La vía conectaría Puerto Esperanza (en el sureste de Perú) con la ruta interoceánica que atraviesa Perú y Brasil. Un nueva «carretera de la muerte» promovida por un polémico sacerdote italiano «dividirá en dos la tierra de varios pueblos indígenas aislados en el corazón de la frontera amazónica de los no contactados», según denuncia este jueves Survival International.
vía conectará Puerto Esperanza (en el sureste de Perú) con la ruta interoceánica que atraviesa Perú y Brasil. Así, según la ONG, el trayecto invadirá una parte de la denominada «Frontera Amazónica de los no contactados», una región que se ubica a lo largo del borde peruano-brasileño y que cuenta con la mayor concentración de pueblos indígenas aislados del mundo.
«Si la carretera sale adelante destruirá a los pueblos indígenas aislados y su ‘desarrollo’ terminará para siempre», denunció el director de Survival Internacional, Stephen Corry, quien pidió al Gobierno de Perú «respeto por los derechos humanos fundamentales y por el cumplimiento de la ley».
A pesar de que el Congreso peruano rechazó la construcción de la carretera en el año 2012, las obras han proseguido de forma ilegal durante estos años, y ahora el proyecto ha vuelto a ser propuesto por Carlos Tubino, del partido político Fuerza Popular.
Además, la nueva vía cuenta con el respaldo de Miguel Piovesan, un polémico cura católico que ha descrito a los pueblos indígenas de la región como «prehistóricos» y que ha arremetido contra las ONG internacionales por manifestar sus inquietudes sobre este plan.
De hecho, en su boletín parroquial, el sacerdote declaró: «No aceptamos la idea del aislamiento como un deseo natural de ellos. No lo comprobamos. Son entelequias de quienes sólo conocen a los pueblos indígenas de visita o por investigaciones basadas en hipótesis que nunca se comprueban en el campo».
Sin embargo, según datos de Survival International, alrededor del 80% de los entre 3.000 y 4.000 habitantes de la zona son indígenas, y la mayoría se oponen a este proyecto. La ONG estima que hay alrededor de 15 tribus no contactadas en Perú, muchas de las cuales se encuentran en la región donde se construiría la carretera.
Para Emilio Montes, presidente de la organización indígena FECONAPU, esta carretera no beneficia a los indígenas, «sino más bien a los madereros, mineros y petroleros ilegales y también a los narcotráficos». «Atenta contra la vida de nuestros hermanos aislados, como los mashco-piros (…) Necesitamos otros tipo de desarrollo con manejo sostenible de nuestros recursos«, concluyó.
Unilever, Nestlé, Procter & Gamble, entre las nueve empresas muy conocidas que contribuyen a abusos laborales
Las empresas de alimentación y productos para el hogar más populares del mundo venden alimentos, cosméticos y otros artículos de uso diario que contienen aceite de palma manchado por estremecedores abusos contra los derechos humanos en Indonesia, donde niños de sólo ocho años trabajan en condiciones peligrosas, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
El informe, The great palm oil scandal: Labour abuses behind big brand names, investiga las plantaciones de aceite de palma en Indonesia gestionadas por el mayor productor de aceite de palma del mundo, la empresa agroalimentaria Wilmar, con sede en Singapur, y sigue el rastro del aceite de palma hasta nueve empresas de ámbito global: AFAMSA, ADM, Colgate-Palmolive, Elevance, Kellogg’s, Nestlé, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser y Unilever.
Gigantes empresariales como Colgate, Nestlé y Unilever aseguran al público consumidor que sus productos utilizan ‘aceite de palma sostenible’, pero nuestras conclusiones revelan que el aceite de palma dista mucho de serlo.
“Las empresas miran hacia otro lado ante la explotación de trabajadores y trabajadoras en su cadena de suministro. Pese a prometer a sus clientes que no habrá explotación en sus cadenas de suministro de aceite de palma, las grandes marcas siguen aprovechándose de terribles abusos. Estas conclusiones sorprenderán al público consumidor que piensa que toma decisiones éticas en el supermercado cuando compra productos que dicen usar aceite de palma sostenible”, ha afirmado Meghna Abraham, investigadora principal de Amnistía Internacional.
“Gigantes empresariales como Colgate, Nestlé y Unilever aseguran al público consumidor que sus productos utilizan ‘aceite de palma sostenible’, pero nuestras conclusiones revelan que el aceite de palma dista mucho de serlo. El aceite de palma que se produce usando trabajo infantil y trabajo forzoso no tiene nada de sostenible. Los abusos descubiertos en las actividades de producción de aceite de palma de Wilmar no son incidentes aislados sino hechos sistémicos y una consecuencia predecible de la práctica empresarial de Wilmar.
“Algo no está bien cuando nueve empresas que tuvieron unos ingresos conjuntos de 325.000 millones de dólares en 2015 no pueden tomar medidas para abordar el atroz trato que reciben las personas que trabajan en la producción de aceite de palma, que además ganan una miseria.”
Amnistía Internacional afirma que hará campaña para pedir a las empresas que digan a sus clientes si el aceite de palma que contienen productos populares como los helados Magnum, el dentífrico Colgate, los cosméticos Dove, la sopa Knorr, KitKat, el champú Pantene, Ariel, y Pot Noodle procede de las actividades de Wilmar en Indonesia.
Abusos sistemáticos en la cadena de suministro de grandes empresas
Amnistía Internacional habló con 120 personas que trabajan en plantaciones de palma propiedad de filiales de Wilmar y tres proveedores de Wilmar en Kalimantan y Sumatra, Indonesia. La investigación sacó a la luz una amplia variedad de abusos, como por ejemplo:
Se obliga a las mujeres a trabajar muchas horas bajo la amenaza de reducir su salario, se les pagan cantidades inferiores al salario mínimo –en casos extremos, ganan sólo 2,50 dólares de EE. UU. al día– y se las mantiene en una situación de inseguridad en el empleo, sin pensiones ni seguro de enfermedad;
Niños de sólo 8 años realizan trabajo físico duro y peligroso, en algunos casos tras haber dejado de asistir a la escuela para ayudar a sus progenitores en la plantación;
Trabajadores y trabajadoras que sufren graves lesiones debido al paraquat, una sustancia química sumamente tóxica que sigue utilizándose en las plantaciones pese a estar prohibida en la Unión Europea y por la propia Wilmar;
Se obliga a las personas a trabajar al aire libre sin equipos de seguridad adecuados a pesar del riesgo de sufrir daños respiratorios derivados de los peligrosos niveles de contaminación causados por los incendios forestales de agosto a octubre de 2015;
Se obliga a las personas a trabajar muchas horas para cumplir objetivos absurdamente altos, algunos de los cuales implican tareas muy exigentes desde el punto de vista físico, como utilizar equipos manuales pesados para cortar frutos de árboles de 20 metros de altura. Intentar cumplir los objetivos puede causar un considerable dolor físico a los trabajadores, que también hacen frente a diversas sanciones por cosas como no recoger los frutos de palma del suelo o recoger frutos que no están maduros.
Wilmar reconoció que tiene planteados problemas laborales en sus actividades. A pesar de estos abusos, tres de los cinco palmicultores a los que Amnistía Internacional investigó en Indonesia están certificados como productores de aceite de palma “sostenible” en virtud de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible, organismo creado en 2004 para limpiar el sector del aceite de palma tras los escándalos medioambientales.
“Este informe muestra con claridad que las empresas han utilizado la Mesa Redonda a modo de escudo para desviar un mayor escrutinio. Nuestra investigación reveló que esas empresas tienen políticas firmes sobre el papel, pero ninguna pudo demostrar que hubiera identificado riesgos obvios de abusos en la cadena de suministro de Wilmar”, ha afirmado Seema Joshi, responsable de Empresas y Derechos Humanos.
Las conclusiones plantean dudas sobre las afirmaciones de “sostenibilidad”
A partir de información y datos sobre exportaciones publicados por Wilmar, Amnistía Internacional siguió
el rastro del aceite de palma hasta nueve empresas productoras de alimentos y artículos para el hogar de ámbito mundial. Al ser contactadas, siete de estas empresas confirmaron que compran aceite de palma procedente de las actividades de Wilmar en Indonesia, pero sólo dos –Kellogg’s y Reckitt Benckiser– se mostraron dispuestas a aportar algún detalle acerca de qué productos estaban afectados. [Detalles sobre las respuestas de las empresas disponibles aquí]
Todas estas empresas, salvo una, son miembros de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible, y en sus sitios web o en las etiquetas de sus productos afirman que utilizan “aceite de palma sostenible”. Ninguna de las empresas con las que Amnistía Internacional se puso en contacto negó que los abusos tuvieran lugar, ni aportó ejemplos de medidas adoptadas para ocuparse de los abusos contra los derechos laborales en las actividades de Wilmar.
Las empresas deben ser más transparentes en cuanto a los ingredientes de sus productos
“El público consumidor querrá saber qué productos están relacionados con abusos y qué artículos no lo están. A pesar de someter a su consideración abusos tan terribles en las actividades de un proveedor importante, las empresas han mantenido una actitud muy hermética en lo referente a qué productos concretos están afectados”, ha afirmado Seema Joshi.
“Las empresas deben ser más transparentes en cuanto a los ingredientes de sus productos. Deben revelar la procedencia de las materias primas de los productos que encontramos en los estantes de nuestro supermercado. Hasta ese momento, estarán de alguna manera beneficiándose de los abusos laborales que se cometan y contribuyendo a ellos. Las empresas muestran una absoluta falta de respeto por una clientela que piensa que toma decisiones éticas cuando paga en caja esos artículos.”
Las peores formas de trabajo infantil al descubierto
El informe documenta cómo niños de entre 8 y 14 años llevan a cabo trabajos peligrosos en plantaciones propiedad de filiales y proveedores de Wilmar y gestionadas por ellos. Trabajan sin equipos de seguridad en plantaciones donde se utilizan pesticidas tóxicos, y transportan pesadas bolsas de frutos de palma que pueden pesar de 12 a 25 kilos. Algunos han abandonado la escuela para trabajar con sus progenitores durante todo el día o gran parte de él. Otros trabajan por la tarde después de asistir a la escuela, y durante los fines de semanas y los periodos vacacionales.
Un niño de 14 años que recolecta y transporta frutos de palma en una plantación propiedad de Wilmar dijo a Amnistía Internacional que dejó se asistir a la escuela cuando tenía 12 años porque su padre estaba enfermo y no podía cumplir sus objetivos de trabajo. Dijo que sus hermanos de 10 y 12 años también trabajan en la plantación después de la escuela:
Dejé la escuela para ayudar a mi padre porque él ya no podía trabajar.
“Ayudo a mi padre cada día desde hace unos dos años. Estudié hasta sexto grado en la escuela. Dejé la escuela para ayudar a mi padre porque él no podía hacer ya el trabajo. Estaba enfermo. […] Lamento haber dejado la escuela. Me habría gustado ir a la escuela para ser más listo. Me gustaría ser profesor.”
El trabajo físicamente exigente y agotador puede causar daños físicos en los niños de corta edad. Un niño de 10 años, que también abandonó la escuela para ayudar a su padre y trabaja para un proveedor de Wilmar, dijo que cuando tenía 8 años se levantaba a las 6 de la mañana para recoger y transportar frutos de palma sueltos. Dijo que trabaja seis horas cada día, excepto el domingo:
“No voy a la escuela. […] Transporto yo mismo la bolsa con los frutos sueltos pero sólo puedo llevarla medio llena. Es difícil transportarla, pesa mucho. Lo hago también bajo la lluvia pero es difícil. […]Tengo las manos doloridas, y me duele todo el cuerpo.”
Las mujeres trabajadoras hacen frente a trabajo forzoso, bajos salarios, discriminación y exposición a sustancias químicas tóxicas
El informe pone de relieve una constante discriminatoria de contratación como jornaleras ocasionales de mujeres a quienes se niega empleo permanente y prestaciones de seguridad social como seguro médico y pensiones.
Amnistía Internacional también documentó casos de trabajo forzoso y de capataces que amenazan a las mujeres trabajadoras con no pagarles o practicar deducciones en su salario para obligarlas a trabajar.
Una mujer que trabaja en una unidad dedicada al mantenimiento de plantas de palma refirió a Amnistía Internacional las presiones que recibía en forma de amenazas implícitas y explícitas para que trabajara más horas:
“Si no termino mi objetivo, me dicen que siga trabajando pero no me pagan el tiempo adicional. […] Mi amiga y yo dijimos al capataz que estábamos muy cansadas y queríamos marcharnos. El capataz nos dijo: si no queréis trabajar, marchaos a casa y no volváis. Es difícil trabajar porque el objetivo es horrendo. […] Me duelen los pies, me duelen las manos y me duele la espalda después de hacer el trabajo.”
Indonesia dispone de una legislación laboral rigurosa en virtud de la cual la mayoría de estos abusos pueden ser constitutivos de delito. Sin embargo, la aplicación de las leyes es deficiente. Amnistía Internacional pide al gobierno de Indonesia que mejore la aplicación de la ley y que investigue los abusos que se exponen en el informe.
Información complementaria: Cómo rastreó Amnistía Internacional la cadena de suministro desde la plantación hasta la multinacional
El equipo de investigación de Amnistía Internacional localizó el aceite de palma de refinerías o fábricas concretas suministrado directamente por las plantaciones investigadas en siete de las empresas: Colgate-Palmolive, Reckitt Benckiser, Nestlé, ADM, Elevance, AFAMSA, y Kellogg’s a través de su empresa conjunta. Las otras dos empresas –Unilever y Procter & Gamble– confirmaron que se abastecen de aceite de palma de Wilmar y de Indonesia pero no respondieron cuando Amnistía Internacional les preguntó de qué refinerías se abastecen. Dado que se abastecen de Indonesia y que Amnistía Internacional localizó el aceite de palma de las plantaciones que investigó en 11 de las 15 refinerías de Wilmar, es muy probable que su suministro proceda de al menos una o varias de estas refinerías.
Amnistía Internacional pidió a las empresas que confirmaran si el aceite de palma de una lista de sus productos de consumo procedía de las actividades de Wilmar en Indonesia: sólo dos empresas (Kellogg’s y Reckitt Benckiser) lo confirmaron. Colgate y Nestlé reconocieron que reciben aceite de palma de refinerías de Wilmar en Indonesia. Amnistía Internacional vinculó estas refinerías con plantaciones investigadas para este informe. Sin embargo, Colgate y Nestlé dijeron que ninguno de los productos enumerados por Amnistía Internacional contenía aceite de palma procedente de las operaciones de Wilmar en Indonesia, pero no dijeron cuáles de sus productos lo contenían. Otras dos (Unilever y Procter & Gamble) no corrigieron la lista. Las otras tres ofrecieron respuestas imprecisas o no respondieron.
La Internacional de la Educación se suma a otras organizaciones de la sociedad civil para reclamar a los líderes de la Unión Europea que garanticen la plena implementación de los objetivos de desarrollo sostenible.
La Comunicación de la Comisión Europea sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ha sido mal acogida por diversas organizaciones de la sociedad civil. El 23 de noviembre la CE publicó “Próximos pasos para un futuro europeo sostenible – Acción europea para la sostenibilidad”, cuyo contenido fue criticado por SDG Watch Europe, una alianza de más de 90 organizaciones europeas de la sociedad civil, establecida para exigir responsabilidades a la Unión Europea (UE) y a sus Estados miembros respecto a la plena implementación de los ODS.
“Los ODS, adoptados hace un año por todos los Estados miembros de la ONU, representan una visión globalmente consensuada para un mundo mejor y más justo”, declaró un portavoz de SDG Watch Europe. “Brindan a la UE un nuevo marco para emprender un cambio crítico, dejando de lado el actual paradigma insostenible en el que las desigualdades van en aumento, el medio ambiente sufre degradación, se acelera el cambio climático, las riquezas y el poder político se concentran cada vez en menos manos, y muchas personas en Europa se sienten profundamente desligados de la Unión Europea, sus instituciones y sus políticos”.
Se requiere un cambio de política
La alianza insiste en que la UE debe desempeñar el papel que le corresponde promoviendo un modelo alternativo de desarrollo donde las personas, la justicia social, la protección de la salud y el medio ambiente, la democracia y la transparencia tengan un rol central. SDG Watch Europe está preocupada por el mínimo nivel de detalle respecto al plan de aplicación a nivel de toda la UE, que plantea interrogantes respecto a la voluntad de la UE de hacer realidad la visión transformadora de los ODS.
SDG Watch Europeconsidera que un cambio de dirección en áreas políticas clave sería la única manera en que los ODS podrían ser implementados de manera coherente por la UE y su Estados miembros. Muchas políticas europeas no hacen sino restar impulso a los ODS, además de incrementar la inseguridad económica, las desigualdades sociales y sanitarias, los daños al medio ambiente dentro y fuera de Europa, ocasionando una pérdida de confianza por parte de la opinión pública e inestabilidad política.
La alianza está además preocupada por la falta de consultas con la sociedad civil en el proceso de preparación de la Comunicación de la Comisión.
IE: Se debe hacer hincapié en la terminación de la educación
Pese a congratularse por los compromisos acordados por la UE, la Internacional de la Educación (IE) también lamentó la falta de consultas con la sociedad civil a nivel europeo, particularmente con los sindicatos de docentes.
“Acogemos favorablemente el compromiso con una educación de calidad y con el trabajo decente para todos, como áreas prioritarias para la Comisión”, subrayó el Secretario General de la Internacional de la Educación (IE), Fred van Leeuwen.
Pero añadió que la IE y los educadores europeos están sorprendido por el énfasis que se ha puesto en el acceso a la educación: “Luchamos muy duro para que en lugar del acceso a la educación se insista en la terminación de los ciclos de educación primaria y secundaria, tal como establece la meta 4.1 de los ODS, y esto ha de quedar reflejado en los siguientes pasos de la estrategia europea”.
La mayoría de las víctimas son mujeres, quienes en muchas ocasiones no se atreven a denunciar, señala el organismo regional de las Naciones Unidas en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas.
El acoso y hostigamiento sexual en los ámbitos laboral y educativo, una de las formas en las que se manifiesta la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe, persiste como una conducta naturalizada e invisibilizada, alertó hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas.
Si bien en las últimas décadas los países de la región han avanzado en la adopción de normas e iniciativas de políticas públicas para enfrentar la violencia contra las mujeres, en especial el feminicidio/femicidio, el acoso sexual ha tenido hasta ahora una presencia menor en el debate público, apuntó el organismo regional de las Naciones Unidas.
A partir la década de 1990, 15 países (13 de América Latina y dos del Caribe) cuentan con regulaciones legales contra el acoso sexual (leyes especiales, delitos tipificados en los códigos penales o como parte de las leyes de protección integral contra la violencia). De ese total, solamente ocho incluyen el acoso sexual también en el ámbito educativo: Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.
“Transcurridos más de 20 años desde las primeras leyes, persiste un insuficiente desarrollo de protocolos para la denuncia, fiscalización y seguimiento de los casos, así como la producción de conocimiento en relación con el fenómeno en nuestra región”, advirtió la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.
“Se trata –según el texto- de otras formas de violencia que socavan la autonomía de las mujeres en sus distintas dimensiones: violencias en los procesos reproductivos que impactan en la autonomía física; violencias mediáticas y simbólicas reproducidas en el discurso público, que restringen la autonomía política; y violencias en ámbitos sociales, educativos y laborales, que limitan el ejercicio de la autonomía económica de las mujeres”.
El acoso sexual, plantea la Nota, es definido como cualquier avance sexual no deseado, peticiones de favores sexuales, conductas físicas, verbales o gestos de carácter sexual o cualquier otro comportamiento de naturaleza sexual que pueda ser razonablemente percibido como ofensivo o humillante por quien se ve afectado.
En el ámbito laboral, dicha conducta puede interferir con el trabajo, usarse como condición para el empleo o crear un ambiente laboral hostil u ofensivo. Aunque típicamente constituye un comportamiento recurrente, también puede tomar la forma de un solo incidente.
Entre las medidas recomendadas para su erradicación figuran el desarrollo de campañas que pongan en la discusión pública este tipo de violencia; la entrega de información acerca de la normativa vigente en los países, su alcance, las vías de denuncia y de seguimiento; la institucionalización de estrategias y medidas de prevención, sanción y reparación para las víctimas; y la incorporación en el currículo del sistema educativo el debate sobre el acoso como forma de violencia que debe ser erradicada.
Al mismo tiempo que las universidades de todo el país tienen sesiones de orientación, y eventos de terapia post-electorales, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha aprobado en silencio un nuevo herbicida de Monsanto. Los suelos están sufriendo por la persistente agricultura, las toxinas bio-sólidas, y la agricultura química intensa. Suelos y cultivos están agotados nutricionalmente.
La EPA se inclina ante Monsanto otra vez, manteniendo los agricultores atrapados en el ciclo agrícola dependiente del herbicida
La EPA está dirigida por personas que han trabajado para la industria de la biotecnología, que se deforman bajo la presión de las demandas de las corporaciones multinacionales como Monsanto. La EPA no puede proteger nada si no tienen el valor de decir no a agravar la utilización de herbicidas perjudiciales. La EPA no tiene discernimiento ni integridad si los productos químicos que aprueban son las mismas toxinas que contaminan el aire, el agua, el suelo y la salud de las personas. La EPA mantiene sin respeto a los agricultores estadounidenses atrapados en el ciclo horrible de pulverización de nuevos productos químicos en la batalla contra la naturaleza.
En la mañana después de la elección, la EPA precipitó la decisión de permitir un aumento masivo en el uso de herbicidas tóxicos a base de dicamba de Monsanto – XtendiMax con Tecnología VaporGrip . Monsanto dice que este herbicida es menos «volátil» que los compuestos a base de dicamba anteriores, que han dañado cultivos y conducido a demandas en el pasado.
Este producto está destinado a entrar en el mercado en el inicio de la próxima temporada de crecimiento, pero Monsanto todavía necesita la aprobación de estados individuales antes de que puedan vender a los agricultores. Den por hecho que el Senasa de Argentina será el primero en aprobarlo, como de costumbre, arrodillándose ante Monsanto, en detrimento de un pueblo envenenado, para el que vienen peores noticias.
«Hemos elegido para poner en marcha este año para permitir a los productores experimentar las variedades líderes en la industria de la soja Roundup Ready 2 Xtend,» dijo el portavoz de Monsanto Dan Urnikis al medio Delta Farm Press. «pueden plantar con la confianza de este año a la espera de la aprobación química para la temporada de crecimiento 2017 «.
Los herbicidas a base de dicamba son una amenaza para todo el ecosistema y el sistema agrícola debido a que estos productos químicos se vaporizan de los campos tratados y deriva a las granjas vecinas, campos y bosques. Esto causa daños a los cultivos de las granjas que no utilizan las correspondientes semillas genéticamente modificadas que están diseñados para soportar el producto químico. Esto también causa daño a otras especies de plantas y hierbas silvestres y perjudica a las granjas orgánicas que no participan en la ingeniería genética de los alimentos.
El herbicida dicamba herbicida acabó con un sinnúmero de cultivos en 2016, incluida la soja, tomates, melones, sandías, arroz, algodón, guisantes, cacahuetes, alfalfa y hasta melocotones. Missouri es el mayor productor de melocotón, melocotones Bader, perdió 30.000 árboles este año debido a la deriva de herbicidas. Después de aprobar XtendiMax de 2017, la EPA determinó que el herbicida no puede ser aplicado por los aviones o cuando la velocidad del viento es superior a 15 mph.
Monsanto ya estaba posicionada para la aprobación de su nuevo herbicida de la EPA
Monsanto ya ha colocado su compañía a monopolizar con su herbicida a propensas de la deriva. Ya han lanzado semillas genéticamente modificadas, algodón Bollgard II XtendFlex y soja Roundup Ready 2 Xtend. Estas semillas transgénicas serán vendidos en masa a los agricultores cuyas semillas actuales no puede soportar los daños y perjuicios de la deriva de esos herbicidas a base de dicamba y ya fracasaron los herbicidas a base de glifosato. Esta es precisamente la forma en que la industria biotecnológica controla los agricultores y los esclaviza a las semillas modificadas genéticamente y el uso continuo de nuevos herbicidas.
Monsanto enfrenta a la oposición ideológica audaz por parte de los grupos de poder, como el Centro para la Diversidad Biológica. Nathan Donley, científico principal para el centro, que dice, «Tenemos que salir de la espiral de los pesticidas». «Super malas hierbas resistentes a los pesticidas son una seria amenaza para nuestros agricultores, y amontonar más pesticidas simplemente resultarán en supermalezas resistentes a más pesticidas. No podemos luchar contra la evolución. Es una estrategia perdedora.»
Despertar y protestar por la experimentación que se lleva a cabo en sus campos, alimentos y en las mentes
En lugar de hacer berrinches sobre un resultado electoral, deben unirse a protestar por el envenenamiento de América y los experimentos que se están llevando a cabo en su suelo, el aire, los alimentos y el agua. Estos herbicidas afectan directamente a la salud de las personas. Sin suelos sanos, los alimentos pierden su perfil nutricional y no alimentan el cuerpo como deberían. La acumulación de herbicidas y pesticidas llegan a ser más tóxico para el cuerpo, porque el cuerpo agotado nutricionalmente ya no puede desintoxicar como un cuerpo sano. Los herbicidas afectan a las funciones de digestión, el sistema endocrino y el sistema nervioso, dando lugar a estados más bajos de la inmunidad y la función cognitiva.
“Cada día mueren en promedio al menos 12 latinoamericanas y caribeñas por el solo hecho de ser mujer”.
Esa desgarradora estadística la difundió, en octubre de 2016, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal.
De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de las Naciones Unidas, en 2014, en 25 países de la región, un total de 2.089 mujeres fueron víctimas de feminicidio.
Honduras es el país de la región con el mayor número total de femicidios(531 en 2014), lo cual representa 13,3 femicidios por cada 100.000 mujeres.
“Las tasas más altas a nivel regional corresponden a El Salvador y República Dominicana. En términos de números absolutos, Argentina y Guatemala se ubican en segundo y tercer lugar, con más de 200 femicidios cada uno en 2014″.
El OIG aclara que esas cifras corresponden a “la cuantificación anual de homicidios de mujeres de 15 años de edad y más, asesinadas por razones de género” y que, dependiendo del país, se pueden denominar: “femicidio, feminicidio u homicidio agravado por razones de género”.
En BBC Mundo compilamos algunas de las estadísticas e indicadores másrecientes disponibles de cada país, tomando en cuenta diferentes fuentes, para aproximarnos a una realidad que trasciende los números para convertirse en uno de los principales problemas de salud pública de la región.
En Argentina “matan a una mujer cada 30 horas”, informó en junio la agencia oficial de noticias de ese país, Télam, al citar un informe del Observatorio de Femicidios Marisel Zambrano de la organización no gubernamental La Casa del Encuentro.
Desde el 1 de junio de 2015 hasta el 31 de mayo de 2016, 275 mujeres fueron asesinadas, señala el informe que recopila información de prensa de 120 medios de comunicación.De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de género de América Latina y el Caribe de la CEPAL (sobre la base de cifras oficiales), en 2014 hubo 225 homicidios de mujeres de 15 años y más, asesinadas por razones de género. 1,0 por cada 100.000 mujeres.
Bolivia
En el primer semestre de 2016 se registraron 48 asesinatos de mujeres por violencia machista, de acuerdo a la Fiscalía General de ese país.
En 2015 se produjeron 104 de estos casos. El promedio es de un feminicidio cada tres días.
De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de género de América Latina y el Caribe de la CEPAL (sobre la base de cifras oficiales), en 2014 hubo 96 homicidios de mujeres de 15 años y más, asesinadas por razones de género.
Brasil
Estudios nacionales en Brasil “estiman que cada seis horas una mujer es asesinada por su compañero íntimo”, indica ONU Mujeres en una declaración de octubre de 2016.
En 2015, cuando la entonces presidenta de Brasil Dilma Rousseff firmaba una nueva ley que tipificaba el feminicidio y establecía penas más duras para los autores, la mandataria hizo notar que “un promedio de 15 mujeres son asesinadas cada día en Brasil por el simple hecho de ser mujer”, informó ONU Mujeres.
Según el reporte “Mapa de la violencia 2015. Homicidio de mujeres en Brasil” de la organización intergubernamental Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Brasil posee la quinta tasa de feminicidio más alta del mundo.
Los autores de ese informe llegan a esa conclusión tras analizar información de 2013 de la Organización Mundial de la Salud.
Chile
Hasta el 7 de noviembre de 2016, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género de Chile había registrado 30 feminicidios y 105 femicidios frustrados.
En 2015, reportó 45 feminicidios.
De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de género de América Latina y el Caribe de la CEPAL (sobre la base de información oficial), en 2014 hubo 40 homicidios de mujeres de 15 años y más, asesinadas por razones de género. 0,4 por cada 100.000 mujeres
Colombia
“Cada 2 días y medio una mujer es asesinada por su pareja o expareja’, señaló en 2015 la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Martha Ordóñez, según informó ONU Mujeres.
De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de género de América Latina y el Caribe de la CEPAL (sobre la base de datos oficiales), en 2014 hubo 145 homicidios de mujeres de 15 años y más, asesinadas por razones de género.
Costa Rica
En 2014 hubo 14 homicidios de mujeres de 15 años y más, asesinadas por razones de género.
0,6 por cada 100.000 mujeres.
Fuente: Observatorio de Igualdad de género de América Latina y el Caribe de la CEPAL (sobre la base de cifras oficiales).
Ecuador
Entre agosto de 2014 y agosto de 2015, hubo 45 femicidios, según un reporte sobre el femicidio 2014-2015’de la Fiscalía General del Estado, publicado en abril de 2016.
En 2014 hubo 97 feminicidios, según el Ministerio del Interior de Ecuador.
El Salvador
Hasta el 30 de septiembre de 2016 se habían registrado 407 asesinatos de mujeres, según información del Instituto de Medicina Legal (IML) de El Salvador. Esa cifra es citada por la organización no gubernamental Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).
“De enero a junio de 2015, el IML reportó 230 muertes violentas de mujeres, en edades desde los 10 a los 40 años”, informó el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer.
De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de género de América Latina y el Caribe de la CEPAL (sobre la base de cifras oficiales), en 2014 hubo 183 homicidios de mujeres de 15 años y más, asesinadas por razones de género. 5,7 por cada 100.000 mujeres.
Guatemala
En 2014 hubo 217 homicidios de mujeres de 15 años y más, asesinadas por razones de género, señala el Observatorio de Igualdad de género de América Latina y el Caribe de la CEPAL (sobre la base de cifras oficiales).
2,7 por cada 100.000 mujeres.
Según cifras de la Fiscalía de ese país, en 2014 al menos 846 mujeres fueron asesinadas.
Entre 2007 y 2012 hubo 9,1 asesinatos por cada 100.000 mujeres, según la Policía Nacional de Guatemala.
Honduras
Entre enero y diciembre de 2014, Honduras registró una tasa de homicidios contra mujeres de 11,9 por cada 100.000 mujeres, señala la Unidad de género del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
“Durante el mismo período, 44 mujeres fueron víctimas de violencia homicida cada mes, es decir, una muerte cada 17 horas”.
Esa cifra coincide con la información recabada por el Observatorio de Igualdad de género de América Latina y el Caribe de la CEPAL: en 2014 hubo 531 homicidios de mujeres de 15 años y más, asesinadas por razones de género. 13,3 por cada 100.000 mujeres.
México
En el estudio “La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2014”, ONU Mujeres, la Secretaría de Gobernación de México y el Instituto Nacional de las Mujeres explican que las defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH) son el indicador más representativo que permite la mejor aproximación al feminicidio en ese país.
En ese periodo se registraron un total de 47.178 DFPH.
Sólo en 2014, ocurrieron 2.289 casos en México, es decir, en promedio hubo 6,3 DFPH al día.
La CEPAL advierte que al tratarse de DFPH, México no es comparable con los otros países de la región.
Nicaragua
Entre enero y mayo de 2016, se registraron 30 feminicidios, según la organización no gubernamental Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir.
En 2015, señala ese grupo, se reportaron 53 feminicidios.
“En el año 2014 se registraron 85 muertes violentas de mujeres, niñas y adolescentes; de las cuales 38 fueron calificadas como femicidios y los otros como homicidios, asesinatos y parricidios”, informó el Ministerio Público de Nicaragua.
Panamá
16 femicidios se registraron entre el 1 de enero y el 21 de octubre de 2016, según el Ministerio Público.
En 2015, se reportaron 29 casos.
De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de género de América Latina y el Caribe de la CEPAL (sobre la base de cifras oficiales), en 2014 hubo 26 homicidios de mujeres de 15 años y más, asesinadas por razones de género. 1,3 por cada 100.000 mujeres.
Paraguay
Al preguntarle al Ministerio Público cuántos feminicidios se registraron en 2015 y en lo que va de 2016, ese despacho le indicó a BBC Mundo: “en Paraguay aún no existe la tipificación penal feminicidio, por lo cual se busca aplicar la máxima pena para este tipo de casos a través del tipo penal Homicidio Doloso”.
Ese organismo le informó a BBC Mundo que en 2015, 23 mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas y en lo que va de 2016, 25 mujeres murieron en las mismas circunstancias.
De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de género de América Latina y el Caribe de la CEPAL (sobre la base de cifras oficiales), en 2014 hubo 32 homicidios de mujeres de 15 años y más, asesinadas por razones de género. 1,0 por cada 100.000 mujeres.
Perú
“Cada mes un promedio de 10 mujeres son asesinadas en un contexto de feminicidio”, indicó la Fiscalía de ese país en noviembre de 2015.
De acuerdo con ese organismo, entre enero y octubre de 2015 hubo 55 feminicidios y 31 casos se reportaron como posibles feminicidios.
Según el Observatorio de Igualdad de género de América Latina y el Caribe de la CEPAL (sobre la base de cifras oficiales), en 2014 hubo 90 homicidios de mujeres de 15 años y más, asesinadas por razones de género. 0,6 por cada 100.000 mujeres.
Entre enero de 2009 y octubre de 2015 se registraron 795 víctimas de feminicidios, informó la Fiscalía. “El 89,6% fue asesinada por su pareja, expareja o familiar (feminicidio íntimo) y 10,4% por un conocido o desconocido (feminicidio no íntimo)”.
Puerto Rico
En 2014 hubo 44 homicidios de mujeres de 15 años y más, asesinadas por razones de género. 2,3 por cada 100.000 mujeres.
Fuente: Observatorio de Igualdad de género de América Latina y el Caribe de la CEPAL (sobre la base de cifras oficiales).
República Dominicana
En 2015, se registraron 77 feminicidios y en 2014, 93, según la Procuraduría General de la República.
Sin embargo, de acuerdo con el Observatorio de Igualdad de género de América Latina y el Caribe de la CEPAL (sobre la base de cifras oficiales), en 2014 hubo 188 homicidios de mujeres de 15 años y más, asesinadas por razones de género. 3,6 por cada 100.000 mujeres.
Entre 2005 y 2015, la PGR registró 1078 feminicidios.
Uruguay
Al preguntarle al Ministerio del Interior de Uruguay, cuántos feminicidios se registraron en 2015 y en lo que va de 2016, ese despacho le respondió a BBC Mundo que entre el 1 de enero y el 6 de noviembre de 2016, 22 mujeres fueron víctimas de homicidios consumados a manos de parejas y familiares. Esa cifra se repite en el mismo periodo de 2015.
De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de género de América Latina y el Caribe de la CEPAL (sobre la base de cifras oficiales), en 2014 hubo 24 homicidios de mujeres de 15 años y más, asesinadas por razones de género. 1,4 por cada 100.000 mujeres.
Venezuela
En el primer semestre de 2016, el Ministerio Público registró 75 feminicidios, lo que representó “un aumento considerable” en comparación con los 57 que se registraron en el mismo periodo de 2015, dijo la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, en una entrevista con un medio de comunicación local.
En 2015, el Ministerio Público registró 121 femicidios consumados y 132 femicidios frustrados, informó ese organismo.
En 2014 hubo 74 homicidios de mujeres de 15 años y más, asesinadas por razones de género, según el Observatorio de Igualdad de género de América Latina y el Caribe de la CEPAL (sobre la base de cifras oficiales)
Un nuevo término
El feminicidio, una palabra que hasta hace pocos años no existía en el diccionario de la Real Academia Española, es: el “asesinato de una mujer por razón de su sexo“.
Image copyright AFP .Entre enero de 2009 y octubre de 2015 se registraron 795 víctimas de feminicidios, según la Fiscalía de Perú, país en el que se llevó a cabo esta manifestación de agosto.
“En el ámbito internacional se han venido usando indistintamente los términos feminicidio y femicidio“, señala la Organización de Estados Americanos (OEA) en su Declaración sobre el femicidio.
“Los femicidios son la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”.
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La magnitud de feminicidios en Ciudad Juárez fue tal que el escándalo llegó al resto del mundo. Se calcula que ocurrieron casi medio millar de asesinatos de este tipo entre 1993 y 2010.
Y aunque ya son 15 países en la región los que tienen leyes de feminicidio, expertos aseguran que es extremadamente difícil conocer la magnitud del problema en América Latina.
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La muerte de Lucía, una adolescente que fue violada y asesinada en Argentina, movilizó a miles de mujeres no sólo en su país sino en varias ciudades latinoamericanas.
“En la mayoría de los países de la región no es posible tener datos de calidad para conocer los casos en que el agresor terminó con la vida de la mujer por motivos de género, es decir, los feminicidios o femicidios”, señala el estudio “La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2014” de ONU Mujeres, de la Secretaría de Gobernación de México y del Instituto Nacional de las Mujeres.
“Tampoco es posible su comparabilidad pues proceden de distintas fuentes de datos que se refieren a distintos momentos en la cadena de justica. Más aún, en varios países,esta información no se recoge oficialmente“, indica el reporte publicado en abril
Brasil, con una de las tasas más altas
Aunque la información que ha recabado el OIG sobre feminicidios en América Latina y el Caribe no se incluye Brasil (por no contar con datos oficiales), otros estudios indican que la situación en ese país es compleja.
En marzo de 2015, cuando la entonces presidenta de Brasil Dilma Rousseff firmaba una nueva ley que tipificaba el feminicidio e imponía penas más duras para los autores, la mandataria hizo notar que “un promedio de 15 mujeres son asesinadas cada día en Brasil por el simple hecho de ser mujer“, informó ONU Mujeres.
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En marzo de 2015, la entonces presidenta de Brasil Dilma Rousseff firmó una nueva ley que tipificaba el feminicidio e imponía penas más duras.
Según el reporte “Mapa de la violencia 2015. Homicidio de mujeres en Brasil” de la organización intergubernamental Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y que es citado por la ONU Brasil, ese país posee la quinta tasa de feminicidio más alta del mundo.
Los autores usaron información de 2013 de la Organización Mundial de la Salud, según la cual en las primeras posiciones están: El Salvador, Colombia, Guatemala y la Federación Rusa.
Ya en 2012, un informe de Small Arms Survey (un proyecto de investigación del Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra), que es citado por la ONU, indicaba que más de la mitad de los 25 países con lasmayorestasas de feminicidios estaban en América Latina y el Caribe.
El Salvador, Jamaica y Guatemala encabezaban esa lista.
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Esta nota forma parte de la temporada #100Women, ganadora de varios premios internacionales, en que la BBC dedica cada año, desde 2013, un amplio espacio a la mujer, y elabora una lista de 100 mujeres de todo el mundo destacadas por sus logros, luchas o experiencias extraordinarias.
La juventud latinoamericana se ha convertido en el gran objeto de deseo de todas las opciones políticas que pugnan por el poder. La media de edad del subcontinente es inferior a los 25 años. Millones de personas se incorporan continuamente a los censos electorales de sus respectivos países. En Latinoamérica, a diferencia de Europa, los y las jóvenes deciden elecciones.
Pero está juventud no sólo es relevante en términos cuantitativos. Su importancia cualitativa radica en que se ha convertido en difusora del sentido común de esta época. La Latinoamérica que piensan, que perciben y que anhelan los jóvenes se termina por convertir en la idea hegemónica de Latinoamérica.
El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica viene analizando en diferentes artículos[1] los rasgos distintivos de esta nueva juventud, muy especialmente en los países que han tenido gobiernos progresistas en este comienzo de siglo y, por tanto, han experimentado un enorme avance. Este informe condensa de forma sucinta y ágil las principales características de estas personas que más que futuro son ya presente latinoamericano.
Superan a sus progenitores en todos los indicadores sociales y económicos: educación, renta disponible, sanidad, acceso a las nuevas tecnologías, disponibilidad de ocio y cultura…
Normalización de derechos (sanidad, educación, vivienda, alimentación) que para sus predecesores eran privilegios.
Autopercepción como clase media. Escasa identificación como clase popular y mucho menos como pobres.
Altísimo nivel aspiracional basado en su capacitación educativa. La educación es concebida como un medio para la realización de su proyecto vital.
Imaginario urbano y moderno. Decidida mirada internacional. Ya no viven en sociedades autárquicas, cerradas sobre sí mismas. Se consideran parte del mundo contemporáneo. Muchos de ellos han visitado otros países, algo que para la generación anterior estaba vedado.
Utilizan esta mirada internacional para establecer la comparación sobre los aspectos ineficientes de sus países.
Normalización del consumo habitual y masivo de ocio y recreación.
Es la generación digital. Combinan las redes sociales con la televisión digital terrestre. Incorporan el acceso a las nuevas tecnologías como un derecho básico asimilable a la educación o la sanidad. Usan los medios más para el entretenimiento y las relaciones sociales que para la información.
No impugnan los nuevos sistemas políticos latinoamericanos que alumbró el siglo XXI, pero sí exigen que estos funcionen con eficiencia y satisfagan sus demandas. Son más republicanistas que revolucionarios.
Exigen certezas y seguridad en sus relaciones con la administración pública, tradicionalmente surcadas por el clientelismo, la corrupción o el nepotismo.
Los hitos fundacionales de los procesos de emancipación comienzan a ser brumas de un pasado cosificado en historia.
Tampoco comparten el lenguaje épico e hipermilitante que en muchas ocasiones se utiliza tanto desde la izquierda como por la derecha. En general, muestran una fatiga creciente por la lucha partidaria que se traduce en una desafección de la política.
La construcción de un nuevo marco de convivencia se basó en la participación de las mayorías populares, hasta entonces ajenas a la política. Los jóvenes, beneficiarios de ese marco, regresan al mito de la democracia representativa en detrimento de la protagónica.
Sacralizan los formalismos de las democracias liberales de origen burgués, desde las elecciones concebidas como tótem democrático hasta la exacerbación de la libertad de prensa por encima del derecho a la información o la obligación a la veracidad.
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