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Informe: Privacidad en Chile ¿Quién defiende nuestros datos?

Portada y diagramación: Constanza Figueroa.

Edición y correcciones: Juliana Guerra.

Mayo 2018. Este informe fue realizado por Derechos Digitales, con el apoyo de EFF

POR

Esta semana lanzamos el informe ¿Quién defiende tus datos?, cuyo objetivo es evaluar las políticas de privacidad de las distintas empresas de telecomunicaciones en Chile. Pero no solo las empresas tienen la capacidad de recolectar, tratar y eventualmente abusar de nuestros datos personales, y por eso deberíamos preguntarnos hasta qué punto la sociedad civil, el Estado y la legislación se comprometen en defender nuestros datos. Vamos por partes.

Las empresas

Cuando lanzamos la primera versión de este informe hace un año, la principal conclusión fue que a la industria de las telecomunicaciones le preocupaba poco o muy poco la protección de datos y la privacidad de los usuarios. Nuestra segunda conclusión fue que las empresas controladas por capitales extranjeros fueron levemente mejor evaluadas que sus pares, probablemente por cumplir con estándares fijados por su casa matriz.

Un año después, la versión 2018 pinta un panorama un poco más auspicioso. Un sector de la industria (en particular Claro y WOM) parece haber reaccionado ante los cuestionamientos del informe y avanzó sustantivamente en sus condiciones de privacidad y prácticas en pos de la defensa de los usuarios. Por otra parte, VTR yMovistar parecen haberse dormido en los laureles de su evaluación relativamente positiva del año pasado, y no avanzaron sustantivamente. Por último, Entel yManquehue se mantienen al fondo de la tabla, no habiendo mostrado mayor interés en mejorar.

Una de las principales mejoras, y que resulta particularmente positiva a la luz de la polémica por la aprobación del llamado Decreto Espía, es que un número importante de empresas anunció públicamente que exige orden judicial previa, no solo cuando la autoridad solicita interceptar comunicaciones, sino para entregar acceso a los metadatosdel usuario.

También resulta llamativo que las dos empresas que más avanzaron (Claro y WOM), son justamente las empresas más presentes en el segmento móvil del mercado, que hoy presenta mayores niveles de competencia. Esto puede indicar que el bajo nivel de competencia que enfrentan las empresas más afianzadas en el mercado entrega pocos incentivos para que estas ofrezcan mejoras en las condiciones de privacidad de sus usuarios.

La sociedad civil

Cuando nos preguntamos quienes recolectan, tratan y abusan de nuestros datos, los dardos generalmente apuntan al Estado y las empresas. Sin embargo, muchas organizaciones de la sociedad civil, como ONGs, partidos políticos, sindicatos y otros cuerpos intermedios también manejan grandes bases de datos personales, los que por un interés activo o por negligencia pueden ser mal utilizados.

Por su volumen, las bases de datos que los partidos políticos manejan al momento de desplegar sus campañas electorales son de particular importancia. Este año, nos enteramos que el mal uso de nuestros datos personales por parte de los partidos políticos va más allá de la compra de bases de datos y de mensajes de texto no solicitados.

En un extenso reportaje, CIPER dio a conocer que distintos partidos políticos han contratado los servicios de la empresa Instagis. A través de su software, la empresa permitiría identificar el RUT, domicilio y preferencia política de una persona, y de esta forma entregar publicidad personalizada durante las campañas políticas. Cabe recordar que las preferencias políticas de una persona constituyen un dato personal sensible, y por tanto su tratamiento no puede ampararse en haberse obtenido los datos de una fuente accesible al público. En otras palabras, estos partidos políticos están haciendo campaña a través de una herramienta que abusa de nuestros datos personales y está al margen de la legalidad.

Aun así, al igual que en el caso de las empresas de telecomunicaciones, hay un sector de los partidos políticos que ha decidido avanzar en la materia. Recientemente, el Frente Amplio ha buscado asesoría entre distintos expertos, con el fin de que su plataforma de participación no solo cumpla con la legislación, sino que entregue términos de privacidad que promuevan los derechos de sus participantes.

El Estado

Lamentablemente, y como hemos expresado en el pasado, los organismos público no solo no están cumpliendo con su deber de proteger los datos personales de los ciudadanos, sino que muchas de las iniciativas del gobierno activamente los exponen innecesariamente, o incluso como una forma de castigo.

De esta forma, la Ley Electoral todavía mandata que nuestros datos personales estén públicamente disponibles en el sitio web del SERVEL. Por otro lado, el próximo 5 de junio entrará a regir el denominado “DICOM del Transantiago”, una iniciativa que busca combatir la evasión del transporte público a través de un registro abierto cuyo objetivo es que los datos personales de los infractores sean expuestos, y así se vean discriminados en su acceso al trabajo, crédito y otros beneficios estatales.

¿El camino a seguir?

Si bien muchas de las mejoras antes descritas pueden resultar loables, lo cierto es que no bastan las iniciativas individuales. Necesitamos de una nueva legislación que impulse una cultura de la protección de datos a nivel transversal en nuestra sociedad.

El proyecto que hoy se encuentra actuamente en tramitación en el Senado se presenta como una oportunidad necesaria para mejorar nuestro estándar de protección y poder contar con una legislación cuyo objetivo sea proteger a las personas y no solo legitimar el tráfico de datos personales.

Sin embargo, para ello el proyecto debe modificar sustancialmente varias de sus disposiciones. Como hoy está contemplada, la futura Agencia de Protección de Datos Personales no cuenta con la autonomía e independencia necesaria del gobierno de turno para asegurar que sus decisiones sean de carácter exclusivamente técnico. Del mismo modo, resulta imperioso volver a incorporar los hábitos de las personas en la definición de dato personal sensible y restringir sustantivamente la figura del “interés legítimo” como causal para el tratamiento de datos personales sin el consentimiento del titular. Por último, es necesario aumentar el monto de las multas en casos graves o reincidentes, de forma tal que resulte un real desincentivo para las empresas de mayor tamaño. Tal vez emular la fórmula adoptada por la nueva versión Reglamento General de Protección de Datos, pronto a publicarse este mes, y que las multas asciendan hasta un 4% de los ingresos anuales de la empresa infractora resulte una buena idea a emular.

Los senadores tienen plazo hasta el 7 de junio para ingresar indicaciones al proyecto de ley, esperamos que las mejoras antes descritas puedan ser incorporadas a la discusión y debatidas, y de esta forma que sea la protección de los derechos de las personas el principal objetivo de nuestra legislación. Solo de esta forma podremos asegurar que la protección de los datos personales se transforme en la regla general en Chile, y no esté sujeta simplemente a la buena voluntad de los distintos actores involucrados.

Descargar el informe aqui: https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/qdtd-2018.pdf

Fuente:

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Organizaciones internacionales demandan acceso a los datos sobre el cumplimiento del derecho a la educación

14.05.2018/ Fuente: CLADE.

En distintos países de todo el mundo, faltan fuentes oficiales creíbles de información sobre las políticas de educación. Esta falta de transparencia dificulta el monitoreo y el seguimiento por parte de la sociedad civil a las obligaciones de los Estados respecto a este derecho

El acceso a datos oficiales fiables y regulares es fundamental para la rendición de cuentas por los Estados en el sector educativo, lo que se recuerda con el tema de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) 2018, la cual demanda a los gobiernos que «¡cumplan sus compromisos con la educación!».

En ese sentido, el Instituto de Estadística de la Unesco (UIS) y la Campaña Mundial por la Educación (CME) impulsan la campaña de comunicación y movilización a través de las redes sociales #FundData, por la cual instan a organizaciones internacionales y gobiernos a financiar instituciones de estadística y la producción de datos a nivel nacional e internacional. Esta iniciativa tiene miras a ofrecer a las coaliciones que defienden el derecho a la educación a nivel nacional y a la sociedad civil en general información creíble que pueda utilizarse para exigir a los gobiernos que cumplan sus compromisos.

La Coordinadora de Política, Acción e Investigación de la Campaña Árabe por la Educación para Todos, Sawsan al Refai, profundiza el tema del acceso a la información y la transparencia, con énfasis en los contextos de emergencia, en un artículo que escribió para la Alianza Mundial para la Educación [léalo aquí].

Estas iniciativas se enlazan con otra campaña importante desarrollada por el equipo del Informe Global de Monitoreo de la Educación de UNESCO (GEM, por su sigla en inglés), denominada “Make It Public”, la cual insta a todos los gobiernos a producir informes regulares de monitoreo de la educación nacional, detallando avances y desafíos respecto al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, referido a la educación. Sepa más sobre la campaña aquí.

Para formar parte en esas campañas y presionar sus gobiernos por más transparencia, puedes difundir a través de las redes sociales los mensajes a continuación, que fueron preparados por UIS y CME, con los hashtags #FundData #SAME2018 #GAWE2018 #KeepYourPromises #MakeItPublic:

Fuente de la Reseña: http://same2017.campanaderechoeducacion.org/index.php/mundo/170-organizaciones-internacionales-demandan-acceso-a-datos-sobre-el-cumplimiento-del-derecho-a-la-educacion-para-darle-seguimiento-a-los-compromisos-de-los-estados-en-esta-materia#

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La educación intercultural, un derecho en riesgo

América del Sur/Perú/ 14.05.2018/ Fuente: www.desco.org.pe.

Nuestra diversidad cultural constituye una de las principales riquezas de nuestra nación, ésta se manifiesta en nuestras danzas, música, gastronomía y otras expresiones. Pero para salvaguardar esta riqueza, es necesario que el Estado peruano –en cumplimiento de sus compromisos– aplique políticas públicas de respeto y preservación de las mismas, las cuales pasan principalmente por una política educativa intercultural competitiva e inclusiva. Sin embargo, en el seguimiento efectuado a estos compromisos se levanta una voz de alerta, la Defensoría del Pueblo –en una nota de prensa– recomienda al Ministerio de Educación tomar medidas correctivas por la drástica reducción de presupuesto que ha sufrido la política educativa para los pueblos indígenas, derecho consagrado en el Convenio 169 de la OIT. La nota señala que esta reducción “pasó de S/ 73 272 638 millones de soles asignados el 2017 para el acompañamiento pedagógico a instituciones educativas, a S/ 12 573 762 millones de soles el 2018 y para la formación de docentes en educación inicial de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) se redujo de S/ 4 507 978 a S/ 2 123 765”.

De no ser atendidas estas recomendaciones peligra el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2021 que en sus considerandos señala que el proceso de construcción ha sido participativo cumpliendo cuatro fases fundamentales; recuperación colectiva de fuentes primarias y secundarias, planeamiento participativo, consulta técnica, revisión final y juicio de expertos. Un proceso participativo que ha costado esfuerzos de entendimiento no puede desperdiciarse por una errada reducción presupuestaria. El universo no es pequeño, son más de un millón de niños, niñas y adolescentes los que dependen de este sector de nuestra educación. Es más, muchas (por no decir miles) de las escuelas declaradas EIB son multigrados, es decir, que un profesor debe enseñar a varios niveles a la vez, a veces a toda la primaria en una sola aula, y eso requiere también una atención y capacitación especial que con escasos presupuestos sólo logrará ahondar las brechas al momento que deban insertarse en el mundo laboral. Ya en el 2016 las organizaciones indígenas señalaban su profunda preocupación por la demora injustificada en la aprobación de la Política Nacional de Educación Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe, con este recorte en la atención no sorprendería que se incentiven los escenarios de conflicto.

Hasta el 2017 se habían alcanzado logros importantes en la EIB, oficializándose los alfabetos de 38 lenguas originarias de las 47 que existen en nuestro país (2 andinas y 45 amazónicas) y se han elaborado materiales educativos en la mayoría de estas lenguas. Se ha construido un modelo de servicio educativo para los estudiantes indígenas de todo el país según las características del lugar en que se encuentren, entre otros. Sin embargo, las infraestructuras educativas amazónicas tienen en su mayoría muchas carencias, tanto en su calidad, como en la disposición y acceso a servicios básicos de energía eléctrica, agua segura, eliminación de excretas; ni que decir de servicios de internet que son impensados para esas latitudes.

Con la reducción presupuestal, las metas de atención del acompañamiento pedagógico intercultural se limitaron, y el protocolo modificado está poniendo en riesgo los logros de aprendizaje alcanzados en las diversas lenguas indígenas. Estos logros educativos han sido posibles gracias al empeño puesto por las organizaciones indígenas, en especial la AIDESEP que premonitoriamente, en agosto del año pasado, expuso una carta abierta que señalaba en catorce puntos, la atención de sus demandas.

Hacia inicios de este año, las organizaciones indígenas asumieron la defensa de los derechos laborales y expectativas salariales de los maestros EIB; sin embargo, en el marco del tenso escenario entre el Ministerio de Educación (MINEDU) y el gremio docente, no sería extraño que las comunidades indígenas asuman medidas de fuerza en la selva central, que es de suponer serán satanizadas por el Ejecutivo, adosándole a su justo reclamo, inexistentes vínculos subversivos. Por último y si bien es cierto no corresponde a su portafolio, el Ministerio de Cultura también debería de pronunciarse al respecto.

Fuente reseña: http://www.desco.org.pe/la-educacion-intercultural-un-derecho-en-riesgo

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Argentina: El desafío de superar la secundaria

América del Sur/ Argentina/ 14.05.2018 / Fuente: elpais.com.

Terminar la secundaria en Argentina no es garantía de acceso a un trabajo formal, ni posibilita la compra de una casa, ni tampoco asegura la movilidad social. Sin embargo, no hay dudas de que obtener el título secundario es un gran hito en la vida de un adolescente, que lo empodera, le brinda herramientas para planificar su futuro con libertad y abre un abanico de posibilidades.

Aunque es obligatoria desde la Ley de Educación Nacional de 2006, hoy cerca de 500.000 adolescentes están fuera de la escuela en todo el país y, de media, el 45% de los alumnos de un curso no la acaba. Según el Observatorio de Argentinos por la Educación, la tasa de abandono intranual, es decir, los chicos que salen de la escuela en un ciclo lectivo sin solicitar el traslado a otro establecimiento educativo, es de 2,9%. En las escuelas públicas el porcentaje es mayor. Además, tres de cada diez estudiantes acaban la secundaria más tarde de lo que debería porque ha repetido curso una o varias veces.

Según Unicef, estas circunstancias se dan especialmente entre los adolescentes de los sectores más desfavorecidos de la población. Entre las principales causas del abandono de los alumnos de entre 15 y 17 años se observan: ingreso al mercado laboral (14%); dificultades económicas (8,8%); embarazo o de cuidado de algún hermano o hijo menor (11,3%). Un grupo significativo de jóvenes (29,6%) afirmó haber abandonado la escuela por no considerarla necesaria o por no gustarle. El profesor del área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella Mariano Narodowski señala que esta problemática perjudica principalmente a varones pobres que van a escuelas públicas.

Entre las consecuencias más evidentes que se desencadenan por el abandono escolar, Oscar Ghillione, coordinador de Proyectos en Jefatura de Gabinete de ministros, destaca la falta del desarrollo completo del potencial de las personas y, por ende, de sus comunidades. “En concreto, esa falta de desarrollo trae como consecuencia una falta de justicia absoluta que se evidencia en el crecimiento de la pobreza y la desigualdad”, desarrolla.

Casi un 27% de jóvenes afirmó haber abandonado la escuela por no considerarla necesaria o por no gustarle

“Un joven sin estudios secundarios está destinado a trabajos precarios, en negro y de remuneración muy baja o a ingresar a la economía del delito», sostiene Narodowski. «Esto trae aparejado serios problemas para la consolidación democrática, la cohesión social y para el desarrollo económico sustentable del país”.

Ghillione señala que se debería ampliar la cobertura de acceso a la educación desde el principio de la edad escolar. Argentina comenzó un plan en 2016 para extender la enseñanza desde los tres años. “Lo siguiente a realizar es una completa redefinición de secundaria en todas sus dimensiones. Es necesario integrar el aprendizaje al desarrollo de competencias a través de proyectos relacionados con la vida fuera de la escuela. Es fundamental desarrollar las habilidades blandas, digitales y de pensamiento crítico en los jóvenes al tiempo de valorar más los procesos de aprendizaje por sobre los resultados fácticos y basados puramente en la respuesta de memoria». El experto añade que el programa Secundaria 2030, que cuenta con el apoyo de todas las jurisdicciones educativas del país, puede ser la solución. Se implementará de forma gradual durante los próximos años. Ghillione apunta que otro de los campos de acción es la reforma de la docencia, para mejorar las condiciones de acceso del profesorado y el progreso en su carrera.

Sobre el terreno

Con este panorama, un puñado de organizaciones intenta contrarrestar la problemática. La Fundación Germinare cuenta con el programa Agentes de Cambio y beca a los niños de 10 años de entornos vulnerables que muestran interés por continuar con sus estudios.

“Trabajamos tanto la parte académica como la psicológica y damos talleres para las familias. Todo el proceso tiene un acompañamiento exhaustivo, donde se tratan temas vinculados a los prejuicios, diferencias, integración y autoestima. En las nuevas instituciones a las que van a asistir, el común de los chicos tiene una realidad socioeconómica muy diferente de la de ellos. Trabajamos todo un año para que el tema social no sea un obstáculo”, cuenta Constanza Oxenford, directora de la Fundación Germinare.

Conseguir la integración es, muchas veces, el logro. Fernando Schvintt, de 22 años, vivió de este modo su llegada a la nueva escuela: “Me mostré muy transparente desde el primer momento. Soy consciente de la diferencia sociocultural, pero nunca intenté fingir ser alguien distinto. Por otro lado, tampoco quería perder el rastro de mis amigos del barrio”.

Me mostré muy transparente desde el primer momento. Soy consciente de la diferencia sociocultural, pero nunca intenté fingir ser alguien distinto

Así funcionó con Rebeca Ruiz, que actualmente estudia Relaciones Internacionales. “Me acerqué a la fundación con mis padres. Mi mamá era la más entusiasmada con la posibilidad de acceder a una escuela mejor a través de una beca. Mi papá desconfiaba de que nos dieran algo sin pedir nada a cambio. Le parecía extraño. Una vez que ingresé al programa, ellos siempre me apoyaron”. Agentes de Cambio dura siete años. Luego, los jóvenes se integran a Red de Alumni, orientada a facilitar el acceso a la universidad.

“Sostenerse en la escuela es casi heroico frente a toda la situación de vulnerabilidad y un sistema educativo que no mira integralmente a los chicos”, opina Magdalena Saieg, directora de programas de Cimientos, una organización que diseña e implementa programas educativos para promover la igualdad de oportunidades.

A través del programa Futuros Egresados, Cimientos acompaña a chicos de entre 12 y 18 años y sus familias para que puedan terminar la escuela secundaria. Cada uno de los jóvenes recibe una beca mensual de aproximadamente 50 dólares y participa en una tutoría personalizada. En 2017, se becaron a 2.300 jóvenes y este año se espera poder contar con 2.500 becas.

“Muchas veces los padres sienten que no los pueden apoyar. Nosotros les proponemos cosas tan simples como acordarse las fechas de exámenes con calendarios visibles en las casas. Es importante que los padres sepan que tienen que estudiar y no les pidan que cuiden a sus hermanitos y falten al colegio”, cuenta Saieg. Uno de los criterios de selección para otorgar la beca de Cimientos tiene que ver con identificar a alguien de la familia que esté disponible para reunirse con regularidad para conversar sobre el proceso educativo.

Uno de los alumnos que disfrutó esta beca fue José López, de 24 años. Compartía habitación con sus seis hermanos, así que estudiar en casa era muy difícil y en raras ocasiones había dinero para comprar el material escolar. “Cuando recibí la beca, pude dejar de ir caminando a la escuela y pagar el pasaje en transporte público”, cuenta. Se licenció en Económicas y ahora está cursando la carrera de Administración. Su sueño es hacer un máster en Alemania.

“La proporción de mujeres que terminan la secundaria es mayor en relación con los varones. Sin embargo, son ellos quienes consiguen más empleo”, señala Saieg, quien reconoce que todavía no han logrado que el 100% de sus estudiantes acabe secundaria.

Redes de apoyo

Más de 3.000 estudiantes son acompañados por la Fundación Uniendo Caminosa través de sus siete centros educativos. La organización cuenta con espacios de apoyo escolar y tiene el objetivo de crear y sostener una red de contención que integre la escuela, la familia y al joven, para que logren mantener la escolaridad.

“Reunir a jóvenes que quieren estudiar es una fortaleza que tenemos que sostener. Nosotros proponemos distintos talleres artísticos o culturales que puedan despertar en los chicos un interés inicial por la fundación. Allí se encuentran con alumnos de secundaria que están teniendo un estilo de vida que ellos han perdido”, cuenta Maria Maciel, codirectora ejecutiva de Uniendo Caminos.

Los espacios de la fundación están dentro de los barrios y los jóvenes pueden asistir tres veces por semana para preparar las materias, en busca de un futuro mejor.

Fuente: https://elpais.com/elpais/2018/04/18/planeta_futuro/1524066734_193656.html

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Niños costarricenses: Una tragedia educativa

Centroamérica/ Costa Rica/ 14.05.2018/ Por: Eliécer Feinzaig. Fuente: www.nacion.com.

Cuando uno vive en el país de los eufemismos, cada vez que una autoridad gubernamental anuncia el cambio de nomenclatura de cualquier cosa —una institución, un programa o un indicador— provoca una enorme dosis de sospecha y escepticismo.

Por eso, cuando leí el reportaje de La Nación del pasado 19 de marzo (http://bit.ly/2ptlV5B) acerca de la disminución de la exclusión escolar observada en el 2017, se me pararon las antenitas de vinil. La ministra de Educación, Sonia Marta Mora, explicó que se dio un cambio de enfoque al hablar de exclusión y dejar atrás el concepto de deserción escolar.

Desde una perspectiva meramente cuantitativa, nuestro sistema educativo es un rotundo fracaso

Si bien el cambio fue meramente de nomenclatura —la medición es exactamente la misma— me alegró leerlo porque implica, como señala la ministra, dejar de ver el problema como una “decisión voluntaria y personal” de abandonar los estudios para entender que existen “factores personales, familiares y del propio sistema educativo que influyen en que el estudiantado permanezca o no en las aulas”. Es, en otras palabras, reconocer que el sistema educativo puede —por inadecuado— expulsar alumnos. Y lo hace.

El sexto informe Estado de la Educación (EE2017) revela que apenas “un 4,6 % de las 3.731 escuelas públicas que operaban en el 2016 ofrecían el plan de estudios completo para la enseñanza primaria”. Ahí tenemos un claro indicio de un sistema educativo que expulsa a sus alumnos. Que más del 95 % de las escuelas no ofrezcan el plan de estudios completo quiere decir que la enorme mayoría de los estudiantes nunca será expuesta a materias como artes, deportes o computación, que podrían despertar su interés o ayudarles a descubrir su pasión.

Quizás por esto la tasa neta de escolaridad —el porcentaje de niños entre 6 y 12 años que se encuentran enrolados en la educación primaria— ha venido cayendo desde más del 97 % en el período 2005-2011, al 93,1 % en el 2016. Peor aún, nos dice el EE2017, la matrícula de sexto grado en el 2016 representó un 83,4 % de la reportada en primer grado seis años antes. Casi 17 de cada 100 niños matriculados en primer grado en el 2011 se perdieron en el camino a sexto grado.

Medición generacional. Estos datos me hicieron recordar una conversación que tuve recientemente con el Dr. Luis Daniel González Aguiluz, director del Programa de Informatización para el Alto Desempeño (PIAD) de la Asociación para la Innovación Social. Sostiene Luis Daniel que el abandono de las aulas no se debe medir con respecto a la matrícula inicial de cada año, sino en referencia a la matrícula en primer grado de cada generación o cohorte.

Para explicar el concepto, analizaré lo sucedido con la cohorte del 2005. Dado que la educación formal tiene una duración teórica de 11 años en la modalidad académica y de 12 años en la técnica, intentaré responder la siguiente pregunta: ¿Cuántos de los niños que entraron a la escuela por vez primera en el 2005 concluyeron la secundaria en el 2015 (o el 2016 en el caso de la educación técnica)?

En el 2005 ingresaron 95.811 niños a primer grado del sistema de educación tradicional en horario diurno. En el 2015 se matricularon 42.783 jóvenes en undécimo año en educación académica y técnica en horario diurno. Aunque la comparación no es exacta, nos da un primer indicador de exclusión en la educación: tan solo el 44,7 % de los niños que iniciaron su educación primaria en el 2005 llegaron a undécimo año once años después.

La cifra no es exacta, entre otras razones, porque no todos los jóvenes que matriculan undécimo en un año cualquiera iniciaron sus estudios once años antes; algunos repitieron uno o más años. De igual manera, algunos de los estudiantes que inician la primaria en un año cualquiera, la concluirán en más de once años, ya sea en la educación tradicional (después de haber repetido uno o más años), o porque se decantaron por opciones de 12 años como el bachillerato internacional (BI) o la educación técnica, o porque concluirán sus estudios años más tarde en programas como educación nocturna o bachillerato por madurez.

Cifra alarmante. Aun así, la cifra es alarmante: menos de la mitad de los jóvenes en edad de estudiar concluye la educación formal en el tiempo prescrito. La estadística se torna aún más alarmante si hablamos de la proporción de estudiantes que realmente se gradúa.

En el 2015 se presentaron a bachillerato 37.775 estudiantes. De ellos, 5.681 provenían de la educación nocturna, donde el promedio de edad es mucho más alto (no son los jóvenes que empezaron sus estudios once años antes). Nos quedan entonces 32.094 estudiantes, o tres cuartas partes de los 42.783 jóvenes que se matricularon en undécimo en ese mismo año. Vamos viendo como la mazorca se desgrana en cada paso.

La historia se torna todavía más sombría. En el 2015 aprobaron bachillerato 26.709 estudiantes (del total de 37.775). Las autoridades hablan de una promoción del 70,7 %, pero la cifra es engañosa: esconde la enorme cantidad de jóvenes que no llegaron ni siquiera a presentarse a bachillerato.

Del total de bachilleres del 2015, tan solo 18.791 provenían de la educación académica diurna; el resto fueron estudiantes de la educación nocturna (mayor edad promedio) o de la educación técnica (duración teórica de 12 años). Si sumamos los 6.218 jóvenes que obtuvieron su bachillerato en educación técnica en el 2016, tenemos que son 25.009 los jóvenes que, habiendo empezado sus estudios en el 2005, obtuvieron su bachillerato en la educación diurna académica o técnica en el tiempo prescrito.

La cifra, como ya mencioné, no es exacta, y dada la gravedad de lo señalado, merece ser depurada. Lanzo el reto al programa Estado de la Nación, al Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR, a la Academia de Centroamérica o al propio Departamento de Análisis Estadístico del MEP para que lo hagan.

En todo caso, y sin perjuicio de que algún día las autoridades hagan el ejercicio de afinar el dato, resulta muy reveladora la comparación de esos 25.009 bachilleres con los 95.811 niños que matricularon primer grado de primaria en el 2005: tan solo el 26,1 % de los muchachos se graduaron en el tiempo esperado. Visto de otra forma, 70.802 jóvenes que iniciaron su educación en el 2005 no se llegaron a graduar. Esa es la verdadera tragedia de la exclusión educativa.

Fracaso. Desde una perspectiva meramente cuantitativa, nuestro sistema educativo es un rotundo fracaso. Menciona el EE2017 que “en el 2016 solo el 50,4 % de los jóvenes de entre 18 y 22 años había finalizado la secundaria”. Finalizar la secundaria no es lo mismo que obtener el bachillerato.

Lamentablemente, desde una perspectiva cualitativa, la situación es también calamitosa, como lo reflejan los resultados de las pruebas del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), que promueve la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para evaluar las competencias y destrezas de los alumnos en tres áreas (matemáticas, comprensión de lectura y ciencias). Los estudiantes son clasificados en seis niveles, de acuerdo con su desempeño, siendo 1 el más bajo y 6 el más alto.

En el 2015, el 62,6 % de los estudiantes costarricenses evaluados en matemáticas quedaron en o por debajo del nivel 1, lo cual quiere decir que no pueden resolver más que los problemas matemáticos más elementales, y ello únicamente cuando cuentan de manera explícita (no inferencial) con instrucciones precisas y toda la información necesaria para hacerlo. En otras palabras, son alumnos que pasaron por el colegio, pero el colegio no dejó ninguna huella en ellos.

Otro 25,8 % de los alumnos evaluados quedaron en el nivel 2, y solamente el 11,7 % se distribuyó entre los cuatro niveles superiores de la escala de evaluación. Los resultados en lectura y ciencias, si bien algo mejores, tampoco son para alardear.

Hablar de exclusión versus deserción permite entender la magnitud de la tragedia de la educación en Costa Rica. El significativo esfuerzo que ha hecho nuestro país al pasar de invertir poco más del 4 % del PIB en educación hace 20 años a cerca del 8 % hoy no ha rendido los frutos esperados. Dinero hay; las estrategias deben ser revisadas.

Fuente: https://www.nacion.com/opinion/columnistas/la-tragedia-de-70000-ninos-costarricenses/YDVRZY2UGJE5PG5GYODW47U5IE/story

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Informe: Mézclate conmigo de la segregación socioeconómica a la educación inclusiva

Por Save The Children

La segregación escolar socioeconómica es uno de los principales problemas del sistema educativo español. La segregación escolar se produce cuando hay una distribución desigual en centros escolares de los niños y niñas que pertenecen a las familias con menos recursos. Cuando esta situación se agrava se producen situaciones de alta concentración de alumnado vulnerable en determinados centros.

En el informe «Mézclate conmigo» que hemos presentado hoy, hemos analizado la situación de segregación socioeconómica en España y presentado propuestas eficaces para eliminarla y lograr una educación inclusiva.

Un sistema educativo que segrega, o no inclusivo, limita las posibilidades de desarrollo de la infancia, sobre todo de la más vulnerable. Aquellos países que tienen mejores sistemas educativos son aquellos que apuestan, no solo por la calidad y la excelencia educativa, sino por la equidad.

LA SEGREGACIÓN ESCOLAR ES CAUSA DE PEORES RESULTADOS EN PISA

En España el índice de segregación ha aumentado un 13,4% en los últimos 10 años, llegando al 0,31, lo que sitúa a nuestro país en el sexto puesto del ranking europeo con las puntuaciones más altas, por encima del promedio de la UE.

Este crecimiento alarmante de la segregación socioeconómica ha provocado el incremento de las llamadas “escuelas gueto” donde se concentra un número elevado de alumnado que vive en situación socioeconómica desfavorable. Uno de los casos más significativos es el de la Comunidad de Madrid, la región con mayor segregación escolar en España (0,36) y que lidera el ranking europeo solo por detrás de Hungría. En el siguiente gráfico podéis ver la comparación de las distintas Comunidades Europeas con los países de la Unión Europea en 2015.

Este informe muestra que los centros que presentan mayores niveles de concentración son en su mayoría de titularidad pública, en concreto 9 de cada 10 centros escolares. Estos centros tienen mayor presencia de alumnado con necesidades de apoyo lingüístico y necesidades especiales y una escasa oferta de actividades extraescolares. Sin embargo, y frente a esta realidad, no existe una disponibilidad de recursos acorde a sus necesidades y viven con frecuencia la huida del profesorado más cualificado a otros centros con menor grado de complejidad.

La segregación escolar depende de la combinación de distintos factores como la elección de centro que realizan las familias, la distribución territorial de los hogares y las políticas educativas que se ponen en marcha.

Es intolerable la situación que vive casi la mitad del alumnado en España con un acceso a recursos educativos precarios y que no responden a las necesidades especiales que requieren. El Estado debe garantizar políticas educativas que aseguren una educación equitativa que no deje atrás a los niños y niñas que proceden de entornos socioeconómicos más desfavorables impidiéndoles romper así con el círculo de la pobreza. Atajar la segregación escolar contribuiría a resolver los principales problemas de la educación en España: repetición, abandono escolar e inequidad

SE NECESITAN PONER EN MARCHA MEDIDAS QUE LUCHEN CONTRA LA SEGREGACIÓN ESCOLAR

Luchar contra la segregación escolar beneficia no solo a la infancia que procede de contextos socioeconómicos más desfavorecidos, sino a todos en su conjunto. La falta de oportunidades de interaccionar con niños y niñas de otros contextos limita la formación y el desarrollo de habilidades de empatía que pueden tener consecuencias negativas en el futuro a nivel de cohesión social dando lugar a actitudes de intolerancia y exclusión. Los altos niveles de repetición y abandono en España, a los que la segregación contribuye, tienen un alto coste económico y social.

Tanto la legislación española en su Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) como la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), reconocen la necesidad de impulsar un sistema educativo equitativo. El Comité de los Derechos del Niño, así como la Comisión Europea, han instado recientemente al Gobierno de España a revisar e implementar políticas que aborden la segregación y apuesten por una educación inclusiva basada en dar apoyo a los niños y niñas.

Por eso en Save the Children pedimos a las administraciones educativas que aborden la segregación escolar de forma urgente y de manera prioritaria. Pedimos un Plan Estatal por la Equidad y la Inclusión en la Escolarización. Se trata de un problema educativo que se puede y se debe abordar con políticas educativas que promuevan la educación inclusiva.

Save the Children propone:

  • Políticas de oferta o planificación implicadas en el diseño del mapa escolar con medidas como la reserva de plazas en centros educativos, la apertura y cierre de grupos y centros o la oferta académica especializada.
  • Políticas de admisión del alumnado que regulen los niveles de concentración de manera más sistémica con medidas como el establecimiento de cuotas mínimas y máximas, el desarrollo de acciones informativas a las familias  o el establecimiento de zonas de escolarización que favorezcan la reducción de la segregación escolar.
  • Políticas de compensación y atracción que ayuden a paliar los efectos de la alta concentración con medidas como la dotación de más recursos, planes de incentivos especiales al profesorado o la puesta en marcha de proyectos de innovación en este tipo de centros.

Descargar el informe en PDF «Mézclate conmigo»

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Descargar anexos con datos territoriales de Euskadi en PDF 

Fuente: https://www.savethechildren.es/publicaciones/mezclate-conmigo

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Education International assesses World Bank’s Development Report on education

Prensa Internacional de la Educación

Resumen: Justo antes de las Reuniones de Primavera del Banco Mundial, la Internacional de la Educación está lanzando una publicación que reúne múltiples voces de todo el mundo para proporcionar un Chequeo de la realidad en el Informe sobre el desarrollo mundial de educación de 2018 del Banco Mundial. El lanzamiento de esta publicación marca el final de la serie de blogs semanales Reality Check del Informe de Desarrollo Mundial (WDR) de la IE que se ha estado ejecutando enwww.worldsofeducation.org durante casi 6 meses. Si bien es importante que el Banco Mundial haya dedicado un tema del WDR a la educación por primera vez, los docentes y académicos del mundo han encontrado algunas deficiencias significativas en su contenido. Esto es aún más difícil ya que la política del Banco Mundial afecta directamente a los educadores a través del asesoramiento sobre políticas a los ministros y la política impuesta a través de préstamos condicional del Banco Mundial. Hay una oportunidad perdida bastante importante en el informe: el Banco debería haber presentado argumentos sólidos sobre cómo cerrar la brecha financiera en educación para cumplir con el ODS 4. De acuerdo con el Informe Global de Monitoreo Educativo, existe una brecha financiera de $ 39 billones por año desde ahora hasta el 2030 en los países de ingresos bajos y medianos. Esta brecha no se aborda en absoluto en el informe. En resumen, el Banco debería haber enfatizado que las prioridades políticas deberían ser determinadas por los gobiernos nacionales en consulta con los maestros y el personal de apoyo educativo que conocen de primera mano las necesidades sobre el terreno para lograr una educación de calidad para todos.  David Edwards, Secretario General de la IE, dice en su introducción a la publicación: «Los educadores son los que mejor pueden usar la evaluación para mejorar el aprendizaje. Los educadores pueden proporcionar la evidencia contextual específica que debe informar la reforma de políticas, de lo que funciona y de lo que no funciona en el aula. Y, por lo tanto, los educadores deben tener un lugar en la mesa para guiar la reforma de las políticas. La promesa de la educación no se logrará a menos que se fortalezca y amplíe el diálogo social. Por esta razón, la Internacional de la Educación pide que en materia de educación, el Banco Mundial intenta algo nuevo, da un paso atrás y escucha a la comunidad educativa «. «Verificación de la realidad de la Internacional de la Educación: El Informe sobre el desarrollo mundial de la educación de 2018 del Banco» está disponible aquí: http://go.ei-ie.org/WDR2018RealityCheck


Just ahead of the World Bank Spring Meetings, Education International is launching a publication that brings together multiple voices from around the world to provide a Reality Check on the World Bank’s 2018 World Development Report on education.

This publication launch marks the end of EI’s World Development Report (WDR) Reality Check weekly blog series that has been running on www.worldsofeducation.org for nearly 6 months.
While it is important that the World Bank has dedicated an issue of the WDR to education for the very first time, the world’s teachers and academics have found some significant shortcomings in its content. This is all the more difficult as World Bank policy directly affects educators through policy advice to ministers and imposed policy through conditional World Bank loans.
There is a quite substantial missed opportunity in the report: The Bank should have made a strong case for how to close the financing gap in education to meet SDG4. According to the Global Education Monitoring Report, there is a financing gap of $39 billion a year from now until 2030 across lower and middle income countries. This gap is not addressed at all in the report.
To summarize, the Bank should have emphasized that policy priorities should be determined by national governments in consultation with teachers and education support personnel who know firsthand the needs on the ground to achieve quality education for all.
EI General Secretary David Edwards says in his introduction to the publication: «It is educators who can best use assessment formatively to improve learning. It is educators who can provide the context-specific evidence, that should inform policy reform, of what works and what does not work in the classroom setting. And it is, thus, educators who must have a place at the table to guide policy reform. Education’s promise will not be achieved unless social dialogue is strengthened and expanded. For this reason, Education International asks that on matters of education, the World Bank tries something new, takes a step back, and listens to the education community.»
«Education International’s Reality Check: The Bank’s 2018 World Development Report on Education» is available here: http://go.ei-ie.org/WDR2018RealityCheck
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