Por: Inés M.Pousadela
México está experimentando una monumental crisis de derechos humanos. Hay abundante evidencia de las extendidas violaciones de derechos humanos, que incluyen torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violencia contra periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos.
Si los datos duros son preocupantes, lo es aún más la negativa persistente del gobierno mexicano a reconocer la situación. En las palabras de Yésica Sánchez Maya de Consorcio Oaxaca, una organización de la sociedad civil local, el Estado “está invirtiendo más esfuerzo y recursos en negar un problema que de todos modos es evidente, que en resolverlo”.
Pese a las garantías constitucionales, en México el imperio de la ley es incompleto y muy desparejo. En estados como Oaxaca, donde las protestas de maestros fueron reprimidas con violencia, o Guerrero, donde 43 estudiantes de magisterio rural fueron desaparecidos y dados por muertos desde 2014, organizaciones y activistas de la sociedad civil enfrentan fuertes restricciones. Ellas se derivan de la violencia ligada al narcotráfico, la infiltración de gobiernos locales por parte de operaciones de crimen organizado crecientemente diversificadas, la penetración de la corrupción, la represión policial, y las severas violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.
En junio, los maestros de Oaxaca se manifestaban en las calles en contra de la reforma educativa. En el fin de semana del 19 y 20 las fuerzas de seguridad mataron a por lo menos nueve personas e hirieron a varias decenas al atacar a maestros y pobladores movilizados.
Una declaración de numerosos grupos de la sociedad civil subrayó entonces que la gente de Oaxaca vive “en un contexto de violencia generalizada” en el cual los movimientos sociales – en particular los que involucran a los maestros – llevan largo tiempo criminalizados por el sistema judicial, las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación.
El hostigamiento judicial contra los líderes sindicales de los maestros es en efecto frecuente, e incluye arrestos y detenciones. Precisamente uno de esos arrestos tuvo lugar el pasado 11 de junio, al tiempo que el clima de protesta se recalentaba.
Los maestros denunciaron el arresto como un acto de acoso judicial motivado políticamente, desestimaron los cargos de malversación y lavado como meras excusas destinadas a desactivar la protesta y bloquearon rutas.
En los días y horas que precediero al desate de violencia las autoridades convirtieron el área en zona de guerra: a medida que la tensión se incrementaba, una flotilla aérea sobrevolaba y eran desplegados numerosos efectivos de seguridad. Nada más que tragedia podía resultar del encuentro cara a cara de esos efectivos fuertemente armados con las multitudes de manifestantes
Fuente noticia:http://www.elcomercio.com/opinion/crisis-ddhh-mexico-opinion.html
Fuente imagen: http://radio.uchile.cl/wp-content/uploads/2016/07/DDHH-México-620×413.jp
Si los más directos destinatarios del curriculum son los alumnos, el profesor es su primer receptor. A través de la modelación de su pensamiento y de su práctica profesional es como un proyecto educativo se hace o no realidad, se enriquece o se deforma. La profesionalidad del docente y la renovación pedagógica son incomprensibles sin una referencia a los códigos que, más o menos implícitamente, dan forma a la práctica escolar. Entre nosotros esas interacciones tienen una dimensión política muy evidente, gracias a los mecanismos de intervención existentes. La obra de j. Gimeno Sacristan supone una reflexión acerca de cómo los diversos agentes moldeadores del curriculum, no sólo los profesores, se proyectan en la práctica.
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