Year: 2016

Por: Alba Carosio

En la década perdida de fines del siglo XX, se pensó la estrategia de desarrollo en exclusiva dependencia del mercado, de manera que se confió en un crecimiento económico automático, que derramaría el bienestar por efecto goteo hacia las capas más pobres de la población. Sabemos que todo esto fracasó de manera estrepitosa, y los pueblos fueron más pobres que nunca, lo que generó una deuda social incalculable. El “cambio a la izquierda” en América Latina, a partir del siglo XXI, tuvo a Chávez como principal precursor e impulsor con la revolución bolivariana, se propuso el pago de la deuda social acumulada, clausuró para siempre la época de la aplicación dogmática del Consenso de Washington y la fe incondicional en la autorregulación de los mercados.

Desde el principio, se trató de crear un nuevo contrato social para potenciar la participación popular y superar modelo neoliberal. Mientras que la derecha supone que la mayoría de las desigualdades son naturales y difíciles (o incluso inconvenientes) de erradicar, la izquierda asume que la mayoría de las desigualdades son construidas socialmente, y por ende las ve como producto de situaciones que deben ser modificadas. Las izquierdas están convencidas de que es necesario generar un nivel bastante parejo entre las personas para favorecer la cohesión social y facilitar la construcción del bien común. Un gobierno de derecha hablará de “igualdad sólo ante la ley” y reivindicará las “leyes del mercado” como “mecanismo rector de la vida social”.

En los hechos, es la ley del más fuerte y despiadado. Para ellos, el mecanismo fundamental para distribuir la riqueza es el del “mercado salarial”, sin reconocer que la desigualdad tiene un impacto negativo en el crecimiento económico. La oposición entre derechas e izquierdas en el mundo contemporáneo se traduce en la disputa entre igualdad de oportunidades e igualdad de resultados. La igualdad de oportunidades se limita a abrir oportunidades “para a todos y todas”, negando el hecho de que el aprovechamiento de tales oportunidades depende de la situación social en que cada quien se encuentre.

Se trata de una “igualdad” que en la práctica reproduce las condiciones de desigualdad que caracterizan a las sociedades de clase. Promover la equidad social, es decir la justicia social, significa no sólo reconocer la desigualdad social, sino asumir que un “trato de iguales” a los desiguales sólo profundiza la desigualdad y desde esa perspectiva desarrollar acciones y políticas públicas que tiendan a disminuir las abismales diferencias. En esta lógica, un gobierno de izquierda sería aquel que defiende, crea y materializa derechos sociales. Igualdad de derechos y de condiciones, justicia social, equidad e igualdad sustantiva, reconocimiento de la diversidad o igualdad en la diferencia, son componentes del concepto de igualdad material, que implica un tratamiento preferencial para los grupos oprimidos.

En este momento histórico, el proyecto de restauración conservadora promovido por la derecha latinoamericana se basa en transformar ciertas esferas sociales (por ejemplo, mediante la liberalización económica) y, mantener otras esferas sociales con reproducción de relaciones de discriminación según clase social, etnia y género. Es más, dentro de esta visión social la desigualdad se considera no solamente una característica “natural” constitutiva de todas las sociedades, sino como una situación positiva, porque da lugar a la competencia como motor de la economía.

Definimos las políticas públicas como los proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública, con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad. Éstas incluyen: a) el diseño de una acción colectiva deliberada, b) el curso que efectivamente toma la acción como resultado de las muchas decisiones e interacciones que comporta y, en consecuencia, c) los hechos reales que la acción colectiva produce Tanto la política como las políticas públicas tienen que ver con el poder social.

Pero mientras la política es un concepto amplio, relativo al poder en general, las políticas públicas corresponden a soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos. Una política pública es una práctica social y no un evento singular o aislado. Se trata de un proceso integrador de decisiones, acciones e inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación de ciudadanas y ciudadanos, con el objetivo de solucionar o prevenir una situación definida como problemática.

La política pública es parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener. Las políticas públicas reflejan no sólo los valores más importantes de una sociedad; también el conflicto entre valores. Ponen de manifiesto a cuál de los muchos diferentes valores, se le asigna la más alta prioridad en una determinada decisión. Vemos entonces con claridad que hay políticas públicas de derechas y políticas públicas de izquierdas, en especial relación con la forma en que tratan la igualdad o desigualdad social. Mientras el capitalismo es un sistema que promueve soluciones individuales de problemas sociales, el socialismo puede caracterizarse como un sistema que desarrolla políticas sociales para el buen vivir individual y colectivo, con el objetivo de lograr sociedades igualitarias y con protección universal.

Otro aspecto, determinante de las políticas públicas es el proceso de participación. Si las políticas públicas no son enmarcadas en un amplio proceso de participación, pueden sesgarse hacia la tecnocracia o hacia un populismo inmediatista. La legitimidad de las acciones que se emprendan en la sociedad derivan de una participación popular real.

El proceso de las políticas públicas, según CEPAL, comprende: 1. Definición de la agenda pública conformada por los problemas fundamentales del país, con la participación de las comunidades. 2. Formulación del plan de gestión, programas, proyectos y acciones. 3. Implementación: ésta depende de qué procesos y personas intervienen en su ejecución. 4. Evaluación de la política pública; proceso que debe ser objetivo. 5. Rendición de cuentas: resultados e impactos de la política pública. La política social es la parte de la política pública que tiene como objetivo intervenir en las consecuencias materiales y morales del desarrollo desigual de las sociedades.

La política social se define como la acción sistemática de la sociedad sobre ella misma a través del Estado, que busca garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, con el objetivo del buen vivir y la reproducción de la vida. Se pueden clasificar las políticas sociales teniendo en cuenta objetivos de protección y promoción social. Se trata de disminuir las desigualdades sociales, redistribuyendo los escasos recursos en el sentido contrario al del mercado: quienes menos tienen más recibirán de las políticas sociales.

En cuanto al contexto de las políticas sociales, es preciso reconocer que América Latina es la región con la mayor inequidad en el mundo, ocasionada con frecuencia por la combinación de factores estructurales en el terreno económico, social y étnico. Y son los pobres quienes tienen más bajo nivel de realización efectiva de derechos. El enfrentamiento de la pobreza, incluye el “empoderamiento de los pobres” y la potenciación de su acumulado social; enmarcados en la necesidad de mirar la pobreza “hacia adentro”, y escuchando “las voces de los pobres”.

En el mundo ha habido varios modelos de política social: 1. El modelo residual, tiene que ver con una concepción de sociedad en la que los mecanismos naturales para la satisfacción de las necesidades se encuentran en el mercado y la familia. Por tanto, la política social sólo debe actuar en aquellos casos donde estos mecanismos no son suficientes; 2. El modelo adquisitivo-ejecutivo parte de una lógica en la que la satisfacción de las necesidades sociales debe darse a partir de los méritos y la capacidad productiva. La política social es un auxiliar de las instituciones económicas, siempre que se promueva el incentivo, el esfuerzo y la recompensa; 3. El modelo institucional-redistributivo, reconoce la existencia de la desigualdad social y la necesidad del apoyo de la sociedad a través de instituciones específicas para aquellas personas que por razones sociales o meramente accidentales no pueden satisfacer sus necesidades básicas; 4. El modelo total, hace referencia a una lógica de política social en la que ésta está enmarcada como el objetivo principal del desarrollo económico. Aunque el principio rector de la política social debe ser el de la universalidad, no se excluye la necesidad de ejercer determinados grados de selectividad en ciertas circunstancias. A este principio deben agregarse el de solidaridad y el de eficiencia, entendida esta última como la necesidad de maximizar resultados sociales con recursos escasos.

En Venezuela, el eje transversal de la política social son los Derechos Humanos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, generalmente conocidos como DESCA, que se materializan en el derecho a Vivienda, Agua, Salud, Educación, Trabajo, Seguridad Social, Alimentación, Medio Ambiente Saludable, Identidad, No discriminación cultural, Patrimonio Cultural. El que sean efectivos a lo largo de todo el ciclo de vida es una obligación ética, que quedó expresada en el TITULO III de la CRBV, y de manera transversal en la visión garantista de los DDHH, presente a todo lo largo del texto constitucional.

La política social se expresa en dos vertientes: Protección Social y Promoción Social. La intervención del estado para prevenir, mitigar y enfrentar los riesgos define su política de protección social, con la cual se buscan dos objetivos principales: la reducción de la vulnerabilidad de los hogares con ingresos muy bajos y garantizar derechos sociales a lo largo del ciclo de vida con una distribución más equitativa del bienestar. La Protección Social constituye, de esta forma, un mecanismo de redistribución que trata de eliminar los efectos negativos generados por la organización social capitalista, que excluye a una parte importante del pueblo.

La Protección Social se ejerce a través de dos componentes: la seguridad social, apoyo frente a eventos generales o particulares que disminuyen la calidad de vida (catástrofes, enfermedades, vejez, etc.), y la asistencia social, que otorga apoyos en especie o en dinero, a aquellas personas de bajos ingresos. La Promoción Social, por su parte, son acciones para incluir en los beneficios sociales a las personas en situaciones de privación o vulnerabilidad. Implica una transferencia dirigida a un grupo definido y tiene un criterio redistributivo, con solidaridad y equidad, para lograr así la igualdad en el ejercicio de derechos.

Los principios importantes de la Política Social son: A) Cohesión Social: generación de una cultura política compartida, que promueva a la población excluida del ejercicio de sus deberes y derechos, y con miras a identificarse con el proyecto de país e incidir en él; B) Inclusión Social, como prerrequisito y paradigma de participación, articulación de las instituciones públicas de lo social y de ese Estado al que se quiere llegar; C) Participación Social, como componente que garantiza que el ejercicio de lo público no se agote en lo estatal, consolide espacios de expresión ciudadana y propicie la transferencia de decisiones y redistribución del poder desde el Estado; D) Corresponsabilidad: responsabilidad y gobernabilidad compartidas entre ciudadanos y Estado; E) Progresividad, que implica gestionar la Política Social según una racionalidad temporal, estableciendo prioridades en el corto, mediano y largo plazos; F) Intersectorialidad, como espacio de enlace e interrelación política y técnica de las diferentes áreas de la Política Social y las instituciones que la componen; G) Desarrollo Humano Integral, como concepción filosófica y proceso holístico y pluridimensional, que va más allá de la satisfacción de carencias materiales

Las Misiones son políticas sociales, que involucran al poder popular en la organización de esta tarea y en su ejecución. Se han convertido en el símbolo de la acción social del Gobierno Bolivariano, por dos razones fundamentales; la primera tiene que ver con sus características propias. Son programas de atención muy amplios; por lo tanto abarcan a vastos sectores de la población más pobre; la segunda se vincula con el momento sociopolítico en que surgieron, lo que hace que estos programas estén fuertemente identificados y asociados con el proyecto y proceso de consolidación bolivariano.

El Comandante Chávez se refería a ellas como las organizaciones de base que tendrían la responsabilidad de consolidar el proceso bolivariano. Si ustedes se ponen a evaluar la historia de este continente, las misiones sociales venezolanas impulsadas por el Gobierno revolucionario, por el pueblo, no tienen precedente. Por su magnitud, su extensión, su permanencia aquí en Venezuela, se han convertido en política de Estado, como parte del proceso de transformación integral del Estado, de la sociedad, de la economía, de la nación.

Las misiones se han venido convirtiendo en el centro, núcleo central de las políticas del Gobierno revolucionario. (Hugo Chávez) Las misiones, que yo considero estratégicas, deben ser una vía, una forma nueva del Estado social, del nuevo Estado. Venimos de un Estado burgués, un Estado que servía a los intereses de la burguesía, y todavía el Estado que hoy tenemos está penetrado por intereses contrarios a la Revolución. Las misiones deben ser un instrumento para acelerar la transformación del Estado burgués en el Estado social de derecho y de justicia. Las misiones deben generar un nuevo espíritu de servicio, donde haya mucho trabajo voluntario, creativo; donde el funcionariado sea distinto, tenga un nuevo espíritu social, socialista. (Hugo Chávez). Las misiones deben ser creadoras del socialismo. Deben ser instrumentos para el injerto en pequeños espacios, en medianos espacios, del modelo socialista. (Hugo Chávez) No permitamos que las misiones caigan en manos de la vieja burocracia y de los viejos métodos, en ningún nivel, todo lo contrario, las misiones deben contagiar de lo nuevo a lo viejo. No permitamos que el viejo Estado burgués, burocratizado, penetre las misiones, y entonces las empiece a paralizar, a triturar, o a convertirlas a lo viejo. Para eso hay que ser muy creativo y estar muy encima de eso. (Hugo Chávez)

La Ley Orgánica de Misiones, Grandes Misiones y Micro-misiones, publicada el 19 de noviembre de 2014 en la Gaceta Oficial N° 6154 Extraordinaria, define la misión como “una política pública destinada a materializar de forma masiva, acelerada y progresiva las condiciones para el efectivo ejercicio y disfrute universal de uno o más derechos sociales de personas o grupos de personas, que conjuga la agilización de los procesos estatales con la participación directa del pueblo en su gestión en favor de la erradicación de la pobreza y la conquista popular de los derechos sociales consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Desde 2003, las misiones sociales trajeron una nueva manera de entender las nociones de política social e inclusión social, conmovieron la burocracia del Estado y se construyeron con base en la noción de urgencia para combatir la pobreza y la inequidad. Se apela principalmente a los principios de igualdad y justicia social. Se constituyeron en un factor de potenciación de los sectores populares, ya que han permitido la movilización social, la integración de un grupo significativo de personas. Las misiones expresan un acceso a la política social que tiene un ingrediente emocional, ya que la respuesta a la demanda social se produce por un mecanismo no institucional, que intenta fortalecer o crear un vínculo personal entre los sujetos demandantes y los líderes políticos que ejercen el gobierno y sus seguidores o funcionarios más cercanos.

Las Misiones apelan a la solidaridad en un contexto ético, de lucha por la justicia social, que concibe a las y los Misioneros como “ciudadanos que desde su accionar diario contribuyen al desarrollo de los planes y acciones en favor del cumplimiento de los objetivos de cada Misión desde el ámbito institucional, así como a los grupos y personas sujetos de atención específicos de las Misiones, Grandes Misiones y Micro-misiones, quienes se organizan en los territorios para empoderarse de sus derechos y contribuir a la transformación de la sociedad a través del poder popular”. Todos guiados por una “ética de la responsabilidad solidaria”.

Pensar éticamente es pensar en los demás. La ética en la política tiene que ser un patrimonio permanente de la izquierda, la transparencia absoluta en el manejo de los recursos públicos tiene que ser una regla de oro de parte de los gobiernos de izquierda. Objetivos máximos de las misiones son:

• Acabar con las causas y consecuencias de la pobreza y la exclusión de todo tipo. En este sentido, los ingresos no derivados del trabajo han mostrado ser una herramienta importante. Se trata de que la redistribución vaya impulsando la igualdad y eliminando la reproducción de la desigualdad.

• Combatir contra la desigualdad especialmente reflejada en la infantilización y feminización de la pobreza. • Reducir el déficit de atención social en las zonas populares y hacer cumplir los derechos sociales (salud, educación, alimentación, vivienda, empleo).

• Penetrar las zonas populares de difícil acceso para hacer llegar bienes y servicios a sus poblaciones, con la participación de la propia comunidad organizada.

• Convocar e inducir a que un número mayor de personas se incorpore al proyecto político promovido desde el Estado-gobierno-movimiento político.

• Reconocer el protagonismo de las poblaciones excluidas, haciéndolas visibles en las prioridades y la asignación de los recursos del Estado, sobre la base de una mayor igualdad política y social.

• Prefigurar un nuevo Estado des-burocratizado en cuanto a sus funciones sociales y proceder a desmontar todas las resistencias que haya en sus estructuras.

• Desmercantilizar el acceso al bienestar y buen vivir, de manera tal que las personas no dependan de la posición que ocupen en su grupo familiar, ni en el mercado laboral, ni de su capacidad de compra.

Hay algunos desafíos y urgencias que han aparecido para las políticas sociales, luego de más de 10 años de funcionamiento y de cara al nuevo acoso y cerco por parte de las propuestas de restauración de las derechas. Se requiere una visión estratégica de mediano plazo, que conjugue adecuadamente la dimensión política y la técnica en las políticas públicas. Entre las urgencias más claras están:

• Generar sostenibilidad, apoyada en procesos de corresponsabilidad, en la construcción de una sociedad más justa, solidaria, sostenible y cohesionada.

• Articular la política social con la política económica. «Consolidar el Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones Socialistas Hugo Chávez, como conjunto integrado de políticas y programas que materializan derechos y garantías del Estado Social de Derecho y de Justicia y sirve de plataforma de organización, articulación y gestión de la política social en los distintos niveles territoriales del país, para dar mayor eficiencia y eficacia a las políticas sociales de la Revolución».(PLAN DE LA PATRIA)

• Lucha contra la cultura del paternalismo rentista, que privilegia la dádiva por encima de la superación personal basada en la solidaridad y el trabajo productivo. “Fortalecer el tejido social de las Misiones, para garantizar la participación del Poder Popular en todas las etapas de planificación, ejecución, seguimiento y control, así como la generación de saldos organizativos de la población beneficiaria”.

• Generar una estructuración de las Misiones, y los elementos de entrada, articulando, comunicando, y unificando donde sea posible la estructura de las Misiones con las estructuras paralelas.

• Eficiencia como criterio en la nueva época. Sin eficiencia el impacto de las políticas es menor al deseado, sin eficiencia la justicia tarda más en implementarse y los impactos de la política redistributiva se reducen.

• La información es un antecedente indispensable de toda participación. Se trata de información básica, abierta y no pre-digerida, a la que se pueda acceder libremente. Para ello conviene institucionalizar una «hoja de ruta» para la gestión del gobierno, que se evalúe y actualice periódicamente. Las decisiones tienen que tomarse en función de las necesidades sociales inmediatas que hay que reconocer y diagnosticar correctamente, y para las que hay que diseñar medidas adecuadas.

• Impulsar la universalidad de las políticas sociales, garantizando su acceso sin condición alguna. Aunque los universos puedan ser acotados por su pertenencia a una población específica, por ejemplo, el apoyo a los adultos mayores, para que sea un derecho social, el acceso tendrá que garantizarse a todos los que cumplan dicha condición. No significa la búsqueda de niveles mínimos de satisfacción de los derechos económicos y sociales básicos, sino el de avanzar hacia un alto grado de homogeneidad en ella.

• Generar confianza social, lo que obliga a la construcción de una comunidad moral; el imperativo de construir una comunidad ideal de comunicación con el fin de asegurar la supervivencia en los condicionamientos históricos reales.

• Eliminación de núcleos duros de pobreza: Niveles de pobreza y desigualdad elevados, que persisten en la región en estrecho vínculo con bajos niveles educativos, situación que afecta de manera muy marcada a las adolescentes latinoamericanas, sobre todo a las de menor educación e ingresos. La maternidad adolescente da lugar a la reproducción intergeneracional de la exclusión y la desigualdad, donde se combina carencia educativa, ausencia de apoyo en el cuidado de los hijos, trayectorias familiares de mayor vulnerabilidad, mayores dificultades para desarrollar actividades que generen ingresos y acceso precario a redes de protección social.

• Desarrollo de sistemas universales de cuidado. Un nuevo pacto social tiene que ver con los recursos y energía que cada sociedad esté dispuesta a emplear para apoyar a las familias en la provisión de cuidado y desarrollo de capacidades. La responsabilidad por el cuidado de niñas, niños, ancianos, personas con capacidades especiales y dependientes en general debe ser compartida, se trata de marchar hacia corresponsabilidad familia-estado-comunidades.

Se entrecruzan las políticas educativas con su responsabilidad por ampliar la cobertura de la educación preescolar y la jornada escolar en la educación pública, promover la permanencia en los estudios de secundaria sobre todo entre los integrantes de sectores socioeconómicos más pobres. Y se trata también de generar mecanismos creativos de cuidado social y comunitario, como parte integrante central de la política social. En resumen, se trata de cambiar las prioridades, colocando en el centro la vida y su cuidado; sin esta práctica de la cultura de vida la humanidad desaparece.