Abuso a menores

España: La violencia sexual contra la infancia podría costarle al Estado 4.500 millones anuales

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Si hay cosas complicadas, una de ellas es tener una somera idea de cuál es la realidad de la violencia sexual contra la infancia. No solo en España, sino en todo el mundo. Es una de las realidades más ocultadas a pesar de que, según diferentes cálculos, tiene una prevalencia de entre el 10 y el 15 % de las y los menores.

Investigadores de la Universidad de Comillas y de la ONG Educo han elaborado su propio cálculo de prevalencia de la violencia sexual contra la infancia y han determinado que está en el 17,29 % de las niñas, niños y adolescentes (NNA) estudiando, explica Macarena Céspedes, directora de Incidencia de Educo, los estudios de los últimos 30 años. Además, han basado buena parte de sus cálculos en las denuncias que se interpusieron el año pasado según el Ministerio del Interior, un total de 9.185.

Desde la Cátedra de Derechos del Niño de Comillas y Educo, han calculado que el Estado gasta anualmente 1.300 millones de euros en atender los costes derivados de atender a las 9.185 menores de edad que presentaron denuncia. En esta cantidad se tienen en cuenta los gastos conocidos, como el protocolo sanitario que se pone en marcha; “todas las pruebas médico-forenses, si la denuncia llega o no a juicio, si hay o no sentencia, si hay cárcel o no”, explica Céspedes.

Para el cálculo final también se han tenido en cuenta cuestiones como la probabilidad de repetir curso de las personas que sufren violencia sexual. Una cifra que es el 60 % más que otras niñas y niños. Sobre este 60 % se han calculado los costes de esta repetición. También se ha computado el coste de quienes están en el sistema de acogida tras denunciar

Fuera de este cálculo quedan otras cifras que no es posible conocer, explica la investigadora, como los costes de un trabajador social o de la intervención de los servicios sociales en una familia cuando se realiza una intervención de desamparo.

Hasta 77.000 posibles víctimas

Con el porcentaje de prevalencia que han calculado las y los investigadores, el 17,29 %, se ha determinado que podrían existir hasta 77.000 víctimas de violencia sexual en nuestro país. Niñas, niños y adolescentes de lo que nada se sabe porque no ha mediado denuncia alguna.

Y es sobre esta cifra sobre la que la investigación ha intentado arrojar algo de luz sobre la parte más oculta del gasto que supone esta violencia. “Creemos que conlleva un gasto, aclara Céspedes, aunque no hayan sido detectados”. Y esto lo dicen porque las personas que sufren estas situaciones es muy probable que sufra desapego del sistema educativo y termine repitiendo, por ejemplo. Aunque no hayan denunciado y no hayan supuesto un gasto sanitario derivado de la puesta en marcha de determinados protocolos, es muy probable que haya realizado diferentes visitas al médico por problemas de ansiedad o depresión. “Sabemos que las visitas por problemas emocionales de las víctimas de violencia sexual aumentan exponencialmente con respecto a otras”.

Céspedes explica que teniendo en cuenta esta cifra de 77.000 y la prevalencia de determinadas cuestiones que afectan en mayor medida a las víctimas de violencia sexual en la infancia ha calculado, de manera conservadora, por lo bajo, cuál es el coste para el estado de estas intervenciones. Lo han cifrado en unos 3.200 millones de euros anuales. En esta cifra no están aquellos gastos de los que no se conocen sus precios.

“Estamos convencidos, dice, de que es un mínimo porque (el cálculo) lo hacemos bajo asunciones muy potentes”, como que se produce una sola vez, como que hay impactos que no se pueden mitigar, aunque lo puedas acompañar. Y el cálculo económico se ha hecho solo sobre los daños mitigables. “El daño mitigable es aquel que, si los sistemas de detección precoz o de determinación del riesgo funcionasen, se iniciaría todo un proceso de intervención, se pondrían en marcha una serie de recursos, y si se hace de forma eficaz supuestamente mitigan el daño”.

Céspedes asegura que los cálculos económicos que se han hecho, en todo momento, son de mínimos, conservadores. Insiste en que la realidad es mucho mayor de lo que puede calcularse entre otras cosas por las diferencias, si no divergencias, en la toma de datos de las diferentes administraciones públicas, por la falta de transparencia con esta información.

Señala la responsable de Incidencia que lo que intentan, además de poner sobre la mesa una cifra económica, esta podría utilizarse en buena medida, no como reacción ante la situación, sino para tomar medidas preventivas y de detección precoz de las situaciones de violencia.

Para la organización, este ejercicio es una forma más de denuncia de la situación en la que se encuentran decenas de miles de niñas, niños y adolescentes en su día a día. Que sufren violencia sexual en su entorno más cercano.

Macarena Céspedes insiste en que la cifra de 4.500 millones recoge cálculos exhaustivos: “Hemos podido calcular qué porcentaje de personas que sufren violencia sexual acaban teniendo una adicción y cuánto cuesta esa adicción al sistema sanitario; qué porcentaje de los niños y niñas que sufren violencia sexual desarrollan una enfermedad mental como anorexia, bulimia, depresión, ansiedad crónica; cuántos niños y niñas que sufren violencia sexual acaban expulsados del sistema educativo. Y hemos podido calcular cuánto cuesta al sistema de protección la violencia sexual contra la infancia”.

Pero, al mismo tiempo, se quedan fuera muchos otras cuestiones como la pérdida de oportunidades laborales, de productividad, el capital humano que se pierde. La falta de acción y de inversión de las administraciones públicas, de las de justicia y de las personas responsables en prevención pueden suponer, y están suponiendo, un coste enorme en la vida de miles de personas todos los años.

Un ejemplo que puede ser fácil de comprender se encuentra en el documental Cómo atrapar a un monstruo, de reciente estreno en una de las principales plataformas de streaming. Cuenta la historia de un hombre que, a pesar de estar condenado a 23 años de cárcel por abusos sexuales a varios menores, pasa unos cuantos meses más en libertad. La historia, además, se remonta al tiempo en el que el protagonista era profesor, a finales de los años 60. Una historia de 40 años de abusos en diferentes instituciones como colegios o colonias de veraneo en el que, apuntan en el documental, decenas, sino cientos, de menores pudieron ser sus víctimas. El coste emocional, vital, de oportunidades laborales y sociales de todas estas personas es y pudo ser enorme. Tal vez, con información y rompiendo el tabú que pesa sobre la violencia contra la infancia, en general, y la violencia sexual en particular, casos así podrían minimizarse.

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Manosear niñas (no) es delito (en El Salvador)

Noticias

Centroamérica/El salvador/14 Noviembre 2019/El país

En un país en el que una de cada diez denuncias de abusos a menores llegan a condena, la Cámara Penal no aceptó como delito el tocar la vulva de una niña de diez años sobre su ropa

En los últimos años, El Salvador ha sido un país conforme. Y no porque todo vaya bien. Al contrario: conforme porque, cuando todo va mal, en la debacle queda poco por hacer. Tras la guerra civil, ha ganado varias veces el triste podio del más homicida del continente. Es un país de apenas 6,5 millones de habitantes que permite que, en promedio, dos mujeres mueran a manos de sus parejas cada mes, y que hace oído sordo a las estadísticas que hablan de 12 denuncias por delitos sexuales cada día. Pero en la última semana, ese país conforme y derrotado por la violencia no aceptó un hecho: no aceptó que una Cámara Penal concluyera que tocar la vulva de una niña de diez años, sobre la ropa, no es delito.

Para quienes nacimos después de los Acuerdos de Paz de 1992, la protesta en las calles no ha sido una opción real para mostrar descontento ciudadano. Al menos no generacionalmente. Crecimos con madres listando muertos y recordando el ruido de las balas de la década de los ochenta, cuando miles de salvadoreños salían a protestar contra la represión estatal.

Con traumas de la guerra aún no resueltos, los nacidos en la posguerra y en colonias obreras aprendimos a callar por otras cosas. Quienes nos enseñaron el silencio en las últimas décadas fueron las pandillas. Su orden está escrita en los pasajes y calles de un sinfín de comunidades que controlan: “Ver, oír y callar”, ha sido la premisa. Y en general, el mandato se ha acatado. Cuando las familias salvadoreñas hablan de los pandilleros, no se les nombra así. Se habla de “los muchachos”. Cuando alguien dentro de una comunidad se atreve a contar la última extorsión o la última paliza que los muchachos han propinado, lo dice “quedito”, en susurro. El miedo convierte la queja en murmullos y silencio. En El Salvador, una marcha en contra de los asesinatos cometidos por la Mara Salvatrucha 13 o por el Barrio 18 sería impensable. Se ha aprendido que nombrar el descontento puede costar la vida.

La semana pasada, el silencio generalizado ante la violencia se rompió. Y empezó a resquebrajarse por la grieta de los abusos sexuales. En los juzgados salvadoreños, solo una de cada diez denuncias de abusos a menores llegan a condena. El 90% de los abusos denunciados quedan en la impunidad. Pero el lunes 4 de noviembre, cientos salieron a las calles con una consigna: “tocar a una niña sí es delito”.

Este hervidero de gente enojada en la calle empezó a prender en febrero, cuando Eduardo Escalante, un magistrado del Órgano Judicial, llegó en su carro a una colonia obrera y, según la acusación fiscal, tocó la vulva de una niña de diez años que jugaba con su vecino alrededor de un árbol. El hombre huyó a pie cuando familiares de la niña lo increparon, pero dejó su carro en el lugar. Así lograron identificarlo. Se le acusó de agresión sexual a menor, un delito castigado con una pena de ocho  a 12 años de cárcel. Pero la Cámara que conoce el caso, conformada por dos magistrados, concluyó la semana pasada que la conducta de la que se acusa al abogado es, a lo mucho, una falta que conlleva una multa de diez a treinta días de salario.

La resolución cayó como agua hirviendo sobre gente que acostumbra a apartarse de los problemas ajenos. Quemó. Y muchos en el país centroamericano, que acepta con normalidad la violencia en sus máximas expresiones, se hartaron. Una mujer dueña de 25 taxis, mandó a todos sus conductores a escribir “Tocar niñas sí es delito” en los parabrisas de cada uno de los carros. Las pancartas, repitiendo la misma consigna, se han visto por toda la ciudad. El presidente de la república ha hecho eco de la causa tuiteando al respecto. El movimiento feminista se ha asegurado de que el caso no se convierta en un signo del que intenten sacar rédito los políticos, a quienes negaron la palabra durante la protesta. Una movilización en defensa de las niñas y las mujeres empieza a despertar en una sociedad que por décadas ha callado.

En 1999, cuando Katya Miranda, una niña de nueve años fue violada y asesinada en un rancho familiar, no hubo una protesta que dijera a los agresores: aquí estamos y los estamos vigilando. Su caso se convirtió en un símbolo de la impunidad con la que en El Salvador se toca, se viola y se mata a las niñas. En 2013, cuando Ana Chicas, una joven de 18 años, fue asesinada por su expareja, no hubo nadie que saliera a defenderla ni siquiera por las calles de su polvoso cantón en Usulután, al oriente del país. En 2016, cuando Karen y Andrea, de 12 y 14 años, desaparecieron en Cojutepeque, no hubo ninguna movilización para buscarlas. Fuera de las organizaciones y los movimientos feministas, la violencia contra las mujeres ha sido, con suerte, algún hashtag en redes sociales.

El Triángulo Norte de Centroamérica es una región demasiado acostumbrada a la violencia. Nuestro termómetro para medir el fracaso o el éxito de políticas públicas que la combatan ha sido, por excelencia, la reducción de los números de asesinados cada día. Cuando se habla de violencia se piensa en pandillas, en enfrentamientos policiales, en cementerios clandestinos. Poco contamos a nuestras niñas y mujeres violadas, acosadas y humilladas.

Por ejemplo, la Cámara que conoce el caso del magistrado Escalante -según la resolución- no considera que tomar a una niña de diez años por los hombros y luego bajar la mano hacia sus genitales sea un hecho violento por sí mismo. No hubo balas, gritos, sangre, ni golpes de por medio. Solo una niña congelada. Y como el hecho sucedió de manera breve y sobre la ropa, los magistrados concluyeron que eso constituye un “tocamiento impúdico”. De acuerdo con la ley, ese tipo de tocamiento ocurre cuando alguien se aprovecha del “descuido” de una víctima que transita en un lugar público para tocarla. Pareciera que el mensaje es que son las niñas las que deben estar alerta, no distraerse, para que no aparezca un señor de traje y les toque la vulva.

La protesta que salió a las calles esta semana es una conquista pequeña para un país tolerante con el acoso, las agresiones y el abuso. Solo en 2018, la Policía recibió 4.304 denuncias de violencia sexual, y es un consenso que eso es apenas un subregistro de la realidad. Aunque la manifestación reciente en las calles abre la puerta grande a un movimiento social que reclama justicia para las mujeres, es una respuesta que llega tarde.

Ninguna marcha provocará que la niña de diez años vuelva a salir a jugar sin miedo, ninguna protesta devolverá a la vida a Katya Miranda, a Ana Elizabeth ni a Karen y Andrea. Pero ha sido reconfortante saber que, por un momento, esta sociedad que huele a podrido por los tantos cadáveres que esconde, pareció tener aún un sentido de justicia.

Fuente e imagen: https://elpais.com/internacional/2019/11/08/actualidad/1573236254_366551.html

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Miles de niños talibés en Senegal son objeto de abuso

Noticias

Senegal/13 julio 2017/Fuente: Africa Fundación

Decenas de miles de niños talibés en Senegal siguen siendo obligados a pedir en las calles y son objeto de abusos por parte de varias escuelas coránicas tradicionales, se denuncia hoy en un informe de varias instituciones internacionales.
 
En el documento, elaborado conjuntamente por las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y la Plataforma para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (PPDH, coalición de varias instituciones senegalesas), se recuerda que el Gobierno senegalés aprobó una legislación para combatir estas prácticas hace un año, pero «Con poco éxito».

El informe, de 40 páginas y titulado «Continúo viendo a los talibés pedir: el fracaso del programa gubernamental para proteger a los niños talibés en Senegal», analiza los éxitos y los fracasos del primer año de aplicación de la medida, destinada a retirar a los niños de la calle.

Por otro lado, documenta los constantes abusos de los niños talibés en Dakar y en otras cuatro regiones de Senegal durante el primer año de vigencia del programa gubernamental, en el que se detectaron casos de violencia, abusos físicos y sexuales, de jóvenes encadenados en lugares ocultos e imposición forzada de pedir limosna .

Las dos organizaciones destacan también el desafío que ha estado en curso para llevar a los responsables de las violaciones a la justicia.

«Mientras se da un paso en la dirección correcta, el programa de Senegal para retirar a los niños de las calles pocos han sido capaz de hacer frente a los alarmantes números de niños talibés explotados, abusados ​​y descuidados todos los días», subrayó la directora del Departamento de África HRW, Corinne Dufka.

Los niños talibés que son explotados por las escuelas coránicas, también conocidas como madrasas, son difíciles de encontrar, prosigue en el informe, que da cuenta del caso de un joven, «con ocho o nueve años», que logró escapar a los marabutos (profesores De la escuela coránica).

Pedimos dinero y arroz en las calles, el marabuto nos exigía 400 francos CFA / día (0,60 euros / día) , los miércoles nos exigían 500 francos CFA (0,76 euros) para pagar la renta y la electricidad Si no conseguimos ese dinero, o no recitábamos los versos (del Corán), el marabuco nos golpeaba «, contó el niño

En todo Senegal se estima que hay cerca de 50.000 l niños talibé que residen en las escuelas coránicas y que son forzadas diariamente por sus profesores a pedir dinero, arroz o azúcar en las calles, viviendo en condiciones de extrema pobreza y, en muchos casos, Sujetas a abusos físicos y psicológicos.

Según el informe, no todas las escuelas coránicas están en estas circunstancias, habiendo innumerables en que los marabutos respetan los derechos de los niños a su cuidado.

El programa gubernamental, iniciado en junio de 2016, comenzó con retirar a los niños de la calle, y tuvo algún éxito. Hasta marzo de este año, se retiraron 1.547 niños de las calles en Dakar, y cientos de ellos consiguieron regresar con sus familias.

Sin embargo, más de mil de los niños identificados como talibé fueron devueltos a los cuidados de los mismos marabutos de las madrasas a las que pertenecían, se lee en el documento, y el Gobierno ha evitdo cualquier investigación oficial a los implicados en el proceso, así como a las condiciones de vida de los jóvenes

«El Estado nunca ha comprobado si los niños se colocan o se reubican en una buena escuela coránica o no, algunas de ellas no tienen condiciones y los niños duermen en el suelo, hay enfermedades, no hay agua ni letrinas, y, a pesar de todas estas condiciones, Los niños continúan en las calles pidiendo r «, subrayó el imán Elimame Diagné, presidente del Colectivo para la Modernización de las Escuelas Coránicas, institución que integra la PPDH.

El informe denuncia, por otra parte, que, desde el inicio del programa gubernamental, HRW documentó las muertes de dos niños talibés, aparentemente como resultado de abusos de los marabutos, cinco casos de abuso sexual por parte de marabutos o de asistentes y 28 casos de violencia, encadenamiento o prisión en las escuelas coránicas.

El Gobierno (senegalés) tiene que garantizar que cualquiera de los niños retirados de las calles no regrese a una escuela coránica que tenga registros de violaciones a los derechos de los niños», exigen las dos organizaciones.

«Tenemos que parar con la explotación y el abuso de los niños talibés, el sector más vulnerable de la población. Ha llegado el momento de poner fin a esta violación masiva de los derechos de los niños en Senegal, que sigue a la vista de todos.

Tenemos la obligación de actuar colectivamente, con el Estado en la línea del frente «, concluyó Mamadou Wane, presidenta de la PPDH. Plataforma para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos .

Fuente noticia: http://www.africafundacion.org/spip.php?article28089

Fuente imagen: http://www.aljazeera.com/mritems/imagecache/mbdxxlarge/mritems/Images/2014/8/23/201482316484271734_20.jpg

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España: Oltra desvela en Cortes denuncias por presunto abuso en centros de menores

Noticias

Europa/España/28 Mayo 2017/Fuente:ccaa.elpais. /Autor: Cristina Vazquez

La consejera explica las irregularidades detectadas por la inspección en los centros de acogida de la Generalitat, de las que responsabiliza a la falta de control por parte del PP

La vicepresidenta de la Generalitat y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha denunciado este miércoles en las Cortes Valencianas la existencia de presuntos casos de abuso sexual a menores en centros de acogida tutelados por la Generalitat. En concreto, Oltra se ha referido al centro de acogida de menores de Monteolivete (Valencia), de titularidad pública, y al centro concertado La Resurrección de Segorbe (Castellón), gestionado por religiosas.

La consejera de Políticas Inclusivas ha comparecido en el Parlamento valenciano para informar de las irregularidades detectadas en la inspección de estos centros de acogida que, a juicio de Oltra, el Gobierno del PP descuidó y no vigiló como exigía la ley.  «Cuando llegamos al Gobierno, en julio de 2015 nos encontramos un caos organizativo en el sistema de protección a los menores. Un sistema privatizado, desmantelado, sin coordinacion, que no ha protegido adecuadamente a los menores», ha dicho la vicepresidenta desde la tribuna.

Oltra ha justificado su decisión de trasladar a principios de mayo a 18 menores tutelados del centro La Resurrección de Segorbe, entre otras causas, por la existencia de una denuncia de presunto abuso sexual a una menor por parte de un educador, que fue despedido por el centro gestionado por las Hermanas Terciarias Capuchinas. Pero también por ls duchas frías infligidas -según los informes de inspección- a algún menor acogido o el suministro de alimentos caducados.

La consejera ha presentado una cronología de los hechos que le llevaron a trasladar a los menores del centro de Segorbe y a cerrar dos residencias de titularidad pública por sus instalaciones inadecuadas, ambos en Valencia (El Carmen y Monteolivete -se cerrará el próximo junio).

La vicepresidenta del Gobierno valenciano ha arremetido contra la dirección del centro de menores de Segorbe por no haber denunciado el supuesto caso de abusos, investigado por un juzgado desde septiembre de 2016 en Castellón. Según Oltra, el centro despidió al trabajador pero no puso en conocimiento los hechos a las autoridades correspondientes.

Oltra ha explicado que fue una profesora de la Escuela de Personas Adultas (EPA) la que el 25 de febrero de 2016 comunicó a la Dirección Territorial el posible caso de abusos, por lo que se abrió un expediente informativo para investigar los hechos denunciados y se puso en conocimiento de la Fiscalía, que remitió la denuncia al juzgado el 14 de septiembre de ese mismo año.

Según la consejera, la dirección del centro de Segorbe era conocedora de estos hechos y, en lugar de denunciarlo directamente a la Consejería o a la Fiscalía, dio a escoger al presunto abusador «entre despido o denuncia», y lo despidieron el 28 de enero de 2016, ya que, según la directora del centro, «al no haberse producido hechos de mayor relevancia, lo consideró un hecho resuelto».

Así, el centro despidió al educador y no puso en conocimiento los hechos a las autoridades correspondientes, por lo que fue una profesora de la EPA la que, tras una conversación en clase con la menor, puso los hechos en conocimiento de la dirección territorial.

La número dos del Gobierno valenciano ha denunciado además que la persona encargada por la Generalitat de inspeccionar La Resurrección de Segorge estaba vinculada a la orden religiosa que gestiona el centro y ha asegurado que el monitor denunciado por posible abuso sexual había compartido grupo municipal en Segorbe con el dirigente del PP Miguel Barrachina.

En la comparecencia, la consejera ha reconocido también un incidente en el centro de recepción de menores en Monteolivete, de titularidad pública, donde en septiembre de 2016 se denunció un presunto caso de abuso sexual de varios menores a chicas compañeras suyas de residencia. El caso fue denunciado a la policía y se trasladó a la fiscalía.

El relato de la consejera responsable de los centros de acogida a menores ha indignado a la bancada popular. «He sido consejera (…) pero nunca se me hubiera ocurrido venir aquí relatando unos hechos tan graves y que afectan a menores para justificar su gestión», le ha echado en cara a Oltra la diputada del PP María José Catalá.

Cuando ha acabado el debate de este punto, la portavoz de los populares Isabel Bonig se ha dirigido al escaño del presidente Ximo Puig -que se ha incorporado a la sesión ya comenzada- para mostrarle su enfado por el desarrollo de la sesión y las duras acusaciones de Oltra.

El Centro de Menores de Segorbe (Castellón), gestionado por las Hermanas Terciarias Capuchinas, no descarta iniciar acciones judiciales contra la Oltra por sus manifestaciones en las Cortes, según Europa Press. Según la dirección del centro, un trabajador fue despedido por un comportamiento «inadecuado», según las reglas del centro, aunque han declinado especificar más detalles. La mayoría de las manifestaciones de la vicepresidenta, dicen los responsables del centro, «no son ciertas».

Nuevo modelo de gestión

Antes de relatar estos casos, Oltra ha enumerado los cambios introducidos por su consejería en el modelo de gestión del acogimiento de menores en la Comunidad Valenciana y ha anunciado que todos los centros de menores de titularidad pública valencianos deberán tener también una dirección pública antes de 2020. «Se acabó la privatización del sistema», ha declarado.

Actualmente hay 80 centros de menores en el territorio valenciano, de los cuales 14 son mixtos y 55 privados, por lo que éstos deberán pasar a tener una dirección pública antes del año 2020, ya que a juicio de la consejera es una «barbaridad» que el sistema de protección de menores no sea «íntegramente» público.

«Un sistema privado no supedita los derechos de los niños a cualquier interés legítimo» de una empresa privada, ha manifestado Oltra, quien ha defendido que los derechos de los menores deben estar por encima de los de la entidad que gestione el centro en el que estos se encuentren.

Fuente de la noticia: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/05/24/valencia/1495619308_026958.html

Fuente de la imagen:

http://ep01.epimg.net/ccaa/imagenes/2017/05/24/valencia/1495619308_026958_1495628604_noticia_normal_recorte1.jpg

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Teachers Tell Of Death Threats, Sexual Pestering at Kenyan School

Noticias

Kenyan/March 28, 2017/By Judie Kaberia/Source: All Africa

«It’s no longer about my job, it’s about my life. That is all I have to fight for,» 28-year-old teacher Ancellah Cherotich Kessio told this Capital FM reporter when they met for the first time about three weeks ago.

As she recalled the incident, she explained that she found it prudent to give her employer time to handle the matter since she had reported it to the Teachers Service Commission (TSC).

Kessio joined Uhuru Secondary School, Nairobi as a History and CRE teacher in 2015.

But little did she know that she had landed herself into a worrying step in her teaching career as a member of the Teachers Service Commission (TSC).

After the initial encounter, Kessio came back to us because her life was in her words, «in danger.»

She was in tears and she had a headache.

Before the interview we had to give her painkillers and allow her time to calm down.

She gave us a note that was delivered to her by the school messenger last Tuesday.

«DEAR ANCELLAH CHEROTICH KESSIO. ATTENTION: DROP ALL CASES WITHIN ONE WEEK OR ELSE ……………. (). Yours faithfully 0000000,» the short note reads.

Tuesday’s incident was continuation of escalating intimidation that began in 2015.

It all began when the then Deputy Principal Juma Duncan asked her for a coffee date, an offer she kindly turned down on countless occasions.

In August 2015 she warned him that if he continued, she would let his wife know.

But the response she got left her terrified.

Capital FM News saw a text message sent from Juma to Kessio on August 22, 2015.

«I SWEAR IN THE MIGHTY NAME OF GOD I WILL KILL YOU. YOU CNT ESCAPE, TRUST YOU ME.»

The Principal later called explaining that he could not remember and did not understand how the message left his phone to her phone.

Since it was during the holidays, she kept cool and hoped the threats would subside by the time schools re-opened.

In September 2015, Juma became the Principal.

«He didn’t stop calling me to his office.»

He even promised to promote her to head the Humanities Department if she accepted to become his girlfriend.

But she refused.

Kessio also refused to take Sh2,000 he offered and requested her to accompany him to Mombasa.

The Principal, Kessio recalled kept on telling her; «you look tempting, you look sexy» on the many occasions he ran into her within the school compound.

After he realised Kessio would not give in, he resorted to using students in her class to malign and disparage her.

«He told them that the notes I used to teach them were college notes and they were not authentic and that he had slapped me with them. How I got to know – some of the students came to me and asked me; ‘Mwalimu, how can you be slapped in this compound and we don’t know, how can you condone to be beaten up’,» she recalled as she fought back her tears.

She confronted him during a meeting attended by the Dean of Studies after Juma alleged that she had not taught well.
«I finally got the opportunity to ask him, ‘what is it do you want from me?»

But that did not stop the intimidation.

On September 19, 2016 she wrote to TSC requesting for a transfer but for fear that the principal would revenge, she stated that her reason for the transfer was over distance to the school.

«The transfer did not go through. I was told I am under the five-year rule. The principal brought the letter to me and sarcastically told me ‘you are not going anywhere’.»

«Imagining more years with him, I didn’t think I would survive, I started looking for other avenues like going for study leave,» she recalled she couldn’t qualify again because of the five-year rule.

«My life at Uhuru has been so difficult such that if you are not threatened you are intimidated, if you are not intimidated, children are laughing at you because the principal has this habit of discussing teachers with students.»

On scrutinising the Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE) examination results 2016, we realised performance of students in the subjects she teaches, History was third and CRE was fourth in the school rank.

After all the drama, she hoped 2017 would be a better year.

But it was until he ran into her at the assembly ground that Kessio knew the war was far from over.

He told her she looked sexy and asked; «Have you ever tasted a Luo?»

Capital FM News is in possession of a letter sent by Kessio to TSC dated March 1, 2017.

Referenced as, ‘Sexual harassment, threats and a difficult working environment’ Kessio wrote «I wish to lodge a complaint of sexual harassment by the Principal, Uhuru Secondary School, Mr Juma Duncan. I have been intimidated and harassed and I no longer have an ounce of energy to fight back.»

Throughout the letter, she narrated a trail of incidents in which Juma made sexual advances and upon refusal he resorted to intimidation, death threats and embarrassment.

Capital FM News is in possession of minutes of several meetings held at the school – some to discuss issues raised with the Education County Office and TSC over the sexual harassment complaints and others to accuse Kessio of sullying the name of the school.

«I know what will happen if I move out of here. If my life is to end but I will want to say something, if saying no to someone, keeping your dignity as a woman is wrong, then I am ready for that death, at least go down that I protected my dignity,» she said as she broke down into tears.

«I cannot even speak about my fear, I even fear my own shadow, I walk looking back if someone is following me, I have nightmares, I have one that is recurring that someone is trying to suffocate me. I have been going to sessions of therapy.»

Kessio, a mother of one has been a frequent hospital client.

Her weight dropped from 50 kilos to 40 kilos.

Capital FM News has a medical report from a doctor recommending counselling sessions.

Provisional diagnosis showed that she has ‘clinical depression’.

According to records from a counselling centre in Nairobi, she has so far attended four sessions.

Kessio’s sexual harassment case at Uhuru Secondary School is not the only one filed at the TSC.

The second case concerns Biology and Agriculture teacher Mary Karimi Muhia who still has marks of assault on her thigh and head.

According to a P3 form filed at Buruburu Police station, it was recorded that Karimi was assaulted by the three teachers after she was summoned by the Deputy Principal to his office on February 23, 2017.

The Investigating Officer at Buruburu Police station confirmed the case was under probe; «we are investigating we cannot comment further.»

The moment she entered the office, three teachers attacked her trying to snatch a phone in which she had recorded students confessing that the school Principal had coerced them to lie that she had given them an examination leakage.

It was the phone they also thought she had recorded evidence of sexual harassment by the principal.

«Madam (name withheld) who was standing grabbed my hair plucking my braids which were only two days old. She shouted saying, Karimi, today people will collect you at the morgue, release your phone or else I kill you, I must get all the recordings, video, tapes and photos that you have been taking.»

This happened as a third teacher held her to allow the first madam to injure her.

And as the beating continued, there was suddenly an excruciating pain on her thigh.

The teacher after plucking off her hair pierced her thigh with a sharp object.

«I saw death with my own eyes. I screamed louder calling their names, asking – why are you killing me.»

During that commotion the Principal entered the office and joined the gang that was roughing her up.

«Mr Juma hit me against the office table hurting my ribs. He then stepped backward and closed the door,» she recalled even the insults that accompanied her during the gruelling attack.

The hair that was plucked off was picked up and thrown at her telling her; «you stupid fool, today is your end.»

At that moment she was again hit with a paper punch and a stapler and she was again asked to surrender all the evidence she had against Juma.

They were still searching for her phone which she had hidden in her bra then in her inner wear.

She got help after a different teacher went to the ‘slaughter house’ to respond to the distress call that she begged him to call a female colleague.

«I wanted her to at least come and dress me. I was dirty and bleeding and my panty was down. As I moved out in the presence of students who were taking lunch and workers all over to see what was happening. Many thought I had been raped. There was blood coming from my thigh entering my shoe, I was limping,» she narrated.

Karimi’s attack this year was triggered by an incident that happened two years after she joined the school in 2012.

«Juma started his sex advances in 2014. He used to tell me you are the prettiest woman that I have ever seen. At first I told him thank you.»

«I realised when we are passing on corridors Mr Juma wanted we meet head on collision, I used to run away from him. The sexual advances were several. He would tell me ‘you look yummy’, in 2014, 2015 he didn’t stop telling me ‘you are sexy’.»

On September 20, 2014, Juma threw a science party meant to celebrate her birthday. But she didn’t show up.

«The following Monday he called me to his office and asked me, ‘Karimi, I want you to explain me why you let me down’,» she said she had a family birthday party.

«And so he asked me,» ‘Have you ever tasted a Luo?’

«And I told him, Sir, is a Luo a meal in any of the hotels?»

«Then I told him, even if God eroded the earth, you and me were left, nothing can happen. And from that particular day, he now declared war on me,» she explained as she broke down into tears.

Whenever there were office meetings, he resorted to embarrassing and threatening her.

At some point, the Principal had conspired with the Guidance and Counselling teacher to slap her so that she could fight back.

But because she knew of the witch-hunt she did not fight back.

The threats went as far as hiding her Kenya Revenue Authority forms and her pay slips.

Students in her class, one day told her that Juma had told them to lie that she had given them an exam leakage, a confession she recorded and handed over to TSC.

Students also wrote a letter in Caps protesting Juma’s consistent persuasion that they lie to fix their class teacher.

«BUT THERE IS SOMETHING THAT WE FEEL IT IS NOT RIGHT THE WAY THE PRINCIPAL THREATS YOU TEACHERS AND US. TOO WE ARE AFRAID TO TELL HIM BECAUSE HE WILL VICTIMISE US,» the letter read.

Capital FM News has a letter she wrote to TSC reporting sexual harassment by the Principal and asking for a transfer.

Last Tuesday she received a letter like the one sent to Kessio telling her to drop her classes or else…
«Today I have come here to let the world know that it could be the end of me. If I leave this door and I am killed it is Duncan Juma.»

At that point she broke down and we had to give her time to recover.

«It has affected my family. I feel weak, I feel pain all over, I have acidity that I never had. I feel I am just a shell of my old self. If I am killed, may justice prevail and my younger sisters who will come to that school they will be salvaged,» she cried.

All the two teachers want now is justice because the headmaster has threatened to make their lives hell for embarrassing him with the allegations they make.

They are appealing to TSC to transfer them and also investigate the Principal.

Capital FM News spoke to Juma on Thursday.

«Those things are under investigations by TSC I think TSC has done their part, I don’t want to comment.»

But about five minutes later he called back saying he was innocent. Capital FM News also asked him why he didn’t report the physical attack meted on Karimi at the Deputy Principal’s office.

TSC Principal Administrative Officer – Child Protection, Gender and Disability Zipporah Musengi told Capital FM News; «We have the cases and we are doing the appropriate investigations.»

The Nairobi County Education Office also confirmed it had received the complaints from Kessio and Karimi and that investigations were ongoing.

But as the processes take longer, the two women are scared for their lives as they pay several visits to doctors and counsellors.

Karimi is currently on sick leave.

 Source of the news:

http://allafrica.com/stories/201703240345.html

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Colombia: Fecode pide a Mineducación presentar proyecto que prohíba que abusadores sean maestros

Noticias

Colombia/20 febrero 2017/Fuente: Caracol Radio

El secretario de la federación, Rafael Cuello, considera indispensable que los padres de familia deben confiar en los educadores.

Rafael Cuello, secretario general de la Federación de Maestros, asegura que “está en mora el Congreso de la República y la iniciativa del Ministerio de Educación para presentar un proyecto de ley que inhabilite de por vida a las personas que abusen de los niños y los jóvenes”.

Cuello asegura que “los jóvenes van a estudiar a las instituciones educativas, no a ser manoseados ni a ser injuriados por maestros o maestras”.

Según Fecode, luego de cumplir con su responsabilidad penal, los abusadores aún tienen una responsabilidad ética y recordó el caso del rector de un colegio en Honda, Tolima que había sido condenado por acceso carnal abusivo con menores de edad.

Fuente:http://caracol.com.co/radio/2017/02/18/nacional/1487436409_104609.html

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Cada día se registran en España 10 denuncias por abusos sexuales a menores

Noticias

Europa/España/17/ de enero de 2017/Fuente: lasexta.com

Desde 2011 las denuncias por abusos a menores han crecido un 20%. No quiere decir que el problema haya aumentado, pero por primera vez se visibiliza una lacra que marca a los pequeños para toda la vida. Los psicólogos aseguran que en la edad adulta llegan a la consulta con diferentes patologías y acaban admitiendo los abusos.

Las denuncias por delitos sexuales a menores aumentan: son 10 al día, casi un 20% más que hace cuatro años. Los expertos aseguran que estamos ante la punta del iceberg.

«Se ha denunciado más, pero hay muchos otros casos que no se están denunciando. Es un problema que hay que medir y dar la respuesta adecuada», explica Ana Sastre, directora de Políticas de Infancia en ‘Save The Children’.

Exigen una nueva ley que proteja al menor y cambiar la prescripción de los delitos en el Código Penal. Ahora, a partir de la mayoría de edad, la víctima sólo tiene de cinco a 15 años para denunciar, en función de la gravedad del abuso.

«Pedimos que se alarguen los plazos para darle más tiempo a la víctima a denuncia», afirma Sastre. Los psicólogos forenses advierten de que muchos pacientes tardan años en reconocer las agresiones.

En ocasiones, los menores muchas veces se enfrentan a la incredulidad de las familias. «La estigmatización por sufrir abusos en la familia sigue presente, significa romperla», sostiene Timanfaya Hernández, psicóloga forense y sanitaria. Los expertos recalcan la importancia de no cuestionar nunca al menor.

Fuente: http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/cada-dia-se-registran-en-espana-10-denuncias-por-abusos-sexuales-a-menores_20170115587b92750cf290341de5957f.html

Imagen: fotografias.lasexta.com/clipping/cmsimages01//2017/01/15/1477962A-AEB9-4DE7-B2C4-7D5EDC71F8D4/58.jpg

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