“Estoy impresionado del trabajo que está haciendo el Despacho de la Primera Dama aquí”.
Así se expresó el ministro de Educación, Andrés Navarro. Recorrió las instalaciones del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), en Santo Domingo Oeste.
El funcionario resaltó los servicios que ofrece la entidad a niños y niñas con discapacidad para que puedan desenvolverse de manera efectiva en sus respectivos entornos y en la sociedad en sentido general.
“Pienso que el sistema educativo dominicano debe dejarse permear de la experiencia de los CAID para que así nuestro personal tanto el docente como el administrativo esté más preparado para que la educación sea realmente inclusiva”, manifestó.
“Estoy sorprendido con la cantidad de especialistas que están aquí para recibir a los niños y diagnosticar su situación y luego establecer su tratamiento”, señaló Navarro.
En la actualidad funcionan tres CAID: Santo Domingo Oeste, Santiago y San Juan, creados por iniciativa del Despacho de la Primera Dama, institución que los dirige.
Capacitación a la familia
Valoró que las familias de los niños son integradas a los procesos terapéuticos.
“Hay un sentido de capacitación a la familia que le genera competencias para que continúen el tratamiento a sus hijos cuando salen de este sistema, o sea, promueven la no dependencia del CAID en el futuro desarrollo del niño”.
Programa de Inclusión Escolar
Navarro hizo estas valoraciones luego que, en conjunto, el Despacho de la Primera Dama (DPD) y el Ministerio de Educación (MINERD) presentaron el Programa de Inclusión Escolar, que beneficia a niños y niñas con autismo, síndrome de Down y Parálisis Cerebral.
Trabajo de los CAID es fundamental para la inclusión
“Esta alianza es clave para la escolarización de estos niños. De alguna manera es prepararlos para que puedan cada día más socializar e interactuar con el resto de los niños y la sociedad”, dijo el ministro de Educación.
Resaltó que el trabajo del CAID es fundamental porque crea en los niños las competencias básicas para que puedan incursionar en un sistema más convencional de educación.
“Yo pienso que en República Dominicana estamos haciendo camino al andar en materia de inclusión para todos”, agregó.
84 niños y niñas con discapacidad son referidos al MINERD
Entre octubre de 2016 y julio de 2017, desde el CAID han sido referidos al Ministerio de Educación, 84 niños y niñas, entre dos y diez años de edad, para que ingresen al sistema nacional de educación.
El Ministerio de Educación presentó el Decreto 1421 que tiene como objetivo fundamental reglamentar la prestación del servicio educativo para la población con discapacidad desde el acceso, la permanencia y la calidad, para que los niños y jóvenes puedan acceder a la educación en los niveles de educación primaria, secundaria y media.
El Decreto, contiene aspectos claves para mejorar el servicio de educación como condiciones para el acceso sin barreras, la permanencia y procesos educativos de calidad para la continuidad educativa; una oferta educativa pertinente, y un plan progresivo de implementación.
La ministra de Educación, Yaneth Giha, afirmó que el Decreto establece un plazo de cinco años a las Entidades Territoriales e instituciones educativas oficiales y privadas para dar cumplimiento a sus disposiciones. “Esto es un gran avance para Colombia ya que marca un camino de transformación en el sistema educativo, para transitar hacia un modelo de inclusión, donde los estudiantes con discapacidad tengan las mismas garantías de educación que el resto de los estudiantes” añadió.
Finalmente, el Ministerio de Educación realizará acompañamiento técnico a las Secretarías de Educación, para apoyar la construcción de los planes de implementación en las instituciones educativas y organizará procesos de formación docente para cualificar las prácticas de los maestros con el fin de que atiendan adecuadamente a los estudiantes con discapacidad.
En un período de seis años (entre 2011 y 2017), la cantidad de chicos con discapacidad que están cursando en las escuelas comunes de Santa Fe aumentó un 84%, lo que significa un avance en favor de los derechos de niños y adolescentes con discapacidad.
En 2011, había 3.738 alumnos y se pasó a 6.887 en el 2017, lo cual representa una cifra de 3.139 estudiantes más que transitan una trayectoria educativa integrada con las propuestas curriculares de la educación común.
En total, en la provincia hay 20.095 alumnos con discapacidad que están en el sistema educativo tanto público como privado, cuyas trayectorias educativas son acompañadas por la escuela especial, sea que cursen en la sede de esa institución o estén integrados en escuelas comunes.
“Son números alentadores que dan cuenta de que nuestros tres grandes lineamientos de política educativa -inclusión, calidad y la escuela como institución social- se van visibilizando. Como sostenemos siempre, los cambios en educación son a largo plazo y como resultado de un proceso”, consideró la ministra de Educación, Claudia Balagué.
“En la Educación Especial, consideramos el potencial de cada niño y cada joven, y configuramos trayectorias educativas integrales y reales, para abrir las perspectivas de los proyectos de vida de los chicos con discapacidad”, valoró la ministra.
Cambio de mirada
La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (aprobada en el 2006 y con jerarquía constitucional a partir del 2014) y la Ley de Educación Nacional brindaron el marco legal para que el gobierno provincial avanzara en el sentido de instituir un sistema educativo inclusivo.
“Esa Convención marcó un hito histórico en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad en educación. A partir de ahí todas las acciones y políticas públicas que llevan adelante los Estados deben estar pensadas para garantizar ese derecho”, aportó Marcela Covarrubias, directora provincial de Educación Especial.
La funcionaria agregó que “es un cambio de paradigma en relación a la discapacidad porque lo que define la Convención es que no se considera más a la discapacidad como un déficit, sino que el foco se pone en las ‘barreras’ que no están permitiendo la participación y el aprendizaje de las personas con discapacidad. Se habla de la accesibilidad no solamente física, sino académica, institucional, actitudinal, y se establece otra serie de conceptos que tienen que ver con cómo hacer posible esa educación en cuanto a los ‘ajustes razonables’ y las ‘configuraciones de apoyo’”.
“No fue fácil”
Fabiana Ramos es directora de la Escuela Especial Nº 2055 de la localidad de Arroyo Seco, institución que desde hace 20 años transita el camino de la inclusión educativa de los alumnos en las escuelas comunes. “No fue fácil; se necesitó de mucho trabajo interinstitucional, compromiso y convicción. Defender el derecho de nuestros alumnos requirió muchas veces enfrentarnos a situaciones de conflicto no deseadas, pero cuando en una escuela no se pudo, se intentó en otra”, destacó.
Para Ramos, “en los últimos años y gracias a las políticas educativas provinciales y a la normativa nacional y provincial, se ha generado un cambio muy significativo al interior de las escuelas comunes de los distintos niveles. Hoy, las escuelas tienen la obligación y los alumnos el derecho a la educación, desterrando de esta manera el concepto de que la escuela común ‘presta’ o ‘cede’ un lugar a los alumnos con discapacidad”.
Secundaria
La escuela primaria tiene un largo trayecto en inclusión de chicos con discapacidad, pero para el nivel secundario el reto es más nuevo.
La supervisora de Educación Especial Región VI, Nancy Ciarello, adujo:“Hace pocos años que empezamos el trabajo en las escuelas secundarias y vemos que el desafío de encontrarse con lo diverso, de cambiar el paradigma, hace que aparezcan miedos hacia adentro de las instituciones. No obstante, los tiempos históricos son diferentes: cuando se empezó en primaria nadie hablaba de inclusión de chicos con discapacidad; hoy, el nivel medio ya tiene todo el background del camino recorrido por la primaria”.
Los docentes de la modalidad aseguran que el cambio de mirada no es sencillo de lograr. “Si bien hay mayor divulgación de los derechos de las personas con discapacidad, se hace difícil visualizar una cultura inclusiva en las escuelas comunes debido al peso del paradigma y al contrato fundacional para las que fueron creadas”, sostuvieron Andrea Bermúdez, Alejandro García y Carla Sciarini, integrantes del equipo directivo de la Escuela Especial Nº 2049 Antonio Berni, de Rosario.
Por eso, los educadores de la modalidad Especial consideran necesario el trabajo colaborativo entre personas e instituciones, para aunar esfuerzos en pos del cambio del paradigma educacional, donde todos los estamentos del sistema educativo generen espacios para reflexionar y líneas de acción que den repuesta a esta problemática. “Hay que tener en cuenta que hoy tenemos un importante marco normativo en nuestra provincia y que los ejes de la política educativa actual son claros”, valoraron.
Para finalizar, Covarrubias sostuvo que “los caminos concretos por avanzar tienen que ver con una mayor capacitación que permita reflexionar sobre las propias prácticas educativas y sobre el trabajo institucional. Pero si uno piensa lo que pasaba tan sólo hace 20 años atrás, no nos podíamos imaginar el avance que tenemos hoy”.
En los últimos años, a la par del ligero aumento de la tasa de alfabetización, la percepción de la discapacidad vira hacia una mayor tolerancia.
gual que en gran parte de África, en Sudán del Sur la discapacidad también se considera un tabú. Si un niño con discapacidad nace en un pueblo, es muy probable que lo abandonen en el bosque o, a lo sumo, que viva marginado por la comunidad.
En los últimos años, a la par del ligero aumento de la tasa de alfabetización, la percepción de la discapacidad vira hacia una mayor tolerancia. Y esto se debe también a la gran labor del Centro Usratuna, ubicado en la capital, Juba. Se trata del único centro de rehabilitación para niños con discapacidad en todo el país.
En Sudán del Sur, el Estado más joven del mundo, hay en curso desde 2013 una guerra civil que con el tiempo se tiñe cada vez más de conflicto étnico. Más de cinco millones de personas, casi la mitad de la población, corre el riesgo de morir de hambre.
Entre los desplazados internos y los refugiados en países vecinos se ha superado la cuota de los 3,5 millones de personas; además, ha habido más de 100 mil muertos. En un contexto como este, en el que se ha desatado una hambruna feroz, es fácil imaginar que las personas con discapacidad no entran ni remotamente en el radar del gobierno.
Y como suele ocurrir en este país destrozado de África centro-oriental, quienes se ocupan de las responsabilidades del gobierno en el campo del asistencialismo son las iglesias y las organizaciones no gubernamentales vinculadas a ellas.
La ONG italiana OVCI (Organización Voluntaria para la Cooperación Internacional), cercana a la iglesia Católica, está presente en Sudán del Sur desde 1983.
Es gracias a OVCI que en Juba existe y funciona con regularidad desde hace décadas el único centro de rehabilitación para niños con discapacidad a nivel nacional. Desde la apertura del centro Usratuna (que en árabe significa «nuestra familia»), en 1984, se han beneficiado de sus servicios más de 500 mil personas.
«Con una población con discapacidad de alrededor de 1,5 millones de personas -explica Manuela Vittor, la representante de OVCI en el país-, Usratuna es el único centro polivalente de rehabilitación para la edad evolutiva, niños y adolescentes, en todo Sudán del Sur”.
“Trabajamos en una etapa que va de los cero hasta los 18 años. Tratamos principalmente parálisis cerebral, con afectación en el cuerpo entero o solo una parte. Registramos muchos casos, causados por la malaria cerebral, que aquí está aún muy extendida”, añade.
También tenemos, dice, “muchos casos de parálisis obstétrica, sordera, retraso motor, retraso mental, hidrocefalia y espina bífida. Durante el día a muchos de estos niños los tenemos en nuestras escuelas, mientras que a los que requieren cirugía los mandamos a Uganda en clínicas especializadas».
Sobre la percepción de la discapacidad en Sudán del Sur, la directora de OVCI muestra un optimismo cauteloso: «Desde 2004, el año en el que llegué aquí, la gente parece mucho más sensible con este tema. Y lo noto sobre todo en la actitud de las madres; mientras que antes se mantenían lejos de sus hijos con discapacidad, actualmente están mucho más presentes y atentas”.
“Puedo decir lo mismo de algunos padres. Esto, sin embargo, es válido solo para la ciudad, ya que en el campo, donde la educación es casi inexistente, la situación cambia mucho: se cree que la discapacidad es causada por algún espíritu, por el diablo o similares”, añade.
Por esta razón, afirma, “en las comunidades rurales nuestros trabajadores intentan hacer campañas de sensibilización y prevención explicando que la causa de la discapacidad debe buscarse en otra parte, como por ejemplo la malaria».
Carla Magnaghi, una monja laica, es la veterana de Usratuna. Vive en Sudán del Sur desde hace más de 30 años y ha visto el nacimiento y el desarrollo del centro. Se ofrece como guía en las grandísimas instalaciones de OVCI con cortas paradas en el laboratorio donde construyen las sillas de ruedas, los andadores, las sillas altas y las muletas.
En la guardería y la escuela primaria, con cursos dirigidos a la discapacidad de los niños; en un dispensario; en una pequeña farmacia donde se distribuyen fármacos de forma gratuita, y en un ala de la Universidad de Juba, la Facultad de Medicina-Fisioterapia, de la cual forma parte la ONG italiana.
«La economía nacional -explica Carla- no puede soportar el sistema de atención primaria de salud, fragmentado en los servicios y con poca presencia capilar en el territorio. Los que sufren las consecuencias más devastadoras de esta situación son, lamentablemente, los niños. El compromiso con la salud de OVCI tiene como objetivo fortalecer el sistema sanitario maternoinfantil”, afirma.
Apunta qie “según UNICEF, Sudán del Sur es actualmente la región con la tasa de mortalidad materna más alta del mundo: más de dos mil mujeres por cada 100 mil nacimientos. La mortalidad infantil es muy alta y un gran número de niños no llegan a los cinco años. Por eso tratamos de hacer tanta prevención durante la etapa del parto».
«Un saco vacío -suele decir Carla- no se aguanta solo. Tratamos de controlar a nuestros niños con el MUAC (mid-upper-arm circumference), un indicador para medir el estado nutricional de un niño. Gracias a un medidor especial que se pone alrededor del brazo como un brazalete es fácil estudiar la situación del pequeño paciente”.
Explica que “la cinta, además de indicar los centímetros, se divide en zonas de colores: la verde indica que el niño está bien; la amarilla, que el niño está desnutrido; la roja, que el niño está en peligro. Esto, junto con el peso y la edad, proporciona una imagen clara de las condiciones del niño y de las acciones que hay que tomar».
La lucha contra la malnutrición y la desnutrición es una de las piedras angulares de OVCI. Un niño malnutrido está condenado a un menor desarrollo físico y mental durante la infancia. La deficiencia de yodo es la principal causa de retraso mental y daño cerebral.
La desnutrición tiene un impacto negativo en el rendimiento escolar y esto, muy a menudo, afecta a la capacidad de generar ingresos cuando se es adulto. Además, una madre desnutrida tiene más probabilidades de dar a luz a bebés de bajo peso. Los dos primeros años de vida de un niño son fundamentales para prevenir la desnutrición infantil, causa, en gran parte, de daños irreversibles.
Promover la concienciación y un mejor conocimiento de los procesos sociales, económicos y demográficos que afectan a las personas con discapacidad y sus familias es un objetivo fundamental de diversos actores sociales.
La Secretaria Nacional de Discapacidad (Senadis), por invitación de la Red Nacional de Discapacidad REDIS, participó en el segundo Simposio Nacional de Familia 2017 de Inclusión Panamá, donde participaron autoridades gubernamentales, universidades y agrupaciones de la sociedad civil.
Más de 250 asistentes, entre padres madres y familiares de personas con discapacidad, servidores públicos, profesionales, docentes y estudiantes universitarios así como miembros de las mismas asociaciones del sector de discapacidad validaron con su participación el interés que despierta la atención de la temática en torno a la familia y la urgencia que se tiene hoy día por capacitar a los distintos sectores de la sociedad sobre el rol especial que esta cumple cuando en su seno convive un miembro con discapacidad.
Luego de las palabras de bienvenida de organizadores y autoridades se desarrolló el tema “El Rol de la Familia Panameña Frente a los Retos y Desafíos de Hoy para la Educación y el Bienestar de Todos y Todas”, por Verona Salmon, directora de la escuela de Trabajo Social de la Universidad de Panamá.
Los académicos y profesionales abordaron temas relacionados con el entorno familiar, la educación y el bienestar como aspectos indispensables para el logro de una sociedad global en desarrollo que alcance el pleno disfrute de los derechos humanos de todos y todas a fin de alcanzar el compromiso de la Agenda 2030 para asegurar que nadie se quede atrás.
Nélida Ortíz, Directora General de la SENADIS manifestó que como institución líder en la promoción de una sociedad inclusiva, solidaria, basada en el reconocimiento y goce pleno de los derechos humanos, que contribuye a superar la inequidad, exclusión, discriminación y pobreza de las personas con discapacidad y sus familias hemos sido testigos del testimonio de vida de mujeres y hombres solidarios y responsables que han incidido en los procesos de su inclusión social plena.
Ortíz recalcó que diferentes actores sociales han valorado el papel que juegan las familias y las políticas orientadas a las familias en el fomento de la educación y el bienestar de sus miembros. Adicionalmente respaldamos los foros de participación donde se resalta la importancia del trabajo de todos aquellos miembros de la familia que se dedican al cuidado de una persona con discapacidad, siendo el motor del desarrollo pleno de su potencial.
La jornada culminó con una sesión de motivación y las conclusiones de todo lo desarrollado para concretar avances en esta materia.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que entre los grupos más vulnerables de discriminación laboral se encuentran jornaleros agrícolas, migrantes, pueblos indígenas, niñas, niños y adolescentes y personas con alguna discapacidad.
En el marco del Día del Trabajo, la CNDH refrendó su compromiso de impulsar las mejores prácticas administrativas, para una mayor protección y respeto de los derechos laborales.
En un comunicado, la institución autónoma también resaltó su compromiso por difundir las normas internacionales del trabajo y la normatividad en la materia entre trabajadores, empleadores y autoridades laborales, para el fortalecimiento de la cultura en favor de los derechos fundamentales en el país.
“Para este organismo nacional, el papel de los derechos humanos laborales como motor de la justicia social debe reflejarse en la voluntad de la autoridad para desarrollar e impulsar una cultura de respeto y difusión de esos derechos básicos, especialmente en beneficio de personas y grupos de atención prioritaria”, destacó.
Imperante incorporación de derechos humanos en política laboral
En ocasión del Día Internacional del Trabajo, la CNDH refirió que es imperante la incorporación de la perspectiva de los derechos humanos en la política laboral.
Asimismo, reconoció la importancia de la Norma Oficial Mexicana 025 en Igualdad Laboral y No Discriminación, la cual promueve la adopción y cumplimiento de procesos y prácticas en favor de la igualdad de género y no discriminación en los centros laborales.
Así como de la Norma Oficial Mexicana 034 sobre las condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo, la cual abona al fortalecimiento de los mecanismos de protección y respeto a los derechos de ese sector poblacional.
Indicó que el derecho al trabajo se encuentra reconocido en los artículos 5° y 123 constitucionales, así como en diversos instrumentos internacionales como son el Artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el numeral 6 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en relación con los Artículos 7 y 8.
Y el Artículo 6 del Protocolo de San Salvador, y en numerosos Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo.
En ese sentido, recordó que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha señalado en sus Observaciones Generales que el derecho al trabajo deberá darse en condiciones equitativas, satisfactorias y de igualdad entre hombres y mujeres, dando acceso a seguridad social, favoreciendo el respeto a la integridad física y mental de las y los trabajadores.
“La protección del derecho humano al trabajo es vital para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en particular el Objetivo 8, por el cual se busca promover el empleo pleno y productivo, el trabajo decente para todos, mediante políticas que apoyen la creación de empleos y el emprendimiento, entre otras metas”.
Finalmente, la Comisión puntualizó que el goce y disfrute de los derechos humanos laborales debe constituir, permanentemente, el foco de los esfuerzos del Estado mexicano para construir una sociedad más justa, con mejor calidad de vida, que permita a cada persona alcanzar su desarrollo en los ámbitos intelectual, personal y social y, en general, su autorrealización.
RESUMEN: El presidente de la Federación de Principales de Nueva Zelanda (NZPF), Whetu Cormick, advierte que la educación especial se está acercando al «punto de crisis» en Nueva Zelanda. El Sr. Cormick dice que la federación está analizando los comentarios de su última reunión, y los presidentes regionales advierten que «los recursos son inadecuados» y el acceso a servicios especializados es «lamentable». «Muchos directores nos dicen que están constantemente al borde de romper las políticas de salud y seguridad de su escuela y no pueden garantizar la seguridad y el bienestar de sus estudiantes con necesidades especiales, estudiantes regulares o maestros todos los días», dice.
New Zealand Principals’ Federation (NZPF) president Whetu Cormick is warning that special education is approaching ‘crisis point’ across New Zealand.
Mr Cormick says the federation is analysing feedback from their latest meeting, and regional presidents are warning «resourcing is inadequate» and access to specialist services is «woeful».
«Many principals are telling us that they are constantly on the brink of breaching their school’s health and safety policies and cannot guarantee the safety and well-being of their special needs students, regular students or teachers every day,» he says.
«As the incidence of severe autism, ADHD, fetal alcohol syndrome, ‘P’ babies, poverty and trauma accelerates, schools are left to flounder.»
Pat Newman, President of Te Tai Tokerau Principals Association, agrees with this.
«The maximum we’re getting for some of these severe kids that are everything from knives to throwing desks to constantly fighting in the classroom and all the rest of it is two hours a day to try to keep them safe and to keep other children and teachers safe,» he says.
The NZPF conducted a survey in 2016 which found over 90 percent of schools were using operations grant money to support children with high level behavioural and learning needs.
Schools are unable to access specialist services, including diagnostic assessments, psychologists, speech therapists, RTLB, SENCOs, Teacher Aides and especially support for very high learning and behavioural needs students.
Mr Cormick says feedback shows this problem is getting worse.
«Some principals attending Moot made the comment that it is not about the Government not having funds, it’s about priorities,» Mr Cormick says.
«With special education in such disarray many principals feel that the $329 million set aside for future Communities of Learning, might be better spent on supporting special education now.»
Mr Cormick says the NZPF is advocating for changes at the Ministry level, and urges principals to «stay strong».
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