Por: Tahira Vargas García
La niña tiene 11 años y tiene una hija de 1 año. El proceso de embarazo y parto fue casi una tragedia para la madre por las condiciones físicas características de su temprana edad, sufrió continuas recaídas en todo el proceso de embarazo. “Pensé que la iba a perder, que mi niña se moría”
“No sé quién es el padre de mi hija. Pregúntale a mi mama”. La madre responde: “el padre de mi hija es José, vive por aquí. El violó a mi niña un día que entró a la casa cuando ella estaba sola con su hermana. Fui al cuartel a poner la denuncia y me dijeron que lo iban agarrar nunca lo llevaron preso. El anda por ahí, mi hija le tiene mucho miedo”.
Este relato se extrae de una entrevista realizada hace unos meses en un estudio en un barrio marginado de Santo Domingo. La niña tiene 11 años y tiene una hija de 1 año. El proceso de embarazo y parto fue casi una tragedia para la madre por las condiciones físicas características de su temprana edad, sufrió continuas recaídas en todo el proceso de embarazo. “Pensé que la iba a perder, que mi niña se moría”.
Continuamente en estudios que realizamos en barrios marginados y comunidades rurales del país encontramos múltiples casos como estos. Niñas de 8-12 años que han sido victimas de abuso sexual por vecinos, padres, padrastros, hermanos y tíos. El abuso sexual se produce en el silencio y el embarazo lo visibiliza.
La aprobación reciente por la Junta Central Electoral de la entrega de cédulas a menores de 12 años que tienen hijos e hijas ha escandalizado nuestra sociedad. Parece un absurdo total el que niñas menores de 12 años tengan una cedula por ser madres.
El escándalo debería ser mayor al ver que la JCE ha tenido que tomar esta medida para que no se siga reproduciendo la indocumentación de miles de niños y niñas que nacen de una madre-niña. Con ello se contribuye a la ruptura con los círculos de indocumentación y vulnerabilidad que afecta a hijos e hijas e niñas-madres. A su vez demuestra la recurrencia y gravedad del fenómeno que no se queda en unos pocos casos aislados, sino que por el contrario tiene impacto en el ámbito nacional. Demostrándose con ello que las violaciones sexuales hacia niñas menores de 12 años son bastante frecuentes, así como su consecuente embarazo.
El otro lado de la moneda son las posibles consecuencias en el respeto a los derechos de la niñez en esta población. Se corre el riesgo de la confusión sobre su condición de niñas y que se les trate como adultas aún con edades de 9-17 años y con ello se agudice su exclusión en las familias y centros educativos, así como la legitimación de las violaciones de derechos hacia las mismas.
¿Qué refleja una medida como esta? Además de la gravedad del problema de las violaciones sexuales hacia las niñas, su embarazo en la expone a riesgo de muerte tenemos que se muestra con ello el fracaso del Estado Dominicano en intervenir en sus raíces que afecta a las niñas pobres de este país con elementos como los siguientes:
*Ausencia de políticas sociales dirigidas a cambiar las prácticas cotidianas de la población masculina contra las niñas sostenidas en una masculinidad machista y violenta que se exhibe con permiso para agredir sexualmente a la infancia y la niñez sin límites.
*Falta de una educación sexual dirigida a empoderar a niñas y adolescentes sobre su cuerpo desde el conocimiento de sus derechos con herramientas de protección desde el sistema educativo y desde una educación no formal
*Deficiencias en la educación de las familias sobre los derechos de la niñez y adolescencia y la ruptura con la normalización del acoso y abuso sexual.
*Negación del derecho que tienen las niñas de interrumpir un embarazo fruto de una violación sexual que las expone al riesgo de muerte y afecta su desarrollo integral. Se les obliga a continuar con el embarazo fruto de una violación que las expone a riesgo en su salud y desarrollo y en la continuación del circulo de violencia que viven.
Actualmente en el Congreso se debate el Código Penal, del cual se excluyó la despenalización del aborto por las tres causales. La medida tomada por la JCE demuestra las graves consecuencias de la penalización total del aborto en una sociedad donde las violaciones y embarazos de niñas está normalizada y es parte de la cotidianidad. Nuestra infancia y niñez vive así desprotección y sometimiento a la vulnerabilidad de forma continua.
Este artículo fue publicado originalmente en el periódico HOY
Fuente: https://acento.com.do/opinion/no-se-el-nombre-del-padre-de-mi-hija-8876034.html
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