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En las últimas dos décadas, la Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas de los estados acumularon al menos 5,110 casos con denuncias de abuso sexual en planteles de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas del país, de acuerdo con información recabada a partir de solicitudes de información, recomendaciones de la CNDH, registros hemerográficos y consulta con especialistas y organizaciones de la sociedad civil. Entre los casos denunciados se encuentran acusaciones de pederastia y pornografía, y en la mayoría los presuntos victimarios son maestros, personal auxiliar y conserjes.

Sin embargo, ni las autoridades educativas ni institución alguna del país tiene un registro de las agresiones que ocurren al interior de las escuelas hacia los menores de edad, mucho menos de los agresores y los procedimientos legales que se siguieron en su contra, en el caso de que se hayan iniciado.

El único dato proporcionado al respecto por la SEP responde a la última década y a una sola entidad: apenas 19 maestros, directivos, administrativos y conserjes fueron cesados por acusaciones de “connotación sexual” en escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México, sin especificar qué significa eso.

Pero el problema crece. En un informe de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A. C. (ODI), Es un secreto. La explotación sexual infantil en las escuelas, elaborado a partir de 18 casos que ha litigado, la organización identificó patrones de abuso sexual en las escuelas con testimonios de víctimas que tienen entre 3 y 7 años y que acreditan abusos cometidos en planteles de la Ciudad de México, Baja California, Estado de México, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca.

Ante el incremento de las denuncias de violencia sexual en los centros escolares y por la intervención de la CNDH, la SEP elaboró protocolos para la prevención de la violencia sexual escolar que en principio debieron entrar en operación a partir del ciclo escolar 2020-2021, los cuales fueron pospuestos a raíz de la pandemia de COVID 19. El antecedente a estos protocolos es la Unidad para la Atención al Maltrato y Abuso Infantil (UAMASI) creada en 2003, la cual funcionó hasta 2012.

En 2017, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ubicó a México en el primer lugar mundial en violencia sexual contra menores de 14 años de edad, con 4.5 millones de víctimas solo en ese año. De ese número, apenas 2 por ciento de los casos se denuncian, de acuerdo con la organización.

La danza de las cifras y el incremento de la violencia sexual contra menores

De acuerdo con la respuesta oficial a la solicitud de información 0001100535818, el crecimiento de denuncias ante distintas dependencias previo a la llegada de la pandemia a nuestro país era constante.

De 2012 a 2016, la SEP documentó 376 casos de denuncias “de índole sexual” en el entorno escolar, pero para 2018 la cifra alcanzaba 637 denuncias de abuso sexual. De 2000 a 2014, la CNDH reportó mil 997 denuncias entre el año 2000 a 2014. En ese mismo periodo las autoridades educativas estatales contabilizaron mil 365 casos y las comisiones de derechos humanos de las entidades, 657 casos.

Incluso la SEP tiene registros diferenciados en diferentes administraciones. En respuesta a otra solicitud de información reportó que entre 2012 y 2019 se presentaron 178 casos de abuso sexual y ubicó a 2017 como el año de mayor número de denuncias al sumar 32 casos. La dependencia no reporta el número de víctimas, pero sí que los victimarios son en su mayoría maestros, personal auxiliar y conserjes.

En el estudio Violencia en las escuelas del Distrito Federal: la experiencia de la Unidad para la Atención al Matrato y Abuso Infantil, 2001-2007, elaborado por Adriana Corona Vargas, investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional y primera directora de la UAMASI, se documenta que la SEP recibió tan sólo en la Ciudad de México 472 denuncias de abuso y acoso sexual. Pero para el periodo de 2012 a 2019 éstas se redujeron drásticamente: apenas 178 denuncias en escuelas de todo el país, sin que haya información oficial pública que revele a qué se debió el hecho. En respuesta a la solicitud de información 0001100587419, del 4 de diciembre de 2019, la SEP sólo entregó un cuadro numérico. Entre el año 2008 a 2012 no hay documentación de los casos registrados.

Una revisión hemerográfica entre 2019 y 2020 se pudieron recabar 83 casos adicionales, ocurridos en escuelas en la Ciudad de México y en algunas entidades como Veracruz, Oaxaca, Morelos y el estado de México.

El año clave para un primer intento de atender el problema fue 2014, cuando el incremento de los casos ameritó un recomendación de la CNDH, la número 21. La Comisión registró 190 casos, en los que identificó 210 víctimas y 233 agresores, de los cuales 126 fueron personal escolar y el resto, otros estudiantes.

Publicada el 20 de octubre de 2014, la recomendación tuvo como propósito promover cambios y modificaciones de disposiciones legales o administrativas de actos de violaciones a los derechos humanos. Entre otras demandas para atender el problema la CNDH propuso generar políticas públicas integrales y lineamientos de prevención, investigación, sanción y atención de casos de violencia sexual en centros escolares, así como protocolos de actuación.

El esfuerzo de la UAMASI

Creada en 2003 ante lo grave que ya en esas fechas se planteaba el abuso sexual infantil, el objetivo fue crear una instancia para atender casos de maltrato, acoso y abuso cometidos por el personal escolar en contra de los alumnos, de acuerdo con Corona Vargas.

Al principio se integró como un grupo de ocho especialistas psicólogos al que se le denominó Grupo Estoy Contigo, que en el año 2003 cambió su nombre a UAMASI, bajo responsabilidad de la subsecretaría de Servicios Educativos en el Distrito Federal.

En 2005 la subsecretaría se transformó en Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal, pero no fue sino hasta 2007 que la UAMASI fue reconocida como dirección en el organigrama de la SEP, como parte de la Coordinación de Asuntos Jurídicos.

Para el año 2010 contaba con diez especialistas que se “encargan de acudir a los planteles escolares del DF a realizar las investigaciones correspondientes”. Ellos habían sido maestros de escuela y fueron comisionados para hacer esa labor y varios de ellos tenían licenciatura o maestría.

Al final en su labor carecían de facultades “para sugerir o imponer sanciones al personal escolar, su labor se limita a describir los hechos ocurridos, aunque eventualmente los reportes de intervención pueden ser usados por las autoridades educativas para respaldar la aplicación de sanciones”.

La unidad estaba obligada a “actuar bajo la anuencia de las autoridades del plantel escolar, lo anterior significa que el director o sus superiores pueden negarse a cooperar con el especialista para que éste realice labores de investigación, como la visita a la escuela o las entrevistas a los alumnos o al personal involucrado”.

En los siguientes años, según testimonios de los trabajadores de esa área, las tareas de Unidad fueron absorbidas por el área jurídica de la Administración y algunos de los psicólogos se jubilaron, otros fueron regresados a las escuelas a dar clases y sólo un par de ellos sigue en el área.