Se impulsan la difusión y el debate de los Acuerdos de la CONFINTEA VI realizada en SUWON. Se adjunta un documento para ser utilizado en procesos de formación que promuevan el derecho a la educación de jóvenes y adultos.
Esta publicación busca impulsar avances en materia de Políticas, Gobernanza, Financiación, Participación inclusión y equidad, y; Calidad para lo cual presenta algunas de las propuestas que se vieron en la reunión de balance a Medio Término de la Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA) y que pueden ayudar a planificar los próximos 4 años que faltan para el balance final de la CONFINTEA VI. La reunión de balance se realizó del 27 al 29 de octubre, en la ciudad de Suwon, República de Corea.
Por Clara Fontdevila, Universitat Autònoma de Barcelona
A lo largo de las dos últimas décadas, Perú ha experimentado un marcado crecimiento del peso de la oferta educativa no-estatal, así como de la importancia relativa de la matricula privada. Este fenómeno ha tenido un carácter especialmente marcado en las zonas urbanas – en el caso de Lima, la participación en la educación privada pasó de un 29% en año 2004 al 50% en el año 2014.
En ese contexto, uno de los segmentos de oferta privada que ha experimentado un mayor crecimiento han sido las denominadas escuelas de bajo coste (EBC), dirigidas a familias con ingresos limitados. De hecho, el crecimiento de la matrícula privada ha sido especialmente pronunciado en las zonas más pobres de las áreas urbanas – un fenómeno que no puede desligarse de la limitada creación de plazas públicas en estos distritos. Se documenta así un vínculo claro entre pobreza, crecimiento demográfico e incremento de la oferta privada –y de la provisión de bajo costo en particular.
La centralidad de esta particular modalidad de provisión resulta, sin embargo, altamente problemática en términos de calidad – tanto en relación a los procesos como a los resultados de aprendizaje. A la vez, dado el carácter semi-estructural del sector EBC en distritos urbanos pobres, las limitaciones de esta modalidad afectan especialmente a estudiantes de familias con ingresos limitados, convirtiéndose así en un problema de equidad.
En relación a los procesos de enseñanza-aprendizaje, la evidencia disponible sobre las condiciones de operación del sector EBC apunta a importantes limitaciones de esta modalidad de provisión a la hora de cumplir con unos mínimos estándares de calidad. En relación a los recursos materiales, por ejemplo, destaca el uso de instalaciones sólo superficialmente adaptadas a usos educativos y/o afectada por severas limitaciones de espacio. Así mismo, se detecta una alta variabilidad y discrecionalidad respecto la preparación del profesorado, así como una sobre-representación de profesorado con poca experiencia – elementos agravados por la práctica inexistencia de espacios destinados a la coordinación o intercambio docente. Finalmente, se documentan prácticas de selección del alumnado, con el objetivo de garantizar la buena reputación de las escuelas en un contexto de competencia creciente.
Las limitaciones detectadas en relación a los procesos y recursos de enseñanza y aprendizaje tienen un impacto directo en los resultados del sector EBC en términos de desempeño académico. La exploración de las Evaluaciones Censales de Estudiantes 2016 revela que los resultados académicos del sector EBC son sistemáticamente peores que los del sector público.
En el caso de primaria, y como se muestra en el gráfico que sigue, se observan una marcada diferencia entre el rendimiento de las instituciones públicas y el de las privadas con bajos niveles de pensión. En el caso de la competencia matemática, por ejemplo, la proporción de alumnado para el sector EBC en el nivel más bajo llega a triplicar la del sector estatal. En el caso de secundaria, el sector EBC es la única fracción de la oferta privada con un menor porcentaje de alumnado en nivel satisfactorio que el nivel estatal – lo que, de nuevo, pone en cuestión el potencial de esta modalidad a la hora de asegurar unos mínimos niveles de aprendizaje.
Las limitaciones del sector no pueden desligarse de la falta de regulación del sector privado que ha caracterizado históricamente el sistema educativo peruano – como resultado de la indefinición respecto el rol supervisor de las distintas autoridades educativas y el carácter errático del marco normativo. Si bien durante los últimos años se ha trabajo en una serie de iniciativas orientadas a corregir esta laxitud normativa, el futuro de estas negociaciones es incierto. Este escenario apunta a una serie de desafíos y retos para la administración educativa que requieren no sólo de una mayor capacidad de control institucional sino también de la voluntad política necesaria para reforzar la educación pública. Garantizar una oferta estatal suficiente y de calidad resulta así imprescindible a la hora de corregir la centralidad de un sector privado caracterizado no sólo por su bajo coste sino, sobretodo, por su baja calidad.
El reporte “Opiniones de los jóvenes acerca del gobierno, la convivencia pacífica y la diversidad en cinco países de América Latina” fue presentado en Lima el 11 de abril.
En el marco del Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadanía (ICCS) 2016, el 11 de abril de este año se presentó el Reporte de Resultados Regionales Latinoamericanos “Opiniones de los jóvenes acerca del gobierno, la convivencia pacífica y la diversidad en cinco países de América Latina” en Lima, Perú. Uno de los autores de la publicación es Cristián Cox, director del Centro de Políticas Comparadas de Educación (CPCE) de la Universidad Diego Portales y profesor asociado de la Facultad de Educación, quien también es miembro del comité asesor del Proyecto ICCS 2016.
El informe se enfocó en los contextos para la educación cívica y ciudadana y las percepciones de los estudiantes acerca de las instituciones públicas y el gobierno, la convivencia pacífica, la cohesión social y la diversidad. Estas mediciones se realizaron con aproximadamente 25.000 estudiantes de Chile, Colombia, República Dominicana, México y Perú, los cuales participaron del ICCS 2016. Los resultados también contemplan información del ICCS 2009, donde contribuyeron los primeros cuatro países antes mencionados.
Este documento, adicional a la presentación de resultados ICCS 2016 realizada a fines del año pasado, intenta contribuir a las discusiones sobre educación cívica y ciudadana en Latinoamérica, debido a los cambios sociales y políticos que se han dado en las últimas dos décadas, tales como las desigualdades sociales, la pérdida de confianza y los altos niveles de corrupción política en la región.
América del Sur/Argentina/ 16.04.2018/ Por: Guadalupe Rodríguez/ Fuente: www.lanacion.com.ar.
El sur de la ciudad de Buenos Aires muestra una desigualdad crónica respecto del norte y la educación no es una excepción. Allí donde vive la mayor cantidad de chicos menores de 14 años del distrito más rico del país se dan los peores indicadores educativos: faltan escuelas, las aulas están abarrotadas, no alcanzan las vacantes y los niveles de repitencia y deserción son los más altos. Los alumnos que no terminan el secundario en Palermo y Núñez no llegan al 5%, pero rondan el 30% en Villa Lugano y Soldati. Una realidad que se refleja en las cifras oficiales relacionadas al empleo y el ingreso.
Para observar esta disparidad basta con comparar dos escuelas a ambos extremos del territorio porteño: la N° 11 Ignacio Fermín Rodríguez, de Nueva Pompeya, y la N° 16 Wenceslao Posse, de Palermo. En varios puntos son muy similares: pertenecen al Estado, son de nivel primario y de simple jornada, pero en muchas otras cuestiones es abismal lo que las separa.
Cada mañana en la escuela N° 11, bien al sur de la ciudad, un rato después de que los chicos llegan a clase, hacen a un lado los útiles y se sirve el desayuno en los mismos bancos donde estudian. Son varios los alumnos que entran al aula sin comer. «A veces, les cuesta arrancar porque no desayunan en sus casas. Entonces, primero comemos y después empezamos con la clase. De otra forma no se puede», cuenta Emmanuel Fariña, docente de 7° grado en esta pequeña escuela del distrito escolar 19, uno de los tres con los niveles más altos de necesidades básicas insatisfechas de toda la Capital.
También todas las mañanas, los alumnos de la escuela N° 16, en Parque Las Heras, en el distrito escolar 1, toman el desayuno, pero lo hacen cerca de las 9 y en un comedor cómodo y limpio, exclusivo para esta actividad. Luego, cuenta Florencia Toyos, maestra de 4° grado, vuelven a clase y se acomodan en aulas amplias y bien equipadas con lo necesario para seguir estudiando.
La docente Florencia Toyos está orgullosa de los recursos de la escuela N° 16, de Palermo Fuente: LA NACION – Crédito: Silvana Colombo
En el informe de coyuntura «La ciudad en deuda», del Centro de Estudio de Ciudad de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la licenciada en Trabajo Social Inés Albergucci deja bien en claro que la desigualdad tiene correlato con la distribución geográfica. En los barrios del sur (Lugano, Soldati, Bajo Flores, Villa Riachuelo, Nueva Pompeya, Barracas, La Boca) vive la población más vulnerable social y económicamente: se hace notable que las condiciones de vivienda, empleo, salud e ingreso son peores. Por ejemplo, según datos de la Dirección General de Estadística y Censo de la Ciudad, en el segundo trimestre de 2017, en la zona sur el desempleo era del 16,9%, más del doble que en el norte, donde rondaba el 7%, y el ingreso promedio per cápita fue de $10.308 y $22.633, respectivamente.
Consultado sobre qué medidas está tomando frente a esta situación y a la necesidad de la construcción de escuelas para albergar a los estudiantes que ya están fuera del sistema y a los que se suman cada año, desde el Ministerio de Educación porteño afirman que están llevando adelante obras en las comunas sureñas, como ocurre en los polos educativos Mataderos (Murguiondo y Directorio, comuna 9), Piedrabuena (Piedrabuena y Zuviría, comuna 8) y Lugano (Fonrouge y Barros Pazos, comuna 8). También explican que están en proceso de aumentar la matrícula en la comuna 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya) y que asumieron el compromiso de construir en lo que resta de 2018 y en 2019, 30 escuelas con salas de 3 años, de las cuales el 60% corresponde a zona sur.
Un problema de acceso
Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en 2017 hubo en la ciudad 10.553 chicos en lista de espera. De esta cifra, la gran mayoría fueron familias del sur que no pudieron costear la cuota de una escuela privada como alternativa. Los números son claros: en los barrios más pobres, el 70% de los alumnos está matriculado en escuelas estatales, y en los más ricos (Núñez, Belgrano, Palermo, Recoleta, Colegiales), solo el 40%. Además, año a año, en los distritos más pujantes, la cantidad de chicos matriculados en el sistema estatal decrece al tiempo que migran al sistema privado. Al contrario, en el otro extremo del mapa porteño la demanda por la educación estatal aumenta.
Patricia Pines es docente y madre de dos niños que van a un colegio estatal. Cuando en 2014 comenzó la inscripción online en la ciudad de Buenos Aires, se encontró con las primeras dificultades. Lejos de darse por vencida ante un sistema que muchos califican de deficiente, por complejo y expulsivo, se juntó con otros padres y formaron Vacantes para Tod@s, un colectivo que busca convertir espacios ociosos en escuelas públicas, laicas y gratuitas de todos los niveles, especialmente en zona sur. Según sus proyecciones, «en el inicio del ciclo lectivo 2018 fueron 15.000 los alumnos de los tres niveles que se quedaron sin vacantes». Pines calcula que son 75 las escuelas que se necesita abrir en la Capital para albergar a los chicos que se quedaron sin vacantes, con un costo cercano de 1000 millones de pesos.
«No sobran pibes, faltan escuelas», dice enfáticamente el maestro Emmanuel Fariña, y cuenta que frente a la sede del distrito 19, ya empezadas las clases, se podían ver familias enteras haciendo hasta dos cuadras de cola por una vacante. Esto hace también que las familias se bifurquen, porque los chicos recalan en distritos diferentes. El gobierno porteño implementó para esos casos trasladarlos en micros a las instituciones alejadas de sus casas. Florencia Toyos cuenta que en el Wenceslao Posse estudian chicos de la villa 31 de Retiro -otra zona con graves problemas de vacantes-, que viajan hasta Palermo en estos colectivos.
Emmanuel Fariña es maestro en una de las zonas más pobres de la ciudad Fuente: LA NACION – Crédito: Emiliano Lasalvia
Distintas oportunidades
En la escuela N° 11 de Nueva Pompeya hay un solo patio y sin techo para los casi 200 alumnos que van por turno. Ahí juegan durante el recreo, saludan a la bandera y hacen gimnasia. Cuando llueve, nada de eso es posible y deben quedarse en las aulas, en las que apenas entran. Según el Reglamento Escolar (art. 90, inc. 2), el espacio mínimo por alumno debe ser de 1,35 m² de superficie y de 4 a 5 m³ de capacidad. Tienen una sala de informática en la que funcionan no más de siete computadoras y sin acceso a Internet. «Si les pedimos que traigan las netbooks del Plan Sarmiento, hay un solo enchufe por aula para cargar veinte máquinas», sostiene Fariña.
En el otro extremo, y no solo geográfico, la escuela N° 16 Wenceslao Posse, a la que asisten cerca de 250 alumnos por turno, cuenta con patio interno y externo, y hasta dispone de un sector de pasto sintético que donó la escuela de fútbol Claudio Marangoni. «Tenemos sala de música, biblioteca, un gabinete de ciencia excelente y una sala de computación con pantalla digital interactiva. Los chicos traen las netbooks y acá también hay de repuesto. Usamos muchísimo los recursos digitales», cuenta orgullosa Toyos.
En su trabajo «La discriminación educativa en la ciudad de Buenos Aires», la ACIJ señala que «el hecho azaroso de haber nacido o asentarse en un distrito escolar particular de la ciudad determina, en gran medida, la posibilidad de una persona de acceder o estar privada de determinados bienes y servicios básicos». La ONG plantea que «esto es lo que se considera posición social de origen, y es justamente un factor que debe ser tomado en cuenta a la hora de honrar los compromisos sociales igualitarios»
El informe, promovido por la Internacional de la Educación y dado a conocer el pasado mes de febrero, llama la atención sobre el notorio crecimiento de la educación privada en este país y señala que un 40% de estudiantes de los distritos más desfavorecidos de Lima Metropolitana asiste en la actualidad a escuelas privadas
En el documento, titulado Educación privada de ‘bajo coste’ en el Perú: un enfoque desde la calidad se analizan las tendencias, la gobernanza y regulación de la educación privada en el Perú y los procesos de expansión de la oferta privada (evolución y distribución) en el país, en particular el crecimiento de la educación de bajo coste (EBC) con una especial atención a la expansión de la educación privada en el área de Lima Metropolitana. El informe también observa las implicancias que ello tiene para el derecho a la educación, en particular en términos de acceso, resultados, calidad y equidad.
Se señala que “la evidencia disponible sugiere que el sector de EBC peruano presenta bajos niveles de calidad – tanto en términos de resultados como de procesos y condiciones de aprendizaje” y que hay un “impacto netamente pernicioso en términos de equidad, en tanto que la oferta EBC tiende a concentrase en las zonas más pobres y, por lo tanto, sus limitaciones afectan de forma especialmente acusada al alumnado con menos recursos socioeconómicos”. Otras problemáticas resaltadas en el estudio refieren a deficiencias en la infraestructura e instalaciones, falta de materiales educativos, alta rotación de docentes y precarias condiciones laborales.
La indefinida regulación del mercado educativo y el insuficiente incremento de la oferta pública educativa, en un contexto de expansión demográfica, son destacados entre los principales fenómenos que han propiciado la proliferación de la oferta educativa privada en el país. La insuficiente capacidad de control y de gestión, los escasos niveles de supervisión, la falta de información precisa y actualizada sobre este tipo de oferta educativa, el rol rector del Ministerio de Educación y la necesidad de avanzar en la creación de espacios de articulación y trabajo entre éste y el sector privado, así como un marco regulatorio, también son temas abordados en el informe.
El estudio concluye resaltando que “la necesidad de una respuesta desde la política pública capaz de ejercer un control real sobre todos los segmentos de la oferta privada, así como una mayor atención a su impacto en términos de calidad y equidad resultan imprescindibles si se quiere asegurar una educación al servicio del interés público”.
El informe ha sido realizado por un equipo de investigación de la Universitat Autònoma de Barcelona y del Grupo de Análisis para el Desarrollo de Lima.
Reseña de informe:http://privatizacion.campanaderechoeducacion.org/peru-nuevo-informe-aborda-el-panorama-de-la-educacion-privada-de-bajo-coste-en-el-pai
Al abordar la situación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes (NNA) en nuestra región la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomienda una mayor atención al fortalecimiento de las políticas nacionales para la niñez de forma a asegurar un mayor nivel de disfrute de sus derechos, identificando además que uno de los mayores obstáculos para los derechos de niños, niñas y adolescentes es la falta de una inversión suficiente y priorización presupuestaria que permita su plena realización.
En el informe, presentado en el día de ayer, la CIDH llama la atención sobre los alarmantes niveles de violencia de la que son víctimas las niñas y las adolescentes, especialmente la violencia sexual. Destaca que algunos de los países de la región tienen de las más altas tasas de violencia sexual a nivel mundial; en Bolivia, 1 de cada 3 niñas sufre alguna forma de violencia sexual antes de cumplir 18 años; en Argentina, en los ocho primeros meses del 2017, se registró un promedio de cuatro denuncias diarias por violencia sexual en todo el país; en Perú, 2 de cada 5 víctimas de violencia sexual son niñas menores de 14 años; en Paraguay, los niños y niñas son los/as que más sufren violencia sexual dentro del ámbito familiar en tanto el 89,8% de las víctimas son NNA, y de éstos el 69,5% no supera los 13 años de edad.
Por otro lado, señala que el embarazo infantil y adolescente “es un serio problema siendo ésta la única región en el mundo donde los partos en niñas menores de 15 años va en aumento, con cerca de 10 millones de embarazos al año, y la segunda región con mayor número de embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años, siendo una parte considerable de estos embarazos producto de violación sexual”. En Perú, cada día 4 niñas menores de 15 años se convierten en madres; en Paraguay, cada día nacen dos bebés de niñas de entre 10 y 14 años de edad; en Guatemala, el 26% de los partos atendidos es de niñas y adolescentes de 10 a 19 años.
Ello afecta derechos humanos fundamentales y pone en riesgo la vida, la salud, la integridad y el desarrollo personal, entre otros derechos de las niñas y adolescentes, disminuyendo además sus oportunidades de ocio, recreación, deporte y participación. Resalta, en lo que hace al derecho a la educación, que las niñas y adolescentes embarazadas “son todavía discriminadas en centros educativos y no se les permite asistir a clases durante su embarazo, o bien no se les facilitan las posibilidades para poder hacerlo, privándolas de su derecho a la educación”.
Llama la atención también sobre “tendencias preocupantes respecto a la negación de los derechos sexuales y reproductivos a las niñas y a las adolescentes” destacando que “una de las circunstancias que contribuyen a la vulnerabilidad de las niñas y las adolescentes es precisamente la falta de acceso a información y a una educación sexual de calidad adaptada a la edad, así como a servicios de salud sexual y reproductiva accesibles para las adolescentes, de manera oportuna, adecuada, accesible y sostenible”.
Se señala, además, que “la ausencia de una educación sexual y reproductiva, desde edades tempranas y que se encuentre adaptada a las diversas fases de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, los expone a ser víctimas de actos de violencia sexual y a embarazos no deseados. Considerando los alarmantes niveles de violencia sexual y de embarazo infantil en la región, es imperativo para la protección de los niños, niñas y adolescentes garantizar el acceso y la calidad de la educación sexual y reproductiva en los currículos educativos en las escuelas”.
Agrega que, a pesar de ello, se observa una tendencia “en sentido contrario, con amenazas de retrocesos como la eliminación de la materia en los currículos, la negativa a introducirla en aquellos que todavía no cuentan con esta materia, o bien no proporcionan suficiente información o están sesgados por estereotipos”.
Acceda aquí a la versión completa del Informe Anual 2017 de la CIDH.
Fuente del informe: http://v2.campanaderechoeducacion.org/es/noticias/830-2018-04-10-18-48-07.htm.
Más de mil millones de jóvenes y adolescentes en el mundo actual tienen la llave de nuestro futuro en común y del desarrollo sostenible, justo e inclusivo a nivel mundial.
Con el foco puesto en América Latina, esta publicación de la UNESCO aborda la necesidad de recuperar la confianza de las y los jóvenes y adolescentes en la educación y de llegar a construcciones sociales de la juventud más completas y positivas entre las y los educadores, los padres y madres, las comunidades y las autoridades educativas.
De este modo, el estudio analiza las experiencias educativas en cuanto productoras de significado que configuran las culturas e identidades de la juventud, al igual que sus actitudes hacia la educación y su potencial para mejorar y sostener el bienestar individual y colectivo.
Fuente de estudio: http://juventud.campanaderechoeducacion.org/adolescentes-y-jovenes-en-realidades-cambiantes-notas-para-repensar-la-educacion-secundaria-en-america-latina
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En el marco del Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadanía (ICCS) 2016, el 11 de abril de este año se presentó el Reporte de Resultados Regionales Latinoamericanos “Opiniones de los jóvenes acerca del gobierno, la convivencia pacífica y la diversidad en cinco países de América Latina” en Lima, Perú. Uno de los autores de la publicación es Cristián Cox, director del Centro de Políticas Comparadas de Educación (CPCE) de la Universidad Diego Portales y profesor asociado de la Facultad de Educación, quien también es miembro del comité asesor del Proyecto ICCS 2016.
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