OVE/ Entrevista
La presidenta de la Federación de Maestros y Maestras de Puertos Rico (FMPR) advierte sobre los enormes riesgos que conllevan para la salud de los y las docentes el llamado del gobierno de ese país, para que desde el próximo martes los docentes retornen a las escuelas y desde allí transmitan las clases virtuales.
América del norte/México/06 Agosto 2020/elpais.com
Las autoridades de educación mexicanas han admitido este lunes que el país no cuenta con las condiciones para que los alumnos regresen a las escuelas en medio de la pandemia de coronavirus —que ha dejado ya 47.746 muertos—, por lo que el inicio del ciclo escolar será el 24 de agosto con clases a distancia y con más de 30 millones de estudiantes siguiendo los cursos por televisión. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que su Gobierno ha firmado un convenio con las grandes televisoras privadas del país (Televisa, Azteca, Grupo Multimedios y Grupo Imagen) para que retransmitan los contenidos escolares, que serán preparados por la Secretaría de Educación con apoyo de la televisión pública. A pesar de la terrible situación, López Obrador le ha visto un lado optimista y ha calificado el proyecto de “histórico”: “Somos pioneros, esto no se lleva a cabo en ningún país del mundo”, ha afirmado en su conferencia matutina diaria, en la que participaron los directivos de las grandes cadenas, entre ellos un representante de TV Azteca, televisora del grupo que lidera Ricardo Salinas Pliego, el millonario mexicano que ha negado en repetidas ocasiones la pandemia de coronavirus.
La alianza con los grandes canales de televisión está prevista para que los contenidos escolares lleguen hasta los lugares más alejados, donde no hay acceso a Internet o este es muy reducido. En la cobertura de Internet o el número de alumnos con computadora México no es pionero. Las cifras del INEGI, el instituto de estadística, muestran que más de 16 millones de hogares no tienen conexión, lo que indica la brecha digital que impide a millones de estudiantes acceder a contenido educativo en línea. Las autoridades esperan que con el convenio firmado este lunes se logre una cobertura del 90% del territorio mexicano. Al esfuerzo se unen también estaciones de radio, que tienen una amplia penetración en zonas remotas.
Los sindicatos de maestros han reaccionado con desconfianza al anuncio hecho hoy por las autoridades de Educación. Si bien consideran importante el uso de la televisión abierta para ampliar el acceso de los estudiantes a contenidos educativos, también estiman que no es suficiente para garantizar la calidad de la educación. “La casa no es el salón de clase y los padres no son maestros”, ha dicho Pedro Hernández Morales, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación (CNTE), un sindicato que cuenta con 600.000 integrantes. “Es acertado que se use la televisión, esperamos que esto no signifique que se presentará publicidad, porque entonces más que rescatar la escuela se rescatará a los grandes medios. Tenemos dudas de cómo se van a preparar esas clases, dónde estará la retroalimientacion y dónde queda la explicación del maestro sobre los contenidos. Los maestros no solo debemos ser quienes revisemos lo que se dio en la televisión, tenemos que entrar en un diálogo con la Secretaría para buscar estrategias de interacción”, ha explicado Hernández a EL PAÍS. A él también le preocupan los estudiantes ciegos, sordos y mudos, que no pueden acceder al nuevo formato establecido por las autoridades. En México hay tres millones de personas en edad escolar que tienen algún tipo de dificultad visual, auditiva o padecen enfermedades como autismo, lo que hace necesario la contratación de especialistas. “Es un trabajo muy especializado el que se requiere para enseñar a estos estudiantes. Se trata de un desafío muy grande”, ha advertido Hernández. Otra preocupación que tienen los maestros es el seguimiento que los padres puedan dar a la educación de los hijos, en un país con altos índices de desempleo y donde millones de personas trabajan en el área informal. “Es una situación compleja, porque los padres tienen que salir a trabajar y no pueden garantizar el seguimiento, no conocen formas de enseñar. Si ya nos cuesta trabajo en los salones, imagínate ahora a distancia. Es muy difícil”, ha explicado el sindicalista.
En México, las grandes corporaciones de medios funcionan como monopolios que concentran gran poder y mantienen una alianza complaciente con los gobiernos de turno. López Obrador recordó hoy las concesiones entregadas a grupos poderosos como Azteca y Televisa, como un guiño para lograr apoyo a su proyecto. Elocuente es la relación del mandatario con Ricardo Salinas Pliego, de cuyo grupo forma parte TV Azteca. El empresario fue uno de los invitados al apartamento de López Obrador para celebrar el arrasador triunfo en las presidenciales de 2018. Además, el Grupo Salinas —que reúne medios de comunicación, servicios de Internet, aseguradoras y bancos— ha recibido jugosas concesiones del Gobierno federal, que incluyen la adjudicación de dos contratos para gestionar los sistemas de videovigilancia de Ciudad de México por 40 millones de dólares, las pólizas que cubren los accidentes de policías y funcionarios capitalinos, la cobertura de “todos los bienes muebles e inmuebles” de la secretaría de Educación, por más de 42 millones de dólares, y la adjudicación directa a Banco Azteca de la gestión del pago de los principales subsidios para los pobres, con un presupuesto de más de 12.000 millones de dólares.
Las autoridades educativas esperaban que las escuelas reabrieran en aquellos Estados en los que el semáforo epidemiológico llegara a verde, dentro del sistema de desescalada establecido por la Secretaría de Salud, pero el nivel de contagios no cesa, con miles de enfermos al día, por lo que el Gobierno ha considerado prudente mantener a los alumnos en sus casas. Las autoridades habían establecido un plan de retorno a las aulas que incluía el uso obligatorio de cubrebocas, garantizar agua y jabón en todos los centros, recreos escalonados, asistencia alternada, evitar actos escolares y, en caso de un brote, cerrar la escuela por 15 días. “Lo importante es no exponer a los niños, que sí pueden contagiar a los adultos”, ha afirmado López Obrador. “Quisiéramos volver a las clases presenciales, pero no es posible ni prudente”, ha admitido Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública. Además del alto nivel de contagios, se suma a la decisión de las autoridades mexicanas la deficiencia en la infraestructura escolar, que convierte a miles de escuelas en puntos de contagio. Un informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Conavel) publicado en 2018 muestra que de las más de 226.000 escuelas públicas del país, el 2,2% no dispone de suministro de agua de ninguna fuente (red pública, pozos, abastecimiento por camiones cisternas) y solo 53% cuenta con el abastecimiento mediante la red pública. Además, solamente el 66,4% de las escuelas tiene servicios sanitarios y el 66,1% energía eléctrica. En cuanto el acceso a Internet, este solo llega al 22,7% de las escuelas, un total de 51.387. El país, además, cuenta con un fuerte rezago en materia de aprendizaje dentro de la OCDE: los resultados del informe PISA de 2018, la prueba internacional sobre educación más conocida y reconocida del mundo, revelan que de casi un millón y medio de estudiantes de 15 años evaluados, solo 1% mostró habilidades avanzadas en lectura, matemáticas y ciencias.
Con el convenio anunciando este lunes, las autoridades esperan producir 4.550 programas de televisión y 640 de radio, tanto en español como en lenguas indígenas, que serán retransmitidos de siete de la mañana a ocho de la noche a través de 16 canales públicos y privados. Moctezuma Barragán ha dicho que los estudiantes serán evaluados sobre esos contenidos, aunque no ha dado detalles de cómo serán las evaluaciones. El secretario de Educación informará cada tarde, en conferencia de prensa, sobre cómo se llevará a cabo este proyecto. “Se van a tener los libros y todos los instrumentos necesarios, maestros con un buen nivel, científicos e intelectuales para que nos ayuden a reforzar todo el proceso de enseñanza”, ha prometido López Obrador.
Fuente: https://elpais.com/mexico/2020-08-03/los-alumnos-mexicanos-no-vuelven-a-clase-seguiran-el-curso-por-television.html
En estos momentos maestras y maestros de Bolivia, afiliados a la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia han sido forzados a tomar la decisión de ir a una medida extrema de huelga de hambre para denunciar al gobierno que quiere privatizar la educación, atentar contra las históricas conquistas del magisterio, a la par que se ha mostrado insensible ante las demandas sociales en el marco de la pandemia del COVID-19 y se niega a dialogar con el movimiento social. No es una lucha solo del magisterio Boliviano, los padres y madres de familia se han sumado a esta protesta acompañando también la huelga de hambre.
¿Por que ocurre esta situación extrema? Luego de quedar 4 meses fuera de las aulas, el Ministerio de Educación de Bolivia sacó un Decreto Supremo Nº 4260 que pretende ser una respuesta educativa a los tiempos de pandemia, sin embargo, en realidad el mismo tiene el propósito de deslindar las responsabilidades estatales y transferir las mismas a la sociedad civil, que se convierte de hecho, en una forma de privatización de la Educación. Dicho decreto no contempla recursos adicionales del Tesoro General de la Nación, sino que pretende transferir las responsabilidades de actualización tecnológica y acceso virtual a las familias, estudiantes y docentes.
El decreto del gobierno Boliviano habla de una educación virtual sin tomar en cuenta que los estudiantes y padres de familia no tienen recursos económicos para acceder al Internet y para adquirir una herramienta tecnológica (celular, computadora, tablet); de hecho las unidades educativas no cuentan con plataformas digitales educativas.
Los compañeros en conflicto señalan que este decreto va en contra de la Constitución política del estado boliviano, donde se indica que toda persona tiene derecho a recibir educación gratuita e integral en todos los niveles de manera universal sin discriminación y, que la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado.
Por ellos los Maestros, Padres de Familia, Estudiantes bolivianos exigen:
Expresamos nuestra solidaridad activa con los y las compañeres en huelga de hambre y con la lucha de todo el magisterio boliviano, a la par que denunciamos ante el mundo la actitud autoritaria y neoliberal del actual gobierno boliviano
Firman
Alfredo Velásquez (Secretario de Relaciones Internacionales del SUTEP, Perú), Fernando Abrego (Asociación de Profesores de la República de Panamá), Laura Isabel Vargas (presidenta de la Unión Nacional de Educadores, Ecuador), David Lobâo (Coordinador General SINASEFE, Brasil), Pedro Hernández (Comité Ejecutivo de la Sección 9 Democrática, SNTE – CNTE, Ciudad de México, México), Marta Alfonso (Vicepresidenta de FECODE, Colombia), Claudia Baigorria (Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios, CONADU Histórica, Argentina), Mercedes Martínez (Secretaria General de la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico), Eduardo González (Movimiento por la Unidad Docente, Colegio de Profesores, Chile) Mariana Scayola Laumann (Secretaria General de ADEMYS, Ciudad de Buenos Aires), Xavier Diez (Vocero ISTEC, Cataluña), Luis Bonilla-Molina (Observatorio Internacional de Reformas educativas y Políticas Docentes), Francisco Torres (Secretario Gremial de la Federación Nacional Docente, FND-CTA Autónoma y Coordinador de Alternativa Docente, ANCLA / MST, Argentina), Colectivo Nuevos Maestros por la Educación (Colombia), Luz Palomino (Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en educación), Fernando Santana/Fernando Lázaro / Ezequiel Alfieri (CEIP-Histórica, Argentina), Laura García Tuñón ( Encuentro entre Docentes y Educadores Populares, ENDYEP, Argentina), Verónica del CID (Red Mesoamericana de Educación Popular ALFORJA), Jorge Adaro (Secretario General Adjunto de ADEMYS, Buenos Aires, Argentina), Rose Mary Hernández, (Foro Venezolano por el derecho a la educación), Aníbal Navarrete (Regional Bio Bio, Colegio de Profesores, Chile), Lorena Gordillo/ Natalia Ziperovich (Sindicato Unido de Trabajador@s de la Educación, SUTE, Mendoza, Argentina), Diógenes Sánchez (Coalición Panameña por el derecho a la Educación), Yesid González Perdomo (Asociación Distrital de Educadores, Bogotá, Colombia), Facundo Fernández (Comisión directiva de AMSAFE, Argentina), Marco Raúl Mejía (Planeta Paz/Expedición Pedagógica, Colombia), Zuleika Matamoros (Movimiento Pedagógico de Base, Venezuela), Miguel Angel Hernández (SITRAIEMS, México), Federico Gayoso (Secretario General de COAD, Rosario, Argentina), Sandra Lario (Colectivo de Educadores Populares Desde el Sur, Argentina); César Valdovinos (CINPECER, México), Carlos Munevar (Red La Roja, ADE, Bogotá, Colombia), José Hidalgo Restrepo Bermeo (Movimiento de Integración Democrática, MID, Colombia), Vanesa Gagliardi (Comisión Directiva de ADEMYS, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, Legisladora electa de la ciudad), Richard Araujo (Secretario Adjunto de Políticas Sociales, APEOESP, Sao Paulo, Brasil), Rosa Cañadel (Ex Vocera de Ustec Cataluña), Faustino (CNTE Nuevo León, México), José Cambra (Docente de la Universidad de Panamá), Andrea Lanzette (SUTEBA Multicolor Lanús y Comisión Directiva de la CTA Autónoma de Lanús, Argentina), Edgard Isch (Docente de la Universidad Central del Ecuador), Erika Candelaria Hernández (Profesora Educación Indígena, Sección XXII, Oaxaca, México), Grupo de Postdoctorado de Pedagogía Crítica y Educaciones Populares de Monterrey, México, Luis Sánchez (Asociación de educadores Veragüenses, AEVE, Panamá), Lisa M.Fourier Córdoba (Presidenta UNETE, Endosa), Daniela Pérez Feijoo (Sec. General ADOSAC-PicoTruncado, Santa Cruz, Argentina), Luis Bueno Rodríguez (Coordinación de Relaciones Exteriores de CNSUESIC, México), Adriana Astolfo (Sec. Adjunta ADOSAC PICo Truncado, Santa Cruz, Argentina), Hugo Aboites (Académico e Investigador en temas de educación, México), Graciela Calderón (Sec. Adjunta SUTEBA La Matanza, Buenos Aires, Argentina,), Daniela Vergara (Sec. DDHH AMSAFE Rosario, Santa Fe), Angélica Lagunas (por la Minoría Aten Capital, Neuquén, Argentina), Silvia Fernández (Sec. Organización, SUTEBA Tigre, Buenos Aires, Argentina), Betiana Gaggioli (Sec. General ADOSAC San Julian, Santa Cruz, Argentina), Susana Llanos (Sec. Gral de ADOSAC Piedra Buena, Santa Cruz, Argentina), Lourdes Urbáez (Sociedad Venezolana de Educación Comparada). Siguen firmas. Para sumarte a esta declaración escribe a contacto@otrasvoceseneducación.org
En estos momentos maestras y maestros de Bolivia, afiliados a la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia han sido forzados a tomar la decisión de ir a una medida extrema de huelga de hambre para denunciar al gobierno que quiere privatizar la educación, atentar contra las históricas conquistas del magisterio, a la par que se ha mostrado insensible ante las demandas sociales en el marco de la pandemia del COVID-19 y se niega a dialogar con el movimiento social. No es una lucha solo del magisterio Boliviano, los padres y madres de familia se han sumado a esta protesta acompañando también la huelga de hambre.
¿Por que ocurre esta situación extrema? Luego de quedar 4 meses fuera de las aulas, el Ministerio de Educación de Bolivia sacó un Decreto Supremo Nº 4260 que pretende ser una respuesta educativa a los tiempos de pandemia, sin embargo, en realidad el mismo tiene el propósito de deslindar las responsabilidades estatales y transferir las mismas a la sociedad civil, que se convierte de hecho, en una forma de privatización de la Educación. Dicho decreto no contempla recursos adicionales del Tesoro General de la Nación, sino que pretende transferir las responsabilidades de actualización tecnológica y acceso virtual a las familias, estudiantes y docentes.
El decreto del gobierno Boliviano habla de una educación virtual sin tomar en cuenta que los estudiantes y padres de familia no tienen recursos económicos para acceder al Internet y para adquirir una herramienta tecnológica (celular, computadora, tablet); de hecho las unidades educativas no cuentan con plataformas digitales educativas.
Los compañeros en conflicto señalan que este decreto va en contra de la Constitución política del estado boliviano, donde se indica que toda persona tiene derecho a recibir educación gratuita e integral en todos los niveles de manera universal sin discriminación y, que la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado.
Por ellos los Maestros, Padres de Familia, Estudiantes bolivianos exigen:
Expresamos nuestra solidaridad activa con los y las compañeres en huelga de hambre y con la lucha de todo el magisterio boliviano, a la par que denunciamos ante el mundo la actitud autoritaria y neoliberal del actual gobierno boliviano
Firman
Alfredo Velásquez (Secretario de Relaciones Internacionales del SUTEP, Perú), Fernando Abrego (Asociación de Profesores de la República de Panamá), Laura Isabel Vargas (presidenta de la Unión Nacional de Educadores, Ecuador), David Lobâo (Coordinador General SINASEFE, Brasil), Pedro Hernández (Comité Ejecutivo de la Sección 9 Democrática, SNTE – CNTE, Ciudad de México, México), Marta Alfonso (Vicepresidenta de FECODE, Colombia), Claudia Baigorria (Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios, CONADU Histórica, Argentina), Mercedes Martínez (Secretaria General de la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico), Marie Buisson (Secretaria General de la Fédération des métiers de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la formation, de la culture, FERC-CGT, Francia). González (Movimiento por la Unidad Docente, Colegio de Profesores, Chile) Mariana Scayola Laumann (Secretaria General de ADEMYS, Ciudad de Buenos Aires), Xavier Diez (Vocero ISTEC, Cataluña), Luis Bonilla-Molina (Observatorio Internacional de Reformas educativas y Políticas Docentes), Francisco Torres (Secretario Gremial de la Federación Nacional Docente, FND-CTA Autónoma y Coordinador de Alternativa Docente, ANCLA / MST, Argentina), Colectivo Nuevos Maestros por la Educación (Colombia), Luz Palomino (Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en educación), Fernando Santana/Fernando Lázaro / Ezequiel Alfieri (CEIP-Histórica, Argentina), Laura García Tuñón ( Encuentro entre Docentes y Educadores Populares, ENDYEP, Argentina), Verónica del CID (Red Mesoamericana de Educación Popular ALFORJA), Jorge Adaro (Secretario General Adjunto de ADEMYS, Buenos Aires, Argentina), Rose Mary Hernández, (Foro Venezolano por el derecho a la educación), Aníbal Navarrete (Regional Bio Bio, Colegio de Profesores, Chile), Lorena Gordillo/ Natalia Ziperovich (Sindicato Unido de Trabajador@s de la Educación, SUTE, Mendoza, Argentina), Diógenes Sánchez (Coalición Panameña por el derecho a la Educación), Yesid González Perdomo (Asociación Distrital de Educadores, Bogotá, Colombia), Facundo Fernández (Comisión directiva de AMSAFE, Argentina), Marco Raúl Mejía (Planeta Paz/Expedición Pedagógica, Colombia), Zuleika Matamoros (Movimiento Pedagógico de Base, Venezuela), Miguel Angel Hernández (SITRAIEMS, México), Federico Gayoso (Secretario General de COAD, Rosario, Argentina), Sandra Lario (Colectivo de Educadores Populares Desde el Sur, Argentina); César Valdovinos (CINPECER, México), Carlos Munevar (Red La Roja, ADE, Bogotá, Colombia), José Hidalgo Restrepo Bermeo (Movimiento de Integración Democrática, MID, Colombia), Vanesa Gagliardi (Comisión Directiva de ADEMYS, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, Legisladora electa de la ciudad), Richard Araujo (Secretario Adjunto de Políticas Sociales, APEOESP, Sao Paulo, Brasil), Rosa Cañadel (Ex Vocera de Ustec Cataluña), Faustino (CNTE Nuevo León, México), José Cambra (Docente de la Universidad de Panamá), Andrea Lanzette (SUTEBA Multicolor Lanús y Comisión Directiva de la CTA Autónoma de Lanús, Argentina), Edgard Isch (Docente de la Universidad Central del Ecuador), Erika Candelaria Hernández (Profesora Educación Indígena, Sección XXII, Oaxaca, México), Grupo de Postdoctorado de Pedagogía Crítica y Educaciones Populares de Monterrey, México, Luis Sánchez (Asociación de educadores Veragüenses, AEVE, Panamá), Lisa M.Fourier Córdoba (Presidenta UNETE, Endosa), Daniela Pérez Feijoo (Sec. General ADOSAC-PicoTruncado, Santa Cruz, Argentina), Luis Bueno Rodríguez (Coordinación de Relaciones Exteriores de CNSUESIC, México), Adriana Astolfo (Sec. Adjunta ADOSAC PICo Truncado, Santa Cruz, Argentina), Hugo Aboites (Académico e Investigador en temas de educación, México), Graciela Calderón (Sec. Adjunta SUTEBA La Matanza, Buenos Aires, Argentina,), Daniela Vergara (Sec. DDHH AMSAFE Rosario, Santa Fe), Angélica Lagunas (por la Minoría Aten Capital, Neuquén, Argentina), Silvia Fernández (Sec. Organización, SUTEBA Tigre, Buenos Aires, Argentina), Betiana Gaggioli (Sec. General ADOSAC San Julian, Santa Cruz, Argentina), Susana Llanos (Sec. Gral de ADOSAC Piedra Buena, Santa Cruz, Argentina), Lourdes Urbáez (Sociedad Venezolana de Educación Comparada). Siguen firmas. Para sumarte a esta declaración escribe a contacto@otrasvoceseneducación.org
América Central/República Dominicana/21-06-2020/Autor(a) y Fuente: acento.com.do
Barrick Pueblo Viejo (PVDC) y Acción Empresarial por la Educación (EDUCA), suscribieron un acuerdo de colaboración interinstitucional dirigido a formular y ejecutar iniciativas de incidencia, innovación orientadas a mejorar la calidad de la educación de centros públicos y privados, con particular atención en los territorios de interés común.
Mediante este compromiso, ambas entidades se proponen unificar esfuerzos de colaboración para aplicar metodologías innovadoras en los centros apadrinados por la empresa, que aseguren que los estudiantes aprendan, siguiendo, claro está, los preceptos y reglamentos dispuestos por el Ministerio de Educación de la República Dominicana.
La alianza fue sellada entre la señora Juana Barceló, presidente de Barrick Pueblo Viejo, y el señor Samuel Conde, presidente de EDUCA, en un acto que resultó en sí mismo una innovación, dado que fue realizado de forma virtual a en el marco de la nueva normalidad que desenvuelve el país a raíz de la pandemia del Covid-19.
Samuel A. Conde, presidente de Educa, tras imprimir su firma, reconoció que la educación dominicana vive un momento clave y decisivo para reorientarse definitivamente hacia la calidad de los aprendizajes.
Por su parte, la señora Juana Barceló, presidente de Barrick Pueblo Viejo, señaló que mejorar la calidad de la educación en las comunidades cercanas a sus operaciones representa uno de los objetivos estratégicos de la empresa en la búsqueda de contribuir con el desarrollo sostenible del país.
Ambas instituciones, asimismo, se proponen realizar en forma conjunta estudios que faciliten la mejor comprensión de los aprendizajes, promover formación de docentes de todos los niveles de la educación dominicana
Fuente e Imagen: https://acento.com.do/editorial/lo-que-viene-despues-de-la-crisis-del-covid-19-8831489.html
El magisterio de América Latina y el Caribe alzamos indignados nuestra voz contra los continuos ataques y asesinatos contra la comunidad negra y otras minorías que residen en los Estados Unidos. Nuestros pueblos son el producto de un mestizaje forzado realizado en el periodo colonial y hoy sufren la racialización de una élite conservadora y supremacista blanca.
Maestras y profesores quienes día a día trabajamos con nuestros niños, niñas y adolescentes, vemos con estupor, como en medio de la crisis económica mundial que afecta a los pobres, se asesina a nuestros hermanos como fue el caso del cruel asesinato de George Floyd ocurrido el 20 de mayo, que se suma a una larga lista de crímenes de Estado contra la comunidad negra en los Estados Unidos. Hecho que ha detonado la ira del pueblo americano.
Compartimos, suscribimos y reproducimos el reclamo de nuestros hermanos y hermanas, maestras y profesores de Puerto Rico quienes piden un alto a la represión, sumando nuestra voz a la de la clase obrera norteamericana que ha respondido de forma unánime haciendo un llamado a ponerle fin a los abusos y atropellos cometidos y reclama militantemente en las calles el cese de la violencia institucional y la disparidad en el ejercicio de la justicia.
No podemos pasar por alto que han sido los negros y las minorías los que han pagado el precio más alto en vidas por la desatención a la propagación del coronavirus y en los efectos de empobrecimiento y miseria que ha tenido sobre la clase trabajadora norteamericana el sistema económico neoliberal. Varias generaciones de puertorriqueños en la diáspora en EU han sufrido en carne propia la discriminación e intolerancia de la violencia racista.
Demandamos que los reclamos que hoy hace el pueblo norteamericano en las calles de sus principales ciudades sean atendidos mediante respuestas efectivas que pongan punto final a la disparidad racial, económica y judicial y se establezcan bases firmes para la superación de las falsas premisas raciales que hoy prevalecen.
Exigimos que se erradiquen las distintas manifestaciones de racismo que incluyen:
Hacemos nuestras las aspiraciones de nuestros hermanos y hermanas que hoy luchan por respeto.
Reclamos una sociedad justa, libre del discriminación, desigualdades y explotación en los Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo.
Suscriben organizaciones y personalidades
Mercedes Martínez (Secretaria General de la Federación de Maestros de Puerto Rico), Pedro Hernández (Secretario General, Comité Ejecutivo de la sección 9 Democrática SNTE-CNTE, México), Luis Edgardo Salazar Bolaños (Secretario General de FECODE, Colombia), Luis Bonilla-Molina (Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes. OIREPOD), Wendy Méndez (CoDevelopment Canadá), Alfredo Velásquez (SUTEP, Perú), Claudia Baigorria (Secretaria Adjunta, CTA-Autónoma, Argentina) Luis Tiscornia (Federación Nacional de Docentes Investigadores y Creadores Universitaries CONADU Histórica, Argentina), Ángel Rodríguez Rivera (Presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, APPU, Puerto Rico), Unión Nacional de Educadores (UNE, Ecuador), Fernando Lázaro/Fernando Santana (Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares Histórica, CEIP-H, Argentina), Francisco Torres (secretario gremial de la Federación Nacional Docente, FND-CTA-A y coordinador de Alternativa Docente, ANCLA/MST Argentina), Verónica del CID (Red Mesoamericana de Educación Popular Alforja), Fernando Abrego (Secretario General de ASOPROF, Panamá), Luz Palomino (Centro internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación, CII-OVE, miembro de CLACSO), Comité Ejecutivo del Foro Por el Derecho a la Educación (Chile), David Lobâo (Coordinador General del Sindicato Nacional de Servidores Federales de la Educación Básica, Profesional y Tecnológica, Brasil), Unión de Educadores y Trabajadores de la Educación de Puerto Rico, Niurka González Orbera (Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la educación, la Ciencia y el Deporte, SNTECD, Cuba), Gustavo Cortés Montiel(Secretario General del sindicato de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, SITRAIEMS, México), Denis Solís (APSE, Costa Rica), César Valdovinos (Centro Internacional de Pensamiento crítico Eduardo del Río, RIUS, México), Yesid González/Carlos Munevar(Red de Maestros y maestras clasista la ROJA, Colombia), Laura García Tuñón (Encuentro entre Docentes y Educadores Populares, ENDYEP, Argentina), Eduardo González (Movimiento por la Unidad Docente, Chile), Richard Araujo (APEOESP, Sindicato dos Profesores da Rede Oficial do Ensino do Estado de Sao Paulo), Rose Mary Hernández (Foro Venezolano por el derecho a la Educación, FOVEDE, Venezuela), Lev Velásquez (Centro Sindical de Investigación e Innovación Educativa, CSIIE, Michoacán, México), Elisabete Búrigo (Sindicato Nacional de Docentes de la enseñanza Superior, ANDES, Brasil), Vanesa Gagliardi (Comisión directiva de ADEMYS, Argentina), Martha Rocío Alfonso (Vicepresidenta de FECODE, Colombia), Andrea Lanzette (SUTEBA Multicolor Lanús y Comisión directiva de la CTA-A de Lanús, Argentina), Facundo Fernández (Comisión Directiva AMSAFE Rosario, Argentina), Bessy Berrios (Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros, PRICPHMA, Honduras), FND/CTA-A (Federación Nacional Docente, Argentina), Anibal Navarrete (Departamento Pedagógico del Regional Bio Bio del Colegio de Profesores, Chile), COAD (Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina), Lourdes de Urbáez (Sociedad Venezolana de Educación Comparada, SVEC, Venezuela), Luis Sánchez (Secretario General de AEVE, Panamá), Diógenes Sánchez (Coalición Panameña por el derecho a la Educación, Panamá), Marco Raúl Mejía ( Planeta Paz, Expedición Pedagógica, Colombia), Luis Bueno (Presidente del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, CILAS, México), Sandra Lario (Colectivo de Educadores desde el Sur, Argentina), Jorge Cardelli (Se, Interior de la Federación Nacional docente)Sindicato Docente de Chaco (Argentina), Zuleika Matamoros (Movimiento Pedagógico de Base, Venezuela),José Hidalgo Restrepo (Movimiento de Integración Democrática, MID, Colombia), UTEM (Unión de Trabajadores de la educación de Misiones, Argentina), Yorgina Alvarado Díaz (Sindicato de educadores Costarricense, SEC, Costa Rica), SITEP (Sindicato de Trabajadores de la Educación Pampeana, Argentina), APTEA (Asociación Tucumana de Profesores y Educadores de Adultos, Argentina), Carolina Jiménez (Investigadora del Centro de Pensamiento y Diálogo Nacional, Colombia), Daniel Libreros (Docente Universidad Nacional de Colombia), José Cambra (Profesor de la Universidad de Panamá), CNSUESIC (Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, la Educación Superior, Investigación y Cultura, México) .
Para adhesiones escribir a contacto@otrasvoceseneducacion.org
The following statement by a large coalition of Latin American and Caribbean educators was first published at Otras Voces en Educación, an independent site dedicated to developing critical theory for educational change. Translated by No Borders News.
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Stop the repression against the Black community!
End racism in the United States!
Latin American and Caribbean teachers and educators raise our voices in outrage against the ongoing attacks and murders suffered by the Black community and other minorities residing in the United States. Our peoples are the product of a forced miscegenation carried out during the colonial period and to this day we suffer racialization by a conservative and white supremacist elite.
As teachers who work with our children and adolescents every day, we look on in astonishment as, in the midst of a global economic crisis hitting the poor, our brothers and sisters are killed in the United States, as was the case with the cruel murder of George Floyd on May 20. His death adds to a long list of state crimes against the Black community in the United States. This fact has detonated the anger of the American people.
We share, we believe in, and we will amplify our brothers and sisters’ demands. The teachers and professors of Puerto Rico call for a halt to the repression, adding our voices to those of the North American working class that has unanimously responded by calling for an end to these abuses and outrages. We join with all those who have actively taken to the streets to demand the cessation of institutional violence and disparities in the exercise of justice.
We cannot ignore the fact that Black people and minorities have paid the highest price in terms of lives lost for the failure to effectively confront the spread of the coronavirus. At the same time, these very communities are suffering most acutely from the impoverishment and misery forced on the North American working class by the neoliberal economic system. Several generations of Puerto Ricans living in the United States diaspora have experienced violent racist discrimination and intolerance firsthand.
We insist that the demands the North American people are today putting forward in the streets of their main cities be addressed through effective responses to put an end to racial, economic, and judicial disparities. Real actions must be taken to overcome the false racial premises that prevail today.
We demand that the numberous manifestations of racism be eradicated, including:
*Racial “jokes” and derogatory and demeaning racial attitudes.
*A system that “naturally” assigns the lowest-paying and lowest-status positions to those who come from marginalized sectors.
*The “coincidence” between racial background and the absence of government support for adequate schools, health facilities, and employment opportunities.
We embrace the aspirations of our brothers and sisters who are fighting for respect today.
We demand a just society, free from discrimination, inequality, and exploitation in the United States, Latin America, and around the world.
Signed by the following organizations and individuals,
Mercedes Martínez (Secretaria General de la Federación de Maestros de Puerto Rico), Pedro Hernández (Secretario General, Comité Ejecutivo de la sección 9 Democrática SNTE-CNTE, México), Luis Edgardo Salazar Bolaños (Secretario General de FECODE, Colombia), Luis Bonilla-Molina (Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes. OIREPOD), Wendy Méndez (CoDevelopment Canadá), Alfredo Velásquez (SUTEP, Perú), Claudia Baigorria (Secretaria Adjunta, CTA-Autónoma, Argentina) Luis Tiscornia (Federación Nacional de Docentes Investigadores y Creadores Universitaries CONADU Histórica, Argentina), Ángel Rodríguez Rivera (Presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, APPU, Puerto Rico), Unión Nacional de Educadores (UNE, Ecuador), Fernando Lázaro/Fernando Santana (Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares Histórica, CEIP-H, Argentina), Francisco Torres (secretario gremial de la Federación Nacional Docente, FND-CTA-A y coordinador de Alternativa Docente, ANCLA/MST Argentina), Verónica del CID (Red Mesoamericana de Educación Popular Alforja), Fernando Abrego (Secretario General de ASOPROF, Panamá), Luz Palomino (Centro internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación, CII-OVE, miembro de CLACSO), Comité Ejecutivo del Foro Por el Derecho a la Educación (Chile), David Lobâo (Coordinador General del Sindicato Nacional de Servidores Federales de la Educación Básica, Profesional y Tecnológica, Brasil), Unión de Educadores y Trabajadores de la Educación de Puerto Rico, Gustavo Cortés Montiel (Secretario General del sindicato de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, SITRAIEMS, México), Denis Solís (APSE, Costa Rica), César Valdovinos (Centro Internacional de Pensamiento crítico Eduardo del Río, RIUS, México), Yesid González/Carlos Munevar(Red de Maestros y maestras clasista la ROJA, Colombia), Laura García Tuñón (Encuentro entre Docentes y Educadores Populares, ENDYEP, Argentina), Eduardo González (Movimiento por la Unidad Docente, Chile), Richard Araujo (APEOESP, Sindicato dos Profesores da Rede Oficial do Ensino do Estado de Sao Paulo), Rose Mary Hernández (Foro Venezolano por el derecho a la Educación, FOVEDE, Venezuela), Lev Velásquez (Centro Sindical de Investigación e Innovación Educativa, CSIIE, Michoacán, México), Elisabete Búrigo (Sindicato Nacional de Docentes de la enseñanza Superior, ANDES, Brasil), Vanesa Gagliardi (Comisión directiva de ADEMYS, Argentina), Andrea Lanzette (SUTEBA Multicolor Lanús y Comisión directiva de la CTA-A de Lanús, Argentina), Facundo Fernández (Comisión Directiva AMSAFE Rosario, Argentina), Bessy Berrios (Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros, PRICPHMA),FND/CTA-A (Federación Nacional Docente, Argentina), Anibal Navarrete (Departamento Pedagógico del Regional Bio Bio del Colegio de Profesores, Chile), COAD (Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina), Lourdes de Urbáez (Sociedad Venezolana de Educación Comparada, SVEC, Venezuela), Luis Sánchez (Secretario General de AEVE, Panamá), Diógenes Sánchez (Coalición Panameña por el derecho a la Educación, Panamá), Marco Raúl Mejía (Planeta Paz, Expedición Pedagógica, Colombia), Luis Bueno (Presidente del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, CILAS, México), Sandra Lario (Colectivo de Educadores desde el Sur, Argentina), Jorge Cardelli (Se, Interior de la Federación Nacional docente), Sindicato Docente de Chaco (Argentina), Zuleika Matamoros (Movimiento Pedagógico de Base, Venezuela), José Hidalgo Restrepo (Movimiento de Integración Democrática, MID, Colombia), UTEM (Unión de Trabajadores de la educación de Misiones, Argentina), Yorgina Alvarado Díaz (SEC, Costa Rica), SITEP (Sindicato de Trabajadores de la Educación Pampeana, Argentina), APTEA (Asociación Tucumana de Profesores y Educadores de Adultos, Argentina), Carolina Jiménez (Investigadora del Centro de Pensamiento y Diálogo Nacional, Colombia), Daniel Libreros (Docente Universidad Nacional de Colombia), José Cambra (Profesor de la Universidad de Panamá).
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