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De la calidad a la educación digna

Por: Edgar Isch L.

Desde años atrás entró como parte del discurso educativo la “calidad” de la educación y, a partir de ella surgieron mecanismos de evaluación de los sistemas, instituciones y personas involucradas en el mundo educativo. Podemos decir que no hay organismo internacional que no haya trabajado con este calificativo aparentemente inofensivo y obvio, pero que en el fondo responde a una perspectiva ideológica y a intereses particulares. La calidad se convirtió en una especie de joker de la baraja, útil para cualquier propuesta por negativa que fuese, apenas un placebo que se usa para toda enfermedad.

En este artículo procuraremos demostrar lo dicho, pero también plantear una alternativa desde los derechos humanos. Defender la educación como un derecho no es asunto sencillo y menos aún hoy cuando el resurgir de posiciones de extrema derecha sostienen abiertamente que ese derecho no existe, que la educación es apenas un bien comerciable, como lo hace un candidato a la presidencia de Argentina o una candidata en la segunda vuelta de Ecuador. Una vez negado el derecho, la calidad queda a disposición del mercado.

El inicio del discurso de la llamada calidad

Los inicios de la onda en favor de la calidad se presentan en la década de los años 50 del siglo pasado, cuando el economista Edward W. Deming (1989) plantea que “la mejora de la calidad lleva a la economía de los costos y al aumento de los beneficios” económicos de los empresarios. Para ello la calidad se concibe desde la satisfacción del consumidor, la que a su vez lleva a una mayor venta de bienes y servicios. Pero no necesariamente lo más vendido es lo que tiene mejores características, como puede suceder con los libros best Sellers, música empobrecida, pero con ritmo o con la comida chatarra en un comedor estudiantil. Ni en lo individual ni en social lo más vendido es lo adecuado aún en el caso de que el consumidor se sienta satisfecho.

Famosos promotores de los sistemas de control de la calidad total, Kanji y Asher (1993), plantean breves definiciones claves:

Calidad: Satisfacer los requerimientos del consumidor continuamente. 

Calidad total: Lograr la calidad a bajo costo. 

Control total de la calidad: Obtener la calidad total involucrando diariamente a cada uno de los miembros de la organización.

Una trampa visible, pero deseada por los promotores de esta visión de calidad, está en la idea de que un mayor precio demuestra más calidad del producto y es resultado de la misma. La realidad es que muchas veces la imagen de un producto y su calidad son resultado de la publicidad y no de calidad real, publicidad que, además, según demuestra M. MaxNeff, propone seudo satisfactores a problemas reales, alejando su solución y generando nuevos problemas. La generación de necesidades ficticias es otro componente de la acción publicitaria, creando nuevas barreras a la solución de problemas reales.

Luego vendrá un ajuste a la definición, proponiendo la excelencia como un concepto superior porque supera a lo normal. Para ser excelente, dirán, se requiere ser superior a los demás, trabajar más, ponerse la camiseta de la empresa que nos contrata.

El “control total de la calidad”, en este conjunto de definiciones, tiene que ver con la participación automatizada en lo resuelto por otros, no en una participación democrática, pues hay una postura filosófica que se convierte en indiscutible. 

La calidad en educación

Sin embargo, en educación no entró de inmediato la llamada búsqueda de la calidad en esos términos. Para los años sesenta, por ejemplo, en América Latina las reformas educativas se centraron en la ampliación de la cobertura, especialmente de ciclo escolar, debido a la necesidad de trabajadores con conocimientos básicos que les permita entrar en los procesos de industrialización y modernización. En este momento la calidad es del sistema en su conjunto y orientada principalmente a resultados cuantitativos.

Luego la atención estaría centrada en la formación docente en la tecnología educativa de la época. Aquí arranca con fuerza la homogenización escolar, pretendiendo que el proceso educativo sea único desde la planificación hasta la evaluación. Las matrices y detalladas guías de trabajo creadas muy lejos de las aulas y con poca o ninguna consulta a los y las docentes se impondría como obligatorias. El daño al ejercicio creativo e intelectual de la docencia fue muy grave, pues antes que debatir la pedagogía, que paulatinamente fue expulsada de las aulas, se propondría un pragmatismo al grado que maestros y maestras se acostumbrarían a solicitar la matriz, el ejemplo de llenado, la manera de satisfacer a la burocracia educativa. 

Esto se complementaría dando paso a visiones muy parciales de currículo, que llegarían a expresarse incluso como meros listados de contenidos. La calidad redujo sus expectativas, al tiempo que se hacían más fuertes las diferencias clasistas entre escuelas privadas de alto costo (no necesariamente “mejores”) y escuelas públicas a las que los Estados atendían cada vez con menos interés.

Es en momentos en los que la visión de la crisis educativa se centra en la administración (planificación estratégica, trabajo por procesos, descentralización institucional, entre otros) y en sus actores (rol de los directivos que en muchos casos pasaron a ser llamados gerentes, docentes que asuman más cargas administrativas), cuando la “calidad” aparece como la justificación de nuevas ideas de cambio.

Se trata del periodo de aplicación intensiva del modelo neoliberal de desarrollo y sus principios económicos. En educación se puso el acento en el proceso de enseñanza aprendizaje y en la responsabilidad docente, observando al interior de la escuela y dejando de lado diversos aspectos de su relación con la sociedad. 

Calidad e ideología

En esta línea de pensamiento, se difunde una perspectiva hegemónica del ambiguo término de calidad.  Según Morales Basadre (1993, p. 11), esta constituía:

 

… el mayor desafío que enfrentan las naciones es la transformación de la calidad educacional: mejor nivel formativo, acceso a los códigos culturales de la modernidad, adquisición de nuevos valores, desarrollo de la capacidad de innovar, renovar, crear…. 

 

Reflexionemos sobre los indicadores de calidad que plantea, aunque no les de ese nombre.

  1. Mejor nivel formativo, sí, ¿pero en qué dirección? No se abre al debate cual es la finalidad de la educación, que significa “mejor” nivel, con qué grado de participación.
  2. Acceso a los códigos culturales de la modernidad. Es decir, abandonar las culturas propias y asumir las perspectivas del mundo occidental desarrollado. Recuerde el lector que se nos calificaba de subdesarrollados y nos planteaban que copiar era la manera de lograr el desarrollo. Modernidad que, además, se presentó junto al capitalismo, así que es a ese sistema que se debe servir.
  3. Adquisición de nuevos valores. Complementando lo anterior, entonces se debe promover la competitividad, más tarde justificada y enmascarada en la meritocracia (Isch, 2013). Valores ligados a la prioridad de los intereses empresariales y el individualismo extremo. El posmodernismo hará también su aparición y el constructivismo de Piaget, con la tesis de que cada quién construye su propio conocimiento sería utilizado para alimentar en las aulas el “sálvese quien pueda”, aun contrariando otras tesis y propuestas constructivistas. 
  4. Desarrollo de la capacidad de innovar, renovar, crear. Capacidades importantes pero que, si se considera lo anterior, tiene una línea individualista y no general.

 

Como se puede ratificar, cualquier selección de indicadores, que en casos como ayuda a precisar la definición hegemónica de calidad educativa, está envuelta en una posición ideológica. Cada indicador nos está señalando, aunque no siempre directamente, lo que se piensa en el fondo, cómo se interpreta la realidad y qué posicionamientos se presentan ante las concepciones epistemológicas y axiológicas. Si se trata del pensamiento hegemónico, este corresponde al pensamiento dominante en la sociedad de clases en la que estamos viviendo.

 

Adicionalmente, en el momento que prefigura las características del estudiantado deseable, existe también una posición política. Señalar de alguna manera un perfil de salida, habla del ser humano deseado para un determinado tipo de sociedad. 

 

De esta manera se puede trabajar cualquier lista de indicadores o características de la calidad y el resultado siempre será que no se trata de una posición exclusivamente técnica. Lo ideológico y lo político están fuertemente implicados, como sucede con cualquier decisión de política educativa, sea a nivel nacional o institucional. 

 

Parte de estas decisiones están ligadas a las determinaciones de como trabajar al interior de la institución. Mirando la educación apenas como un servicio, Ishikawa (1986) propone los círculos de Control de la Calidad Total que plantea que el estado ideal de la empresa es cuando la inspección ya no es necesaria, pues cada trabajador o funcionario se convierte en el capataz de los demás, se autocontrolan, denuncia y sancionan en medio de una competición cotidiana. Esto tampoco es carente de ideología o apolítico. 

Calidad hoy

Con los antecedentes previos se entenderá que por varios años en lugar del derecho a la educación, se pasó a la medición más elemental que es la del ingreso. Pero los componentes del derecho, de los que hablaremos más adelante, consideran que el ingreso solo es un factor necesario para ejercer el derecho y no el derecho en sí mismo. 

Pero más tarde, en medida que se consideraba más lo administrativo, la calidad se está ligando a un “consenso para la gobernanza” del derecho. Nuevamente, no se trata del derecho en sí mismo sino a un desvío en el análisis, para fomentar mecanismos administrativos y comerciales habitualmente dispuestos por organismos como la Organización Mundial del Comercio (OMC).

A más de los mecanismos de comercialización, privatización directa e indirecta, la idea de gobernanza promueve la estandarización educativa. Esto calza con el inicio mismo de nuestra historia, pues Deming planteó que “la calidad no es preferencia, ni la calidad es tecnología u originalidad”; “la calidad es el grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste adecuado a las necesidades del mercado” (ídem). La estandarización, al igual que todo el lenguaje empresarial, es factible y realizable para la fabricación de objetos, pera no lo es para los derechos humanos. La educación no puede olvidar el contexto social y cultural en el que se desarrolla, los objetivos concretos o inmediatos y los de carácter histórico o estratégico de los pueblos, la relación en territorio con los otros derechos y perspectivas propias de futuro colectivo.

 

Con estas concepciones anteriores se mezcla la visión de organismos internacionales que establecen una relación directa entre derecho de la educación y el Objetivo 4 del Desarrollo Sostenible (ODS-4): “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. Una vez más sin especificar de manera concreta a que se refiere con calidad, y nótese que aspectos tan importantes como la inclusión, la equidad y la oportunidad de aprendizaje están a la par, pero fuera de esa calidad mencionada, pero nada especificada. En las metas planteadas se observa una fuerte inclinación a garantizar acceso a la educación básica y equidad en el acceso a los otros niveles, como lo evidencian publicaciones especializadas de la misma ONU y también la inclusión de las nuevas tecnologías (seis de las diez metas del ODS4 se refieren a esto), lo que permite ver limitaciones en el uso de este concepto. 

 

La medición de calidad hoy más frecuente está en el uso de indicadores de rendimiento, fácilmente cuantificables y comparables, acortando costos. Para realizarla es necesario dejar de lado todo lo referente al contexto histórico, cultural y social, así como olvidar los factores asociados al aprendizaje que están dentro y fuera de la institución educativa. Una medición propiamente homogenizadora, que compara países de distintos continentes y culturas sin considerar nada más. Por ejemplo, mucho se nos menciona que los niños y niñas de Japón o de Corea del Sur demuestran mayor conocimiento matemático que la niñez ecuatoriana, pero se silencia que la competencia a la que están sometidos lleva a que estos dos sean parte de los países con mayor índice de suicidio infanto-juvenil.  Desde una perspectiva más humana será mejor que en promedio conozcan un poco menos pero que sean más felices, que valoren el juego y la socialización como sus derechos y escenario de formación social, que disfruten la vida y no la destinen a competir con los otros.

 

Otra calidad para otra sociedad

 

Como vemos, al emplear un término tan ambiguo como “calidad”, se presenta un anhelo pero que no puede ser entendido por igual por los distintos sectores sociales, que en realidad oculta los objetivos realmente buscados. Debería ser obvio que aquel tipo de calidad “empresarial” e incluso industrial, no corresponde a los derechos sociales, pero aún se lo promueve en distintos ángulos. Cada vez que se habla de una reforma educativa orientada por el mercado o a partir de viejas y nuevas fórmulas de mercantilización, el derecho retrocede y la “calidad” sometida a la estandarización toma su lugar.

 

Con ello se explica que, al menos, se debería exigir siempre que se especifique de que calidad estamos hablando. Muchas posiciones cercanas a la educación popular, crítica o emancipadora buscarán diferenciarse con adjetivos que aclaren qué clase de educación se busca. Por ello, se dirá, por ejemplo, que se desea una calidad humana de la educación (o con sentido humano), una calidad integral, calidad de carácter histórico, calidad democratizadora, calidad centrada en el educando, entre otras definiciones. En todas ellas un rasgo común es el intento de ver a la educación de manera totalizadora, ligada a contextos social, cultural e histórico y propuesta desde finalidades de carácter social.

 

Con una perspectiva de estas características se busca superar el sentido instrumental de la calidad de la educación (que mide aspectos del funcionamiento del sistema desde la eficiencia del centro educativo, aislado del conjunto social) y su complemento la “calidad intencional” que procura promover los valores capitalistas presentados como modernización (Chiroque, Díaz y Timcopa, 1992). Señalamos que estas características humanas y democráticas se expresan primero a modo de principios antes que recetas. Es más importante que quien ejerce la docencia esté convencido y comprometido, por ejemplo con la vivencia de los derechos de la niñez, y que tenga la capacidad de hacer realidad esos derechos en cualquier circunstancia de las tan variables y sorprendentes que encuentre en la docencia.

 

Bajo esta consideración, diversas fuentes plantearán como aspectos ineludibles, pero sin un orden consecutivo, múltiples principios y requisitos. Enumeramos los que nos parecen más pertinentes para el momento histórico:

 

  • Principio de la educación como derecho humano. Como punto de partida y antes de entrar a las expresiones del derecho en sí mismo, señalemos que la educación, a partir de la familia en la que nos criamos, indistintamente de que tipo de familia sea, cumple un papel fundamental en nuestra humanización individual y como especie. En lo individual es fácil comprender que si tempranamente se nos aísla, como históricamente ha sucedido con niños y niñas con alguna condición de discapacidad notoria, es posible que ni siquiera aprendamos el lenguaje y, dado que lenguaje y pensamiento son inseparables, no lograremos una adecuada formación y desarrollo de la inteligencia; además, sin educación y la fase de socialización primaria, no lograríamos ser personas en condiciones de convivir en nuestra sociedad y cultura. Como especie, está demostrado que los procesos educativos incidieron en la evolución general, que en el caso de los seres humanos la evolución es tanto biológica como social dándonos el carácter de una especie muy diferenciada a las anteriores.

 

  • Principio de educación con visión de derechos. Los derechos humanos, de carácter fundamental, son potestades que corresponden a cada persona por el hecho de ser parte de la familia humana, sin distingo de ningún tipo. Nos colocan en una condición que se integra a la perspectiva de lucha de Rosa Luxemburg: «por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres».

 

La vivencia de derechos, de todos y cada persona que forma parte de la comunidad educativa, la prioridad del interés superior del niño y la niña, van mucho más allá de memorizaciones y debe llegar al establecimiento claro de mecanismos de exigibilidad que den garantía a los derechos. Una convivencia entre iguales será una que deje de lado el etnocentrismo, el racismo, el sexismo y androcentrismo, el clasismo. Es procurar una escuela que sea refugio y faro de transformación.

 

  • Principio de democracia y justicia. Ligado a lo anterior está el compromiso por eliminar toda forma de discriminación y encaminarse hacia la igualdad real de oportunidades educativas. La democratización de las escuelas implica un fortalecimiento y priorización de la educación pública presencial y el uso de mecanismos de apoyo permanente a los sectores que con mayores dificultades acceden a las aulas.

 

En este y en los principios anteriores, la inclusión educativa indistintamente de las diferencias personales se convierte en una obligación del sistema educativo en todos sus niveles. 

 

  • Principio de la transformación social. La educación no puede ser solo repetición de saberes asumidos por la humanidad, sino la formación en cada uno de la capacidad de transformar y transformarse de manera dialéctica: me transformo a mí mismo transformando la realidad y, a su vez, la transformación de la realidad conlleva a una transformación personal. El ritmo y grado de este proceso transformativo puede ser distinto, pero es ineludible y debe formar parte de la vida en la escuela.

 

Este principio hace referencia también la relevancia establecida en el qué y para qué de la educación; y la pertinencia en su relación con las necesidades de la comunidad y los y las estudiantes, para que su aprendizaje sea útil y transformador y construya autonomía, autogobierno e identidad.

 

La transformación social involucra una clarificación de valores y criterios personales, un compromiso con la sociedad deseada pero que no es la actual, un trabajo intencionado en esa dirección. Solo así, ligando pensamiento y acción, se podrá, por ejemplo, contribuir desde la escuela a la lucha contra la corrupción generalizada. La vivencia es también ejemplo de educadores y educadoras, del conjunto del personal de la institución educativa, logrando un impacto muy por encima de los acostumbrados sermones y moralejas.

 

  • Principio de integralidad. La educación es formación integral de la persona, de su personalidad. Por tanto, debe asumir que los humanos debemos encontrar en la institución educativa el escenario y condiciones para el desarrollo de la capacidades y funciones mentales superiores, de distintos talentos y de nuestra característica como seres senti-pensantes. 

 

Para lograr esa integridad se debe conjugar la teoría y la práctica, el trabajo intelectual y el manual, el aula y el contacto con la comunidad, un nivel educativo con otro, las diferencias y necesidades específicas de aprendizaje. 

 

Si se quiere, entonces, hablar de una calidad humana, social e histórica de la educación o una calidad basada en los Derechos Humanos, por lo general lo cuantitativo será insuficiente, como lo es con cualquier proceso humano. Una visión de la educación como acción intencionada y orientada presume la necesidad de formas de evaluación colectivas, cualitativas y cualitativas, que rompan la forzada homogenización y den respuesta a las realidades concretas de cada país, nacionalidad, sector. 

 

La educación digna como alternativa conceptual y práctica

 

Para salir de la confusión que acompaña a la calidad educativa es muy importante contar con un punto de partida fundamental y este es el de la educación como derecho humano. Como ya dijimos, se debe presentar sin ningún distingo y sin barreras que nada tienen que ver con la condición de ser humanos. Si se pone otras condiciones, como el pago de costosas matrículas, el derecho deja de para todos y pasa a constituir una mercancía o un servicio que está solo al alcance de algunos. Esto ya rompe con los criterios de calidad según la demanda, según el precio del servicio o la compra-venta. 

 

Como derecho, la educación se interrelaciona con los demás derechos humanos. Por un lado posibilita otros derechos como la salud (quién se educa conoce la manera de prevenir enfermedades y no cae en las trampas de los opuestos al conocimiento científico) o la participación (un pueblo educado en su historia y análisis de la realidad no será víctima de la demagogia); por otro lado, la educación depende de la garantía de otros derechos (en Ecuador la desnutrición crónica infantil afecta a uno de cada tres niños y niñas y esta condición dificulta el desarrollo de capacidades como la abstracción, por lo que se les hace más difícil la matemática o el uso de nuevos conceptos).  Una vez más, aquí la visión del derecho humano se muestra muy superior al de calidad, al considerar la integración de la vida del estudiantado con la educación, recordando el viejo decir que “educamos desde la vida y para la vida”.

 

En consecuencia, es fundamental considerar la relación que tienen los derechos humanos con la dignidad de la persona. Derechos y dignidad se encuentran tan atados, que deberíamos considerar a esta como un requisito fundamental para la educación. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su Preámbulo reitera que «la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana». En el Artículo 1 se remarca: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

 

A muchos sorprende que se mencione a la dignidad primero, pero es que esta es considerada como la base de todos los derechos humanos. Pero, a la vez, los derechos humanos le dan contenido y profundidad, de manera que dignidad no puede ser una palabra indistinta, sino sinónimo de cumplimiento real de esos derechos. Por ello, en muchos países la dignidad humana es en varias constituciones y legislaciones un claro argumento jurídico.

 

En consecuencia, vivir con dignidad solo se expresará cuando se cumplan con los demás derechos. Así lo dejará ver Antônio Cançado Trindade, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- (Villagrán y otros 1999):

 

La privación arbitraria de la vida no se limita, pues, al ilícito del homicidio; se extiende igualmente a la privación del derecho de vivir con dignidad. Esta visión conceptualiza el derecho a la vida como perteneciente, al mismo tiempo, al dominio de los derechos civiles y políticos, así como al de los derechos económicos, sociales y culturales, ilustrando así la interrelación e indivisibilidad de todos los derechos humanos.

 

Amnistía Internacional (2005, p. 15), organización defensora de los derechos humanos, ratificará que: “La dignidad humana exige el respeto por todos los derechos de todas las personas: nada es más prioritario que el derecho a vivir con dignidad”. Del mismo modo, lo harán otras organizaciones como Human Rights Internship Program y Asian Forum for Human Rights and Development: “No es posible alcanzar el fin último de asegurar el respeto por la dignidad del individuo sin que éste disfrute de todos sus derechos” (íbid, p.15).

 

De aquí cabe observar como organismos de las Naciones Unidas han ido adoptando este criterio. Tal vez la expresión más concreta está en la Organización Mundial del Trabajo que plantea como un objetivo “el trabajo digno”. En el mundo educativo todavía no hemos acogido con suficiente fuerza la relación entre el derecho a la educación y la dignidad humana y como el sistema educativo debe impulsar la dignidad por medio del trato igual a todos y todas.

 

Una educación digna estará centrada en los seres humanos y sus múltiples diversidades, en el colectivo y no solo en el individuo, diferenciándose de lo que desde el punto de vista hegemónico se ha querido entender como educación de calidad. Hablar de una educación digna será más útil, clarificador y movilizador que el hablar de educación de calidad. 

 

Una educación digna requiere partir de una comprensión de los derechos en su conjunto y de los retos que plantea transformar la sociedad para que sean vigentes en la cotidianidad de los países. En el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas se señala lo siguiente:

 

  1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
  2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
  3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

 

De manera complementaria, la Observación General 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), en su artículo décimo tercero analiza la manera de realizar el derecho a la educación. Se trata de “cuatro características interrelacionadas y fundamentales” que debe tener la educación en todas sus formas y en todos los niveles. De manera resumida estas son:

 

  1. Disponibilidad.  Debe existir instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado, distribuidas en forma equitativa en todo el territorio, con equidad en la disposición de recursos necesarios, incluyendo los comunicacionales y tecnológicos. 
  2. Accesibilidad. Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todos, sin discriminación, en el ámbito del Estado. La accesibilidad consta de tres dimensiones, considerando el principio de la no discriminación.  
  • Accesibilidad física. La institución educativa debe estar a una distancia razonable de la vivienda, al igual que las nuevas tecnologías, sin barreras arquitectónicas y en entornos seguros.
  • Accesibilidad al currículo. Asegurar el derecho (no obligatoriedad) de aprender en su propia lengua y los materiales y condiciones necesarios para quienes tengan necesidades específicas de aprendizaje.
  • Accesibilidad económica. No solo se refiere a los costos de matrícula, sino también a los de libros y materiales, movilidad, alimentación, conexión a internet y otros que se convierten en barreras a la equidad que debe caracterizar a la educación.
  1. Aceptabilidad.  La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes y, cuando proceda, los padres; y
  2. Adaptabilidad.  La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados.

 

La obligatoriedad hasta el bachillerato y la gratuidad hasta la universidad, señaladas en la Constitución del Ecuador serán, simultáneamente, condiciones para que se haga posible el derecho a la educación, demostrando además la superioridad social y moral de la educación pública. Obligatoriedad y gratuidad también deben ser requisitos de las políticas públicas democráticas e innovadoras y deberían serlo a lo largo de toda la vida (Isch, 2022).

Algunos pasos necesarios

Para lograr una educación digna se deben dar algunos pasos que comprometen a todos los actores del sistema educativo, al Estado y a la sociedad en su conjunto. Lo primero será ganar la conciencia mayoritaria a favor de la educación como un derecho humano y que consecuentemente debe ser una prioridad nacional. A partir de ello se podrá cambiar la óptica de la planificación educativa, sacándola de los esquemas burocráticos y tecnocráticos, para construir planes realmente participativos considerando la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Esto tendrá su correspondencia con evaluaciones que abarquen estos aspectos, los resultados de aprendizaje, el financiamiento, la participación social y otros elementos.

Hay varias contradicciones sociales y conceptuales que confrontar. Con carácter de urgencia, una primera es que, si retomamos la visión de educación como formación integral, la enseñanza será múltiple y dirigida al desarrollo de las capacidades mentales y por ello incluirá arte, valores, cultura propia y universal, ciencia y deporte, se preocupará de los planes de vida y de la herencia social. En contraste, encontramos que lo que se impulsa desde sectores de poder es la educación centrada en el paradigma STEM (siglas en inglés para Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) que subestima la formación humanista y termina rechazando la importancia de áreas como la filosofía o la historia.

Una segunda urgencia es la defensa de la educación pública y gratuita frente a los números intentos de privatizarla y convertirla en una mercancía de acceso diferenciado. Como hemos visto, la educación pública es garantía fundamental del derecho, es constructora de democracia real, es sostén de la cultura propia y nexo con lo universal de la cultura. La equidad educativa requiere de la educación pública, pero esta se encuentra amenazada como en pocos momentos de los últimos siglos.

Tercero, encontramos la contradicción entre la presencialidad y la reducción o eliminación de la escuela como centro de encuentro humano, como núcleo del tejido central, como lugar de socialización y humanización. La tecnología actual y la que se presente adelante no puede reemplazar estas funciones de la escuela, pero mal empleada podría aislar aún más a las personas, ponernos frente al “sálvese quien pueda” y beneficiar a los poderosos. 

La realidad nos presenta estas y otras contradicciones, las mismas que luego se reflejaran en las condiciones de trabajo docente y de estudio de los educandos, en los resultados de aprendizaje y en las posibilidades o no de mejorar las condiciones de vida de las persona, familias y comunidades. Este texto solo pretendió a ayudar en el debate necesario para enfrentar esta que será una importante lucha de la humanidad. 

Referencias

Amnistía Internacional (2005). Derechos humanos para la dignidad humana. Una introducción a los derechos económicos, sociales y culturales. Madrid.

Chiroque, S. Díaz, C. y Tincopa, L. (1992). Diversidad curricular, pistas y derroteros. Lima, Edaprospo.

Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (2020). La mejora continua de la educación. Principios, marco de referencia y ejes de actuación. Ciudad de México.

de, Serie C, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voto conjunto de los Jueces Cançado Trindade y Abreu-Burelli.

Deming, W. Edwards (1989). “Calidad, productividad y competitividad a la salida de la crisis”; Editorial Díaz de Santos; Madrid, 1989.

Isch L., E. (2013). Meritocracia no es democracia. https://www.sinpermiso.info/textos/meritocracia-no-es-democracia 

Isch L. E. (2022). La educación en crisis. Quito, ediciones del Instituto de Estudios Ecuatorianos (en proceso de publicación).

Isch L., E (2022). El derecho a la educación superior y sus amenazas. Aprendamos a Educar 7: Universidad y compromiso social. Quito, Ediciones Opción.

Ishikawa, Kaoru (1986) “¿Qué es control total de la calidad?”; Editorial normal; Colombia, 1986.

Kanji, Gopal K. and Mike Asher. 1993. Advances in Total Quality Management. Avances en la Administración de la Calidad Total. N.p.

Max-Neef, M., Elizalde, A. & Hopenhayn, M. (1986). Desarrollo a Escala Humana: una opción para el futuro. In: Development Dialogue (número especial). Uppsala, CEPAUR – Fundación Dag Hammarskjöld.

Morales Basadre, R. (1993). Educación, inversión para el desarrollo. IPAE, Foro Educativo N°3, Lima, 1993.

ONU (2018). Quality education: Why it matters. http://www.un.org/ sustainabledevelopment

Villagrán Morales y otros (1999). Caso de los «Niños de la Calle», sentencia de la CIDH del 19 de noviembre de 1999.

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Guatemala: Presentan a candidatos propuestas para mejorar la cobertura, acceso y calidad de la educación

Por: Ana Lucía Ola

La Gran Campaña por la Educación (GCNPE) y la Mesa Interinstitucional de Innovación Educativa (MIIE) presentan a los candidatos una propuesta con acciones que se deben abordar para lograr la calidad educativa en Guatemala.

La educación en Guatemala se encuentra en un momento crítico. La pandemia del covid-19 y la suspensión de clases presenciales por más de dos años dejó al descubierto las falencias en el sistema educativo, pero también las debilidades en el aprendizaje de los estudiantes.

De cara a un proceso electoral para elegir a quienes gobernarán el país en los próximos cuatro años, la Gran Campaña por la Educación (GCNPE) y la Mesa Interinstitucional de Innovación Educativa (MIIE) trabajaron en una propuesta que identifica las áreas y las acciones que urge atender en la materia, con el afán de mejorar la cobertura, el acceso y la calidad de la educación.

El documento Perspectivas de la Educación en Guatemala presenta además una visión de la situación actual de los principales indicadores educativos, para que los políticos conozcan la realidad del país que buscan gobernar y trabajen en mejorarla.

De acuerdo con Gabriela de Burbano, de la GCNPE, esta propuesta surge como un interés ciudadano de coadyuvar postpandemia al nuevo Gobierno, que las nuevas autoridades al tomar posesión puedan tomar algunas acciones prioritarias.

“Es poner en la mesa aquellos puntos álgidos, y subrayar lo que es urgente y lo que es a mediano plazo. Esta es una contribución de hacer construcción de propuestas técnicas para que los candidatos y sus equipos de educación tengan esas prioridades. No es un libro de texto, no es un desarrollo de contenidos, es puntualizar en aquello que es prioritario”, dice De Burbano. 

Realidad nacional

El informe presenta los indicadores educativos más afectados por la pandemia y por procesos históricos. De esa cuenta habla de la cobertura y acceso a la educación, punto en el que se evidencia que la primaria tiene la mayor población estudiantil, pero aún falta que sea universal. Mientras que en la preprimaria y secundaria el alcance es limitado, lo que se convierte en un desafío “de lucha por la equidad”.

Aborda las deficiencias en el aprendizaje de los estudiantes, mismas que quedan evidenciadas en los resultados de pruebas realizadas, como las de graduandos.  Además, del estado en que se encuentra la infraestructura escolar, pues la estimación es que el 53% de los centros educativos tiene las condiciones mínimas para una enseñanza adecuada, y al mejorarlas puede incidir positivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Otro punto que se destaca en el documento es la formación de los profesores. “Si queremos llevar calidad a las aulas, la única manera es a través de los docentes. Necesitamos maestros competentes y comprometidos”, dijo Floridalma Meza de la GCNPE, durante la presentación de la propuesta el lunes último. También destacó la necesidad del liderazgo de los directores en las escuelas.

En cuanto a la educación bilingüe intercultural se señala la escasez de docentes que tengan fluidez de algún idioma indígena. Hace falta educación con pertinencia.

De la educación extraescolar se requiere de un currículo que se adapte a los niño y jóvenes que están en sobreedad o fuera del sistema educativo. El presupuesto de Educación destinado para atender dicha área es menor al 2 por ciento.

“No podemos seguir haciendo lo mismo, porque si no los resultados seguirán siendo los mismos”, dijo Meza.

Acciones estratégicas

Al estar un momento de postpandemia y ante un cambio de Gobierno, para De Burbano hay acciones que deben abordarse de manera inmediata. Una de ellas es la recuperación de los aprendizajes, hacer un diagnóstico de lo qué aprendieron los estudiantes durante el tiempo que estuvieron alejados de las aulas, y sobre ello plantear estrategias para mejorar.

Con el regreso a las escuelas es necesario que los espacios tengan las condiciones mínimas para que los niños se encuentren en un lugar amigable, agrega.

En ese retorno es necesario el abordaje psicoemocional en la comunidad educativa, por los efectos que pudo dejar la pandemia del covid-19 en estudiantes y docentes.

“El currículum es importante, la gestión educativa es importante, la descentralización es importante, pero el día a día en el aula, donde el docente está con el niño es fundamental, que los estudiantes tengan el interés de regresar y de ser parte de la comunidad educativa”, agrega De Burbano.

La propuesta Perspectivas de la Educación en Guatemala plantea acciones que son urgentes en nueve aristas:

  • En cuanto al aprendizaje además de atender el tema de la infraestructura, también llama a cumplir con los horarios y días de clases, implementar el modelo de educación híbrida en los espacios donde sea necesaria, diagnosticar los aprendizajes de los estudiantes para apoyar a los que requieran nivelación, diseñar estrategias para la recuperación de los aprendizajes, priorizar el currículo para el desarrollo de competencias, además de capacitar y apoyar a los docentes en el proceso.
  • Acerca de la gestión educativa se plantea la reactivación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Acompañamiento Educativo -SINAE- y redes educativas, robustecer la figura del director, también se necesita de mayor inversión y optimización en el uso de los recursos.
  • En el tema del currículo se propone evaluar una adecuación en el contexto de la pandemia, como también el emergente y la priorización curricular para la nivelación de los estudiantes.
  • Sobre la formación docente entre lo urgente está realizar evaluaciones de los distintos programas de formación que el Ministerio de Educación ha puesto en marcha, como de las acciones de formación continua.
  • Otro de los puntos que se tratan en la propuesta es la inclusión educativa para lo que se requiere un diagnóstico del alcance a los grupos vulnerables, establecer un modelo que atienda las necesidades educativas especiales, definir estrategias inclusivas postpandemia, así como incrementar el financiamiento para la innovación en esta área.
  • En lo que concierne a la educación bilingüe intercultural se llama a evaluar la oferta, avances y posibles estrategias de recuperación y fortalecimiento en el tema. También imprimir materiales en los idiomas nacionales y distribuirlos en el país, así como ampliar el uso de herramientas digitales para el aprendizaje de idiomas indígenas en los distintos niveles educativos.
  • De la educación extraescolar lo urgente es evaluar la oferta, los avances y las posibles estrategias de recuperación y fortalecimiento. Dichos puntos también deben enfocarse en la educación y formación técnica y profesional.
  • Mientras que en lo relacionado a tecnología educativa y conectividad lo inmediato es capacitar a los maestros en la utilización de recursos digitales, empoderar a los estudiante con las destrezas del siglo XXI, que todas las escuelas cuenten con recursos tecnológicos y digitales, así como con conectividad, y que se dote de equipo a docentes y estudiantes.

Según De Burbano la propuesta Perspectivas de la Educación en Guatemala está a disposición de los candidatos políticos que están en la contienda electoral del 2023 para que trabajen en mejorar la calidad educativa en el país.

Presentan a candidatos propuestas para mejorar la cobertura, acceso y calidad de la educación

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El derecho a la educación es una tarea pendiente en Venezuela

La Asociación Civil Con La Escuela presentó el informe final de su programa de monitoreo “Red de Observadores Escolares 2022- 2023” cuyo objetivo principal es exponer ante la opinión pública la situación escolar venezolana.

Desde finales de noviembre de 2022  la organización implementó este proyecto con la aplicación de 4 encuestas para  generar información de dominio público sobre el estado de los derechos educativos en Venezuela y la situación de escuelas, alumnos y docentes en 79 planteles de educación inicial, primaria y media, ubicados en siete estados del país.

Durante la presentación el Coordinador General de Con la Escuela, Oscar Iván Rose, informó que “el estudio mostró que garantizar el derecho a la educación es una tarea pendiente en Venezuela”. El educador recuerda que en la CRBV en su artículo 103 está establecido este derecho pero la realidad es que “las escuelas sufren deterioro en su infraestructura, la repitencia aumenta y la calidad del aprendizaje disminuye”.

Un dato a destacar dentro del informe final presentado por la Asociación Civil Con la Escuela es que el 68% de las escuelas públicas son las más afectadas por la escasez de docentes. “Debemos tener presente que docentes bien formados, apoyados y valorados son esenciales para garantizar educación de calidad y lograr cumplir los objetivos de la Agenda 2030. Por esta razón, los docentes son prioridad para la UNESCO”, señaló el coordinador de Con la Escuela.

Como conclusión este informe presenta tres puntos:
1. Múltiples factores vulneran el derecho a la educación de los estudiantes
2. La precaria situación de los docentes afecta su presencia en las escuelas y
3. Un recinto escolar deteriorado e insuficiente no garantiza el día efectivo de clases.

Para conocer en detalle el informe del Observatorio  “Red de Observadores Escolares 2022- 2023”, les invitamos a visitar la página web de Con la Escuela

https://observadorlatino.com/noticias/con-la-escuela-el-derecho-a-la-educacion-es-una-tarea-pendiente-en-venezuela/

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Compromisos ineludibles e innegociables

Por: Dinorah García Romero 

El foco de interés y de atención es calidad más que nunca en educación, formación docente y vida universitaria.

La semana que acaba de pasar ha estado movilizada por diversos hechos ocurridos en el contexto nacional. El que da origen a este artículo se vincula con la Normativa 09/15 para regular la elaboración y desarrollo de los Programas de Formación Docente en la República Dominicana, emitida por el CONESCyT el 11 de noviembre de 2015. El Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología ha planteado la posibilidad de una revisión de esta normativa. Asociaciones de Universidades del país avalan la revisión propuesta por el Ministro de Educación Superior. Algunas de las razones para avalar la revisión, que aparecen en la prensa, concitan la atención de distintos sectores sociales y educativos. Además, generan preocupación, al tocar la calidad de dos pilares nucleares, la educación y   la formación docente. Pero la situación que se suscita resulta sumamente importante. Se perciben dos aspectos distintivos: uno que evidencia la relevancia que la sociedad dominicana le confiere a la calidad de la educación y a la calidad de la formación de los docentes. Queda claro que no le da igual cualquier tipo de educación. El otro aspecto queda evidenciado con la postura proactiva e interpelante de distintos actores educativos y sociales. Estos ciudadanos y medios de comunicación muestran que se ha fortalecido el desarrollo del pensamiento crítico en el país. La puesta en acción de esta capacidad favorece la búsqueda de soluciones a los problemas con visión y perspectivas plurales y con mayor integralidad.

El Plan Decenal de Educación, 1992; el Plan Decenal 2008-2018, el Movimiento Social Coalición Educación Digna, 2010-2012; la Ley 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo 2030; el Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la República Dominicana, 2014-2030 y la Normativa 09/15 evidencian una constante: énfasis en la necesidad de calidad de la educación, calidad de la formación y del desempeño de los docentes. Estos documentos hacen visible un trabajo arduo de la sociedad para cualificar el sistema educativo dominicano en sus ámbitos preuniversitario y de la educación superior. Estos referentes no son perfectos, pero aportan significativamente. Son revisables, pues estamos en el 2021; pero no para retroceder y mucho menos para institucionalizar la cultura de lo fácil. Es necesario superar las rupturas que provocan desgastes y nuevas fragilidades en el sistema educativo del país.

El compromiso con la calidad de la educación y de la formación de los docentes es ineludible e innegociable. Esto es lo que importa; los colores partidarios de los que intervinieron, no interesan. Importa, además, la continuidad de todo aquello que permita avanzar, cualificar las estructuras y acentuar el rigor científico en la educación y en la formación de educadores. Ya no es aceptable dar marcha atrás. Las universidades del país no tienen en plan hacer retroceder lo que se ha logrado hasta la fecha. Si alguna lo ha pensado, está fuera de la historia. Ella misma ha de cavar su tumba y organizarse para desaparecer en soledad. La educación dominicana está urgida de cambios estructurales. No hay fuerza humana, política, religiosa o económica, que pueda eliminar o bloquear los pasos -pequeños y escasos- que se han dado hasta este momento. Las instituciones de educación superior están llamadas a ser pioneras en innovación y en calidad integral de la educación y del desarrollo social de la nación. Este es el espíritu que mueve a la mayoría de estas instituciones. Es necesario fortalecer el diálogo entre la Academia y la sociedad; crear lazos fundados en una confianza básica que fortalezca a ambas instancias. La educación dominicana no resiste fracturas entre la Academia y la sociedad. El foco de interés y de atención es calidad más que nunca en educación, formación docente y vida universitaria. Y todo este empeño ha de estar orientado a lograr un país más educado, más civilizado y justo.

Fuente: https://acento.com.do/opinion/compromisos-ineludibles-e-innegociables-8932899.html

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El panismo y los problemas educativos de Querétaro

Por:

El estado de Querétaro se ha destacado por su escasa inversión pública en educación inicial (niñas y niños entre los 0 y los 3 años de edad).

¿Cuáles son los principales problemas de la educación en Querétaro? ¿Cuáles han sido los procesos y los resultados de la educación pública en lo que va de la gestión del gobierno estatal (2015-2021), luego de cinco años y medio en que el panismo ejerce del poder ejecutivo, así como la mayoría en el congreso local?

El contexto político

Este año 2021 habrá cambio de gobierno (poder ejecutivo estatal) en Querétaro. También se darán relevos en las 18 presidencias municipales de la entidad; lo mismo sucederá con la integración de la legislatura local (25 escaños). Junto con las elecciones constitucionales (federales) intermedias. Este año es, sin duda, un tiempo de intensa actividad política en el territorio queretano.

Debido a que esta semana se iniciaron abiertamente las campañas políticas para dar a conocer las propuestas de las y los candidatos a los diferentes puestos de elección, conviene realizar un breve balance acerca de la situación que prevalece en el sector educativo estatal.

Retomo una parte del análisis que di a conocer a finales de 2020 (1). Según lo registrado en un documento oficial, el Programa Sectorial de Educación, Querétaro 2016-2021, el gobierno estatal se propuso “…como objetivo estratégico sectorial, garantizar una educación integral centrada en el mejoramiento de la calidad, la pertinencia y el acceso con equidad, mediante la articulación de los diferentes niveles, modalidades y servicios educativos, culturales y deportivos, con la participación de los diferentes sectores”. (2)

De las seis estrategias enunciadas en ese documento, derivadas del objetivo sectorial antes descrito, cuatro de ellas estaban dirigidas explícitamente hacia la Educación Básica en el estado (las estrategias 1, 3, 4 y 5): “1. Aseguramiento de la formación integral de calidad en educación básica, que equilibre la formación en valores y el desarrollo de competencias para la vida, con la participación de los padres de familia y en general de la sociedad… 3. Mejoramiento de las condiciones de infraestructura en los centros educativos, culturales y deportivos. 4. Ampliación de la cobertura mediante la diversificación de las oportunidades de acceso e inclusión a la educación, la cultura y el deporte para todos los sectores de la población y regiones del Estado, como parte de la formación integral de los queretanos. 5. Fortalecimiento de las acciones para disminuir el abandono escolar y mejorar la eficiencia terminal en todos los niveles educativos”.

Calidad

Con respecto a la primera estrategia, pregunto: ¿Se ha logrado la llamada “formación integral de calidad”? ¿Cuáles son las evidencias en el avance o retroceso de esa llamada “formación integral de calidad” en la Educación Básica en Querétaro? ¿Cuáles son los indicadores de la prueba ENLACE o de la prueba PLANEA como para evaluar las políticas públicas educativas estatales, en términos de los avances en la enseñanza y en el logro de los aprendizajes escolares? ¿Hay algún instrumento de evaluación de los aprendizajes escolares, alternativo a la prueba PLANEA (que coordinó hasta 2018 el INEE) por parte del estado de Querétaro? (3)

Infraestructura

Acerca de la tercera estrategia antes mencionada, sería interesante que las autoridades educativas estatales, hoy encabezadas por Carlos Arredondo, respondieran a las siguientes preguntas: ¿El gobierno del estado de Querétaro (específicamente la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, USEBEQ), cuenta con una valoración sobre el “mejoramiento de las condiciones de infraestructura en los centros educativos, culturales y deportivos” durante los últimos 5 años y medio? ¿Cómo se ha evaluado el avance en ese rubro? ¿Qué dicen las maestras y los maestros de Querétaro con respecto a las condiciones materiales de trabajo en sus centros educativos de básica (Preescolar, Primaria y Secundaria)? ¿Cuál es la opinión de las y los estudiantes y sus familias al respecto?

Recientemente el candidato del PAN, el empresario Mauricio Kuri, afirmó en una de sus cuentas en redes sociales digitales, que:

“La infraestructura educativa del país se encuentra en pésimas condiciones. Al contrario, el gobierno de Querétaro ha dignificado 1200 escuelas de todos los niveles, con tecnología e instalaciones de primera. Seguiremos equipando planteles, ofreciendo becas y acceso a internet.”

Recupero un comentario expresado por una maestra acerca de lo dicho por el candidato Kuri:

“Sr. Kuri. Lo invito a platicar con directores de escuelas públicas del estado de Querétaro. Las cosas no están bien como usted supone: escuelas olvidadas, saqueadas, vandalizadas, sin personal de apoyo, y un largo etc.”

Al respecto, cabe mencionar que en Querétaro hay, según el informe estadístico 2019-2020, 3 mil 089 escuelas públicas en total, de las cuales 1202 son de Educación Preescolar, 1288 de Primaria, 415 Secundarias, 130 escuelas de educación media superior y 21 de educación superior. ¿Cuáles son esas 1200 escuelas dignificadas o con “instalaciones de primera”?

Cobertura

En relación con la cuarta estrategia, relacionada con la “Ampliación de la cobertura mediante la diversificación de las oportunidades de acceso e inclusión a la educación”, conviene recordar que Querétaro se ha destacado por el incumplimiento, con creces, en la cobertura de la Educación Preescolar (específicamente en niños y niñas de 3 a 4 años). De acuerdo con datos de la estadística oficial de la SEP (2017-2018), Querétaro tenía una cobertura de alrededor del 20 por ciento en este grupo de edad. ¿Las autoridades estatales podrían decirnos cuál es el porcentaje actual, al término del sexenio, en este rubro? Y si se logró un avance ¿en qué proporción? Y si no ¿Por qué no se ha rebasado esa meta o esa cifra? Cabe señalar que la cobertura universal de la Educación Preescolar se encuentra establecida, en México, en la ley desde 2002. (4)

Exclusión, desafiliación o expulsión de estudiantes del sistema estatal

Sobre la quinta estrategia, considero que en el texto en cuestión se asoma una trasnochada concepción del “abandono escolar”. Se habla de ella como si la decisión de las y los estudiantes, implícitamente, fuera una responsabilidad o una determinación individual. Por el contrario, pienso que la exclusión, desafiliación o la expulsión del sistema educativo de las niñas, los niños o l@s jóvenes, es un proceso estructural, institucional, de características más complejas. ¿Cómo pudieron conducirse las políticas públicas educativas con este nivel anacrónico en la concepción general y específica sobre los procesos educativos? ¿Cuáles son las cifras actualizadas de la expulsión, desafiliación o exclusión social (no de “abandono”) de estudiantes de educación básica, media superior y superior en el estado luego del contexto de pandemia?

Derecho a la educación

Por otra parte, cabe señalar que en el documento referido hay sólo 10 menciones al concepto de derechos: 3 de ellas son referencias de leyes o de bibliografía, 4 se relacionan con “derechos sociales” y las demás menciones a otros, como los “derechos humanos” (en un documento de 49 páginas). Como era de suponerse (es un gobierno de origen neopanista), no aparece explícita ninguna mención a la educación como un derecho humano fundamental. No hay, por lo menos, un énfasis en esa dirección.

Privatización de la educación

Respecto al tipo de sostenimiento o financiamiento y de organización, en la educación especial, las autoridades locales informan que el 97.5% de la matrícula era atendido por instituciones públicas y sólo 2.5% por privadas; en educación básica, el 81.9% por las públicas, mientras que el 18% por las privadas. Por su parte, en la educación media superior se registraba un 73.6% de la matrícula escolar en instituciones educativas públicas y 26.4% en privadas; y en educación superior se tenía un 55.13% en instituciones públicas y 44.87 en escuelas privadas.

¿Esto significa, entre otras cosas, que para las y los jóvenes queretanos o radicados en la entidad, las posibilidades de acceder a la educación superior pública, año con año, se ven cada vez más reducidas?

Así mismo, el estado de Querétaro se ha destacado por su escasa inversión pública en educación inicial (para niñas y niños entre los 0 y los 3 años de edad). Veamos algunos datos: Según el reporte estadístico 2019-2020, el estado registró 10 escuelas públicas de educación inicial, mientras que el sector privado cuenta con 135. Adicionalmente y derivado de lo anterior, el 89 por ciento de la matrícula de educación inicial es atendida en escuelas privadas, mientras que sólo el 11 por ciento de esta población infantil es cubierta o está inscrita por la escuela pública.

La sociedad queretana y del país, requiere de información puntual acerca de los avances, o no, de las políticas públicas educativas aplicadas, en lo local y nacional. La eventual coyuntura del cambio de gobierno, en 2021, es una oportunidad propicia para enfocarnos en el ejercicio de la transparencia y la rendición de cuentas, no como actos de control en el vacío, sino como actos democráticos, si es que aspiramos a contar con gobiernos que se apeguen a las necesidades y demandas de la ciudadanía, y que no se sirvan de ellas.

Fuente consultada y notas:

(1) Ver: “La Educación Básica en Querétaro (2015-2020)”. SDP Noticias, 14 de octubre, 2020.

(2) Programa Sectorial de Educación, Querétaro 2016-2021. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

http://coepesqro.org.mx/static/docs/REUNIONES/2017/1RA%20SESION%20ORDINARIA/10.A%20PROSEQ%202016-2021%20v20%20FINAL.pdf

(3) En el documento referido se incluyen tres definiciones acerca de la “calidad” de la educación: Preguntas: ¿Por qué insertar tres definiciones o caracterizaciones sobre la “calidad” en el ámbito educativo? ¿Dónde queda la formación académica, educativa y pedagógica, en una sociedad del conocimiento? ¿Entre estas definiciones hay relaciones jerárquicas o de inclusión? ¿No sería conveniente insertar una sola aproximación al concepto de la “calidad” educativa o de la educación para evitar confusiones, que incluya las ideas relacionadas con la equidad y el enfoque de derechos?

(4) En Querétaro hay más de 2 mil 900 escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria, de las cuales un porcentaje cercano al 30 por ciento son de organización multigrado (primaria) o telesecundarias. Además, laboran alrededor de 14 mil profesores y profesoras de Educación Básica, según cifras de 2019.

Fuente e imagen: sdpnoticias

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Mejora Continua: ¿La Escuela dirigida por la Gerencia?

 Juan Carlos Miranda Arroyo

La escuela, como comunidad educativa, es una institución social bivalente: Tradicionalista o conservadora y transformadora a la vez. Hay una coexistencia de ambos perfiles en ella, como si se tratara de dos caras de una misma moneda, tanto en las concepciones de sus docentes y directivos como en su función social.

Durante los años 60´s y 70´s del siglo pasado, a la escuela se le concebía también no sólo desde una perspectiva reproductivista, como aparato de Estado que transmitía la ideología social dominante (Althusser), sino como espacio social de transformación, de liberación de las conciencias (Freire) o de contracultura o resistencia cultural (Gramsci, Giroux, Apple). Con lo cual, la idea de bivalencia resultaría atractiva. Dichas miradas estaban trazadas, sin embargo, a partir de horizontes teóricos y explicativos completamente opuestos.

En México y varios países de América Latina, aproximadamente desde la década iniciada en 1980, a la escuela pública –como institución del Estado-, se le ha considerado, así mismo, como una organización que presta un servicio donde, en el extremo del absurdo, se ha considerado a docentes y directivos como proveedores; a las madres y padres de familia como clientes o usuarios directos, y a las y los estudiantes como clientes indirectos del servicio. En efecto, ante un planteamiento tan extremo, había que hacer matices.

Margarita Zorrilla señala al respecto: “Como expresión de los cambios sociales y una nueva situación mundial, hacia finales de la década de los ochenta del siglo xx empieza a observarse un viraje importante en el discurso político sobre educación en casi todos los países. En especial, en las naciones en vías de desarrollo, al ampliarse la cobertura de los servicios educativos, sobre todo, de la educación primaria, se introducen como conceptos centrales la calidad y la equidad.” (1)

Aunque las tendencias gerencialistas en las organizaciones educativas, fueron creadas y arraigadas 30 años después de la posguerra (1945-1950), el desarrollo de las concepciones sobre la calidad en la educación, ha estado marcado por importantes y variados matices. Desde entonces, las organizaciones de producción de bienes y servicios, de cualquier sector, ya sean públicas o privadas; grandes, medianas o micro ya legitimaban, y en ello incluyo a la institución escolar pública, en sus estructuras y normas internas (y sobre todo en esta última), la lógica y el lenguaje del “gerencialismo” (uso excesivo de la lógica gerencial y obsesión por concebir a la organización educativa como institución gobernada por gerentes).

Pero ¿por qué dichas tendencias teóricas provenientes de la administración han entrado a la escuela pública en forma indiscriminada? ¿Cómo se abrieron las puertas a esta especie de ”gerencialización” de la escuela pública?

“El mundo experimenta cambios en todos los órdenes de la vida social, cultural, económica y política. El fenómeno de la globalización, caracterizado por el libre comercio, el libre tránsito de capitales y de información exige que los sistemas educativos aseguren la calidad de la enseñanza y de los aprendizajes. Se fortalece una nueva sociedad cuyo valor principal se encuentra en el conocimiento, tanto por su influencia en los procesos de producción, como en otros ámbitos de la vida humana. Se asume la diversidad cultural como una característica esencial de nuestros países y se asiste a una nueva configuración producida en buena medida por los movimientos migratorios intra países y entre países.” (Zorrilla) ¿Estas ideas explican de algún modo ese fenómeno?

Se sabe, entonces, que a la escuela pública la han invadido (no diría exactamente que colonizado) las teorías administrativas clásicas y modernas. Hecho que, en un primer momento, ocurrió en la planificación y prácticas de la administración de la educación superior. Dentro de estas últimas teorías de la administración (“modernas”), cabe mencionar especialmente a las concepciones o modelos teóricos centrados o enfocados en la “calidad”. Dos casos paradigmáticos, por su orden metodológico, lo constituyen las obras de E. Deming y K. Ishikawa. Estas historias tienen más de 70 años de antigüedad.

Desde 1955, aproximadamente, las teorías de la administración con enfoque hacia la “calidad total”, han reivindicado la idea de la “mejora continua”: “El término Calidad Total (CT), se utiliza para describir el proceso de lograr que los principios de calidad constituyan parte de los objetivos estratégicos de una organización, aplicándolos a todas las operaciones junto con el mejoramiento continuo, y enfocando las necesidades del cliente para fabricar cosas bien hechas la primera vez.” (2)

“Mejora continua” desde las empresas productoras de bienes y servicios

“La mejora continua –dicen los teóricos de la administración “moderna”-, requiere el apoyo de la alta gerencia, dado que es una responsabilidad no solo de quienes realizan la actividad operativa, sino también de quienes la dirigen. Muchas organizaciones han tenido éxito cuando el liderazgo da el ejemplo y este aspecto se convierte en un importante motivador para todos los empleados.”

“La mejora continua comprende tanto una filosofía como un sistema destinado a mejorar día a día el quehacer en materia: de niveles de calidad, productividad, costos, niveles de satisfacción, niveles de seguridad, tiempos totales de los diversos ciclos, tiempos de respuesta y grado de fiabilidad de los procesos… “La mejora continua es un proceso basado en el trabajo en equipo y orientado a la acción, que promulga que el camino de mejora hacia la perfección es propiedad y debe ser conducido por todos los individuos de la organización (Kaizen, 1986)”.

“Implica, tanto la implantación de un sistema como el aprendizaje continuo de la organización, el seguimiento de una filosofía de gestión, y la participación activa de todas las personas. Diversas son las definiciones recogidas en la bibliografía consultada: Deming (1989) refiere que la administración de la calidad total requiere de un proceso constante que será llamado mejoramiento continuo, donde la perfección nunca se logra pero siempre se busca.”

Definición de “Mejora Continua” de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) creada en México (2019):

“Luego de un debate importante entre los principales grupos parlamentarios, el 30 de septiembre de 2019 se publicó la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación (LRMCE), en la que se estableció la creación de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (en adelante Comisión o MEJOREDU).” (3)

“La MEJOREDU es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios establecidas en la fracción IX del artículo 3o. Constitucional. En este ordenamiento se establece que la Comisión tiene como propósito central coordinar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (SNMCE) definido como un conjunto de actores, instituciones y procesos estructurados y coordinados que contribuyen a la mejora continua de la educación, para dar cumplimiento a los principios, fines y criterios establecidos en la CPEUM y las leyes secundarias correspondientes”.

“En la Comisión se concibe a la mejora continua de la educación como un proceso progresivo, gradual, sistemático y contextualizado, orientado a garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación a todos los habitantes de nuestro país y, especialmente, a los NNAJ… Es decir, garantizar: 1) una educación al alcance de todos los NNAJ y 2) que todas y todos participen de una educación buena y con justicia social”.

Me pregunto ¿Por qué las y los legisladores insertaron el concepto de “Mejora Continua” y de “Excelencia” en el texto constitucional? ¿Por qué tenemos una institución nacional con el primero de esos términos? ¿Qué implicaciones tiene ello? ¿Por qué no elegimos otros términos que reivindiquen una manera diferente de abordar los asuntos de la educación pública, sin legitimar los rígidos términos y la historia del “gerencialismo”?

Pienso que será conveniente reiniciar un amplio debate nacional sobre la lógica que hay detrás del término de “Mejora Continua”, así como rediscutir el trasfondo que hay,, tras bambalinas, de la ambigua concepción de “excelencia” en el ámbito educativo.

Fuentes consultadas:

(1) Margarita Zorrilla. Repensar la escuela como escenario del cambio educativo. (2009) En: Álvaro Marchesi, Juan Carlos Tedesco y César Coll (coordinadores) Calidad, equidad y reformas en la enseñanza. OEI-Santillana.

(2) Ricardo López Gumucio (2005). La calidad total en la empresa moderna: perspectivas, vol. 8, núm. 2, pp. 67-81. Universidad Católica Boliviana San Pablo, Cochabamba, Bolivia. “W. Edward Deming nació el año 1900 en Estados Unidos y entre sus aportaciones destaca la gestión de calidad a través del control estadístico y la mejora de la calidad de los productos coincidentes con las necesidades de los consumidores”… “Kaoru Ishikawa nacido el año 1915, en Japón, fue consejero de muchas empresas tanto japonesas como americanas y fue fundador de los “Círculos de Calidad”, así como promotor del diagrama conocido como el diagrama causa – efecto, o espina de pescado. Además su contribución abarca los principios de la calidad basados en el compromiso total de la dirección y los mandos intermedios, una administración participativa, la adhesión del personal a los objetivos de la calidad y una formación sobre las herramientas de la calidad.”

(3) Programa Institucional 2020-2024 de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. DOF, 19 de junio, 2020.

jcmqro3@yahoo.com


Fuente e imagen: SDPnoticias

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De la política de estímulos hacia la Ley General de Educación Superior

Por: Roberto Rodríguez

 

En la segunda mitad de los noventas se inició el diseño e implementación de nuevos instrumentos de política de educación superior. Primero sobre la base de la concertación entre SEP y Anuies desarrollada en la década previa y posteriormente bajo el control de la autoridad educativa federal. Se inicia la transición con la puesta en marcha de tres instrumentos con recursos financieros: el Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES, 1990), el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP, 1996) y los programas de estímulos al desempeño del personal docente (1999) en las universidades públicas. El propósito declarado de la triada era brindar a las universidades públicas los recursos de infraestructura material y humana para procesos y proyectos de superación académica y mejora administrativa.

Faltaba, sin embargo, el eslabón que aglutinara esos. Este llegaría al inicio del periodo gubernamental de Vicente Fox Quezada, con la formulación del Programa Nacional de Educación 2001-2006. En la coyuntura tendría la Anuies un papel relevante como instancia promotora de la política de educación superior en ese y el siguiente periodo gubernamental, es decir durante los sexenios en que Acción Nacional tuvo en sus manos la presidencia de la República.

En 1999, en preparación a las elecciones federales, la Anuies formuló y presentó a los candidatos presidenciales el documento titulado “La educación superior en el siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo”, aprobado por la Asamblea General en noviembre de 1999. La propuesta de recogía, en lo fundamental, los planteamientos de la primera agenda global para el desarrollo de la educación superior, aquella emanada de la Primera Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (París 1998). Dicha agenda insistía en la importancia de ampliar el acceso a la educación superior para mejorar los niveles de cobertura y equidad del sistema, en superar la calidad y la pertinencia de los servicios educativos, en diversificar las modalidades de enseñanza y reforzar la cooperación con el mundo del trabajo. Enfatizaba también el potencial de las entonces nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones así como el valor estratégico de los procesos de evaluación y aseguramiento de calidad.

Palabras claves de entonces: cobertura, equidad, calidad y pertinencia. Así, el documento de Anuies proponía, por primera vez, metas e indicadores proyectados para el sexenio por venir y hacia el escenario de 2020 sobre cobertura, proporción del posgrado en el tipo educativo superior, financiamiento requerido, el cierre de brechas interestatales, el nivel de estudios deseable para la planta académica, entre otros aspectos. Dicho documento planteaba también un objetivo referido a la coordinación del sistema que señalaba, textualmente: “En el año 2001 transformar la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES), dándole sustento jurídico como organismo para la concertación de políticas nacionales en el campo de la educación superior, con representación plural de todos los sectores involucrados.”

La agenda Anuies se trasladaría al Programa Nacional de Educación del sexenio por intermedio del Equipo de Transición en Materia Educativa del presidente electo. Salvo dos puntos de importancia: la pérdida de centralidad de la propuesta de coordinación, y un marcado énfasis en la planeación estratégica como base de los proyectos de desarrollo. Para llevar a cabo ese propósito se habría de construir un nuevo instrumento: el Programa Integral de Desarrollo Institucional (PIFI) y su complemento en el posgrado, el PIFOP.

Durante el sexenio de Fox, también en el del presidente Calderón, las instituciones debían contar con estos programas para tener acceso a los fondos extraordinarios. Como el modelo generó resultados positivos para la gestión del subsistema universitario, más temprano que tarde el número de fondos concursables se incrementó para atender, a través de ellos, diversos aspectos de la problemática de las instituciones. Según Javier Mendoza Rojas, “mientras en el año 2000 solamente existían el FOMES, el PROMEP y el Fondo de Aportaciones Múltiples, en 2010 operaron diez fondos de financiamiento dirigidos a las universidades públicas estatales” (en: “Una aproximación al análisis de los fondos de financiamiento extraordinario para las universidades públicas estatales”, UNAM-DGEI, 2015). Posteriormente, la cantidad de fondos se incrementaría al incorporar recursos para los subsistemas de educación superior tecnológica y educación normal.

El modelo, sin embargo, comenzó a desgastarse por dos razones. La primera por la disminución del monto destinado. Durante la segunda década del siglo se observa una disminución gradual pero sostenida de este mecanismo de financiamiento hasta llegar, al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, a su práctica extinción. Una segunda razón es que el instrumento de planeación asociado alcanzó un nivel de saturación prácticamente insostenible. Lo que inicialmente era un mecanismo de planeación institucional se convirtió en otro que buscaba incidir en todos los aspectos de la gestión universitaria con un alto nivel de desagregación: el plan de la institución, el de sus dependencias académicas, el correspondiente a las unidades administrativas e incluso el de cada uno de los cuerpos académicos apoyados. No pocas autoridades y especialistas hacían notar que esa política estaba comprometiendo, en aspectos relevantes, los principios de la autonomía.

Un saldo negativo fue la dependencia económica de las IES de estos fondos. Se estima que, en su punto más alto, los recursos extraordinarios alcanzaron una cuarta parte del subsidio público total disponible para las universidades públicas de los estados. Como, en su mayor parte, eran recursos no regularizables, el sostenimiento de las inversiones provocó fuertes déficit en un número importante de ellas.

Es esta la encrucijada en que, con el cambio de sexenio y de enfoque de política universitaria, inicia el debate sobre la Ley General de Educación Superior. Veremos las soluciones que se proponen.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/de-la-politica-de-estimulos-hacia-la-ley-general-de-educacion-superior/

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