Autoridades universitarias

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Venezuela: #VIDEO Suspenden acto de grado de la USB tras discurso que incomodó a rectores #8Abr

Noticias

Este viernes 8 de abril fue suspendido un acto de grado para las carreras de Ingeniería Mecánica y Arquitectura, organizado en la Universidad Simón Bolívar (USB) en Caracas, luego de que la encargada de leer el discurso cuestionara la ética de las autoridades rectoras, que según la comunidad estudiantil fueron impuestas por la administración de Maduro.

«Nos enfrentamos (…) a una institución en decadencia, a una puesta en duda del futuro de nuestra casa de estudio. Por si fuera poco, habría que añadir la falta de ética, liderazgo y misticismo por parte de nuestras autoridades rectorales ante hechos recientes», dijo la joven.

Por medio de redes sociales fueron difundidos videos del discurso de la joven, el cual fue aplaudido por los presentes, y además se observa el momento en el que, segundos después de haber pronunciado estas palabras, y antes de que el discurso terminara, los rectores interinos de la USB se levantaron y salieron de la sala en silencio.

Es importante recordar que las autoridades de la Universidad Simón Bolívar fueron designadas por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) lo que causó las protestas de la comunidad estudiantil y profesores de la casa de estudios, quienes exigen que se realicen elecciones internas para escoger los rectores.

El Consejo Nacional de Universidades, es un organismo rector del Sistema de Educación Universitaria que está adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria de la administración de Maduro.

Fuente: https://www.elimpulso.com/2022/04/08/video-suspenden-acto-de-grado-de-la-usb-tras-discurso-que-incomodo-a-rectores-8abr/
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Incertidumbre en la educación superior

Miguel Ángel Casillas

Por: Miguel Ángel Casillas

Las autoridades educativas de todos los niveles son responsables de las acciones o inacciones que en materia de educación nacional se han tomado o dejado de tomar durante la pandemia. Específicamente en el caso de la educación superior, las autoridades federales, las estatales y las de cada institución deberán rendir cuentas sobre lo que han hecho o dejado de hacer para hacer avanzar los objetivos consagrados en la Constitución y en la Ley general de educación superior.

Salvo honrosas excepciones, las autoridades de la educación superior han estado subordinadas a las restrictivas políticas de salud, sin decidirse a volcar las energías del sistema de educación superior a la solución de la propia pandemia, sin iniciativa para favorecer la investigación sobre la enfermedad y sus efectos, sin alentar la difusión del conocimiento científico sobre el virus, sus mutaciones y sus efectos sobre la salud humana, sin promover la ampliación del conocimiento en función de la comparación de experiencias sociales e institucionales. Se han contentado con aplicar las medidas sanitarias, principalmente suspendiendo las actividades presenciales; y para los pocos trabajadores que asisten se toma la temperatura, se reparte gel antibacterial y se recomienda el uso del cubrebocas. Sin embargo, su responsabiidad no es sólo relativa a la cuestión sanitaria, sino principalmente educativa y es a ella a la que han renunciado y donde el déficit por su innacción es incalculable.

En efecto, podríamos justificar la pasividad de las autoridades al momento inicial de la pandemia, pues nadie sabía qué hacer, el desconcierto era generalizado y la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia era grande. La confusión fue mayor cuando se establecieron las medidas nacionales de emergencia, suspensión de actividades y sana distancia. En ese momento inicial de la pandemia las autoridades de la educación superior fueron incapaces de formular una estrategia de transformación universitaria, se abandonó a los universitarios a su suerte y se cerraron las instalaciones.

En un segundo momento se comenzó a improvisar el traslado de las clases presenciales a plataformas educativas y se determinó continuar con las actividades académicas a la distancia haciendo uso de videoconferencias, chats, mensajes de voz y de texto. Las lecturas se distribuyeron en formatos pdf y en libros electrónicos para hacerlas accesibles a los estudiantes. Los ejercicios y actividades se reportaron en foros y repositorios; se mantuvieron las exposiciones en clase usando power point pero ahora compartiendo la pantalla en las videoconferencias. Este traslado fue desordenado y dejado a la libre competencia de los profesores: las autoridades renunciaron a diseñar una estrategia pedagógica que promoviera la renovación de la enseñanza y abdicaron de su responsabiidad de incentivar la capacitación continua del profesorado para incrementar su capital tecnológico. Salvo excepciones, las autoridades no apoyaron con equipos de cómputo o conectividad ni a estudiantes ni a profesores.

Peor ha sido el destino de la investigación, de la difusión cultural y la extensión universitaria que no disponen de políticas específicas para su adaptación a los tiempos que corren, a los nuevos formatos de la comunicación y nuevas condiciones del consumo cultural.

Continuando con esa inercia pachorruda, se ha instalado una nueva normalidad y llevamos dos años sin que haya claridad, de parte de los responsables de conducir el sistema de educación superior, para definir una estrategia educativa capaz de asumir la condición de incertidumbre que plantea el hipotético fin de la pandemia. En efecto, Las autoridades educativas han estado atrapadas tanto por la esperanza ilusoria del fin de la pandemia, como orientadas por una ideología conservadora de retorno al pasado. En lugar de pensar los desafíos de la pandemia desde la innovación educativa, siguen atrapados en la respuesta sanitaria.

Las autoridades universitarias y de la educación superior tienen un compromiso con sus comunidades y el deber de promover acciones constantes de mejora. Al renunciar a su liderazgo y abdicar en el diseño de un sistema de educación superior que se adapte a las nuevas condiciones, contravienen la responsabilidad para la cual fueron designados. Han pasado dos años y el retorno a las actividades presenciales se prolonga sujeto al ritmo de la pandemia; mientras, avanza la deserción y las comunidades se agotan en el limitado espacio del zoom, no hay un incremento real de la matrícula ni se están cumpliendo las expectativas definidas por la Ley general de educación superior.

Ante la indolencia de los rectores y los subsecretarios de educación de los estados, ante la falta de iniciativa de las autoridades federales, los ciudadanos y los universitarios en particular no podemos ser espectadores ante el derrumbe y el deterioro de la educación superior. Necesitamos compartir y aprender de las experiencias de estos dos años. A nivel nacional y de los estados estamos necesitados de un plan de capacitación y actualización magisterial, de un programa de habilitación estudiantil sobre las nuevas formas de estudiar, necesitamos que las autoridades negocien un sistema para la adquisión de equipo de cómputo y becas de conectividad para continuar con los estudios, que promuevan un repositorio de recursos educativos. A nivel de las instituciones es imperioso el rediseño curricular hacia la educación híbrida, donde renovemos contenidos, prácticas y relaciones pedagógicas, actividades y ejercicios de enseñanza, formas de evaluación y certificación de los aprendizajes, recursos para el aprendizaje, horarios. Tambiés es necesario el rediseño de los sistemas de tutorías para favorecer el acompañamiento a la distancia. Tiene que haber políticas de apoyo a la investigación y de renovación de la difusión cultural y la extensión uiniversitaria entre otros muchos aspectos.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/incertidumbre-en-la-educacion-superior/
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Un secreto a voces sobre la autonomía universitaria en México

Jesús Francisco Galaz Fontes

Por: Jesús Francisco Galaz Fontes [1][2]

 

En el crecimiento y desarrollo de la educación superior mexicana han participado de una manera protagónica las universidades autónomas, y muchos de sus miembros, particularmente sus autoridades, afirman que esto sólo ha sido posible gracias al régimen autonómico del que gozan. En congruencia con esta perspectiva, dichas autoridades, en especial los rectores, agrupados en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, han promovido de manera muy activa la idea de que la autonomía universitaria es un componente fundamental del sistema mexicano de educación superior, y que la Fracción VII del Artículo 3º Constitucional, sospechosamente descartada en el proyecto original de modificación de ese artículo a fines de 2018, debe respetarse en términos absolutos.

Los defensores de una autonomía exhaustiva y absoluta suelen argumentar a su favor los logros de las universidades autónomas y la creencia de que sin ella la libertad académica desaparecería,[3] afectando negativamente la calidad de sus actividades y el prestigio de sus instituciones. Este discurso, sin embargo, ha invisibilizado el hecho de que la autonomía universitaria también ha servido para que diferentes grupos de interés, influencia y poder, hayan “secuestrado” las instituciones involucradas, con distintas implicaciones negativas tanto para estas como para la sociedad en su conjunto.

Una buena parte de los actores involucrados en la educación superior mexicana saben que entre el discurso de las autoridades sobre el estado de las universidades autónomas que gestionan y los hechos correspondientes hay una distancia considerable, pero por diversas razones han guardado silencio al respecto. Como lo comentó hace tiempo Susana García Salord en relación a la simulación en la vida académica cotidiana, es un secreto a voces[4] que no pocos funcionarios y grupos de poder e interés han abusado del régimen autonómico y que, sobre los hechos, este se ha transformado, al menos parcialmente, de un dispositivo para regular las relaciones entre el Estado y las universidades autónomas, a un escudo protector de los grupos que concentran el poder dentro de ellas.

Si bien el régimen autonómico ha posibilitado un cierto cumplimiento de las funciones universitarias, también puede documentarse que no pocas universidades autónomas se han constituido en espacios en los que, ante la muda presencia de la inmensa mayoría de académicos, estudiantes y trabajadores, han florecido, asociados a las autoridades y otros actores, el tráfico de influencias, el nepotismo, peculado, actos de corrupción y la creación de redes de poder extra-institucionales en donde las universidades autónomas mismas se convierten en fichas del juego político de los grupos que las controlan. ¿Ejemplos? Ahí están los casos, que lamentablemente no son los únicos, de la estafa maestra y el de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ¿Qué se sabría de ellos sin el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación y el periodismo de investigación?

Puede argumentarse que los casos mencionados y otros similares reflejan la debilidad de la naturaleza humana, pero si el esquema autonómico vigente ha permitido el auge de tales ejemplos, tal vez no sea irracional considerar que algo hay (o no hay) en ese esquema que favorece que esas “debilidades” humanas se materialicen con una frecuencia que va más allá de la excepción. ¿Tendrá algo que ver con esta situación el diseño institucional de las universidades autónomas, incluyendo sus leyes orgánicas, normatividad interna y prácticas organizacionales? ¿Importará que en muchas universidades autónomas los rectores, a pesar de una normatividad interna que establece contrapesos formales, en realidad ejercen un estricto control sobre instancias como sus juntas de gobierno, consejos universitarios y patronatos?

El Proyecto de Ley General de Educación Superior, actualmente en discusión en el Senado, hace una referencia sustantiva a la autonomía universitaria en su Artículo 2º, retomando prácticamente en su totalidad el texto de la Fracción VII del Artículo 3º Constitucional. Al no considerarse en ese proyecto ningún matiz sobre los alcances y límites de ese concepto y, al mismo tiempo, al no tomarse en cuenta casos como los mencionados, parece asumirse que la autonomía universitaria funciona a la perfección, que  debe mantenerse tal cual, y que todo lo que se hace bajo su amparo es, por ese solo hecho, legal y legítimo.

En contraposición a dicha postura, consideramos necesario explicitar en la próxima Ley General de Educación Superior, aunque ello pudiera parecer redundante, que la autonomía universitaria no es absoluta sino que está delimitada por nuestra Constitución Política y por los ordenamientos internacionales firmados por México; que las autoridades universitarias deben representar efectivamente a sus comunidades; que los cuerpos colegiados deben funcionar de acuerdo al espíritu que los justifica; que los rectores son funcionarios públicos con responsabilidades y atribuciones específicas, y que la capacidad de autoasignarse sueldos y prestaciones tiene límites en un país con determinación de sacar de la pobreza a la mitad de su población. Así mismo, también es importante declarar explícitamente que la normatividad institucional de las universidades autónomas debe armonizarse con sus respectivas leyes orgánicas.

Somos partidarios de la libertad académica, abogamos por la participación de la comunidad universitaria en el gobierno de sus instituciones, y en otros muchos espacios nos hemos declarado a favor de la transparencia, la rendición de cuentas y de la responsabilidad social que las universidades autónomas deben asumir. Todo lo anterior, sin embargo, no depende, a pesar de su contribución histórica y como lo muestran múltiples ejemplos nacionales e internacionales, de un régimen autonómico como el actualmente vigente en nuestro país. Debemos construir nuevas formas mediante las cuales las universidades autónomas y el Estado, en el marco de un manejo responsable de sus recursos, interactúen de una manera más efectiva y eficiente en el cumplimiento de sus respetivas funciones institucionales y la promoción del bienestar colectivo.

México necesita, asumiendo plenamente el texto del Artículo 3º Constitucional, una autonomía universitaria congruente con la experiencia acumulada y los valores sociales de los tiempos actuales. Así como se requieren límites a la autoridad educativa gubernamental, así también se amerita limitar el comportamiento de los rectores en su calidad de funcionarios públicos. Así mismo, es fundamental que las distintas comunidades académicas que pueblan las universidades autonómas, no sus directivos, asuman un papel protagónico en la toma de decisiones en todos aquellos ámbitos en los que son expertos y, en general, en la determinación del rumbo de sus instituciones. ¿Tendrá este Senado de la República la claridad y creatividad para responder a estos retos y hacer que el secreto a voces que hoy recorre los pasillos de las universidades autónomas desaparezca, como lo hacen los fantasmas cuando se les quita la sábana?

[1] Este texto está basado en la presentación “Un Comentario a la Propuesta de Ley General de Educación Superior,” hecha ante el Parlamento Abierto “Construyendo la Nueva Legislación para la Educación Superior: Foro para el Análisis de la Legislación Secundaria en Materia de Educación Superior,” organizado por la Comisión de Educación del Senado de la República y la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados (Ciudad de México, 14 y 18 de septiembre de 2020).

[2] Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. Departamento de Sociología, Area de Sociología de las Universidades.

[3] La Fracción VII del Artículo 3º Constitucional vigente (2019, mayo 15) la entiende como “libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; (la determinación de) sus planes y programas; (y el establecimiento de) los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico”.

[4] Susana García Solord (2001). La simulación: El fantasma que recorre a la vida académica cotidiana. Conciencia Social, Nueva Epoca, Año 1, núm. 1, 97-103.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/un-secreto-a-voces-sobre-la-autonomia-universitaria-en-mexico/

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“Inoportunas, insuficientes y antidemocráticas”, medidas universitarias para enfrentar la pandemia: CEU

Noticias

América/México/06/05/2020/Autor y fuente: desinformemonos.org

Las medidas impulsadas por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), entre las que se encuentra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para enfrentar la contingencia por la pandemia de coronavirus, “han sido inoportunas, insuficientes y antidemocráticas, ya que hasta ahora ignoran la situación real en la que se encuentran miles de alumnas, alumnos y profesores”, indicó la Central de Estudiantes Universitarios (CEU) de la UNAM tras realizar una encuesta sobre las clases en línea.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, de los 3 mil 316 estudiantes de educación media y superior de la UNAM que participaron, 67.3 por ciento no se ha adaptado a las clases virtuales, mientras que 66.4 por ciento cuenta con una conectividad a Internet deficiente y sólo uno de cada diez respondió que todos sus docentes les imparten clases.

“Las clases en línea improvisadas no garantizan plenamente el derecho a la educación”, señalaron los integrantes de la CEU, quienes hicieron a las autoridades universitarias una serie de recomendaciones en el marco de la situación extraordinaria por la contingencia.

Entre las medidas se encuentra que los docentes evalúen de manera flexible y se suspenda la seriación obligatoria en la inscripción de materias de los próximos dos semestres, así como que haya la apertura de un periodo de ajustes extraordinarios a la inscripción del actual semestre, en el que se permita tramitar la baja de una o más asignaturas sin que aparezca en el historial académico.

Dentro de las recomendaciones, la CEU incluyó también la creación de modelos de exámenes finales y extraordinarios en línea, de cada materia, y gestionar la ampliación de la banda ancha de los estudiantes que no son usuarios de Telmex.

Los encuestados fueron alumnos de la Facultad de Derecho, la Escuela Nacional Preparatoria y la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, todas de la UNAM, “con un nivel de confianza del 99 por ciento y un margen de error del 2.3 por ciento, de una población total de aproximadamente 356 mil 530 estudiantes, según la Agenda Estadística de la misma institución en el periodo 2018-2019”.

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/inoportunas-insuficientes-y-antidemocraticas-medidas-universitarias-para-enfrentar-la-pandemia-ceu/

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Bolsonaro enfrenta a la educación superior, pierde el Congreso y disputa la calle

Ignacio Lautaro Pirotta

Por: Ignacio Lautaro Pirotta. 

Las autoridades universitarias dicen que el recorte les permitirá sólo funcionar hasta septiembre.

El pasado miércoles 15, estudiantes y docentes universitarios salieron a las calles en más de 200 ciudades brasileñas para protestar contra el importante congelamiento presupuestario en  universidades federales decretado por Jair Bolsonaro. Según los rectores de las universidades, la medida del gobierno imposibilita el funcionamiento de las instituciones más allá del próximo septiembre.

El congelamiento presupuestario y la también decretada modificación de los procedimientos para la elección de rectores y directores, medida que afecta  la autonomía universitaria, constituyen una ofensiva a la educación superior en base a consideraciones de índole ideológica y en el marco, por supuesto, de un modelo de austeridad.

Es que las universidades son consideradas por Bolsonaro y los suyos un antro de la izquierda. El sentido autoritario de la embestida contra las universidades quedó claro en la forma en que se gestó el recorte. El un primer momento el ministro de Educación, Abraham Weintraub, anunció que tres universidades tendrían un recorte del 30% por haberse dedicado a organizar actividades políticas en vez de académicas, tildando a esas actividades de «balbúrdia» (lío, desorden).

El mismo día, y luego de ser alertado de la inconstitucionalidad de la medida en función de su arbitrariedad, el ministerio anunció que el recorte del 30% sería para todas las universidades federales. Una semana después la medida pasó de «recorte» a «congelamiento» hasta tanto la situación fiscal mejore o bien se apruebe la reforma previsional.

Las universidades son consideradas por Bolsonaro y los suyos un antro de la izquierda. Se trata del bloqueo del 30% del presupuesto no obligatorio (todo aquello que no son salarios ni jubilaciones, los cuales constituyen el grueso del presupuesto total) y que corresponde según el gobierno a sólo el 3,4% del presupuesto para de las universidades.

Sin embargo, el congelamiento afecta al presupuesto destinado a servicios básicos como agua, luz, seguridad, limpieza, y también a las actividades de laboratorio, investigación y buena parte de las becas. De allí que los rectores señalan la inviabilidad del funcionamiento de las instituciones más allá de septiembre, al tiempo que afirman que el recorte es del 54% y no del 30% como dice el gobierno.

La respuesta de estudiantes y profesores universitarios fue contundente, con movilizaciones en todas las capitales del país y más de 200 ciudades, incluyendo más de 250 mil personas movilizadas en el corazón de San Pablo. Se trató de la primer gran manifestación en contra del gobierno de Bolsonaro y, a diferencia de lo que éste etendía, el reclamo no quedó circunscripto a la izquierda.

La respuesta de estudiantes y profesores universitarios fue contundente, con movilizaciones en todas las capitales del país y más de 200 ciudades En el Brasil reciente las manifestaciones de la calle han tenido protagonismo.

Las heterogéneas movilizaciones de 2013 y sobre todo las de 2015 y 2016 en apoyo a la Lava Jato y a favor del impeachment contra Dilma Rousseff, marcaron la política reciente. En las movilizaciones a favor de la educación del 15 de mayo, el signo político fue otro al de aquellos que pedían la salida del PT del gobierno, hecho insoslayable y apuntado por varios analistas. A su vez el bolsonarismo ya ha realizado su tercera convocatoria en lo que va del gobierno, para este domingo 26 de mayo. En las otras dos oportunidades el motivo de la convocatoria realizada por el bollsonarismo vía redes sociales y Whats App fue la defensa de la Lava Jato, pero lejos estuvieron de tener la masividad de otros tipos.

Por el contrario, las dos convocatorias evidenciaron el decreciente apoyo al gobierno, envuelto en permanentes polémicas y aún sin ofrecer siquiera un rumbo claro, orientado a solucionar los problemas económicos o sociales. Para este domingo 26, sin embargo, la apuesta fue más fuerte y la intención fue opacar a las manifestaciones de los universitarios.

El bolsonarismo disputa la calle.

El motivo de la convocatoria para el 26 de mayo es el apoyo a las iniciativas del Bolsonaro hoy empantanadas en el Congreso y expresión de la parálisis en que se encuentra el gobierno. Las principales son el paquete de leyes anticrimen propuesto por Sergio Moro (Ministro de Justicia y Seguridad), la famosa reforma previsional y la medida provisoria (decreto) n° 870 de reforma administrativa, la cual redujo de 29 a 22 los ministerios y que debe ser aprobada por el Congreso antes del día 3 de junio cuando, de lo contrario, quedaría sin efecto e inmediatamente volvería a regir la estructura del estado y los 29 ministerios heredados de Michel Temer.

Este conjunto de medidas, al igual que otras, han sido inviabilizadas por el Congreso, con especial participación del conjunto de partidos de mediano porte de centro y centro derecha denominados «Centrão». Este conjunto de partidos, cuyo origen se remonta al retorno de la democracia, por momentos actúa coordinadamente y cuando lo hace el peso de sus algo más de 200 diputados lo convierte en el actor más importante del Congreso.

La acción coordinada del denominado Centrão fue decisiva por ejemplo para el impeachment de Dilma Rousseff. En ausencia de una coalición de gobierno que asegure el apoyo legislativo al gobierno el Centrão se ha organizado y tomado las riendas del Congreso. Es que el gobierno de Jair Bolsonaro utilizó una estrategia completamente disruptiva de la lógica política brasileña de presidencialismo de coalición y priorizó a las bancadas temáticas en la formación de su gabinete, marginando a los partidos y sus líderes en la elección del mismo.

La lógica propuesta por Bolsonaro es la de un gabinete de técnicos propuestos por las bancadas temáticas (por ejemplo la ruralista, la evangélica, la de la salud, etc) que suelen ser muy numerosas y transversales a los partidos. El gobierno, en su relación con el Congreso, priorizó así el apoyo programático, de contenidos, que cada iniciativa suya pudiera tener entre los congresistas por sobre el apoyo institucional de los partidos.

Sin embargo, estos tienen un peso insustituible en la dinámica del Congreso producto de prerrogativas exclusivas, las cuales recaen fundamentalmente en los líderes partidarios en cada cámara, por ejemplo en el establecimiento de la agenda parlamentaria. El negarse a negociar con los partidos, Bolsonaro apostó a construir mayorías programáticas ad hoc en el fragmentado Congreso brasileño.

El gobierno, en su relación con el Congreso, priorizó el apoyo programático, de contenidos, que cada iniciativa suya pudiera tener entre los congresistas por sobre el apoyo institucional de los partidos La lógica propuesta por Bolsonaro no funcionó. El gobierno ha sufrido ya varias derrotas en las comisiones y plenarios. El Centrão, secundado por la oposición  (compuesta por los partidos de izquierda, entre ellos el PT) han manejado los tiempos del Congreso a su antojo. La reforma previsional propuesta por el gobierno ha sido hábilmente demorada en las comisiones hasta quedar claro que Bolsonaro tiene enormes dificultades en llevarla a cabo.

La estrategia del Centrão cambió en las últimas semanas: en vez de continuar con dilaciones y bloqueos de una reforma de la cual está muy instalada en la agenda pública su necesidad impostergable, ha decidido impulsar su propia reforma previsional. La propuesta del gobierno será cajoneada, y se proseguirá con una propuesta elaborada por el Centrão.

La jugada le quita a Bolsonaro los réditos que pudiera tener la aprobación de la reforma, deja en claro que el gobierno no tiene apoyos en el Congreso y pone entre signos de  interrogación la gobernabilidad. La esperanza que muchos brasileños tenían con Bolsonaro se sintetizaba en la idea de que éste se moderase y se rodease de un equipo, sobre todo económico, que supiera lo que hace.

La importancia de la política y de las capacidades del jefe de Estado fueron subestimadas, entre otros por el llamado mercado, al tiempo que se esperaba que Bolsonaro fuera menos Bolsonaro en su forma de hacer política por el hecho de ocupar la presidencia de la República. Bolsonaro eligió el estilo confrontativo y extremista que es aplaudido por sus seguidores. No se trata, sin embargo, de la mayoría de los brasileños. El bolsonarismo existe, pero no tiene raíces.

Fuente del artículo: https://www.perfil.com/noticias/opinion/opinion-ignacio-pirotta-jair-bolsonaro-brasil-educacion-superior-congreso.phtml

 

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La lucha por educación, un horizonte más allá

Violeta García

Por: Violeta García.

Mientras las autoridades universitarias argumentan que hay un problema de finanzas, detrás se esconden los intentos de privatizar la educación en México.

Que nadie pretenda llamarse a engaño. No estudiamos con el propósito de acumular conocimientos estáticos y sin contenido humano. Nuestra causa como estudiantes es la del conocimiento militante; refuta y transforma, revoluciona la realidad social, política, cultural, científica. No se engañen las clases dominantes: ¡Somos una Revolución! Esta es nuestra bandera.

Comité de Lucha de la Facultad de Filosofía y Letras, 
Ciudad Universitaria, 26 de agosto de 1968.

Hace aproximadamente un año, supimos de la deuda en la que se encontraban diversas universidades públicas. Así mismo, gracias al trabajo periodístico de diversos medios, nos enteramos de la llamada “estafa maestra” [1] con la que al menos ocho universidades públicas —y una decena de instituciones estatales— desviaron alrededor de 8 mil millones de pesos por medio de empresas fantasmas.

Los rectores de estas universidades y los altos funcionarios del gobierno, no pudieron responder claramente qué estaba ocurriendo con las universidades, ni tampoco con las instituciones relacionadas con la estafa maestra. Las auditorias que se realizaron en los meses consecutivos, al destape del uso de empresas fantasmas para desviar recursos, evidenciaron que la corrupción del anterior gobierno federal de Enrique Peña Nieto había echado raíz en todas las instituciones del Estado.

Las universidades que no se encontraban en crisis por el desvío de recursos lo hacían por otras circunstancias. Se destapó que al menos treinta y cuatro universidades públicas se encontraban en crisis económica, de las cuales diez se mantienen formalmente en quiebra. A esto, los rectores y los altos funcionarios de las universidades —así como algunos analistas— mencionaron que la crisis se debía a un mal manejo de las finanzas, sumado al sistema de pensiones y la contratación elevada de personal. Sin embargo, ninguno de estos señaló con claridad ni el desvío de recursos ni el insuficiente presupuesto estatal a la educación.

Asimismo, en agosto del año en curso, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) sacó un comunicado con motivo de la crisis económica de las universidades y la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. La COPARMEX mencionó que se hace necesaria “la posibilidad de establecer cuotas parciales de recuperación en las universidades públicas”. [2] Estas medidas las justifica supuestamente al constatar que hoy en día es mayor el porcentaje de estudiantes de altos ingresos que estudian en dichas universidades, es decir, que la educación se ha elitizado profundamente. Con este análisis, la Confederación Patronal sólo pone sobre la mesa sus intereses respecto a la privatización de la educación y los servicios públicos.

La privatización, un largo proceso

En 1999 se alzaron las banderas rojinegras por toda la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta huelga cuestionó todo lo dicho por las autoridades universitarias, que, sin temor a equivocarse, habían condenado a la universidad a una inminente quiebra. Las razones: una crisis relacionada con los recursos universitarios, que no eran suficientes para mantener la casa de estudios. 
En aquel año las autoridades no dudaron de que quienes tendrían que pagar la universidad serían los estudiantes, aún cuando éstos, sus padres, sus abuelos y el conjunto de los trabajadores habían mantenido y sostenido las universidades por todo el siglo pasado, mismo discurso que mantiene hoy la COPARMEX. [3] Sin embargo, los estudiantes de aquel entonces pronto echaron abajo esta apreciación engañosa de las autoridades universitarias y evidenciaron que el Estado había recortado los recursos de la universidad con el fin último de legitimar una consecutiva privatización. Después de nueve meses de huelga, los jóvenes lograron que las cuotas no se impusieran.

Hoy —casi veinte años después— nos encontramos con la misma disyuntiva respecto a las universidades públicas, el uso de los recursos y su financiamiento. Pues actualmente, la respuesta de las autoridades ante la crisis en la que ellas mismas metieron a las universidades no es muy diferente a la que se ha dado con anterioridad: como ya mencionamos más arriba, éstas sugieren que el problema responde al mal manejo de las finanzas, al sistema de pensiones, a la contratación mal planeada y dan respuestas que pretenden retroceder en las conquistas que aún persisten de la universidad púbica, tal como lo dice la COPARMEX respecto a lograr cuotas de recuperación, siendo esto, un avance más en la elitización de la educación superior.

Las políticas de elitización, que abren camino a la privatización de la educación, así como de los sectores públicos como salud, vivienda, trasporte, etc. no es recientes, sino que es todo un proceso que lleva casi cinco décadas. [4] Esta fase ha sido llevada adelante por todos los partidos del régimen y ahora, aunque Andrés Manuel López Obrador anunció en su toma de protesta la creación de 100 universidades más, es evidente que no se resuelve el problema de los recursos para sostener esas universidades y tampoco menciona cual será el mecanismo de rescate de las más de 30 casas de estudio en crisis. Asimismo, no da aliento alguno el nombramiento del próximo secretario de educación pública, Esteban Moctezuma, [5] quien tiene un pasado priísta, con cercanía al millonario Salinas Pliego.

La situación crítica en la que se encuentran la gran mayoría de las universidades públicas del país no se debe sólo a un mal manejo de las finanzas, que, no obstante, el movimiento estudiantil, así como el activismo de las diversas facultades y centros de estudio de todas las universidades ha evidenciado. Tampoco se debe al sistema de pensiones y jubilaciones, por demás claramente insuficientes para la amplia mayoría de los docentes y trabajadores universitarios que entregaron su vida en esas instituciones. La situación estructural de las casas de estudio se debe ante todo a la política económica imperante bajo el régimen social, que buscó reducir el llamado presupuesto social (para educación, vivienda, salud, etc.) con una política claramente regresiva que atenta contra los intereses de las grandes mayorías y a la par busca avanzar la privatización de los sectores públicos.

El movimiento estudiantil y el activismo no niegan que exista un mal manejo de las finanzas al interior, desde hace años se ha denunciado como se ha usado el financiamiento de las universidades para los negocios personales de rectores o caciques universitarios que nada tienen que ver con las casas de estudio. Tal es el caso de las empresas parauniversitarias en la Universidad de Guadalajara que son levantadas a partir del presupuesto de la universidad, otro importante caso sería el de la UNAM donde son prestadas las instalaciones a equipos privados de primera división, así como los millonarios salarios de directivos y altos funcionarios de los gobiernos universitarios.

Ciertamente el presupuesto podría usarse de manera eficiente: en la ampliación de las matrículas, la generación de más espacios para el esparcimiento cultural de los universitarios, docentes y trabajadores de la educación, la destinación de recursos a la investigación, el mejoramiento de las condiciones laborales del personal universitario, etc. Pero hay que ser honestos y señalar que eso no es suficiente, sino que la pelea por la educación pública, gratuita e irrestricta va de la mano de la lucha por un nuevo sistema que logre acabe con la distinción de clases y permita el acceso universal a la educación, la cultura, el esparcimiento y la recreación.

Así la pelea por la educación pública, gratuita e irrestricta, y por una universidad al servicio de los trabajadores, los campesinos y el pueblo, pasa por lograr el aumento del presupuesto educativo sobre la base del no pago de la deuda externa y los impuestos progresivos a las grandes fortunas. Una perspectiva que representa un quiebre respecto a lo que planteamos antes y que implicó una orientación reaccionaria frente a la educación; la evidente negativa del nuevo gobierno a impulsar una perspectiva en ese sentido muestra sus limitaciones para poner en cuestión el orden existente y afectar los intereses empresariales.

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NOTAS AL PIE
[1] Sobre la “estafa maestra”: Miriam Castillo, Nayeli Roldán y Manuel Ureste, “La estafa maestra. Graduados en desaparecer dinero público”, en Animal Político, 4 de septiembre del 2017, https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/ [Consultado el 10 de diciembre del 2018].
[2] Según la COPARMEX, un dato relevante para pensar la educación pública en la actualidad es que: “hoy en día una parte significativa de la matrícula de las universidades públicas está conformada por estudiantes provenientes de las familias de los deciles de ingresos más elevados” (COPARMEX, “Educación Superior: Los retos de cobertura, pertinencia y sustentabilidad”, 20 de agosto del 2018, https://coparmex.org.mx/downloads/senalcoparmex/121/SC_121_Educacion_Superior.pdf[Consultado el 11 de diciembre del 2018]).
[3] Sobre COPARMEX y educación: Xochitl Lagarda Burton, “Manifiesto México: Educación de calidad e innovación”, 17 de abril del 2018, https://coparmex.org.mx/manifiesto-mexico-educacion-de-calidad-e-innovacion/ [Consultado: el 17 de enero del 2019].
[4] El avance en las políticas de elitización comenzó en las universidades a partir de 1982 cuando el gobierno federal redujo de manera escandalosa el presupuesto destinado a la educación de un histórico 25% a un 12%. Sobre presupuesto educativo: Hugo Aboites “La medida de una nación. Los primeros años de la evaluación en México”, México, CLACSO, 2012.
[5] Esteban Moctezuma Barragan, expriísta que fungió como secretario de gobernación en el sexenio de Ernesto Zedillo, así mismo fue presidente de Fundación Azteca, organización de Ricardo salinas pliego. Sobre la Reforma Educativa y la designación de Esteban Moctezuma: Arturo Méndez y Marcela Ríos, “El neoliberalismo en la escuela”, en Ideas de Izquierda México, No. 1, Octubre 2018, pp. 61-64.
Fuente del artículo:  http://laizquierdadiario.com/La-lucha-por-educacion-un-horizonte-mas-alla
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México: Marcha en defensa de la educación pública: universitarios se movilizaron el miércoles

Noticias

América del Sur/Argentina/27.08.18/Fuente: www.lavoz.com.ar.

Desde las 15, docentes, estudiantes y otras organizaciones se movilizaban en las calles de la ciudad.

Desde las 15, docentes, estudiantes y otras organizaciones se movilizaban desde el Portal de la Reforma -en el ingreso a Ciudad Universitaria por bulevar Chacabuco- hasta la plaza Agustín Tosco -explaza Vélez Sársfield-, en reclamo de mejoras condiciones salariales y en defensa de la educación pública.

El reclamo tiene el aval de las autoridades universitarias, incluido el rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Hugo Juri. La marcha se presenta bajo el lema «la universidad está en peligro».

Los docentes sólo recibieron un aumento del cinco por ciento en mayo. Cabe recordar que, en la UNC, el 75 por ciento de los cargos de profesores tienen sueldos que no superan los 25 mil pesos.

En comunicación con Canal 10, Javier Blanco, secretario general de la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (Adiuc), afirmó: «En esta reunión pusimos en común la situación crítica que vive la UNC y las universidades nacionales en general con las paritarias irresueltas de docentes y no docentes y con el recorte presupuestario que está afectando a todas las universidades».

Samir Muhanna, presidente de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC), agregó: «Esperemos que esto tenga un impacto para que se retomen las discusiones paritarias. Desde un primer momento nos interiorizamos en el conflicto, para realizar intervenciones que puedan generar la sensibilidad necesaria».

 

Fuente de la noticia: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/unc-marcha-en-defensa-de-educacion-publica

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