La ASF se postra

Por: Carlos Ornelas

Rematé mi artículo de la semana pasada con el apunte de que al sector educativo le llueve sobre mojado. Referí al anuncio de la Auditoría Superior de la Federación de que no ejecutaría la Auditoría de Desempeño 1514-DS, que corresponde a la Evaluación de la Política Educativa en el Desarrollo Económico de México; la publicó en el Diario Oficial de la Federación (11/02/22).

Lourdes Mendoza y Darío Celis, en El Financiero (18/02/22) y Pedro Flores-Crespo en su columna “Universidad Crítica”, analizaron con detalle los entretelones de cómo David Colmenares Páramo, el lánguido auditor se postró ante la Secretaría de Educación Pública. Mientras que Laurita Toribio (Excélsior, 21/02/22) reporta que sí entregó la evaluación de Aprende en Casa II, programa en el que la SEP tuvo un presupuesto de casi 200 mil millones de pesos.

Darío Celis apunta que el gobierno protege a la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, pero ella no fue responsable del gasto en 2020. Mas hay bastante credibilidad en su afirmación de que “Luciano Concheiro y Juan Pablo Arroyo, subsecretarios de Educación Superior y Media Superior respectivamente, presionaron”.

Lourdes Mendoza exhibe copia del oficio de cuatro páginas que estos altos funcionarios le enviaron al auditor. Le dan lecciones de lenguaje y metodología; también apuntan errores conceptuales y equívocos. Al final, lo conminan a que cambie su veredicto.

Atención, ciertas de las precisiones que hacen Concheiro y Arroyo indican deficiencias de los auditores. Si sus respuestas son correctas, implica que los evaluadores no son profesionales de la educación, quizás contadores y economistas que desconocen el funcionamiento del sector.

Empero, la respuesta, como apunta Flores-Crespo, fue áspera. Y tuvo consecuencias; el auditor, según Lourdes Mendoza, cedió con una ilegalidad, se inventaron una “recalendarización”. Además, cavilo que, de cualquier manera, las recomendaciones del auditor quedarían en buenos deseos. La SEP no las tomaría en cuenta, la opacidad es la marca de la casa

Un libro que reseñé de Melanie Ehren y Jaqueline Baxter, Trust, Accountability and Capacity in Education System Reform: Global Perspectives in Comparative Education (Nueva York: Routledge, 2020) ofrece casos de reformas educativas que tuvieron consecuencias saludables en la preparación de los estudiantes, la profesionalización de los docentes y el desempeño general del sistema.

Uno de los componentes fundamentales para el logro de resultados favorables, incluso en el aprendizaje de los estudiantes, es la transparencia en el manejo de recursos y en acciones de la burocracia. La rendición de cuentas genera confianza y le permite al funcionariado —y al magisterio— desarrollar capacidades.

La reacción desmesurada de los subsecretarios muestra que no hay disposición para entregar cuentas y exponer que hacen su trabajo. Quizá su respuesta fuera más eficaz si hubieran esperado a que el auditor rindiera el informe y luego debatir sus inconsistencias.

Si la crítica que Concheiro y Arroyo hacen al informe es robusta y tiene asideros, un debate posterior con los auditores y tal vez en el Congreso, sentaría precedentes benéficos; las auditorias descuidadas tampoco generan confianza.

Si el auditor David Colmenares Páramo ya había revelado docilidad ante las embestidas del presidente, ceder ante dos subsecretarios reduce aún más su estatura profesional. Ya trascendió que se rebajó ante la SEP, no hay garantía de que no haya hecho lo mismo con otras dependencias. En especial en la revisión del gasto de los programas favoritos del presidente.

En suma, con Colmenares Páramo, la ASF se encamina hacia la irrelevancia. Es probable que en dos años no exprese lo que gasta la SEP para poner en marcha su nuevo marco curricular.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-asf-se-postra/

Imagen: mohamed Hassan en Pixabay

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México: Detecta ASF anomalías por $14.6 mil millones en universidades públicas

México / 14 de octubre de 2018 / Autor: Fernando Camacho Servín / Fuente: La Jornada

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las universidades que reciben fondos públicos tienen observaciones por más de 14.6 mil millones de pesos en total, la mayoría generadas por anomalías como manejo inadecuado de fondos de jubilación, compra irregular de materiales, fallas en comprobación de gastos o falta de entrega de los trabajos por los cuales firmaron contratos con entidades de gobierno.

En un análisis de cada una de las 55 casas de estudio auditadas por el ente revisor, se pudo verificar que el total de recursos por recuperar o aclarar por todas ellas –en las cuentas públicas de diversos años– es de 14 mil 624.3 millones de pesos.

A inicios de este mes el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su administración está dispuesta a rescatar financieramente a varias universidades públicas estatales donde la falta de recursos ha generado huelgas y falta de condiciones básicas para el estudio, pero demandó que haya rendición de cuentas sobre los motivos que condujeron a esa crisis.

Muchas de las irregularidades detectadas se relacionan con contratos firmados entre las universidades públicas y organismos gubernamentales –como las secretarías de Agricultura (Sagarpa), Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario (Sedatu)– para hacer trabajos que los centros educativos subcontrataron con empresas privadas y no se concretaron.

Sin embargo, hay otras observaciones que se refieren a la operación cotidiana de las casas de estudio, en las cuales no hubo un manejo adecuado de los recursos públicos que reciben de la Federación.

Entre las universidades señaladas por haber hecho mal uso de contratos con entidades gubernamentales se encuentra la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde se encontraron irregularidades por mil 632.3 millones de pesos, producto de fallas en las cuentas públicas de cuatro años diferentes.

Ejemplo de los malos manejos en que incurrió ese centro educativo es el de los contratos que firmó con la Sedesol por 324 millones 632 mil pesos, para fortalecer la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, los cuales a su vez subcontrató por completo con dos proveedores que no tenían capacidad para ese trabajo y no dieron pruebas de haberlo realizado.

Otro caso es el de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que no ha comprobado el uso de 616.3 millones de pesos, entre otras irregularidades, por un convenio de colaboración con la Sagarpa por 219 mil pesos, que comprometía a la casa de estudios a prestar servicios para operar el Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, lo cual nunca se efectuó.

No obstante, hay casos de irregularidades en universidades públicas que no tuvieron que ver con contratos firmados con entidades de gobierno. Uno es el de la Autónoma de Nuevo León, que tiene observaciones por 3 mil 819.4 millones de pesos aún sin aclarar, en las cuentas públicas de cuatro años diferentes.

Otras casas de estudio que acumularon señalamientos significativos de la ASF son las universidades autónomas del Carmen (mil 157.7 millones), del Estado de México (795.1 millones), de Chiapas (359.1 millones) y la Autónoma Metropolitana (625.9 millones), además de la Politécnica de Francisco I. Madero (185.8 millones), la Politécnica de Chiapas (249.6 millones) y la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (mil 95 millones).

Fuente de la Noticia:

http://www.jornada.com.mx/2018/10/10/sociedad/039n1soc

Fuente de la Imagen:

ove/mahv

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