así como la asignación de los recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente año. También habrá que estar atentos a las discusiones sobre el anteproyecto de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, porque ahí se terminará de regular la relación entre los sistemas (nacional, de educación superior, de ciencia y tecnología, y de mejora continua de la educación), así como importantes mecanismos para la acreditación y evaluación de los programas.

*La autora es integrante de MUxED que actualmente se desempeña como Coordinadora de la Clínica en Derecho y Política Pública y del Proyecto de Cultura de la Legalidad en el Departamento de Derecho del ITAM. Es Doctora en Derecho por la UNAM, Maestra en Derecho y Gobierno por American University Washington College of Law, y realizó estudios de evaluación de políticas y programas educativos en Georgetown University. Redes sociales: Facebook: Ana María Zn, LinkedIn: Ana María Zorrilla Noriega.

Fuente de la información e imagen: https://piedepagina.mx

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Mundo: Sexismo en el deporte

agosto 5, 2021agosto 4, 2021Telesur TV

Esta edición de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 ha sido propicia para reabrir el debate sobre el sexismo deportivo que viven las atletas femeninas.

Las Olimpiadas se han caracterizado por ser el evento deportivo mundial en el que concurren mejores atletas de cada país, quienes con arduo trabajo y esfuerzo entregan su corazón en las diferentes disciplinas para conquistar una medalla olímpica.

Sin embargo, estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se han caracterizado por varias polémicas que generan nuevamente el análisis sobre el sexismo en el deporte y cómo se puede combatir.

Las atletas no son las únicas que han emitido comentarios sobre el sexismo que se evidencia en algunas normativas en el campo deportivo, usuarios de redes sociales también han contribuido a cuestionar estas acciones.

Comentarios insultantes

Uno de los primeros hechos registrados en esta edición de las olimpiadas fueron los comentarios realizados por el entonces presidente del Comité Organizador del evento y exprimer ministro de Japón, Yoshiro Mori, en contra de las mujeres.

Foto: AP

«Los consejos de administración con muchas mujeres llevan demasiado tiempo (…) Si aumentas el número de miembros ejecutivos femeninos, y que su tiempo de palabra no está limitado en cierta medida, tienen dificultades para terminar, lo que es molesto», fueron sus palabras ante la prensa.

Tras el rechazo contundente y críticas por sus comentarios, en febrero pasado presentó su renuncia a la presidencia del Comité.

Por su parte, la atleta venezolana Yulimar Rojas, quien ganó medalla de oro e impuso un nuevo récord olímpico y mundial, también fue objeto de este tipo de comentarios.

Luego de subir una imagen a sus redes sociales en la que se ve su contextura física, fue fuertemente criticada e insultada, con comentarios que la comparaban con un «cuerpo de hombre».

Gimnastas alemanas contra la sexualización

El equipo alemán femenino de gimnasia participó en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 llevando un uniforme de cuerpo entero, dejando a un lado el tradicional maillot.

Según la integrante de la delegación, Sarah Voss, el propósito de esta iniciativa fue que «las gimnastas que no se sientan cómodas con el atuendo habitual se animen a seguir nuestro ejemplo”.

Ella explicó que, a medida que fue pasando por la pubertad, se sintió cada vez más incómoda con el uniforme que debía llevar.

“Queremos asegurarnos de que todas se sientan cómodas y les mostramos que pueden utilizar la ropa que deseen y verse y sentirse increíbles, ya sea con un maillot largo o corto. Queremos ser un modelo”, expresaron las gimnastas.

Sanción al equipo noruego de balonmano de playa

Otra polémicas que plantea la discusión sobre el sexismo en el deporte fue la sanción al equipo femenino de balonmano de playa de Noruega durante el Campeonato de Europa celebrado en Varna, Bulgaria.

La multa fue impuesta por la Federación Europea de Balonmano (EHF) ante el supuesto «uso de ropa inadecuada» de las integrantes del equipo, quienes eligieron colocarse un short para disputar el partido contra España.

La decisión de las jóvenes fue tomada tras argumentar que la prenda que debían usar era muy restrictiva, sexualizada e incómoda. Cada jugadora debía pagar un equivalente a 177 dólares, aproximadamente 1.768 dólares.

«Juntos seguiremos luchando para cambiar las reglas de la ropa, para que las jugadoras puedan jugar con la ropa con la que se sientan cómodas», expresó la Federación Noruega de Balonmano (NHF) al conocer la sanción.

Esta medida recibió el rechazo de varios usuarios de las redes sociales, entre ellas, el de la cantante estadounidense Pink, quien se ofreció a pagar la multa.

«Estoy muy orgullosa del equipo femenino de balonmano femenino de Noruega por protestar contra las muy sexistas reglas sobre su ‘uniforme’. La Federación Europea de Balonmano debería ser multada por sexismo. Con mucho gusto les pagaré las multas”, publicó en su cuenta Twitter.

Otros casos

En 2011, la Asociación de Jugadoras de baloncesto cuestionó a la Federación Internacional (FIBA) por la normativa sobre el uso de pantalones y camisetas más estrechos, en las competiciones europeas, planteando un sesgo sexista.

Situaciones similares sucedieron con la Federación Mundial de Bádminton y la Federación Española de Balónmano, en 2014, sobre el uso obligatorio de top y bikinis durante las competiciones.

Posteriormente, se acordó que las jugadoras usaran el uniforme que fuera más cómodo para ellas.

Fuente de la información e imagen: https://www.telesurtv.net

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Report OVE: World Bank Group (WBG) , UNESCO Institute of Higher Education for Latin America and the Caribbean (IESALC), Gates Foundation and Facebook Corporation

agosto 4, 2021Noticias

Critical thinking is based on the praxis anchored in the territories , the systematic study of reality, the analysis of data, narratives and imaginaries. According to the world-system framework , doing critical pedagogies adds the need to study the link between large corporations, development banks, multilateral organizations and philanthropy with education.

This is particularly relevant in the context of recent decades tensions, resulting from the national educational disinvestment in key areas such as teacher working conditions, infrastructure, endowments and social programs for students, to which is added standardization systems of educational goals marked by suparanational definitions .

At no other time in history was so decisive explicit international pressure on the national in educational matters. The normalization and standardization of educational policies is produced through consensus induced by post-cold war multilateralism, formulation of minimum and maximum coordinates established by the G-7, international monetary fund and development banks, strengthened through the corporatization of the educational agenda and philanthropic financing of multinationals conditioned by market priorities.

Despite the multiple evidences in this regard , unfortunately many of the discourses of educational resistance do not immerse themselves in this spider web, which leads to the emptying of the narratives of resistance , to the fragility of the arguments and serious limitations to foresee.

The great obstacle to the work of this observatory is the precarious transparency in the budgetary and financial information of some instances of multilateralism. In the 21st century, transparency is an imperative to rebuild the democratic culture and the active role of citizens. However, the work will be done with the information that is available, without leaving at every opportunity to underline the need to improve transparency.

For the work that we begin with this report, we are eager to call on more voices to join the work we do, with the understanding that the work that we begin strategically is sustainable with an alternative social structure.

Enlace del Informe

REPORTE 1 INGLES

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Amnistía Internacional denuncia graves violaciones a los derechos humanos contra manifestantes en Colombia

agosto 3, 2021agosto 3, 2021Amnistía internacional

Publicación original: Amnistía Internacional

Las prácticas evidenciadas en el nuevo informe Cali: En el epicentro de la represión —que incluyen uso de armas letales contra manifestantes, uso excesivo e ilegítimo de armas menos letales como gases lacrimógenos, detenciones ilegales y torturas— son un reflejo de cientos de denuncias hechas por manifestantes, personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos y demuestran un modus operandi llevado a cabo a lo largo del país, dijo Amnistía Internacional hoy.

“Las autoridades colombianas violaron los derechos humanos de quienes se manifestaban pacíficamente en Cali, haciendo uso excesivo e innecesario de la fuerza con el objetivo de desarticularlas. Bajo la justificación del restablecimiento del orden, cientos de personas sufrieron lesiones terribles y decenas de jóvenes perdieron la vida. Lo acontecido en Cali es la manifestación de la respuesta violenta de las autoridades y los verdaderos objetivos detrás de esta represión: infligir miedo, desincentivar la protesta pacífica y castigar a quienes exigen vivir en un país más justo”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, se encuentra en una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado interno y donde proliferan los actores armados diversos que continúan dejando miles de personas desplazadas y asesinadas. Es la segunda ciudad con mayor población Afrodescendiente en Latinoamérica y se caracteriza por la desigualdad, la exclusión y el racismo estructural. Este contexto ha sido el detonante de que Cali concentre el mayor número de protestas, pero también de violaciones a los derechos humanos en el contexto de la represión.

Desde el 28 de abril, se han presentado manifestaciones multitudinarias en Cali, en el marco del “Paro Nacional”. En esta ciudad se concentran las más graves denuncias de la represión violenta sufrida por jóvenes manifestantes a manos de la fuerza pública y de grupos de civiles armados, y las autoridades continúan restringiendo el derecho a la protesta pacífica hasta la fecha.

«Las autoridades colombianas violaron los derechos humanos de quienes se manifestaban pacíficamente en Cali, haciendo uso excesivo e innecesario de la fuerza con el objetivo de desarticularlas».

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional realizó una exhaustiva verificación digital de material audiovisual, que da cuenta del uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de agentes de Policía Nacional, en particular, de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Asimismo, la organización documentó actos de paramilitarismo urbano cometidos por civiles armados, quienes acompañaron a agentes de la Policía Nacional y, con su aquiescencia y tolerancia, atacaron a manifestantes y personas defensoras de los derechos humanos.

El informe analiza tres acontecimientos específicos que acumularon diversos casos de violaciones de derechos humanos ocurridos en Cali. El primero ocurrió el 3 de mayo, cuando, en una incursión denominada “Operación Siloé”, agentes de Policía Nacional, en conjunto con agentes del ESMAD y del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional de Colombia (GOES), usaron armas letales, como fusiles Tavor 5.56 mm, contra manifestantes pacíficos. Esa noche se registraron al menos tres muertes por herida de arma de fuego, incluyendo la del joven Kevin Agudelo, cientos de personas lesionadas y varias detenciones arbitrarias.

El segundo evento analizado fue el ataque contra la Minga Indígena, llevado a cabo por civiles armados, en presencia de agentes de la Policía Nacional el 9 de mayo. Ese día resultaron heridas 11 personas indígenas, entre ellas la defensora de derechos humanos indígena Daniela Soto.

Por último, se presentan los hechos ocurridos el 28 de mayo, cuando agentes de la Policía Nacional usaron fuerza excesiva en coordinación con civiles armados y atacaron a los manifestantes en el barrio aledaño a la Universidad del Valle. Ese día una decena de jóvenes manifestantes, entre ellos Álvaro Herrera, Noé Muñoz y Sebastián Mejía, fueron golpeados y detenidos por civiles armados, quienes luego los entregaron a la Policía Nacional. Álvaro y Sebastián denunciaron haber sido sometidos a torturas y tratos crueles e inhumanos durante esa detención ilegal.

En el caso de Siloé, se recurrió de forma ilegítima y excesiva al uso de gases lacrimógenos – incluso contra manifestantes pacíficos que no tenían por donde dispersarse, a través de Venom, un sistema inapropiado para ser usado en operaciones de mantenimiento del orden público.

Los hechos documentados no fueron aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón de accionar violento por parte de las autoridades colombianas, quienes han respondido a la protesta con estigmatización, criminalización, represión policial ilegal y militarización. Cuando el presidente Iván Duque decretó la militarización de varias ciudades del país, incluyendo Cali, el 28 de mayo, lejos de dar un mensaje de diálogo, avivó las protestas al mandar a las calles cuerpos militares con más de seis décadas de formación para el conflicto armado.

Ante el anuncio de movilizaciones para el 20 de julio y la celebración de la Asamblea Nacional Popular, integrada por personas, colectivos y movimientos del Paro Nacional, en diferentes ciudades del país, incluyendo Cali, la Gobernación del Valle del Cauca dictó medidas restrictivas de movilidad de transporte y/o personas para ingresar al departamento del 16 al 22 de julio, limitando así el derecho a la protesta pacífica.

El informe destaca las recientes observaciones de la visita a Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y llama al Estado a cumplir con sus recomendaciones, así como a cooperar con y no obstaculizar la labor del recientemente creado Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia de la CIDH.

El informe insta a las autoridades colombianas a dar con prontitud una orden inequívoca de detener la represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad. Esto incluye la interdicción del uso de armas letales como medio de dispersión de multitudes y el uso de gases lacrimógenos contra reuniones pacíficas y/o de forma que implique un riesgo de causar daños excesivos e injustificados —de acuerdo con las 30 reglas para el uso de sustancias químicas irritantes en la aplicación de la ley que Amnistía Internacional publicó esta semana.

«En Amnistía Internacional esperamos que el proceso de reforma policial, anunciado por el presidente Duque, no sea solo una promesa de papel, sino que incluya las reformas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2020 y un cambio en el modus operandi represivo de la Policía Nacional frente a las manifestaciones pacíficas».

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Asimismo, se deben iniciar investigaciones diligentes, independientes e imparciales sobre las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto del Paro Nacional, concretamente, en la ciudad de Cali y los casos presentados en el informe, tomando en cuenta todas las responsabilidades dentro de la línea de mando de la fuerza pública, así como en la participación de personas civiles armadas con su tolerancia. No debe prevalecer la impunidad ante estos graves delitos.

El 12 de julio Amnistía Internacional solicitó información sobre los tres casos documentados en el informe al Ministro de Defensa, al Director General de la Policía Nacional y al Fiscal General de la Nación, a fin de recibir sus comentarios en un plazo de diez días e incluirlos en el informe. El 23 de julio el Juez 158 de Instrucción Penal Militar envío su respuesta con información sobre investigaciones iniciadas bajo esa jurisdicción. Al 23 de julio, fecha de cierre del informe, no se ha recibido respuesta de las demás autoridades.

El 19 de julio el presidente Duque presentó públicamente “el proceso de transformación integral de la Policía Nacional” que, según indicó, tiene como sus pilares la priorización del enfoque de derechos humanos. A pesar de este anuncio, el 20 de julio Amnistía Internacional recibió reportes de agentes del ESMAD haciendo uso ilegal de la fuerza durante las protestas en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, resultando en varias personas manifestantes heridas.

“En Amnistía Internacional esperamos que el proceso de reforma policial, anunciado por el presidente Duque, no sea solo una promesa de papel, sino que incluya las reformas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2020 y un cambio en el modus operandi represivo de la Policía Nacional frente a las manifestaciones pacíficas”, dijo Erika Guevara Rosas.

Cali: En el epicentro de la represión, violaciones a los derechos humanos durante el paro nacional 2021 en Cali, Colombia (Investigación. 30 de julio de 2021)

Sustancias químicas irritantes en la aplicación de la ley (Investigación, 30 de julio de 2021)

30 reglas para el uso de sustancias químicas en la aplicación de la ley (Investigación, 30 de julio de 2021)

Colombia: Amnistía Internacional denuncia la respuesta militarizada y represión policial de manifestaciones(Noticias, 4 de mayo de 2021)

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