Fuente FMI / 10 de junio de 2016
Por Izabela Karpowicz, Troy Matheson y Svetlana Vtyurina
(Versiones en English, Português)
La infraestructura es fundamental para el desarrollo y la prosperidad de un país: facilita la actividad económica al fomentar la productividad, la competitividad y el comercio interno y transfronterizo de un país. Pero en América Latina y el Caribe, el nivel y la calidad de la infraestructura son inadecuados, y se ha determinado que son uno de los principales obstáculos para el desarrollo, a pesar de que la red de infraestructura de la región ha experimentado algunas mejoras en la última década.
En nuestro informe regional más reciente se examina el estado de la infraestructura en América Latina y el Caribe y se señalan aspectos clave de las redes de infraestructura en los que podrían introducirse mejoras.
¿Cuál es la situación en la región?
El crecimiento económico y la inversión en infraestructura se refuerzan mutuamente. Por un lado, el crecimiento ayuda a generar los recursos necesarios para financiar la inversión en infraestructura e impulsa la demanda de mejores servicios de infraestructura, mientras que por el otro lado, las mejoras infraestructurales incentivan la actividad económica y estimulan el potencial productivo de un país a lo largo del tiempo. No sorprende entonces que exista una relación positiva entre la calidad de la infraestructura y los niveles de ingreso en los diferentes países (véase el gráfico 1). Pero como se observa en el gráfico, las calificaciones de muchos países de América Latina y el Caribe en materia de calidad de la infraestructura son más bajas de lo que cabría esperar dado su nivel de desarrollo (medido en función del ingreso per cápita relativo). De hecho, la infraestructura de los países de América Latina y el Caribe es de menor calidad que la de países de otras regiones con niveles de ingreso semejantes. Esta brecha es más notoria cuando se la compara con las economías avanzadas.
Nuestro estudio asimismo revela que muchos países de la región tienen redes de infraestructura muy deficientes en comparación con las de sus rivales exportadores (véase el cuadro 2). En la actual coyuntura de débil demanda externa, la pérdida de competitividad atribuible a la calidad de la infraestructura física ha significado un lastre considerable para el crecimiento. Esto pone de manifiesto la necesidad de realizar esfuerzos más concertados para mejorar la calidad de la infraestructura en la región.
Mejorar las instituciones
Los gobiernos cumplen una función importante a la hora de promover la inversión en infraestructura. Pero la gestión de la inversión pública en infraestructura puede presentar desafíos. Los economistas en general coinciden en que hay varios factores que inciden en el nivel, la composición y el impacto de la inversión en infraestructura en la economía, como por ejemplo los mecanismos jurídicos, institucionales y de procedimiento de gestión de la inversión pública. Por esta razón, el FMI ha formulado un marco para evaluar en términos amplios la gestión de la inversión pública. Esta herramienta de evaluación tiene en cuenta las prácticas y los marcos sobre los que se asienta todo el proceso de inversión, y ayuda a identificar ámbitos en los que podrían efectuarse mejoras.
En el caso de América Latina y el Caribe, el marco muestra que en general en la región existen instituciones nacionales y sectoriales de planificación (véase el gráfico 3). Pero en todos los otros aspectos del proceso de inversión pública se observan atributos clave que podrían ser mejorados, sobre todo si se los compara con los de los de las economías avanzadas. Algo que llama la atención es que los resultados de la región son mejores que los de otros mercados emergentes en lo que se refiere a la transparencia en la evaluación, ejecución y gestión de los proyectos. Pero los resultados de la región dejan mucho que desear en términos de disponibilidad de financiamiento y el uso de marcos presupuestarios plurianuales. También es necesario proteger mejor la inversión en infraestructura y mantener el capital en infraestructura existente a lo largo del ciclo económico para preservar de mejor manera la calidad de la infraestructura. Pero aun así, hay algunos países de la región que se destacan por sus resultados relativamente buenos en estas dimensiones (por ejemplo, México por la disponibilidad de financiamiento y Colombia por su proceso presupuestario plurianual).
Más allá de los fondos públicos
El cierre de las brechas de infraestructura no es solo un tema de recursos públicos. Según el análisis detallado que se presenta en el informe, el sector privado ha estado desempeñando un papel cada vez más importante en el suministro de infraestructura, y la política pública puede apuntar a catalizar y apoyar la inversión privada en infraestructura. Se debe alentar la participación del sector privado, por ejemplo, mejorando los marcos regulatorios, facilitando estructuras económicamente sólidas para el cobro de derechos de uso y garantizando la protección adecuada de los contratos. Las asociaciones público-privadas también deben ser una opción si permiten lograr mejoras de eficiencia, pero es fundamental garantizar la gestión activa y el registro transparente de los riesgos a los que están expuestos los presupuestos públicos.
El desarrollo de mercados financieros profundos para bonos de infraestructura y otros mecanismos innovadores de financiamiento también puede facilitar la movilización de recursos para proyectos y al mismo tiempo moderar el riesgo cambiario. Varios países han logrado avances importantes en estos aspectos (por ejemplo, Brasil), y constituyen ejemplos útiles para la región en general.
Si la región de América Latina y el Caribe no continúa mejorando las redes de infraestructura, existe el riesgo de que las deficiencias infraestructurales menoscaben cada vez más el crecimiento y las perspectivas de desarrollo de la región. El fortalecimiento de los procesos y las prácticas de gestión de la inversión pública es importante para garantizar que el dinero de los contribuyentes sea aprovechado de forma eficaz, y la regulación inteligente puede potenciar al máximo la capacidad del sector privado para contribuir al desarrollo de la infraestructura.
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