Los esfuerzos para legalizar y hacer que los abortos sean más seguros en África se vieron afectados cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos puso fin a las protecciones federales al aborto hace un año . En cuestión de días, el presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, declaró que su gobierno despenalizaría el aborto “en un momento en que los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres están siendo anulados o amenazados ”.
Pero algunas organizaciones estadounidenses activas en África se animaron, especialmente en países mayoritariamente cristianos. Uno es Family Watch International, una organización conservadora cristiana sin fines de lucro cuya postura anti-LGBTQ+, actividades contra el aborto y “intenso enfoque en África” llevaron a su designación como grupo de odio por parte del Southern Poverty Law Center.
En abril, Family Watch International ayudó a desarrollar una reunión sobre “valores familiares y soberanía” en las oficinas presidenciales de Uganda con legisladores y otros delegados de más de 20 países africanos. El director de la organización en África también aboga por que su país, Etiopía, revoque una ley de 2005 que amplió el acceso al aborto.
“Es como si nos hubiéramos quitado los guantes”, dijo en una entrevista Sarah Shaw, jefa de defensa de MSI Reproductive Choices, un proveedor internacional de servicios de salud reproductiva con sede en el Reino Unido.
En un discurso de septiembre ante la Asociación Africana de Abogados, la presidenta de Family Watch International, Sharon Slater, alegó que los países donantes estaban intentando una «recolonización social sexual de África» contrabandeando el aborto legal junto con la educación sexual y los derechos LGBTQ+.
“Los activistas por los derechos sexuales saben que si pueden capturar los corazones y las mentes de los niños de África y adoctrinarlos y sexualizarlos, capturarán a los futuros abogados, maestros, jueces, políticos, presidentes, vicepresidentes y más, y así capturarán el corazón mismo de África”, afirmó Slater.
A su discurso en Malawi asistió el presidente del país, exlíder del movimiento Pentecostal Asambleas de Dios.
Después de presionar a los legisladores de la nación del sur de África para que no consideraran un proyecto de ley que habría permitido el aborto en determinadas circunstancias, el grupo católico estadounidense Human Life International dijo a sus partidarios en marzo que “gracias a ustedes, Malawi está a salvo del aborto legal”.
La Unión Africana reconoció hace dos décadas el derecho al aborto en casos de violación e incesto o cuando la vida de la madre o del feto está en peligro o la salud mental o física de la madre.
Un número creciente de países tienen leyes de aborto relativamente liberales. Benin legalizó el aborto menos de un año antes del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque Nigeria, el país más poblado de África, permite el aborto solo para salvar la vida de la madre.
Los expertos africanos dicen que los eventos en los EE. UU. podrían revertir los avances en la disponibilidad de procedimientos de aborto seguro, especialmente porque el gobierno de los EE. UU. es el mayor donante mundial de asistencia internacional para la salud reproductiva.
Dichos cambios podrían afectar profundamente la vida de las mujeres en edad reproductiva en el África subsahariana, donde se estima que el 77% de los abortos, o más de 6 millones al año, no son seguros, dijo el Instituto Guttmacher, una organización internacional de investigación y política con sede en Nueva York, dicho en 2020.
Los abortos inseguros causan el 16% de las muertes maternas en la región del África subsahariana de la Organización Mundial de la Salud, dijo la agencia de la ONU el año pasado, “con variaciones entre países dependiendo del nivel de restricciones al aborto”.
Los opositores al aborto son especialmente francos en África Oriental, donde los países luchan públicamente con el tema del embarazo adolescente pero ofrecen poca educación sexual y acceso a abortos legales en circunstancias limitadas.
Un proyecto de ley de salud sexual y reproductiva presentado en 2021 aún está siendo debatido por la Comunidad de África Oriental, cuyos países miembros incluyen a Burundi, Congo, Kenia, Ruanda, Sudán del Sur , Tanzania y Uganda. Algunas organizaciones católicas y otras conservadoras han criticado una sección que permitiría a una mujer interrumpir un embarazo en casos de violación, incesto o peligro de salud.
A principios de este año, el Consejo Protestante de Ruanda ordenó a todos los establecimientos de salud administrados por sus instituciones miembros que dejaran de realizar abortos, aunque la ley ruandesa los permite en ciertos casos.
“Tenemos una narrativa anti-derechos muy fuerte”, dijo Brenda Otieno, coordinadora de investigación de Kisumu Medical and Education Trust en Kenia, durante un seminario web el martes sobre los efectos globales de la decisión de la Corte Suprema de EE. UU.
Los proveedores de servicios de aborto a menudo son acosados, dijo Otieno, y hace un año, Kenia aprobó una política nacional de salud reproductiva que prestaba poca atención a los servicios de aborto seguro.
En Uganda, un organismo de control de derechos dijo que el tema del acceso al aborto es tabú, y que los defensores enfrentan discriminación, incluso cuando algunas mujeres recurren a la automutilación.
“Hemos visto a varias personas perder la vida”, dijo Twaibu Wamala, director ejecutivo de Uganda Harm Reduction Network.
El aborto es ilegal en Uganda, aunque puede ser llevado a cabo legalmente por un trabajador médico autorizado que determine que un embarazo pone en peligro la vida de la madre. Pero muchos médicos, por temor a las complicaciones médicas, solo ofrecen atención posterior al aborto que puede ser demasiado costosa o llegar demasiado tarde para salvar la vida de una mujer.
En Etiopía, los trabajadores de la sociedad civil han pedido al gobierno que investigue lo que temen que sea una nueva tendencia: menos instalaciones de salud pública que practiquen abortos y más mujeres que busquen atención después de abortos inseguros.
Los grupos que se oponen al aborto en la segunda nación más poblada de África son en su mayoría incitados por extraños y “consideran la decisión de la Corte Suprema como un combustible para ellos”, dijo Abebe Shibru, director de MSI Reproductive Choices en Etiopía.
Activistas en favor de los derechos reproductivos de las mujeres en Estados Unidos denuncian que Meta, la compañía dueña de Facebook e Instagram, ha censurado durante años a través de sistemas automatizados de moderación de contenidos el contenido relacionado con medicamentos para el aborto, al marcarlo como “sensible” o removiéndolo por completo, reportó Wired.
Jessica Ensley, de la organización Reproaction ─que apoya acceso al aborto en este país─, aseguró que las recientes noticias sobre la censura de Meta a las palabras “pastillas abortivas” son la última evidencia de cómo las plataformas de redes sociales censuran el contenido relacionado con el aborto.
Ensley, en particular, recuerda el caso de una publicación en Instagram sobre un protocolo de la Organización Mundial de la Salud para medicamentos abortivo publicado en septiembre de 2021, el cual fue marcado por la plataforma en octubre, advirtiendo que de intentar monetizar la cuenta, el contenido sería contado como una “falta”.
Sin embargo, este caso no es único ni excepcional. De acuerdo con una persona que voluntariamente modera un grupo de Facebook para mujeres que buscan apoyo e información sobre el aborto, la red social ha retirado publicaciones y enlaces relacionados con pastillas abortivas por años. La persona entrevistada explicó que para evitar que el grupo sea cerrado tiene que aplicar estrictas medidas de moderación.
Las restricciones de Meta a los términos relacionados con el aborto no parece ser aplicada de la misma forma en distintos idiomas y países, sin importar si en estos es ilegal o legal el aborto.
De acuerdo con Wired, la frase “abortion pills are available by mail” fue removida inmediatamente de Instagram en Estados Unidos y en Filipinas, pero al publicarla en español y tagalog, ambas publicaciones se mantuvieron. Al ser publicada en inglés en Facebook e Instagram, pero desde Reino Unido, ambas frases permanecieron publicadas, mientras que en Singapur, donde el aborto es legal, la frase fue removida de Facebook, pero se mantuvo en Instagram.
Estas irregulares y la opacidad generalizada bajo la que se maneja el algoritmo de moderación de contenido de Facebook hace imposible que activistas sepan dónde está la línea de lo que pueden y no publicar, e incluso provoca preocupaciones sobre si el contenido que no es removido por la plataforma ve reducido su alcance.
“La moderación de contenido con inteligencia artificial y aprendizaje automatizado toma tiempo para implementarse y mucho esfuerzo para mantenerse […] Cuando las circunstancias cambian, necesitas cambiar el modelo, pero eso toma tiempo y esfuerzo. Así que cuando el mundo cambia rápidamente, es común que los algoritmos no operen de la mejor manera y pueden actuar con menor precisión en periodos de cambios intensos”, justificó un empleado de la compañía.
El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos el pasado viernes 24 de junio, que anuló el derecho constitucional al aborto, tiene consecuencias concretas para miles de mujeres, obligando a niñas a ser madres, mujeres a viajar miles de kilómetros para poder abortar y otras a practicar peligrosos procedimientos clandestinos. A favor y en contra, ambos bandos empezaron una batalla, unos esperando prohibir el derecho al aborto al nivel federal y otros trabajando para restablecerlo. Una lucha que promete ser de largo aliento.
Al menos siete estados, que habían previamente preparado una legislación contra el aborto, decidieron aplicarla tras la decisión de la Corte Suprema. Es el caso de Dakota del Sur, Misuri, Kentucky, Arkansas, Alabama, Oklahoma y Wisconsin, que decidieron prohibir la IVE. La mayoría de ellos, sin excepción en caso de violación o incesto y permitiéndolo solo si la salud de la madre está en peligro. En otros territorios, como Idaho, Tennessee o Texas, la nueva legislación entrará en vigor en un límite de 30 días.
En algunos estados, proveer una IVE a una mujer podrá ser sancionado con varios años de cárcel. Entre ellos, Utah, cuya ley considera que realizar un aborto es un delito castigado con hasta 15 años de prisión y una multa de 10.000 dólares. Aunque se dirige principalmente a los proveedores, los legisladores han reconocido que una mujer que se autoadministre un aborto, incluso con medicamentos, podría enfrentarse a cargos.
Añadiendo a la confusión sobre el tema, este lunes 26 de junio, unos jueces bloquearon las nuevas normas en Utah y Luisiana, donde las leyes que prohíben el aborto están temporalmente pausadas.
En Luisiana, una clínica y varios estudiantes de medicina atacaron las legislaciones, argumentando que son demasiado vagas ya que no especifican claramente las excepciones ni las penas asociadas. El juez Robin Giarrusso las bloqueó el lunes hasta una audiencia el 8 de julio. Los abortos han podido reanudar, pero por poco tiempo.
Este caso marca el inicio de largas batallas judiciales en varios estados conservadores. Sin embargo, según el instituto Guttmacher, a medio o largo plazo, se prevé que 26 de los 50 estados prohíban o restrinjan fuertemente el aborto.
El 41% de las mujeres en edad de procrear, las directamente afectadas
Cerca de la mitad de las mujeres en edad reproductiva en EE.UU. serían afectadas por las nuevas leyes. La consecuencia más directa es el cierre de las clínicas que proveen abortos. Solo en el primer año, más de 100.000 personas podrían verse afectadas negativamente en su derecho a tener acceso a servicios de IVE.
Según Catalina Martínez Coral, directora regional senior del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe, “se estima que las personas gestantes que requieran un aborto tendrán que conducir un promedio de 279 millas (450 km) para que se les pueda practicar un aborto, en comparación con el promedio de 35 millas (56km) que hay hoy”.
Las mujeres rurales, con bajos recursos económicos o parte de minorías serán, de nuevo, las más afectadas; sufriendo, entre otras cosas, de estrés económico y físico al querer recurrir a una IVE.
“La gran mayoría no van a poder desplazarse a otro estado. Recordamos que la mayoría de las mujeres que buscan un aborto son las mujeres más jóvenes, que viven debajo de la línea de pobreza, mujeres racializadas, mujeres migrantes”, explica Catalina.
¿Qué pasará con ellas?
“Lo que vamos a ver en Estados Unidos es lo que hemos visto en América Latina durante décadas, situaciones trágicas y dolorosas, como mujeres que van a tener que buscar abortos clandestinos, muchas veces poniendo en riesgo su vida o su salud o niñas víctimas de violación sexual que van a tener que seguir adelante con un embarazo,” deplora Catalina.
La prohibición del aborto podría convertirse en un problema de salud pública, con la multiplicación de los fallecimientos o secuelas irreversibles por abortos clandestinos, así como la subida de los índices de mortalidad materna.
Algunos estados van restringiendo la posibilidad de abortar, pero el acceso a la educación sexual y a la contracepción tampoco están asegurados en ellos. En Estados Unidos, el reembolso de los contraceptivos no está garantizado y la Corte Suprema podría ir más allá y restringir aún más su acceso.
“Después de revocar estas decisiones probadamente erróneas, quedaría por resolver la cuestión de si hay otras provisiones constitucionales que protejan la miríada de derechos que nuestros casos de debido proceso fundamental han generado», escribió Clarence Thomas, uno de los jueces de la Corte Suprema. El magistrado hizo mención, entre otras cosas, al fallo que garantiza el acceso a anticonceptivos a parejas casadas, conocido como «Griswold contra Connecticut”.
Un manifestante por el derecho al aborto sostiene un cartel durante una manifestación frente a la Corte Suprema de EE. UU. en Washington, DC, el 25 de junio de 2022.ROBERTO SCHMIDT AFP
Finalmente, como explica Robert Valencia, analista y periodista para Connectas.org, Estados Unidos “es el país con la tasa de mortalidad al nacer más alta dentro del mundo desarrollado”.
Según un estudio realizado por la organización Save the Children en 2019, Estados Unidos está en la última posición de los 20 países más desarrollados del mundo respecto a la mortalidad infantil, principalmente por la falta de garantía al acceso equitativo a la salud.
Según Robert Valencia, el peligro es aún mayor ya que el aborto podría ser prohibido al nivel nacional, una posibilidad tras las elecciones legislativas, conocidas en como elecciones de medio término, que tendrán lugar en noviembre.
En caso de victoria de estas elecciones, los republicanos podrían imponer una ley federal que prohiba el aborto en todo el país. “Si los republicanos ganan la mayoría del Senado, y de la Cámara de Representantes, algo que podría pasar, entonces ya estaríamos hablando de una prohibición nacional en su totalidad”, señala Valencia.
La laicidad, también en peligro
Estados Unidos es un país laico en el cual existe una separación entre Iglesia y Estado. Sin embargo, con la nominación de tres jueces conservadores y antiaborto por el expresidente Donald Trump, y al tomar una sentencia que se mezcla peligrosamente con la ideología religiosa, Valencia denuncia un riesgo para la laicidad en el país.
Al tomar este tipo de decisión, “varios críticos han dicho que la Corte Suprema está caminando en una línea muy delgada entre lo que es la diferenciación de la Iglesia y del Estado”.
Históricamente, el Partido Republicano empezó a usar el tema antiaborto para ganar los votos de los evangélicos. Los conservadores todavía lo usan como bandera política, ahora de cara a las elecciones de medio término. Pero según Valencia, “otros expertos señalan que podría tener un efecto contraproducente ya que muchas personas no están de acuerdo con las decisiones que toma la Corte Suprema”.
En el país, las voces se elevan contra la corte, que acusan de no representar la voluntad general de los estadounidenses. Según los sondeos, cerca del 60% de la población considera que el aborto seguro es un derecho importante para las mujeres.
La lucha sigue para los movimientos que defienden el derecho del aborto
Después de la histórica decisión, el presidente Joe Biden fue uno de los primeros en reaccionar. «Está muy claro que la salud y la vida de las mujeres están ahora en peligro en esta nación,” declaró, añadiendo, “la lucha no ha terminado (…) haré todo lo que esté en mi poder para proteger el derecho de las mujeres”. Biden invitó a los electores a movilizarse en las elecciones legislativas.
Varias opciones se presentan ahora para defender el derecho al aborto en el país. Las organizaciones de derechos reproductivos trabajan más que nunca para ayudar a las mujeres a acceder a este derecho.
Al nivel federal, proyectos de ley protegiendo el derecho al aborto podrían ser votados por el Congreso, como la Ley de Protección de la Salud de la Mujer, que fue aprobada en 2021 por la Cámara de Representantes (cámara baja del Congreso).
Sin embargo, como recuerda Catalina Martínez Coral, al Senado le falta poder aprobar leyes con la mayoría simple para que la ley siga su camino. Actualmente, el Senado está divido entre demócratas y republicanos con 50 diputados de cada lado, y una ley puede ser votada solo con la aprobación de mínimo 60 diputados.
Las elecciones de medio término de noviembre darán el tono a la lucha sobre el aborto en Estados Unidos, mientras millones de mujeres, las más vulnerables, esperan en la mayor incertidumbre.
Casi medio siglo después de la sentencia del Tribunal Supremo de EE.UU. que consagró el aborto como un derecho, el alto tribunal está listo para revocar la histórica decisión de 1973 Roe v Wade.
La filtración de un borrador de sentencia publicado por Politico muestra que al menos cinco de los nueve jueces apoyan el cambio de decisión. Se trata de la primera filtración de este tipo en la historia moderna del tribunal, lo que refleja la relevancia y la polémica que suscita este caso.
El tribunal ha reconocido la autenticidad del documento, aunque insiste en que es solo un borrador y su presidente ha anunciado una investigación para descubrir el origen de la filtración. “En la medida en que esta traición a las confidencias del tribunal pretendía socavar la integridad de nuestras operaciones, no tendrá éxito”, ha asegurado.
Misisipi, el origen del conflicto
El borrador, que no es definitivo, es la respuesta del Tribunal Supremo a un recurso presentado por el estado de Misisipi después de que varios tribunales rechazasen leyes que, en la práctica, suponían la casi prohibición total del aborto. La primera ley en cuestión prohíbe el aborto a partir de las 15 semanas de gestación con la única excepción de deformaciones graves del feto o emergencia médica. La otra ley plantea un veto a la interrupción del embarazo desde el momento en que se detecta el latido del corazón, que se puede dar entre las seis y 12 primeras semanas.
“Me he comprometido a hacer de Misisipi el lugar más seguro de EEUU para un niño no nacido y esta ley nos ayudará a lograr este objetivo”, declaró el gobernador del estado, Phil Bryant, durante la firma de la ley de las 15 semanas, la más dura de todo el país. “Probablemente nos demandarán en media hora, pero no me importa”, bromeó.
Y tenía razón. La última clínica abortista de Misisipi, también conocida como la Casa Rosa, demandó y, cuatro años después, está en manos del Supremo. La decisión final se anunciará en junio, lo habitual en todos los casos que trata la corte.
La posición del Supremo en los últimos 50 años
No hay ninguna ley en EEUU que permita el aborto a nivel federal: lo que existen son dos sentencias fundamentales del Tribunal Supremo, Roe v. Wade (1973) y Planned Parenthood v. Casey (1992), que han prohibido vetar el aborto en todo el país hasta la viabilidad del feto, es decir, cuando puede vivir fuera del útero, lo que, según el Supremo, está entre 23 y 24 semanas.
Norma McCorvey, conocida por el pseudónimo Jane Roe, denunció a su fiscal de distrito, Henry Wade, porque quería abortar, pero la ley de Texas no se lo permitía. El juzgado le dio la razón, pero Texas recurrió al Supremo, que por una decisión de siete a dos, consideró que el aborto era una derecho. Cinco jueces nombrados por presidentes republicanos y dos nombrados por demócratas apoyaron la decisión.
El derecho constitucional a la privacidad “es lo suficientemente amplio como para incluir la decisión de una mujer de interrumpir o no su embarazo”, decía la sentencia de 1973.
Qué dicen ahora los jueces
El asunto que está estudiando ahora el Supremo a raíz del recurso de Misisipi se resume en la siguiente cuestión: “Si todas las prohibiciones de abortos opcionales antes de la viabilidad son inconstitucionales”.
“Consideramos que [las sentencias] Roe y Casey deben ser anuladas. La Constitución no hace ninguna referencia al aborto y tal derecho no está protegido implícitamente en ninguna provisión constitucional”, señala el borrador, redactado por el juez Samuel Alito. Roe y Casey sostenían, por el contrario, que el el aborto estaba implícito en el derecho a la privacidad. “Esta provisión se ha utilizado para garantizar algunos derechos que no se mencionan en la Constitución, pero estos deben estar ‘profundamente arraigados en la historia y tradición de la nación e ‘implícitos en el concepto de libertad ordenada’”, señala el juez citando otra sentencia anterior del tribunal.
“El derecho al aborto no cae en esta categoría. Hasta la última parte del siglo XX, tal derecho era totalmente desconocido para la legislación estadounidense. De hecho, cuando se aprobó la enmienda número 14 de la Constitución, tres cuartas partes de los estados consideraban el aborto como un crimen en todas las fases del embarazo”, añade.
Algunos consideran que esta visión podría poner en peligro otros derechos que no están escritos explícitamente en la Constitución y que se basan también en la libertad de la vida privada, como por ejemplo los diferentes derechos de las parejas homosexuales y el uso de anticonceptivos, entre otros, ya que en el momento de su aprobación no estaban “arraigados” en la historia del país. Sin embargo, el borrador aclara que este argumento afecta únicamente al aborto. “Nada en esta opinión debe entenderse como una forma de poner en duda precedentes que no se refieren al aborto”.
¿Ahora qué?
De aprobarse, esta decisión no supone la ilegalización del aborto en EEUU, sino que cada estado sería libre de regularlo como quisiera.
“[La sentencia] Roe estaba claramente mal desde su inicio. Su razonamiento era excepcionalmente débil y la decisión ha tenido consecuencias dañinas. Lejos de traer un acuerdo nacional sobre el aborto, Roe y Casey han inflamado el debate y aumentado la división”, indica el borrador. “Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el asunto del aborto a los representantes electos del pueblo”.
La organización American Civil Liberties Union (ACLU), que ha iniciado y apoyado importantes casos en los tribunales ha señalado que si el Tribunal Supremo “emite una opinión mayoritaria en línea con el borrador filtrado, el cambio en las placas tectónicas del derecho al aborto será tan grande como ninguna otra decisión emitida por el tribunal en su historia”. De producirse, dicho cambio se explica gracias a los tres nombramientos realizados por el expresidente Trump, ya que los tres apoyan la opinión redactada por el juez Samuel Alito (nombrado por George W. Bush), según Politico.
El presidente Joe Biden ha afirmado que si el Supremo deroga Roe v. Wade, dependerá de los cargos electos proteger el derecho a elegir de las mujeres “y dependerá de los votantes elegir a cargos a favor del aborto este noviembre”. “A nivel federal, necesitaremos más senadores y una mayoría en la Cámara de Representantes para aprobar legislación que codifique Roe, que trabajaré para convertir en ley”.
¿Qué están haciendo otros estados?
Misisipi no es ni mucho menos el único estado que ha intentado prohibir el aborto a pesar de las sentencias Roe y Casey. En los dos últimos años, numerosos estados han intentado bloquear el acceso al aborto. Solo en 2022, Florida, Arizona y Kentucky han aprobado leyes prohibiendo la interrupción del embarazo a partir de las 15 semanas. El gobernador de Idaho aprobó en marzo una ley que ha sido temporalmente bloqueada por el Tribunal Supremo del estado en el que se veta el aborto a partir de la sexta semana excepto en caso de violación, incesto, enfermedad grave o riesgo para la vida de la madre. El gobernador de Oklahoma, por su parte, firmó otra ley que directamente prohíbe el aborto a menos que sea para salvar la vida de la persona embarazada y no contempla excepciones en caso de violación ni incesto. En Wyoming existe otra ley similar.
En 2021, Arkansas aprobó una ley que actualmente está bloqueada y que solo permite el aborto en casos en el que la vida de la persona embarazada esté gravemente en peligro. Texas también aprobó el año pasado una prohibición total si el Tribunal Supremo anula Roe v. Wade. Carolina del Sur aprobó otra legislación vetando la interrupción del embarazo desde el momento en que se detecta el latido del feto. Otros estados han aprobado leyes similares o normar cuyo objetivo en la práctica es bloquear el acceso al aborto sin tener que prohibirlo explícitamente
“Poco después de la aprobación de la ley en Texas y otras leyes que restringen los derechos reproductivos de las mujeres, ordené a mi Consejo de Política de Género y a la Oficina del Consejero de la Casa Blanca preparar opciones para una respuesta de la Administración al continuo ataque contra el aborto y los derechos reproductivos”, ha afirmado el presidente.
Un número importante de mujeres no acuden a las instituciones médicas, en consecuencia, la causa de sus muertes no tienen un registro oficial.
Alrededor del 60 por ciento de las muertes maternas reconocidas y clasificadas como «infección» estaban asociadas a un aborto en Brasil y Colombia o tal vez ni aparezcan registradas, porque si el embarazo fue reciente no se mencionaba en el certificado.
De quedar vivas, recibirán quizá la infertilidad como secuela o la hemorragia, la perforación del útero y la infección, entre algunas de las complicaciones inmediatas. Si consideráramos que el número real de muertes maternas por aborto inseguro es aproximadamente el doble de lo que reflejan las estadísticas oficiales, quizá el análisis al tema sería otro en América Latina.
En este año 2022, Chile celebró la histórica votación de la Convención Constitucional que pone fin a la criminalización del aborto y asegura una Educación Sexual Integral. Colombia también despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación.
Anteriormente fue Argentina, ya cumple más de un año la ley que aprobó que el aborto inducido es legal y gratuito, cuando la gestación no supere la semana 14. Por su parte en el 2021, la Suprema Corte de Justicia de México declaró inconstitucional criminalizar el aborto.
Foto: EFE
El cambio es notable, pero el tema también tiene detractores en América Latina. Sin excepciones, está prohibida la interrupción involuntaria del embarazo en los códigos penales de: El Salvador, Honduras, Haití y República Dominicana.
Paraguay, Perú, Costa Rica y Venezuela, sólo despenalizan el aborto en caso de que la salud de la embarazada corra peligro. Ecuador añade como motivos la inviabilidad del feto y violación a la mujer. En Bolivia se incluye la violación o incesto como causas y, en Belice, se agregan los factores socioeconómicos.
También el aborto inducido o interrupción voluntaria del embarazo, es ilegal según el Código Penal brasileño. Solamente puede acometerse cuando resulta de una violación, por riesgo la salud de la mujer o en el caso de anencefalia, una anomalía congénita.
Por el momento, los oficialistas conservadores del Congreso de Guatemala archivaron una ley polémica en marzo de este año. En medio de reclamos, contemplaron el endurecimiento de las penas por aborto y prohibirían el matrimonio homosexual.
La legisladora Lucrecia Hernández, de la bancada minorista de centroizquierda Semilla, dijo que, «la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, no dio la palabra para discutir las objeciones» contra la norma. «Les da vergüenza reconocer que teníamos razón y que ellos se equivocaron”, enfatizó.
La idea contenía la restricción en la enseñanza escolar sobre diversidad sexual y estimaba que «grupos minoritarios» amenazaban el “equilibrio moral” de la sociedad guatemalteca, proponían «modelos de conducta y de convivencia distintos al del orden natural del matrimonio y la familia”.
Salud Reproductiva
Hace 20 años, la División de Salud Reproductiva de la Organización Mundial de la Salud (OMS) refirió en un informe que podrían ocurrir entre 83 y 250 muertes por cada 100.000 abortos. Refieren que en los países donde el aborto es legal, promedia una cifra de 0,6 fallecidas por cada 100.000 interrupciones del embarazo. Si comenzamos a sumar las posibles mujeres muertas por la práctica clandestina de un aborto, la cifra es espeluznante.
Todavía existe el temor a las consecuencias legales y a la censura, tanto como la deficiente estadística oficial relativa a la mortalidad materna, así como a la clandestinidad del procedimiento, afirma Erika Royston de la OMS, en su “Estimación del número de muertes por aborto”.
Por su parte, el Instituto Alan Guttmacher realizó un estudio en Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana, los que reúnen al 70 por ciento de la población de América Latina. La investigación reflejó que en promedio se realizaron 2,8 millones de abortos inducidos en un año en Brasil. De haber sido estudiada toda la región latinoamericana, hipotéticamente, podrían superar los 4 millones.
Lo más terrible es que un número importante de mujeres no acuden a las instituciones médicas, en consecuencia, la causa de sus muertes no tienen un registro oficial. No convienen las investigaciones legales y sus consecuencias, por lo que tampoco el personal sanitario que participa incluye datos sobre complicaciones del aborto.
Cuando fallece una mujer después de los 40 días de practicado un aborto o de realizarse un nacimiento, generalmente no se considera en la categoría de muerte materna. Suponen que del 30 a 50 por ciento de las muertes maternas no queden registradas y pudieran ser el doble de lo que refieren las estadísticas oficiales.
Es razonable suponer que el subregistro sea mucho más alto para las muertes que ocurren como consecuencia de un aborto inducido en condiciones de clandestinidad, indica el estudio de Ana Langer: “El embarazo no deseado: impacto sobre la salud y la sociedad en América Latina y el Caribe”.
Muchas mujeres están expuestas a quedar embarazadas sin desearlo, por ser activas sexualmente, estar en edad reproductiva sin usar ningún método anticonceptivo o por utilizar los llamados métodos «tradicionales», como el ritmo o el coito interrumpido.
Aunque no hay datos comparativos con la actualidad, refieren que en 1998 esos embarazos no deseados fueron en Bolivia el 26 por ciento. Un año antes, en México fue un 12,1 por ciento. Para los especialistas en reproducción y demógrafos, estas mujeres tienen una «necesidad no satisfecha de planificación familiar o anticoncepción».
En 1994 existían 8 millones de mujeres con esta necesidad insatisfecha en Brasil, 1,8 millones en Colombia, 6,7 millones en México, 1,9 millones en Perú y 351 000 en la República Dominicana, según el Instituto Alan Guttmacher.
La Comisión Guttmacher-Lancet surge sin ánimo de lucro, en homenaje al ginecólogo y obstetra estadounidense que le da nombre, para promover cambios en las políticas, programas y prácticas públicas médicas relativas a la salud reproductiva. Las investigaciones señalan que ocurrieron aproximadamente 121 millones de embarazos no planeados cada año, entre 2015 y 2019.
En la presentación del libro “El aborto en América Latina: estrategias jurídicas para su legalización y enfrentar las resistencias conservadoras”, de la Red Alas-Latinoamericana de Académicas y Académicos del Derecho, la especialista Agustina Ramón Michel resaltó que “en América Latina no se ha logrado el pleno acceso a la interrupción legal del embarazo, debido a la intervención de sectores religiosos y grupos conservadores, a que se le asocia con ‘lo malo’ y a que los partidos políticos no quieren asumir el riesgo”.
Pero el proceso de despenalización “se ha volteado hacia América Latina”, donde ha sido abierto y discutido, en comparación con el transcurso más elitista que tuvo lugar en Europa o Estados Unidos, precisó.
Embarazos involuntarios
Para el Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas (Unfpa), el embarazo no planeado y el aborto son experiencias compartidas por personas en todo el mundo, con un número especialmente alto en los países en desarrollo.
De estos embarazos no deseados, un 61 por ciento terminó en aborto, o sea, se practicaron 73 millones de abortos por año en el mundo. Muchas de estas prácticas fueron de forma insegura, lo que supone hasta un 13 por ciento del total de las muertes maternas.
“Para las mujeres afectadas, la decisión reproductiva más importante, ‘el quedarse o no quedarse embarazada’, no es una elección”, dijo a los periodistas la médica y directora ejecutiva del Unfpa, Natalia Kanem, la agencia del sistema para la salud sexual y reproductiva.
Foto: PL
La falta de educación, atención sexual y reproductiva, laceran tanto como los estigmas de las sociedades, la falta de opciones anticonceptivas, la pobreza y la violencia, el problema de la desigualdad de género.
Es especialmente grave cuando se trata de adolescentes, quienes apenas conocen sus cuerpos y en muchas ocasiones se ven presionadas y forzadas a establecer relaciones sexuales. Indica la ONU que unas 257 millones de mujeres de todo el mundo no desean quedar embarazadas, ni están usando métodos anticonceptivos modernos. Igualmente, refiere que hasta un 25 por ciento de ellas, no tienen capacidad para negarse a mantener relaciones sexuales.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas señala el aumento los casos de violencia sexual en situaciones de conflicto, donde las mujeres tampoco tienen acceso a métodos anticonceptivos.
La falta de acceso a la salud, al trabajo, a la educación, a la participación política, el riesgo de las migraciones; todos estos factores están expuestos en un reciente informe del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), el Colegio de México y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Las investigaciones de expertos de unas 20 naciones relatan las principales desigualdades de género y sus consecuencias para las juventudes. Plantean recomendaciones a las políticas públicas para atender estos conflictos, en tanto son las desigualdades sociales, un obstáculo para el ejercicio pleno de los derechos humanos, más aún en el caso de las mujeres jóvenes, indica la socióloga cubana María Isabel Domínguez, una de las especialistas.
Se incluyen las desigualdades socio-económicas, la condición e identidad de género, el grupo étnico racial, la orientación sexual discapacidad, los migrantes y las diferencias territoriales.
La relatoría incluye el tema del embarazo adolescente en la región. Para Cuba, esta situación tiene un peso mayor en las provincias rurales del oriente. A finales del 2020, se registraron 105.038 nacimientos, de los cuales en más del 15 por ciento las gestantes no superan los 19 años, y 369 eran niñas que aún no habían celebrado los 15 años.
En Cuba el aborto es legal y gratuito. El 1965, fue el primer país latinoamericano en despenalizar completamente esta práctica, dentro del primer trimestre de gestación. En 1979, un nuevo Código Penal sanciona el aborto ilícito, entendido cuando se comete por lucro; se realiza fuera de las instituciones oficiales; o se realiza por persona que no es médico o sin el consentimiento de la grávida.
En la mayor de las Antillas, las mujeres cuentan con una licencia de maternidad extensa y los progenitores con una licencia de paternidad. Las féminas tienen igual derechos sobre el salario y el 53,22 por ciento de los diputados en la Asamblea Nacional del Poder Popular son mujeres.
Se continúa trabajando entre el Ministerio de Salud Pública y el de Educación con fines didácticos, para lo cual fue aprobado en 2011 el programa de la sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales. El objetivo fue su aplicación en el currículo escolar de los niveles educacionales y el Programa de Atención Integral a la Salud de los Adolescentes del Ministerio de Salud Pública.
“Teniendo como referencia esos documentos, la educación en materia jurídica, implica que los profesores estén suficientemente preparados para dotar a los estudiantes de conocimientos relacionados con sus derechos universales y el acceso a los servicios de salud, por lo que es muy importante el perfeccionamiento y la actualización en educación integral de la sexualidad de todos los programas curriculares ya que permitiría actualizar los elementos cognitivos y preventivos, así como las conductas a seguir en caso de embarazo”, señala la asesora jurídica del Centro Oscar Arnulfo Romero, Liset Mailen Imbert Milán.
La especialista analiza que el espacio escolar no es el único ámbito. Considera también la relación con la cultura, las costumbres familiares y sociales. Así como la baja percepción de riesgo, la concesión de mayor independencia, la necesidad de reafirmación de la personalidad con “la búsqueda de independencia en la toma de decisiones en general y en salud en particular, más marcada en la adolescencia tardía y la posible presión de la pareja o grupo para no utilizar preservativo u otro método anticonceptivo”.
Aun así, se debe insistir en el trabajo de la educación sexual, porque ni el embarazo precoz, ni el aborto, deberían ser experiencias para una adolescente en cualquier parte del mundo.
El especialista en Ginecobstetricia y miembro de la Sociedad Cubana de Desarrollo de la Familia, profesor Miguel Sosa, afirmó que las adolescentes y jóvenes son más susceptibles a las complicaciones biológicas u orgánicas causadas por su propia condición de estar en proceso de maduración.
Por otra parte, advirtió que el embarazo en adolescentes menores de 18 años podría determinar cambios tanto hormonales, como metabólicos e influir negativamente en su proceso de desarrollo. Son particularmente importantes las afectaciones psicológicas que puede producir un embarazo no deseado en las adolescentes, en sus parejas y en su familia.
Dado el perjuicio que trae a la adolescente, a los hijos de esas madres casi niñas y a la sociedad que los acoge sin una maternidad y paternidad responsables, algo que parece dolorosamente común en Latinoamérica como el embarazo en la adolescencia, demuestra que el tratamiento de las políticas públicas, el trabajo en la educación y los nexos con la orientación de la salud, son insuficientes.
Derechos sexuales y reproductivos
Quedó para la historia cuando la Rusia soviética se convirtió el primer país en autorizar el aborto voluntario y gratuito en 1920.
Todavía en el Reino Unido, las mujeres deben acudir a dos médicos para que se les autorice el aborto, aunque el Servicio Nacional de Salud de ese país dice en su sitio web: “La decisión de tener un aborto es solo tuya”.
En la mayoría de los países del continente europeo, el aborto es legal. No obstante, el Parlamento Europeo insta a los países miembros a eliminar cualquier obstáculo en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y considerarlo como un “derecho humano”.
El ‘Proyecto Matic’ pretende que esta práctica sea garantizada por la salud pública, porque todavía se enfrentan al derecho de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, cuya negación de la atención médica se basa en las creencias religiosas o éticas para no realizar abortos.
Obligar a una mujer a continuar con su embarazo o buscar un método de aborto inseguro, constituye una violación elemental de la dignidad humana. Los derechos sexuales y reproductivos deben ser reconocidos indivisible e integralmente como derechos humanos y ejercidos responsablemente.
El Congreso de Guatemala votó a favor de archivar la polémica Ley para la Protección de la Vida y la Familia, que elevaba las penas por aborto y prohibía el matrimonio homosexual.
Con 119 votos a favor, los diputados del Congreso guatemalteco archivaron la polémica legislación, que también prohibía la enseñanza de la diversidad sexual en las escuelas.
El presidente Alejandro Giammattei había advertido que vetaría la normativa, dada la fuerte reacción social en contra que generó.
Según informa el diario Prensa Libre, el pasado 11 de marzo, el mandatario solicitó a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, que archivara la norma aprobada el Día Internacional de la Mujer, «al considerar que violaba la Constitución y convenios internacionales suscritos por Guatemala».
Una gran mayoría de los miembros (102) del partido del mandatario, el grupo conservador Vamos, votaron a favor de la norma la semana pasada.
Según la ley ahora archivada, las mujeres que «se hayan provocado su propio aborto o hayan dado su consentimiento a otra persona para que lo lleve a cabo» enfrentaban un mínimo de cinco años de cárcel, pero las sentencias podrían ser mucho más altas.
También estipulaba la reforma del Código Civil de Guatemala para «prohibir expresamente los matrimonios entre personas del mismo sexo».
Además, prohibía a las escuelas enseñar a los alumnos «cualquier otra cosa que no sea que la heterosexualidad es lo normal».
FUENTE DE LA IMAGEN,JOHAN ORDONEZ/GETTY IMAGES
Pie de foto,La Ley para la Protección de la Vida y la Familia contemplaba al menos cinco años de cárcel para las mujeres que busquen abortar.
«Retroceso«
La medida legislativa fue presentada por primera vez en abril de 2017 por un grupo de parlamentarios que se autodenominan «provida», un concepto que causa controversia en una sociedad especialmente dividida por el tema de la interrupción del embarazo.
Una de las legisladoras que apoyó el proyecto de ley, Patricia Sandoval, dijo que «bajo el concepto de familia entendemos la unión entre un hombre y una mujer».
El defensor de los derechos humanos, Jordán Rodas, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), calificó la ley de violación de derechos y de «retroceso para la libertad».
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Pie de foto,Agentes de policía hacen guardia a las puertas del Congreso de Guatemala, el 8 de marzo de 2022 (Día de la Mujer).Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-60746369
La aprobación de la «Ley para la Protección de la Vida y la Familia» ocurre en la víspera de que el presidente Giammattei declare al país como Capital Iberoamericana Provida.
El Congreso de Guatemala decidió endurecer las penas de cárcel por aborto y prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, además de la educación sobre diversidad sexual, a través de una ley aprobada en pleno Día Internacional de la Mujer.
La «Ley para la Protección de la Vida y la Familia» sanciona con hasta 10 años de cárcel a «la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause», mientras en la ley actual la pena máxima es de tres años.
El texto, que quedó listo para ser promulgado por el presidente Alejandro Giammattei, castiga con prisión de hasta 50 años al responsable de un «aborto o de maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer» y que causen la muerte de ésta, un delito considerado como un «aborto calificado», informó la agencia de noticias AFP.
«Mientras otros países avanzan en la aprobación de leyes abortistas y en leyes que degeneran el concepto original de familia, esta iniciativa pasa a ser una ley importante para la sociedad guatemalteca», dijo el diputado Armando Castillo, del derechista partido VIVA, uno de los impulsores de la norma.
«Perder un embarazo es devastador y esta ley, a pesar de que una mujer pueda estar en duelo, le aplica automáticamente la etiqueta de sospechosa. Se está criminalizando y penalizando abortos espontáneos y eso es peligroso», advirtió la congresista Lucrecia Hernández, del partido de centroizquierda Semilla.
La ley además reforma el Código Civil para dejar en claro que «se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo» en Guatemala.
Igualmente «prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas promover en la niñez y adolescencias políticas o programas que tiendan a desviar su identidad según su sexo al nacer».
«Se le están violentando derechos humanos a importantes sectores de la población. Esta ley es absolutamente discriminatoria y es una ley que incita al odio», añadió el diputado Walter Félix, del partido izquierdista URNG.
Hernández añadió que la ley provocará el «estigma» y la «intolerancia» hacia las personas diversas y que «a todas luces es inconstitucional».
La aprobación ocurre en la víspera de que el presidente Giammattei declare a Guatemala como Capital Iberoamericana Provida.
«No nos vengan a meter ideas tontas. Esta ley es constitucional, es viable y es bendición de Dios», afirmó la diputada Patricia Sandoval (FCN, derecha), mientras afuera del Congreso protestaba un reducido grupo de mujeres contra esta norma.
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