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Bangladesh promete «incentivos fiscales» para las empresas que contraten personas transgénero
El Gobierno asiático intenta así mejorar las condiciones sociales y económicas de uno de los colectivos que mayor exclusión sufre en este país de mayoría musulmana.
«Propongo promulgar incentivos fiscales especiales con miras a proporcionar empleo y asegurar un aumento en el nivel de vida y la integración social y económica de los miembros del tercer género», ha presentado el ministro de Economía de Bangladesh, Mustafa Kamal.
200.000 personas transgénero
Durante la presentación de los presupuestos para este año fiscal, Kamal ha explicado que «la comunidad del tercer género se está quedando atrás y fuera de la sociedad», por lo que confía en que políticas como estas garantice, a través «de la producción» su inclusión en la sociedad.
Bangladesh, según organismos independientes de Derechos Humanos, cuenta con más de 200.000 personas transgénero, aunque el Gobierno sitúa la cifra en 10.000. La mayoría de ellos son relegados al ostracismo por sus familiares y sobreviven mendigando y recurriendo a la prostitución.
Menos impuestos y reembol
lso de salarios
Kamal ha explicado que las empresas que sumen a la medida tendrán una reducción del 5 por ciento en sus impuestos, o un reembolso del 75 por ciento de los salarios de las empleados transgénero que contraten, en caso de que el 10 por ciento de su fuerza laboral, o bien 100 trabajadores, fueran del llamado «tercer género».
Hijra
Las personas transgénero pueden registrarse legalmente desde 2013
Desde 2013, Bangladesh permite que las personas transgénero, conocidas como hijra, se registren legalmente como tercer género.
La medida figura dentro de un plan económico valorado en 71.000 millones de dólares que Kamal ha presentado este jueves ante el Parlamento, de los cuales 44.600 millones de dólares serán invertidos en salud, educación, tecnología, bienestar social, seguridad pública y defensa.
La cantidad restante está prevista que se destine a la construcción y desarrollo de infraestructuras.
Fuente: https://www.lavanguardia.com/vida/20210604/7504525/bangladesh-incentivos-fiscales-empresas-contraten-transgenero.html
«¿Cuántos niños más hay enterrados?»: la conmoción en Canadá tras el hallazgo de los cuerpos de 215 niños de un internado
El descubrimiento la semana pasada de los restos de al menos 215 niños indígenas, estudiantes del internado más grande de Canadá, ha provocado indignación en todo el país, que exige que haya más búsquedas de tumbas sin nombre. Esto es lo que sabemos hasta ahora.
El anuncio ofreció una pequeña muestra de una investigación en curso de la tribu Tk’emlúps te Secwépemc sobre la muerte de estudiantes en internados.
Estos colegios administrados por el gobierno formaban parte de la política para lograr asimilar a los niños indígenas y destruir las culturas y los idiomas nativos.
¿Qué sabemos de los primeros hallazgos?
La semana pasada, la jefa de la tribu Tk’emlúps te Secwépemc, Rosanne Casimir, anunció que se habían encontrado los restos de 215 niños cerca de la ciudad de Kamloops, en el sur de la provincia de Columbia Británica.
Se cree que algunos de los restos son de niños de tan solo 3 años.
Todos habían sido estudiantes de la Kamloops Indian Residential School, la institución más grande de este tipo en el sistema de internados de Canadá.
El hallazgo de los restos había sido confirmado días antes con la ayuda de tecnología de radar de penetración terrestre, dijo Casimir.
Se hizo hizo el descubrimiento gracias al trabajo preliminar para identificar los sitios de enterramiento realizado a principios de la década de los 2000.

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El informe completo de los restos encontrados debe presentarse a mediados de junio y los hallazgos preliminares pueden ser sujetos a revisión. Los líderes indígenas han dicho que la cifra de 215 aumentará.
«Lamentablemente, sabemos que muchos más niños están desaparecidos», dijo Casimir en un comunicado la semana pasada.
Miles de niños murieron en internados y sus cuerpos rara vez regresaban a casa. Muchos fueron enterrados en tumbas sin nombres.
Hasta hoy no hay un dato certero de la cantidad de niños que fallecieron, las circunstancias de sus muertes o dónde están enterrados. Esfuerzos como los de la nación Tk’emlúps te Secwépemc están ayudando a reconstruir parte de esa historia.
Se sabe que la escuela Kamloops, que funcionó entre 1890 y 1969, tenía capacidad para 500 estudiantes indígenas, muchos de los cuales fueron enviados a vivir allí a cientos de kilómetros de sus familias.
Entre 1969 y 1978, se utilizó como hogar de estudiantes que asistían a las escuelas diurnas locales.
De los restos encontrados, se cree que 50 niños ya han sido identificados, señaló Stephanie Scott, directora ejecutiva del Centro Nacional para la Verdad y la Reconciliación. Las muertes ocurrieron desde 1900 hasta 1971.

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Los niños «terminaron en tumbas comunes», dijo Scott. «Sin marcas, como desconocidos».
Los hallazgos provocaron el enojo en toda Canadá, donde muchos hicieron vigilias y memoriales improvisados en todo el país.
Pero para los líderes indígenas, el descubrimiento no fue algo inesperado.
«La indignación y la sorpresa del público en general son bienvenidas, sin lugar a dudas», dijo el jefe nacional de la Asamblea de las Primeras Naciones, Perry Bellegarde. «Pero el informe no es sorprendente».
«Los sobrevivientes han estado diciendo esto durante años y años, pero nadie les creyó», dijo.
¿Cómo eran los internados?
El internado de Kamloops fue uno de más de 130 similares. Estuvieron abiertos en todo Canadá entre 1874 y 1996.
Como eje de la política gubernamental de asimilación forzosa, unos 150.000 niños de las naciones nativas, principalmente de las etnias intuit y métis, fueron separados de sus familias durante ese período y colocados en internados del Estado.

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Cuando la asistencia se volvió obligatoria en la década de 1920, los padres se enfrentaron a la amenaza de prisión si no los enviaban.
La política dejó un trauma en generaciones enteras de niños indígenas, que se vieron obligados a abandonar sus idiomas nativos, hablar inglés o francés y convertirse al cristianismo.
Las iglesias cristianas fueron esenciales en la fundación y el funcionamiento de las escuelas. La Iglesia católica en particular fue responsable de operar hasta el 70% de los internados, según la Sociedad de Sobrevivientes de Escuelas Residenciales de Indígenas.
«La política de nuestro gobierno era deshacerse de lo indígena en el niño», dijo Bellegarde. «Fue una ruptura de uno mismo, la ruptura de la familia, la comunidad y la nación».
El informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), publicado en 2015, describió la política dirigida por el gobierno como un genocidio cultural.
En sus 4.000 páginas detalla fallas radicales en el cuidado y la seguridad de estos niños, con la complicidad de la Iglesia y el gobierno.
«Los funcionarios, la Iglesia y las escuelas estaban al tanto de estas fallas y su impacto en la salud de los estudiantes», dice.
Los estudiantes a menudo fueron alojados en edificios mal construidos, con poca calefacción e insalubres, según el informe. Muchos carecían de acceso a personal médico capacitado y estaban sujetos a castigos severos y a menudo abusivos.

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Las pésimas condiciones de salud, según el informe, venían en buena medida por la determinación del gobierno de reducir costos.
«Administraciones escolares discutieron con el gobierno sobre quién iba a pagar los funerales de los estudiantes», dijo Scott.
«Lo harían todo al costo mínimo», según muestran los registros de las conversaciones.
¿Qué sabemos sobre la búsqueda de los desaparecidos?
La investigación de la CVR encontró que miles de niños indígenas enviados a internados nunca volvieron a casa.
El abuso físico y sexual llevó a algunos a huir. Otros murieron por enfermedades o por accidentes en medio de la negligencia.
Ya en 1945, la tasa de mortalidad de los niños en los internados era casi cinco veces mayor que la de otros alumnos canadienses.
«Los sobrevivientes hablaron de niños que desaparecieron repentinamente. Algunos hablaron de niños que desaparecieron en cementerios masivos», dijo el presidente de la TRC, Murray Sinclair, en un comunicado el miércoles.
Otros sobrevivientes hablaron de bebés engendrados por sacerdotes, arrebatados a sus madres al nacer y arrojados a hornos, señaló.

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En 2015, se estimó que unos 6.000 niños habían muerto mientras estaban en internados. Hasta el momento, se han identificado más de 4.100 menores.
«Sabemos que hay muchos lugares similares a Kamloops que saldrán a la luz en el futuro», dijo Sinclair esta semana. «Tenemos que empezar a prepararnos para eso».
¿Qué se ha hecho?
En 2015, la CVR emitió 94 recomendaciones, incluidas seis sobre niños desaparecidos y cementerios. El primer ministro Justin Trudeau prometió «implementarlas completamente» todas.
- Según un recuento de la emisora pública CBC, 10 se han completado, 64 están en curso y 20 no han comenzado.
- La CVR, suspendida en 2009, luchó para que el tema de los cementerios clandestinos se incluyera en su mandato.
- En 2019, el gobierno destinó unos US$28 millones durante tres años para desarrollar y mantener un registro de muertes de estudiantes y establecer un registro en línea de cementerios de internados.
- Hasta ahora, el Centro Nacional para la Verdad y la Reconciliación dice que ha recibido solo una fracción de ese dinero.
¿Cuál ha sido la respuesta?
Esta semana, Trudeau dijo que estaba «consternado» por el legado de los internados de Canadá y prometió «acciones concretas», pero no dio muchos detalles.
«Trudeau ha estado dispuesto a avanzar en esto, tiene mucho discurso, pero realmente necesitamos ver acción», dijo Scott.
Él junto con Bellegarde y otros líderes indígenas han presionado al gobierno para que se lleve a cabo una investigación exhaustiva de los 130 antiguos internados para encontrar tumbas sin nombres.

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Estos niños han sido «desechados», dijo el jefe Bellegarde. «Eso no es aceptable».
La noticia del descubrimiento también ha provocado una respuesta mundial, lo que dio pie a pronunciamientos de Naciones Unidas y Human Rights Watch.
Los hallazgos preliminares también han renovado las demandas de una disculpa de la Iglesia católica, una de las recomendaciones del informe de la CVR.
En 2017, Trudeau le pidió al papa Francisco que se disculpara por el papel de la Iglesia en la administración de los internados de Canadá, pero el Vaticano ha declinado hacerlo.
Otras Iglesias emitieron disculpas formales en las décadas de 1980 y 1990.
Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-57352772
La larga marcha de las niñas afganas para seguir estudiando
El reciente atentado contra una escuela en Kabul forma parte de una avanzada de los sectores talibanes contra la educación femenina, en particular de las adolescentes.
La orden de cerrar las escuelas de niñas fue comunicada en la mezquita, durante una reunión con el consejo de ancianos. La noticia se filtró por los docentes y llegó a los hogares de los alumnos. O llegó en forma de carta tajante a las autoridades escolares locales.
Cualquier reclamo, tratativa o intento de razonar con los talibanes era inútil, ya lo sabían. Así que hace tres años, las chicas mayores de 12 años tuvieron que dejar de ir al colegio en dos distritos rurales del sur de Šibarġan, una remota capital provincial del norte de Afganistán. Hasta 6000 chicas se quedaron sin clases de la noche a la mañana. Los docentes varones fueron despedidos abruptamente: lo que habían hecho, dar educación a esas niñas, iba en contra del islam, decían los talibanes.
En todo Afganistán llegaron órdenes similares a esas impartidas a apenas 100 kilómetros al sur de Šibarġan, capital de la provincia de Yauzyán. En los distritos controlados por el movimiento talibán, se acababa la escuela para todas las niñas, excepto las más pequeñas, salvo poquísimas excepciones. El mensaje talibán era claro: las adolescentes debían estar en casa ayudando a sus madres.
“No pude pisar el colegio durante 2 años”, dice Farida, que ahora tiene 16 años. Farida se quedó sin escuela en el distrito de Darzab cuando tenía 12 y llegó aquí, a la capital provincial a los 14, en condición de refugiada. “Fue mi hermana la que me dijo que se acababa la escuela. Ella es maestra”, dice Farida. “Así que me quedaba ayudando a mamá con las cosas de la casa.”
En todas las escuelas de Šibarġan hay unas cuantas adolescentes refugiadas que viajaron al norte desde zonas controladas por el talibán y ahora viven en la capital provincial con algún pariente.
En todas las escuelas de Šibarġan hay unas cuantas adolescentes refugiadas que viajaron al norte desde zonas controladas por el talibán y ahora viven en la capital provincial con algún pariente.
“Le dije a mi familia que tenía muchas, pero muchas ganas de estudiar”, dice Nabila, de 16 años, que llegó a Šibarġan junto a su madre hace dos años, procedentes del distrito de Darzab. “Tal vez les tengan miedo a las mujeres.”
La aceptación a regañadientes de los pobladores locales permite entrever en qué se convertiría la vida de todos los afganos si continúa el lento desplome de las fuerzas militares del gobierno. Y no pasa un día sin que lleguen malas noticias sobre el auge de insurgencia talibán: más bases tomadas por asalto, más distritos capturados, puestos de avanzada que se rinden, y funcionarios y periodistas asesinados.
Desde el 1° de mayo, cuando Estados Unidos inició formalmente su retirada de Afganistán, los talibanes han conquistado territorios en prácticamente todas las regiones del país.
El 8 de este mes, el cruento atentado contra una escuela de Kabul, capital de Afganistán, dejó un tendal de niñas muertas. Aunque el talibán negó ser responsable del hecho, el mensaje del responsable era muy claro: la educación de las niñas no será tolerada.
El talibán controla los distritos de Qosh Tepa y Darzab —una región agrícola pobre, de tierra poco productiva y golpeada por la sequía, donde viven 70.000 personas— y las 21 escuelas de esos distritos. Tomaron el control en 2018, después de feroces enfrentamientos con fuerzas del gobierno y con los talibanes renegados locales, que habían proclamado su alianza con Estado Islámico.
Dos gobiernos
Aunque el control lo tienen los talibanes, todos los meses los docentes de esos distritos peregrinan hasta Šibarġan, la capital provincial, para cobrar sus salarios, una de las muchas anomalías de un país que en los hechos ya tiene dos gobiernos. La ciudad, polvorienta y bulliciosa, sigue en manos del gobierno central, pero como otras capitales de provincia, es una isla y está rodeada: los talibanes dominan las rutas de entrada y salida.
El gobierno provincial todavía tiene inspectores escolares para los distritos capturados, pero esos funcionarios de educación locales deben observar con impotencia cómo los insurgentes islamistas introducen grandes dosis de religión en el programa de estudios, recortan las horas de historia, y excluyen de las aulas a las niñas.
Las docentes mujeres han sido despedidas. Los talibanes usan los libros de texto gratuitos que entrega el gobierno, pero controlan estrictamente su contenido y se aseguran de que se trabajen intensamente los libros de instrucción islámica. También castigan a los profesores que no se presentan a trabajar, recortándoles el sueldo, y sacándoles días libres. Varios docentes de esos distritos han sido acusados por los talibanes de espionaje y de afeitarse la barba.
Los talibanes usan los libros de texto gratuitos que entrega el
gobierno, pero controlan estrictamente su contenido y se aseguran de que se trabajen intensamente los libros de instrucción islámica.
“Si no obedecemos, nos castigan”, recuerda haber escuchado de boca de los maestros el director de educación de Yauzyán, Abdul Rahim Salar.
Las niñas que huyen a Šibarġan para poder continuar con su educación tienen la sensación de haber escapado por un pelo de un destino desconocido que les imponían los talibanes. Nilofar Amini, de 17 años, dice que extrañaba la escuela a la que le prohibieron ir hace tres años. Llegó a la capital provincial hace apenas unos días.
“Quiero recibir educación”, dice Nilofar.
La política del talibán en relación con la educación de las niñas puede variar ligeramente, porque las decisiones las toman los comandantes locales, fiel reflejo de la descentralización de un movimiento que varios expertos, como Antonio Giustozzi, han descrito como una “red de redes”. En un informe difundido el año pasado, la organización Human Rights Watch señaló que si bien los comandantes talibanes suelen permitir la escolarización de las niñas de hasta 12 años, en general lo prohíben a partir de esa edad. De todos modos, en algunas zonas “la presión de la comunidad convenció a los comandantes de permitir un mayor acceso a la educación para las niñas”, dice el informe. Pero no son muchos. Y menos en esta parte de Afganistán.
Las niñas que huyen a Šibarġan para poder continuar con su educación tienen la sensación de haber escapado por un pelo de un destino desconocido que les imponían los talibanes.
Un docente del distrito cuyas tres hijas adolescentes ya no pueden ir a la escuela señala: “La situación es mala y me duele mucho por ellas. No tienen nada que hacer”. El hombre agrega que sus hijas se dedican a ayudar a su madre con las tareas de la casa.
Nadie puede desobedecer
Frente a la sede escolar provincial de Šibarġan, donde fue a cobrar su sueldo, el docente prefiere no revelar su nombre por temor a las represalias de los talibanes, y dice que sus hijas le siguen preguntando cuándo podrán volver a la escuela.
“No nos dejaron seguir estudiando”, dice Fatima Qaisari, de 15 años, alojada en un ruinoso campamento de refugiados de la vecina provincia de Faryab, y agrega que cuando cerraron su escuela tenía 12 años.
Los funcionarios de educación de la capital provincial hablan de un clima de represión en el que los residentes, padres y maestros no tienen voz ni voto en las duras y estrictas políticas impuestas por los talibanes.
“Hemos entrado en contacto con los miembros de esas comunidades educativas muchas veces, pero sin ningún resultado”, dice Abdel Majid, director de escuelas en Darzab. “Nos dicen que su gobierno no quiere que las niñas reciban educación y que nadie puede desobedecer”. La facción talibán que apoyaba a Estado Islámico destruyó algunas de sus escuelas; otras no tienen ventanas.
En la Escuela Mariscal Dostum —que lleva el nombre del militar Abdul Rashid Dostum, exvicepresidente del país y héroe local, cuyo retrato está por todas partes en la ciudad—, un puñado de niñas escapadas de los distritos controlados por el talibán tratan de ponerse al día con los estudios y recuperar el tiempo perdido. Varias dicen querer ser maestras, y una de ellas tiene la esperanza de estudiar ingeniería.
En la oficina del director, algunas de las refugiadas de Darzab y Qosh Tepa siguen sin entender la absurda decisión de los talibanes de prohibirles ir a la escuela.
“Es una decisión sin sentido”, dice Farida, de 16 años, y mueve la cabeza de un lado a otro con incredulidad. “Nunca tuvo la menor lógica”.
Fuente Original: Jaime ARRAMBIDE (TRADUCTOR)
Fuente: https://kaosenlared.net/la-larga-marcha-de-las-ninas-afganas-para-seguir-estudiando/
UNESCO llama a docentes de América Latina y el Caribe a responder encuesta sobre su trabajo en pandemia
Actualmente durante la pandemia de la Covid-19, los docentes se han convertido en el sostén de los sistemas educativos, por esta razón la UNESCO busca conocer las experiencias así como las estrategias que han implementado para salir adelante.
Los resultados obtenidos ayudarán a tomar decisiones a nivel local, nacional y regional, promover programas de apoyo y de formación que sean oportunos para la labor de las y los trabajadores de la educación.
La “Encuesta a docentes de América Latina y el Caribe sobre su situación y necesidades de apoyo en el contexto de la COVID-19”, busca recopilar desafíos enfrentados durante la pandemia y sus necesidades de apoyo en medio de la incertidumbre.
Si forma parte del sistema educativo nacional puede ingresar a la encuesta a través de la página de la Unesco.
Fuente: https://www.larepublica.net/noticia/unesco-llama-a-docentes-de-america-latina-y-el-caribe-a-responder-encuesta-sobre-su-trabajo-en-pandemia
Florida aprueba una ley que prohíbe la participación de niñas y mujeres transgénero en deportes femeninos escolares
Florida se convirtió en el último estado en EE.UU. en prohibir a las niñas y mujeres transgénero participar en deportes femeninos en escuelas públicas y universidades.
El gobernador republicano del estado, Ron DeSantis, promulgó la polémica ley el martes.
La legislación dice que las mujeres y niñas deben jugar en los equipos que corresponden al sexo biológico registrado en sus certificados de nacimiento.
Activistas LGBT calificaron la medida como «discriminatoria», y un grupo dijo que entablaría una demanda.
«Nos vamos a guiar por la base biológica, no la base ideológica cuando practiquemos deportes».
La medida se da en el marco de una reacción de estados republicanos contra las políticas favorables a la comunidad LGBT apoyadas por el gobierno demócrata del presidente Joe Biden.

La medida va a contracorriente de las políticas del gobierno de Joe Biden, que fomenta medidas de apoyo a la comunidad LGBT.
¿Qué dice la ley?
La nueva ley de Florida define el sexo de un atleta según cómo quedó registrado en los documentos oficiales al nacer.
La ley, conocida como el Acta de Justicia en los Deportes de Mujeres, establece que los equipos deportivos femeninos «no podrán estar abiertos a estudiantes del sexo masculino».
No está claro si ahora todas las atletas mujeres deberán mostrar sus certificados de nacimiento para participar en los equipos deportivos.
La ley no prohibiría a las atletas femeninas participar en equipos de niños u hombres.
Además, la ley también permite a cualquier estudiante entablar una demanda contra la institución educativa si siente que se está violando el acta y se le ha «privado» de «una oportunidad atlética».

Adeptos de la ley sostienen que las atletas femeninas transgénero tienen una ventaja injusta, al haber sido designadas como varones al nacer pero que luego hicieron la transición.
Sin embargo, los críticos señalan que es innecesario y discriminatorio vetar a las niñas y mujeres transgénero de los deportes.
La ley sólo aplicará a las escuelas secundarias, colegios y universidades cuando entre en efecto el 1 de julio.
¿Cuál ha sido la reacción?
El diputado estatal de Florida Carlos Smith, demócrata que se identifica como latino y gay, rechazó la legislación llamándola «espantosa».
«Esto alimenta la fobia a los transexuales y pone en riesgo a jóvenes vulnerables sin razón alguna», escribió en Twitter.
Very proud of all of the trans leaders and allies who came together on short notice to speak out against and condemn @GovRonDeSantis for signing the trans sports ban into law.
When trans kids are under attack, what does Orlando do?
Stand up! Fight back!
pic.twitter.com/R1m5zxQtDD— Rep. Carlos G Smith (@CarlosGSmith) June 2, 2021
Fin del contenido de Twitter, 1
Otro legislador demócrata, el senador estatal Shevrin Jones, criticó lo que llamó la coincidencia «insultante» de la promulgación de la ley el 1 de junio, el primer día del Mes del Orgullo, una celebración anual de la comunidad LGBT.
No obstante, Kelli Stargel, senadora estatal republicana, negó que la ley fuera discriminatoria.
«Esta ley es apenas para asegurar que las mujeres puedan competir de forma segura, tener oportunidades y ser físicamente capaces de sobresalir en un deporte para el que se han entrenado, preparado y exigido», declaró Stargel.
La Campaña de Derechos Humanos (HRC, por sus siglas en inglés), un grupo defensor de los derechos LGBT, comunicó que entablaría una demanda contra la medida.
«El gobernador DeSantis y los legisladores de Florida están legislando en base a una premisa falsa y discriminatoria que pone en riesgo la seguridad y bienestar de menores transgénero», declaró el presidente del grupo, Alphonso David.
«Los niños transgénero son niños; las niñas transgénero son niñas. Como todos los menores, merecen tener la oportunidad de jugar deportes con sus amigos y ser parte de un equipo».

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Alabama, Arkansas, Mississippi, Montana, Tennessee y Virginia Occidental aprobaron legislaciones similares.
La acción de Florida sucede en el marco de las medidas de mayor equidad que han estado tomando mayor impulso a nivel nacional.
En su primer día en el poder, el presidente Biden firmó una orden ejecutiva con miras a impedir la discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género.
Con la intención de lograr que la orden ejecutiva de Biden tuviera un carácter más permanente, la Cámara de Representantes de EE.UU. impulsó el Acta de Igualdad -considerado el proyecto de ley pro LGBT en la historia del país.
Este martes, Biden instó a los legisladores en el Congreso a aprobar el Acta de Igualdad al tiempo en que emitió una proclamación para marcar el inicio del Mes del Orgullo.
Pero sin el apoyo de los republicanos, el proyecto de ley no tiene probabilidades de ser aprobado en el Senado, la Cámara Alta del Congreso.
Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57329579
La pobreza profunda que desata la migración desde Guatemala
Alvina Jerónimo Pérez se sienta por horas en el viejo y raído sillón de plástico en la sala de su casa, le avergüenza que sus vecinos la vean después de su intento fallido de migrar a Estados Unidos y vive angustiada, pensando en las deudas que aún tiene qué cubrir.
Su casa de un solo piso, de cemento y madera, se encuentra en un terreno que le heredaron sus padres, en la cima de una montaña en Tizamarte Chiquimula, en la región oriente de Guatemala.
Su esposo Aníbal García construyó la humilde vivienda, y hace varios meses le agregó un nuevo cuarto en la parte de atrás. Jerónimo intentó migrar el año pasado, en parte para reunir dinero y poder pagar un préstamo que recibieron para hacer la nueva habitación.
Le parecía una apuesta segura en aquel momento. “Como la gente pasaba (la frontera), pensamos que nos iban a dejar pasar”, dijo Jerónimo, de 42 años. El traficante, o coyote, le dijo que trajera a su hija para asegurar el pase. Su viaje incluía un trabajo garantizado en los EEUU, le aseguró, con lo cual podría pagar todas las deudas que generaba su partida.
Así que puso la casa como garantía para pagarle al traficante 7.700 dólares. “El trato era que cuando llegáramos a EEUU, íbamos a pagar ese dinero y nos devolverían la escritura”, dijo Jerónimo. “Pero no se pudo”.
En marzo de 2020, la mujer y su hija Yessenia, de entonces 14 años, dejaron Tizamarte con un coyote.
Tres semanas después fueron detenidas entrando a los Estados Unidos, en Texas, y una semana después fueron deportadas a Guatemala. Cuando Jerónimo se dio cuenta de que serían enviadas de vuelta a su país, lloró. “Pensaba en todo lo que me había costado hacer el viaje. Me preguntaba ‘¿qué voy a hacer? Ya perdí todo’”.
La historia de Jerónimo es similar a la de miles de guatemaltecos y guatemaltecas que luchan por reunir el dinero necesario para emigrar a Estados Unidos. A menudo proviene de familiares que ya viven en el norte o de redes de prestamistas.
A veces, los migrantes también deben vender sus posesiones, incluidas sus casas, o como Jerónimo, entregar las escrituras a alguien como garantía. A todos los migrantes les impulsa la posibilidad de romper el ciclo de pobreza que afecta a más del 60% de la población del país.
La pandemia de COVID-19 pareció frenar inicialmente la migración a Estados Unidos, pero en abril de 2020 la cantidad de migrantes que llegaron a la frontera de ese país con México comenzó a incrementarse. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense informó que sólo en abril de 2021 se reportaron más de 30.000 encuentros con migrantes guatemaltecos en la frontera suroeste.
En un intento de mostrar la importancia que presta al fenómeno, el presidente estadounidense Joe Biden designó este año a la vicepresidenta Kamala Harris como responsable de encontrar soluciones a las causas de la migración.
Harris visitará Guatemala, aunque desde hace semanas comenzó a sostener reuniones virtuales y en persona con funcionarios, grupos no gubernamentales y empresarios sobre los temas a tratar, incluidos la pobreza, la corrupción, la violencia y el cambio climático. La vicepresidenta también ha expresado interés en grupos que históricamente han enfrentado discriminación como las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las comunidades LGBTQI.
El gobierno de Joe Biden teme que un posible incremento de migrantes, especialmente niños y familias en su frontera sur, distraiga la atención de sus metas en política nacional, incluso cuando trata de presentar un rostro más compasivo que su predecesor.
Jerónimo es una de los más de 228.000 guatemaltecos deportados por Estados Unidos desde 2015. Para muchos de ellos, el sueño americano se frustró. Volvieron a casa con el estigma del fracaso y deudas enormes que son impagables en un país donde el salario mínimo, para quienes tiene la suerte de tener trabajo, es de alrededor de 11 dólares por día.
Jerónimo no ve otra salida más que intentar irse otra vez.
En la casa de Jerónimo hay un viejo y oxidado refrigerador blanco. Para no gastar en electricidad, lo conecta ocasionalmente, cuando necesita mantener frío algo, pero la mayoría del tiempo sólo es un mueble que sostiene el viejo televisor del hogar.
En los meses secos de invierno su casa, con varias grietas en las paredes y techo de lámina, es oscura y fría. En temporada de lluvias, hace calor y sofoca. Su hogar está junto al camino de tierra en la entrada de Tizamarte, donde viven 110 familias, unas 700 personas.
A cinco horas en automóvil de la capital de Guatemala, Tizamarte está en el llamado “corredor seco”, una franja de tierra que se extiende desde el sur de México hasta Panamá, donde el cambio climático ha provocado una serie interminable de sequías y tormentas tropicales devastadoras para las comunidades más pobres.
Tizamarte es una comunidad en donde la gente practica la agricultura de subsistencia para alimentar a sus familias y trabajan en la cosecha del café para conseguir efectivo que les permita pagar gastos escolares y medicinas. Además, cada familia tiene por lo menos a algún familiar que migró a EEUU.
En Chiquimula, el departamento donde se localiza Tizamarte, sólo se produce café para exportación y su producción representa el 10% de todas las ventas del grano de Guatemala al exterior, según la Asociación Nacional de Café (Anacafé).
Durante la cosecha de café, de noviembre a febrero, los campos se tiñen de verde y de puntos rojos del fruto. El pueblo cobra vida con el flujo, modesto, de efectivo. Cada trabajador recibe casi 8 dólares por quintal de café cortado y al día llenan entre uno y dos quintales.
Jerónimo y su esposo se encuentran entre los pocos que tienen otras pequeñas fuentes de ingresos.
En la época de la cosecha, la familia de la mujer vende a los jornaleros pollo y papas fritas, cocinadas en una vieja estufa naranja, por menos de 2 dólares. La mayoría pagan en billetes de 100 quetzales, una parte del salario recibido. Jerónimo también tiene una pequeña tienda de comestibles en un cuarto de su casa.
Jerónimo no recolecta, ni tiene tierra para cultivar café. Su esposo cultiva maíz y frijol para su propio consumo en una pequeña parcela que alquilan. Por lo general, se las arreglan con dos comidas al día, regularmente tortillas de maíz, frijoles y café.
En Tizamarte, la mayoría de las casas tienen electricidad, pero el agua corriente es escasa. En toda la comunidad hay cinco chorros públicos donde mujeres y niños hacen fila para llenar vasijas del líquido.
El año pasado, mientras gran parte del mundo se cubría con mascarillas y aprendía sobre el distanciamiento social por la pandemia, la vida siguió como de costumbre en Tizamarte. Hubo pocos casos confirmados en comunidades cercanas, pero ninguno en Tizamarte, y Jerónimo no usó una mascarilla sino hasta que estuvo bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza.
Guatemala tiene servicios básicos de salud limitados, especialmente en comunidades rurales como Tizamarte y ha tenido problemas para obtener la vacuna contra COVID-19.
En Camotán, el municipio del que es parte Tizamarte, poco más de 130 de sus casi 61.000 pobladores icipio habían sido inmunizados a fines de mayo. Aun así, aquí sólo se han registrado 151 casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, según registros del Ministerio de Salud.
La enfermera Gloria Amador Morales realiza controles de salud en Tizamarte y en otras tres comunidades que están bajo su cuidado. En el polvoriento y despintado centro comunitario donde atiende a los pacientes no hay agua corriente.
La enfermera, de 40 años, vacuna y mide a los bebés y detecta los efectos de la desnutrición con un ojo entrenado. Durante el año pasado, ha sido prácticamente la única persona que se ha puesto una mascarilla protectora contra la pandemia. “Aquí al menos un miembro de cada familia está o ha intentado estar en Estados Unidos”, dijo la enfermera.
Adán Rivera, un campesino de 40 años, explicó que cuando se acaba la cosecha de café ya no hay trabajo y la gente prefiere irse.
“A quién se le dé la oportunidad que se vaya, migrar no es fácil va peligrando uno, pero hay necesidad”, dijo Rivera, quien en la siembra pasada llevó a sus tres hijos pequeños para cosechar café, porque juntos podían llenar hasta tres grandes sacos en un día y obtener hasta 24 dólares.
Jonathan Menkos, economista y director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, dice que para entender la migración forzada hay que entender también las condiciones de pobreza en las que viven la gente. La falta de empleo, de servicios públicos básicos y la corrupción se combinan para crear migrantes económicos. Incluso para quienes trabajan, sus ingresos mensuales promedio son menores que el costo de la canasta de productos básicos.
Guatemala sobrevive de las remesas enviadas a casa por esos migrantes. El año pasado, el dinero enviado por migrantes a sus familias representó más del 14% del producto interno bruto del país.
“Es una triste paradoja, porque esos expulsados (los migrantes)… para proteger a sus familias envían dinero que dinamiza la economía y hacen que ese modelo continúe expulsando a más gente”, dijo.
Fue en marzo de 2020, cuando la pandemia recién comenzaba en Guatemala, que Jerónimo decidió emigrar.
Jerónimo y su hija Yessenia se fueron temprano una mañana. Ella no dice exactamente cómo, ni quién es el coyote. Llevaba una muda de ropa en una pequeña mochila y 500 quetzales (unos 65 dólares). Era la primera vez que Jerónimo viajaba fuera del departamento de Chiquimula, cerca de la frontera con Honduras.
Durante tres semanas, madre e hija caminaron, viajaron en autobuses y vehículos particulares. Jerónimo dice que no recuerda los detalles de su ruta y se limita a decir que le preocupaba su hija y que pudieran hacerle algo.
Dice que en la frontera norte mexicana pasaron días encerrados con otros migrantes dentro de una casa de seguridad antes de cruzar a Estados Unidos.
La Patrulla Fronteriza los detuvo apenas cruzaron. Las mantuvo juntas durante siete días y luego las puso en un avión de regreso a Guatemala en abril de 2020.
No se les hizo la prueba de COVID-19 ni en Estados Unidos, ni en Guatemala. Cuando su vuelo aterrizó en la ciudad de Guatemala, fue la primera vez que Jerónimo pisaba la capital de su país.
La administración de Trump fue duramente criticada por esos vuelos de deportación durante la pandemia.
El ministro de Salud de Guatemala dijo en abril de 2020 que los deportados desde Estados Unidos habían provocado un aumento en el número de casos de COVID-19 en el país centroamericano.
Jerónimo llegó a su país sin un centavo. Tuvo que pedirle a un familiar en los Estados Unidos que le transfiriera 50 dólares para comprar boletos de autobús de regreso a Tizamarte.
Jerónimo no era la primera de su familia en intentar irse de Guatemala.
Su yerno, Santiago de León, se fue en diciembre de 2018 con su hijo Wilman de 5 años. Ellos lo lograron. Pero cuando De León encontró trabajo, no tenía forma de llevarse a su hijo y tenía que dejarlo encerrado en un departamento todo el día.
“No había nadie que lo cuidara, a veces él mismo se preparaba comida. Cuando llegaba el papá a veces era tan tarde que ya lo encontraba durmiendo”, dice Hilda García Jerónimo, hija de Alvina y madre del niño. Ella le pidió a De León que enviara de vuelta a Guatemala a su hijo.
Ocho meses después de su llegada, De León envió al niño de regreso con su madre en un vuelo comercial, con un amigo que tenía visa.
De León envía a su esposa 125 dólares cada mes para mantener a sus tres hijos.
Juan de León, de 16 años, hermano de Santiago, decidió irse solo a Estados Unidos en abril de 2019. Tránsito Gutiérrez, la madre de Juan, dijo que su hijo se fue porque quería ayudar a la familia, que a veces no tenía nada para comer.
“Juanito” llegó a Texas, pero fue detenido por la Patrulla Fronteriza. Mientras estuvo bajo su custodia se enfermó y fue hospitalizado en Corpus Christi. Ahí murió. Las autoridades guatemaltecas dijeron que el jovencito murió de una infección cerebral. Su cuerpo fue enviado de regreso a Guatemala y enterrado en Tizamarte.
Casi un año después fue cuando Jerónimo decidió que tenía que irse.
Jerónimo vive con Aníbal García desde que eran adolescentes. Tienen tres hijos, dos de los cuales, Yessenia y su hermano de 20 años, viven con ellos.
“La casa es de ella, el terreno es de ella”, dijo García. “Lo construí, pero no hay nada a mi nombre. Entonces ella decidió que se iba”.
En marzo pasado, Jerónimo volvió a pensar en irse de Guatemala. El riesgo de perder su casa está latente y con el fin de la cosecha de café volvió a cerrar su negocio de pollo y papas fritas.
“Si pudiera, iría”, dijo Jerónimo.
Lo ganado con el negocio del pollo en los últimos meses le permitió a Jerónimo abonar 650 dólares al primer préstamo que hizo para la construcción del cuarto adicional de la casa y que la empujó originalmente a migrar. Pero todavía tiene pendiente otro pago, además de los 7,700 dólares por su fallido intento de migrar.
En los últimos años, los paquetes de los contrabandistas incluyen tres intentos de cruzar la frontera de EEUU, un reconocimiento de que es una gran inversión que no siempre da resultado. A veces los migrantes contratan directamente a un traficante, al coyote, pero en el caso de Jerónimo hubo un intermediario.
Jerónimo pensó que también obtendría al menos dos intentos más, pero el intermediario que coordinó el coyote aparentemente se embolsó un tercio de su pago, por lo que el contrabandista se negó a llevarla de nuevo. Ese intermediario vive a 100 metros de la casa de ella.
Esa persona, conocida localmente como el “jalador”, ayuda a reclutar migrantes para el traficante. También fue él quien gestionó que otro migrante que vive en EEUU, y que antes vivía en una comunidad vecina, le prestara los 7,700 dólares a Jerónimo.
Quien le prestó el dinero, o incluso alguno de sus familiares, le llamaba y enviaba mensajes de texto de vez en cuando, preguntando cuándo le pagará. El primer plazo que tenía se cumplió en octubre, pero Jerónimo pidió más tiempo. Las amenazas de apoderarse de su casa se hicieron tan frecuentes que decidió cambiar el chip de su teléfono.
Jerónimo no es la única que vive angustiada ante la posibilidad de perder su casa.
Yessenia dice que conoce los riesgos que podría enfrentar si intentara migrar sola, pero está dispuesta a hacerlo.
“Perder la casa y quedarme sin nada me asusta más”, comentó.
Yessenia lleva dos años sin estudiar porque, incluso antes de la pandemia, sus padres no podían pagar una escuela. De niña soñaba con ser policía y aunque ahora aún espera volver a estudiar, el tema de la casa ensombrece todo.
“Lo que quiero es que se salve la casa y que ya no esté la escritura en manos de otro, sino en manos de nosotras”, dijo. “Con tal de ayudar a mi mamá me voy”.
Los padres de Yessenia no están de acuerdo. Y Jerónimo dice que si encuentra una manera ella es la que volverá a irse, aunque signifique tener más deudas.
“Eso es lo que te desespera lo suficiente como para emigrar”, dice Jerónimo. “Es pura necesidad”.
Fuente: https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2021-06-02/la-pobreza-profunda-que-desata-la-migracion-desde-guatemala







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