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La reforma, los maestros y la ADP (1 de 3)

República Dominicana / 16 de septiembre de 2018 / Autor: Jesús de la Rosa / Fuente: Hoy Digital

La diferencia específica entre los países desarrollados y aquellos que no lo son casi siempre viene dada por la disponibilidad de recursos materiales y humanos de que disponen los primeros, en contraste con las carencias de los mismos de parte de los segundos. La velocidad de los cambios y de crecimiento constante en el dominio tecnológico internacional plantean a los países en desarrollo el reto de abordar, en niveles de excelencia comparable, aquellas áreas o campos considerados los más estratégicos para su futuro desarrollo. En ese contexto, las escuelas y los profesores tienen que enfrentarse a muchos problemas, incertidumbre y desafíos. La educación, a pesar de las sucesivas crisis que ha venido enfrentando, todavía se considera como la solución a muchos de los problemas que afectan a la humanidad y como fuente del bienestar social y económico. Muchos son los documentos elaborados por organismos internacionales que destacan la expansión de la oferta educativa y, en consecuencia, la calidad como un desafío a enfrentarse.

La calidad la entendemos a grosso modo como la capacidad que tenemos nosotros los maestros de hacer que nuestros alumnos aprendan, lo que supone que debemos de tener un buen desempeño, a tiempo en que presentemos una cualificación compatible con nuestro diario quehacer.

Esta época de grandes cambios en casi todo el mundo encuentra al país sumido en una crisis social y económica de grandes proporciones. La comprobada situación de deterioro en que se encuentra el sistema dominicano de instrucción pública es, al mismo tiempo, una manifestación de esta crisis y un factor que contribuye a agravarla.

Recuerdo haber leído en un documento escrito hace ya algunas décadas por el destacado educador dominicano Nicolás Almánzar que “existía una severa crisis educativa; que resultaría necio y absurdo negarlo, cuando la realidad era más fuerte que el pálido reflejo de los que escribíamos sobre la misma, los especialistas, y los formadores de opinión”. Como veremos más adelante, a pesar del tiempo transcurrido, todavía tenemos que enfrentarnos a situaciones, sino iguales, muy parecidas a las ya señaladas.

La idea, no del todo cierta, de que la mejora del desempeño de los alumnos es un factor dependiente casi exclusivamente de la calidad docente, ha llevado a que los problemas del aprendizaje se justifiquen en la baja cualificación profesional de los docentes. Esto está dando lugar a señalar a los maestros como los únicos culpables del fracaso de las autoridades del sector al definir los principios orientadores de la educación y al elaborar planes con miras a mejorar la pertinencia y calidad de las funciones docentes.
Es cierto que la calidad de la educación de un país no es superior a la calidad de su profesorado. Pero, si el profesorado es clave para la calidad de la enseñanza, debemos admitir también que no se puede mejorar el trabajo del docente sin lograr al mismo tiempo mayores niveles de calidad en el funcionamiento de las escuelas o del sistema de instrucción en general.

¿Son los profesores los únicos culpables de las fallas que en los últimos meses se ha venido registrando en el sistema dominicano de instrucción pública y que hoy afectan seriamente el desenvolvimiento del recién iniciado año escolar? ¿Son los dirigentes de la ADP los únicos encargados de propiciar el desarrollo de actividades educativas con miras a ofrecer igualdad de posibilidades de educación para todos?

Mejorar la calidad de la enseñanza y enseñar mejor sigue siendo uno de los principales objetivos de la educación. Otro, tan importante como esos que mencionamos, es lograr que la calidad de la enseñanza alcance a todos, es decir, que haya mayor equidad.

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La reforma, los maestros y la ADP

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La ADP y la reforma de la educación (3 de 3)

República Dominicana / 9 de septiembre de 2018 / Autor: Jesús de la Rosa / Fuente: Hoy Digital

Los dominicanos y las dominicanas vivimos hoy un periodo crucial de nuestra historia. El momento de las grandes transformaciones encuentra al país sumido en una crisis social y económica de grandes proporciones resultado, no sólo de hechos y conflictos internacionales que escapan a nuestro control, sino de la acumulación progresiva de problemas que no hemos podido o sabido resolver. El atraso industrial, el desempleo, los problemas financieros y monetarios, la falta de infraestructura técnica científica básica y otras deficiencias por el estilo responden a razones muy diversas, entre las que pueden contarse la rigidez de nuestro sistema productivo en consonancia con las políticas y acuerdos enmarcados en nuestras relaciones con las grandes potencias industriales.

El contexto más arriba señalado, plantea a nuestra comunidad académica retos de trascendencia en la búsqueda de elementos que nos permitan llegar, como lo expresan personas expertas en la materia, “a una dinámica concertación entre los distintos actores de la sociedad y consensos globales sobre el futuro que guiará el desarrollo de la ciencia y la tecnología” Nos urge el ampliar y consolidar nuestros espacios de formación, innovación y circulación del conocimiento. Y encontrar articulaciones pertinentes entre tales procesos y la vida económica del país, paso indispensable en un ordenamiento mundial en plena gestación.

A decir de muchos, la comprobada situación de deterioro en que hoy se encuentra el sistema dominicano de instrucción pública es, al mismo tiempo, una manifestación de la crisis a la cual nos estamos refiriendo y un factor que contribuye a agravarla, por cuanto una población como la nuestra con muy bajo nivel educativo (quinto curso del nivel básico como promedio) no está en condiciones de afrontar la difícil tarea de sacar al país de la crisis y conducirlo por el camino del progreso.

Durante las primeras décadas del siglo 21 han ocurrido muchos cambios en el panorama mundial como consecuencia del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, de la reestructuración económica, de la competencia internacional, del movimiento multicultural y de las reformas en el ámbito del Estado. En ese contexto, las escuelas y nosotros los profesores tenemos que enfrentarnos a muchos y nuevos problemas, incertidumbre y desafíos.

La educación dominicana en particular, a pesar de la gran crisis que ha tenido que enfrentar, todavía se considera como la solución a muchos de nuestros problemas y como fuente de bienestar social y económico. Esa certeza de que la educación es una condición fundamental e imprescindible para el desarrollo económico y social, fue lo que dio origen al Pacto Nacional por la Reforma Educativa 2014-2030, una iniciativa del gobierno del presidente Danilo Medina, de rectores de universidades, de asociaciones de profesores, de líderes sindicales, políticos y comunitarios, y de otros, que nos reunimos durante meses en un gran esfuerzo para encontrar soluciones a los problemas medulares que afectan al sistema de instrucción pública. Pero, tal y como bien lo expresara Dalila Oliveira “la idea de que la mejora del desempeño de los alumnos es un factor dependiente casi exclusivamente de la calidad docente ha llevado a que los problemas de aprendizaje se justifiquen en la baja cualificación profesional de los docentes”.

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La ADP y la reforma de la educación (2 de 3)

República Dominicana / 26 de agosto de 2018 / Autor: Jesús de la Rosa / Fuente: Hoy Digital

Connotados dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) les enrostran a las autoridades del Ministerio de Educación el estar llevando a cabo acciones contrarias a lo establecido por leyes y reglamentos tales como la contratación de profesores sin concurso; el atraso en las construcciones de aulas; las firmas de convenios con instituciones privadas sin tomarlos a ellos en cuenta; y los reiterados intentos de reformar la Ley de Educación sin la participación de los que habrán de ser sus principales actores, entre otras. De su parte, el Ministro de Educación acusa a los de la ADP de promover paros de actividades con el único objetivo de obstruir la docencia en el inicio del año escolar 2018-2019. ¿Quiénes o quién tiene la razón? Como lo expresara el editorialista del periódico Hoy, “Se necesitarían informaciones documentadas aportadas por las propias autoridades para configurar un cuadro fiel sobre la realidad imperante en el sistema educativo”. Ojalá que las acusaciones de esos dirigentes de la ADP, además de inoportunas, no respondan a la realidad porque de ser así, podría considerarse como un hecho en vía de consumación el fracaso de la Reforma de la Educación emprendida por el gobierno del presidente Danilo Medina.
La reforma de los sistemas de instrucción pública impulsada en la actualidad en la casi totalidad de los países de la América Española y el Caribe ha colocado como tema central la capacitación y formación docente. Aquí, el Ministerio de Educación Superior y las Facultades y Escuelas de las principales universidades del país han venido realizando grandes esfuerzos para modificar la formación docente y formular políticas integradas para el aprendizaje continuo de los maestros en servicio. Como lo expresa Marchesi y otros grandes pensadores: “La calidad de la educación de un país no es superior a la calidad de su profesorado”. De ahí la prioridad que la gran mayoría de las reformas educativas otorga al fortalecimiento de la profesión docente.
Desde la perspectiva más arriba señalada, las propuestas para mejorar la situación del profesorado debemos basarlas en enfoques contextuales e integrales, en los que se tomen en cuenta todos los factores que contribuyan a facilitar el trabajo de los docentes, comenzando por remover los posibles obstáculos que limitan el éxito de determinadas iniciativas orientadas en forma específica al desarrollo profesional y al bienestar de los maestros.
Dado que el maestro disfruta de una autonomía considerable en las aulas y laboratorios de clase, hasta el punto de que en esos lugares hace “lo que le da la gana” los proyectos de reformas de la instrucción pública necesariamente requieren para su exitosa implementación el apoyo individual y colectivo de los maestros en servicio.
Generalmente, percibimos las agrupaciones de maestros como opuestas a los cambios y a las transformaciones. Afortunadamente, esto no nos impide que reconozcamos que la ADP de hoy es muy distinta a la FENAMA de ayer, tanto en sus quehaceres ordinarios como en sus compromisos y comportamientos políticos.
La mayoría de los docentes de nivel medio y superior considera que las organizaciones magisteriales a las cuales pertenecen no han completado el trabajo de lograr que la sociedad se identifique con sus posiciones. Creemos que en gran parte esto se debe al hecho de que los dirigentes de esas agrupaciones siempre han mostrado más interés en el bienestar de sus afiliados que en el carácter de las reformas dirigidas a mejorar su aprendizaje y capacitación. ¿Cuál es la estructura de incentivos que hará de la reforma del sistema dominicano de instrucción pública algo auto sostenible y duradero? A ello nos referiremos en la próxima entrega.

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La ADP y la reforma de la educación (1 de 3)

República Dominicana / 26 de agosto de 2018 / Autor: Jesús de la Rosa / Fuente: Hoy Digital

Entre los sectores más representativos de la sociedad dominicana existe un amplio y creciente consenso acerca de la necesidad y urgencia de una reforma educativa, manifestado en su interés por el fiel cumplimiento del Pacto Nacional por la Reforma del sector suscrito, el primero de abril del 2014, por el Gobierno dominicano y los principales actores de nuestra vida económica, política y social, con la presencia en calidad de testigos, de expertos e invitados especiales convocados por el presidente Danilo Medina.
En un mundo globalizado, orientado y conducido por tratados y acuerdos internacionales, aquellos individuos con amplios conocimientos y destrezas tienen más y mejores oportunidades de beneficiarse de la integración económica mundial y de prosperar más al amparo de la misma. Pero no sucede igual con la mayoría de las gentes. En todo el mundo capitalista existe una clara asociación entre la pobreza y la educación hasta el punto que por pobres se entiende aquellos individuos con bajos niveles de educación y, en el mejor de los casos, dedicados a labores de escasa remuneración.
En lo referente a la educación preuniversitaria, concebimos un paquete básico de reformas con tres principales componentes: una mayor cobertura básica localizada en las comunidades rurales de bajos ingresos; nuevos enfoques para mejorar la calidad de la enseñanza, enfatizando el fortalecimiento de la formación docente; y una mejor gestión escolar basada en la descentralización y el control del presupuesto empleado.
En lo referente a la educación superior, debemos definir los principios orientadores de la transformación de la misma y elaborar planes de reforma que permita a este nivel educativo “mejorar la pertinencia y calidad de sus funciones de docencia, investigación y extensión, ofreciendo igualdad de oportunidades a todas las personas a través de una educación permanente y sin fronteras, donde el mérito sea el criterio básico para el acceso, en el marco de una nueva concepción d la cooperación internacional”.
La organización y ejecución de algunos de esos eventos ha tropezado con obstáculos aparentemente insalvables debido a la coexistencia e interacción de diversos factores y circunstancias del entorno educativo. Cabe destacar la polémica desatada entre académicos y políticos por las interpretaciones y recomendaciones de diversas agencias y expertos internacionales respecto a las estrategias de cambio y desarrollo internacional: los de la ADP se manifiestan contrarios al diario quehacer de las autoridades del Ministerio de Educación; los de la UNESCO nos recomiendan unas cosas y los del Fondo Monetario otras. Otro elemento obstaculizador ha sido la reducción y reorientación de las inversiones en el nivel superior decidida en el marco de las políticas macro-económicas adoptadas en el país atendiendo a recomendaciones de organismos financieros internacionales.
En lo que al parecer todos estamos de acuerdo es en lo expresado por Álvaro Machesi, secretario general de la Organización de Estados Ibéricos (OEI), en el sentido de que “la calidad de la educación de un país no es superior a la calidad de su profesorado” y en que de ahí “la prioridad que la gran mayoría de las reformas educativas otorga al fortalecimiento de la profesión docente”.

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Maestros dominicanos reclaman reposición en nómina del Ministerio de Educación.

El bloqueo de más de mil maestros de la nómina del Ministerio de Educación mantiene a esa cartera enfrentada con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

CentroAmérica/República Dominicana/26.09.2017/Autor y Fuente: http://www.hispantv.com

El conflicto entre las autoridades educativas y el gremio magisterial inició hace unos tres meses con el bloqueo de la nómina de 8 mil 98 profesores.

El enfrentamiento entre ambas instituciones se agravó luego del suicidio de una maestra, hecho que la Asociación Dominicana de Profesores atribuye a la medida dispuesta por el Ministerio de Educación.

A la fecha, más de mil docentes se mantienen fuera de la nómina de la cartera educativa, sin embargo, la ADP asegura que los casos de maestros que cobran sin trabajar no superan los 200.

Los profesores tenían planificado realizar una gran concentración nacional el pasado miércoles y la suspendieron por la amenaza del huracán María a República Dominicana.

El gremio informó que la próxima semana anunciará los pasos a seguir para presionar al Ministerio de Educación a reponer a los maestros bloqueados.

Fuente: http://www.hispantv.com/noticias/dominicana/354417/maestros-reclaman-reposicion-nomina-ministerio-educacion

Imagen: https://i1.wp.com/elnacional.com.do/wp-content/uploads/2017/09/4_Actualidad_15_2p01.jpg

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República Dominicana: ADP extiende plazo a Educación para reponer maestros.

El incumbente de la ADP exhortó a los  docentes a estar atentos a las orientaciones del Comité Ejecutivo Nacional.

CentroAmérica/República Dominicana/08.08.2017/Autor y Fuente: http://www.elcaribe.com.do

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores-as –ADP-, Eduardo Hidalgo, extendió hasta el próximo lunes 15 de agosto  el plazo dado al Ministerio de Educación para que haga efectivo el pago a los 5 mil 686 maestros bloqueados de la nómina.

A través de un comunicado de prensa, Hidalgo expresó que tras concluir ayer la jornada de validación en las 18 regionales del país, Hidalgo llamó al magisterio nacional a integrarse a la jornada de capacitación de verano que se inicia este lunes 7 de agosto en todo el país.

Sin embargo,  advirtió que si las autoridades educativas no cumplen con la promesa de pagar a los profesores bloqueados que se haya comprobado que están laborando,  el próximo 15 de agosto se pondría en riesgo el inicio del año escolar.

“Hacemos un llamado para que cumplan con esas promesas de lo contrario se  correría peligro el inicio del año escolar 2017-2018”, expresó Hidalgo, quien  informó  que los datos  recibidos por los maestros en la validación serán procesados hoy y mañana, aseguraron las autoridades del Minerd.

El dirigente magisterial exhortó a los  docentes a estar atentos a las orientaciones del Comité Ejecutivo Nacional, mientras hacía un recorrido por las regionales de educación de San Francisco de Macorís, que incluye la provincia Hermanas Mirabal.

De igual manera los miembros del Comité Ejecutivo Nacional se desplazaron por todo el país verificando en cada regional los casos de los más de 5 mil maestros afectados en la nómina.

La ADP había dispuesto que los profesores no participaran en la Jornada de Capacitación de verano con miras al inicio del próximo año escolar en respuesta al bloqueo hecho por el Minerd a maestros en todo el país.

Fuente: http://www.elcaribe.com.do/2017/08/04/adp-extiende-plazo-dado-a-educacion-para-reponer-maestros/

Imagen: https://storage.googleapis.com/mmc-elcaribe-bucket/uploads/2017/08/903ecb20-andres-navarro-adp.jpeg

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Educa: referentes del derecho dominicano concuerdan en que la ADP debe acatar fallo de la justicia.

La entidad entrevistó a abogados sobre la sentencia de un tribunal de Barahona.

Centroamérica/República Dominicana/11.04.2017/Autor y Fuente: https://www.diariolibre.com

Acción Empresarial por la Educación (Educa) recurrió a un grupo de referentes del derecho dominicano para conocer sus impresiones técnicas y fundamentadas respecto de la debatida sentencia judicial dictada el pasado 21 de marzo por un tribunal de Barahona contra la seccional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

“Por primera vez, y a instancias de un grupo de padres y estudiantes de la provincia de Barahona, una sentencia judicial obligó al sindicato mayoritario de docentes a resarcir a la comunidad con el pago de 50,000 pesos dominicanos por cada día de paro de docencia, y emplazó al sindicato a retornar a las aulas”, recordó Educa.

En un comunicado, la entidad indicó que el fallo del magistrado Máximo Matos, no ha estado ajeno a la polémica y reavivó la discusión sobre la contraposición de los derechos fundamentales, como lo son el derecho a la huelga y el derecho a la educación, ambos consagrados en la Constitución de la República.

Educa entrevistó a Georges Santoni Recio, pasado presidente de la entidad, con una maestría en la Universidad de Derecho, Economía y Ciencias Sociales de París (París II), quien expresó: “A mi juicio, el Tribunal de Barahona hizo una ponderada evaluación del derecho, al establecer que el derecho a la educación está por encima al derecho a la protesta. Esto no impide el desconocimiento del derecho a la huelga, siempre y cuando el ejercicio de este derecho, no inhabilite el normal desempeño de los servicios públicos como la educación”.

Otro entrevistado fue Olivo Rodríguez Huertas, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM. “La decisión adoptada en materia de amparo por la Primera Sala de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona, la cual prescribe orden de levantamiento de suspensión de docencia auspiciada por la Asociación Dominicana de Profesores, seccional de Barahona, constituye un precedente histórico de tutela al derecho fundamental a la educación consagrado por el artículo 63 de la Constitución de la República”, dijo.

El especialista señaló también que “el magistrado Máximo Matos, en su carácter de Juez Constitucional de Amparo, hizo uso correcto de la ponderación que manda a los poderes públicos el artículo 74, numeral 4 de la carta fundamental del Estado”.

El también catedrático del Máster de Derecho de la Administración del Estado en la Universidad de Salamanca, señaló que “los maestros están sometidos a un régimen estatutario que obliga a garantizar la continuidad en el servicio público de la educación”.

Adicionalmente, agregó el especialista, que en lo que respecta a los límites de las asociaciones en materia de servidores públicos, “la Ley de Función Pública, al consagrar las asociaciones de servidores estatales para la defensa de sus derechos colectivos, excluye dentro de las finalidades a su cargo la promoción de la paralización del trabajo, prescribiendo en su artículo 70, la potestad de cancelación de su registro, mediante sentencia del Tribunal Superior Administrativo, cuando se dediquen, como en la especie, a fines ajenos a su naturaleza legal”.

Cristóbal Rodríguez, quien tiene un doctorado en Derecho Constitucional, con maestría de estudios avanzados en Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, y es actual coordinador de la maestría de Derecho Constitucional de UNIBE, entiende que “la paralización de la docencia es incompatible con la Constitución”.

El especialista profundizó en su reflexión fundamentando que “la paralización de la docencia como mecanismo de reivindicación de las expectativas salariales de los docentes, no es compatible con la Constitución dominicana y con el derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes a recibir una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones, tal y como lo dispone el artículo 63 de la Constitución.

Consideró también que “la propia sentencia reconoce el derecho de los profesores y de la asociación que los agrupa a reclamar sus derechos y la mejoría de sus condiciones de trabajo. Solo que las iniciativas encaminadas a tales fines no pueden convertirse en un atentado contra los derechos e intereses superiores del estudiantado”.

“La suspensión de la docencia no solo afecta el derecho de los estudiantes, sino que también lastima uno de los servicios esenciales del Estado que, por definición no pueden ser interrumpidos alegando el derecho a huelga. La educación, como servicio público, es la clave del progreso y el desarrollo de la sociedad. De ahí que entre las obligaciones que el artículo 63 de la Constitución impone al Estado dominicano, destaca especialmente la de ofertar el número de horas lectivas que aseguren el logro de los objetivos educativos”.

El profesional expresó que el tribunal que emite la sentencia judicial realizó una adecuada ponderación de los intereses en conflicto al otorgar prevalencia al derecho a la educación en las condiciones constitucionalmente establecida, frente a las pretensiones de la seccional de Barahona de la ADP.

Servio Tulio Castaños, con postgrados en Derecho Civil, Penal, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y catedrático en la PUCMM, entiende que “en la referida acción de amparo el juez se pronunció tratando de decidir entre el derecho a huelga derivado del derecho fundamental al trabajo de la clase magisterial y el derecho a la educación”. “Hay que recordar, tal como el magistrado plantea, que frente a esta colisión de derechos y en su posterior ejercicio de ponderación se reafirma que el ejercicio del derecho de huelga no puede afectar sustancialmente la continuidad de los servicios públicos esenciales, ni el orden social ni la paz pública”, subrayó.

El también vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) fundamentó su posición en el hecho de que “toda vez que se invoque el derecho a la huelga, con la consecuente suspensión de horas y días de clases, se ve lesionado el interés superior de los niños, niñas y adolescentes a recibir una educación en tiempos y contenidos adecuados, conforme a lo establecido en el artículo 63 de la Carta Magna y de los artículos 3, 28-30 de la Convención sobre los Derechos del Niño”.

El especialista agregó que “el juez, al tomar esta decisión, ponderó adecuadamente el ejercicio de los derechos, amparados en altos criterios doctrinales y jurisprudenciales. “Así lo indicó el magistrado Máximo Matos haciendo referencia a la sentencia TC/0053/13 de nuestro Tribunal Constitucional, citando una jurisprudencia constitucional de Colombia que la educación se sobrepone al derecho al trabajo (…) donde el Estado se encuentra en el deber ineludible e impostergable de garantizarlo realmente como uno de los objetivos fundamentales de su actividad y como servicio público de rango constitucional”.

Fuente: https://www.diariolibre.com/noticias/educacion/educa-referentes-del-derecho-dominicano-concuerdan-en-que-la-adp-debe-acatar-fallo-de-la-justicia-BF6788074

Imagen: https://www.diariolibre.com/documents/10157/0/693×389/0c10/693d370/none/10904/YRMV/image_content_8104219_20170409101538.jpg

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