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Paraguay: los trabajadores ganan las calles. Médicos, docentes y campesinos, en lucha.

En el marco del debate del presupuesto 2022 en la nación guaraní, los trabajadores de la salud y los docentes han salido a las calles a reclamar sus derechos.

Más de 3 mil profesionales, nucleados en el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), iniciaron una huelga el 28 de septiembre en demanda de un aumento presupuestario que permita lograr una equiparación en el sector, dado que las jornadas son desiguales. Reclaman una reducción de la carga horaria, o en su defecto el pago de las horas que no les están abonando. La huelga, que se extenderá hasta el día 11, ha incluido movilizaciones diarias a las sedes ministeriales.

El desprecio del gobierno de Mario Abdo Benítez por la salud pública se evidenció en la calamitosa gestión de la pandemia, marcada por la falta de insumos, sueldos atrasados, el colapso hospitalario y un sistema de vacunación vip, que privilegió a funcionarios y empresarios, mientras la población no podía inmunizarse. Todo esto condujo, en uno de los picos de los contagios, a la rebelión de marzo, que el presidente sobrevivió debido al amparo de las distintas fracciones del Partido Colorado.

En simultáneo a la actual lucha de los médicos, los docentes están reclamando un aumento del 16%. Ante la falta de respuestas del gobierno, iniciaron una huelga el 1 de octubre. Ese día, además, 10 mil trabajadores del sector marcharon en Asunción (La Nación Paraguay, 5/10). La medida de fuerza entró en cuarto intermedio este jueves, pero se reanudaría el viernes. Están programadas acciones hasta el día 15.

https://www.facebook.com/100000400064996/videos/854932065214402/

El ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, amenazó con vetar el presupuesto si se contemplaran los reclamos de los trabajadores. Pero mientras se retacea el aumento en salud y educación, los fondos para pagarle a bonistas y organismos financieros internacionales suben un 25%, en el caso de las llamadas entidades descentralizadas (como la eléctrica Ande), y 9% en el caso de la administración central (ABC Color, 8/9).

La lucha de médicos y docentes plantea la necesidad de un paro general de las centrales sindicales, que sea el puntapié de un plan de lucha nacional. Si ganan estos sectores, se abren mejores perspectivas para todo el movimiento obrero.

El problema de la tierra

Además de las luchas salariales, los campesinos e indígenas se movilizaron la semana pasada en Asunción, dado que el Congreso aprobó una norma infame que aumenta los montos de las penas por las tomas de tierra, que pueden llegar ahora hasta los 10 años de cárcel. En la nación guaraní hay 300 mil familias campesinas sin tierras y el 2% de la población concentra el 85% de la mismas (La Tinta, 6/10).

Durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), la élite terrateniente se apropió irregularmente de 7 millones de hectáreas. Posteriormente, hasta 2003, se quedó con un millón de hectáreas adicionales (ídem). Estas tierras pertenecían al Estado o a comunidades campesinas u originarias, que fueron desalojadas. Entre los favorecidos estuvieron familiares del presidente actual y del expresidente Horacio Cartes, al igual que algunos de los senadores que impulsaron el proyecto de ley, bendecido por la Asociación Rural de Paraguay (ARP), la Asociación de Productores de Soja y la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO). Fue aprobado con los votos de congresistas colorados y algunos liberales.

A la par de la apropiación latifundista, avanza en forma acelerada la deforestación y se persigue a quienes luchan por su derecho a la tierra. Desde 1989, según la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), hubo 126 asesinatos (ídem).

La norma represiva que busca consolidar el dominio inicuo de los terratenientes fue promulgada por Abdo Benítez en apenas 24 horas. Se plantea la lucha por su anulación y por la confiscación de la oligarquía terrateniente para satisfacer los reclamos de tierra de campesinos e indígenas.

Paraguay se encamina a elecciones municipales este domingo, pero de ellas no saldrá ninguna respuesta a los grandes problemas de las masas. Estos demandan la organización independiente de trabajadores, campesinos e indígenas, en un plan de lucha unificado, para derrotar al gobierno reaccionario de Abdo Benítez.

Fuente: https://prensaobrera.com/internacionales/paraguay-los-trabajadores-ganan-las-calles/

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De Warisata a Oaxaca, los pueblos indígenas luchan por la educación. México

Por J. Fernando González Lozada, Paola A. Vargas Moreno

Los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes de Latinoamérica han tenido que emprender una larga y sentida lucha para poder acceder a la educación.

Desde la creación de los Estados-nación, distintos han sido los procesos de exigencia para lograr el reconocimiento de sus comunidades como sujetos de derecho; en el campo educativo, ha implicado desde negociar la creación de escuelas y universidades en territorios rurales (geografías contrasistémicas), hasta demandar proyectos educativos culturalmente pertinentes (atentos a las realidades, epistemologías e idiomas propios) e, incluso, exigir el respeto de las autonomías locales y los proyectos político-pedagógicos que emanan de sus procesos organizativos. Diversos también han sido los obstáculos, asedios y cierres que han sufrido estos proyectos educativos gracias a la intervención del Estado y los grupos de poder en turno; barreras que oscilan entre trampas y laberintos jurídicos para obtener certificación institucional hasta el franco ataque de la fuerza armada (No olvidamos las acciones contra los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en México en 2014 o el ataque a la escuela Florestán Fernández del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Brasil en 2016, por colocar algunos ejemplos).

En este marco, en un intento por identificar las principales tensiones que configuran la relación entre Estados-nación y proyectos educativos propios (educativos étnico-culturalmente situados), iniciamos un recorrido tras las huellas que nos permitan develar cómo se presenta y explica la disputa por la educación en América Latina (y con ella, los límites de la educación permitida para el indígena / el campesino / el afrodescendiente). Para ello, realizamos un breve recorrido por Bolivia, Ecuador y México rememorando algunas experiencias que dan muestra de dichas tensiones.

Cerramos este trabajo compartiendo la experiencia de la Universidad Autónoma de la Comunalidad de Oaxaca (UACO) en apoyo solidario con sus luchas históricas y a sus reclamos actuales.

Escuela-Ayllu de Warisata (Warisata, Bolivia)

Escuela ayllu de Warisata. Fotografía proporcionada por la Dra. Adriana Mariscal.

Durante poco más de 9 años (1931-1940) floreció en Bolivia la Escuela-Ayllu de Warisata, ícono de la resistencia indígena y de la pedagogía comunitaria latinoamericana. En un escenario político en el que se debatía si los pueblos indígenas eran sujetos de derecho o no, dos profesores, Avelino Siñani (indígena aymara) y Elizardo Pérez (mestizo), organizados con las comunidades del altiplano, se decidieron a fundar una escuela para la liberación de los indígenas: una apuesta educativa que reconstituyera la dinámica territorial del ayllu andino (gobierno autosustentable, cargos comunitarios y posesión colectiva de la tierra); con base en el trabajo individual y colectivo, en donde el consejo amawta (sabios – autoridades comunitarias) llevara la dirección de la escuela y animara la participación de las comunidades en el proyecto pedagógico para que, en conjunto, se hiciera una educación desde y no para los indígenas.

Durante esa década se logró estructurar un proyecto educativo que abarcaba desde la primaria hasta una normal de maestros con 16 núcleos distribuidos por el país. También se desarrollaron talleres sobre agricultura, ganadería, carpintería, mecánica, hilado, alfarería, danza, literatura, plástica, música y la recuperación de la lengua originaria para el fortalecimiento de la identidad indígena.

Los objetivos que signaban la modernización educativa de la época se colocaban en un segundo lugar mientras que las necesidades, saberes y quehaceres de las comunidades se consolidaban como protagonistas en el proyecto político-educativo.

Desde sus inicios, el proyecto de la Escuela-Ayllu de Warisata tuvo fuertes oposiciones, no solo por parte de los grupos de poder del altiplano, sino de las mismas instituciones educativas del Estado. Tal fue el encono que generó, que en 1940 se creó un Tribunal Investigador, integrado por aquellos que se oponían a la escuela, destinado a revisar y enjuiciar su obra. Como en su momento lo denunciaba el profesor Elizardo Pérez, en su informe final el Tribunal señalaba la “Falta de orientación pedagógica definida que responda a los fines que el Estado persigue para incorporar al indio a la actividad económica del país; las escuelas indígenas son de simple alfabetización, y en ellas no se da importancia a las prácticas agropecuarias que harán del indio un labrador menos rutinario” (Pérez, 1963: 283). Como es de suponerse, el informe continuaba bajo esta perspectiva colonial que recordaba el lugar subordinado asignado al indígena tanto en el Estado-nación como en el proyecto educativo nacional, situación por la que el fallo de la Corte fue el despido de maestros y directores de varios núcleos educativos, la instalación de docentes y directivos conformes a la perspectiva educativa del Estado y, finalmente, el cierre de la Escuela.

En este contexto, no es coincidencia que, como ejemplo de los procesos de disputa por la educación liderados por las comunidades organizadas frente al Estado, podamos señalar que para el mismo año en el que fue clausurada la Escuela-Ayllu (1940) también se realizó el Congreso Indigenista Interamericano en Pátzuaro, México, evento que inauguró y posibilitó la instauración de las políticas indigenistas que permearon las políticas educativas del continente. Valga subrayar que este mismo encuentro, pero pensado desde una perspectiva crítica que apuntaba hacia la liberación de los indígenas, se había propuesto para que se realizara en Warisata; sin embargo, esto fue impedido por las autoridades bolivianas.

Herederos de experiencias como la vivida en Warisata, en las últimas décadas hemos asistido a la construcción de numerosos proyectos político-pedagógicos emanados desde los movimientos sociales, desde las comunidades organizadas; la apuesta común es por una educación propia frente a la educación impartida desde el Estado y el sistema privado. Como parte de estos procesos, indígenas, campesinos y afrodescendientes han animado la creación de universidades que respondan a sus necesidades, su lengua, su historia, su epistemología, sus horizontes políticos y formas de aprendizaje ancladas a su territorio. Los resultados y experiencias han sido diversos, pero comparten retos en común, muchos de estos vinculados a las desigualdades e injusticias propias de la relación que mantienen con los Estados (modernos/coloniales) que los pretenden contener; entre otros: las dificultades para lograr legalidad y certificación; las complicaciones que enfrentan ante la necesidad de sostenimiento y permanencia para su consolidación; las tensiones emergentes ante la validación de epistemologías propias (desde donde se diseñan currículos y metodologías); y los desafíos que implica construir una educación en clave emancipadora.

Ahora, presentamos tres ejemplos desde la educación superior, más cercanos a nuestros días, para ir identificando continuidades.

Universidad de los Pueblos del Sur (UNISUR) (Guerrero, México)

Fotografía: Paola Vargas. Sede de la UNISUR, Santa Cruz del Rincón. Montaña de Guerrero, 2016.

La UNISUR fue un proyecto que aglutinaba comunidades Mè´phààNáhuatlTu´un saviÑomndaa, afrodescendientes y mestizas que buscaban recuperar el pensamiento indígena y contribuir a la construcción de una sociedad intercultural, a través de un proyecto educativo que estuviera orientado “[…] hacia la formación de intelectuales que sean capaces, desde su propio universo y sustento cultural, abordar la solución de los problemas propios de su comunidad” (Santos, Méndez, Flores, Muñiz y Pimienta, 2006: 3). La UNISUR operó desde el 12 de octubre de 2007 hasta su gradual desintegración en 2019, con cinco sedes o unidades académicas previstas en su estudio de factibilidad donde se impartían: 1) Gestión Ambiental Comunitaria; 2) Gobierno de Municipios y Territorios; 3) Cultura, Lengua y Memoria; 4) Justicia y Derechos Humanos. Además, de manera intermitente, tres unidades más emergieron de necesidades coyunturales; así como se procuró la apertura de dos licenciaturas más que no lograron consolidación (Salud Comunitaria y Pedagogía Intercultural).

En su relación con el Estado, distintas fueron las problemáticas que enfrentaron desde sus comienzos. A pesar de todo el trabajo comunitario, organizativo y pedagógico que sostenía la propuesta inicial, el proyecto no logró aprobación al ser presentada ante la recién creada Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) en el año 2006. Burlando los trabajos de negociación previos, los funcionarios desconocieron la propuesta de la UNISUR y, por su parte, crearon la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG) bajo una lógica indigenista, integracionista y neoliberal que ha permeado la región durante las últimas décadas y que, en esta ocasión, se encarnaba en la propuesta de la educación intercultural emanada del Estado. Al no ajustarse la propuesta al deber ser diseñado por las instituciones del Estado (desde arriba y desde afuera), la oficialización nunca llegó.

A pesar de no contar con el reconocimiento oficial, la UNISUR inició acciones en el año 2007 “[…] por mandato de las autoridades civiles y comunitarias de los pueblos indígenas y afromestizos del Estado (Acta de Congreso. 26 de mayo de 2007)”. Operó durante un poco más de 10 años y formó a cinco generaciones de estudiantes indígenas, mestizos y afrodescendientes. La universidad era sostenida por las comunidades, las y los académicos que no cobraban sueldo, y a través de donaciones y convenios con otras universidades. Su proyecto político-pedagógico se organizaba a través de un sistema modular de enseñanza cuyos ejes problemáticos buscaban la reflexión cruzada y el diálogo de saberes; un tronco común para las distintas licenciaturas; la relación horizontal entre estudiantes y profesores; la modalidad semipresencial que reunía durante 4 días a profesores y estudiantes dos veces al mes; círculos de reflexión, talleres y seminarios de investigación comunitaria; y los trabajos en vínculo con las comunidades (Durán, Gaussens y Vargas, 2016).

Al final el proyecto fue insostenible por la falta del registro oficial esperado por las comunidades, la imposibilidad para expedir certificados de las licenciaturas en marcha, las dificultades para sostener económicamente el proyecto y las diferencias al interior, muchas de ellas derivadas de estas mismas tensiones. Sin embargo, fruto de la capacidad organizativa comunitaria y el trabajo mancomunado que dio vida a la propuesta, también son varios los logros que reconocen los y las jóvenes de las comunidades ante la posibilidad de acceder a la educación universitaria: la construcción de conocimientos colectivos en donde se recuperan y valoran los saberes locales, la participación en procesos organizativos y de lucha en diversos territorios de Guerrero, la resolución de problemas comunitarios y la implementación de proyectos diversos que ahora impulsan sus egresados. Su eco sigue nutriendo experiencias educativas y organizativas en la montaña de Guerrero a través de sus egresados y docentes.

Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador Amawtay Wasi (UINPI-AW / UIAW) (Pichincha – Loja – Macas, Ecuador)

Fotografía: Paola A. Vargas. UIAW en la Marcha “Defensa de la Plurinacionalidad, la Soberanía y los Recursos Naturales”, 11 de marzo de 2008.

La Amawtay Wasi (casa de la sabiduría en Kichwa) surge como proyecto de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), a finales de la década de 1990, cuando se debatía al interior de la organización la necesidad de un sistema de educación superior diferente al tradicional. Su materialización se deriva de un proceso político de movilizaciones, negociaciones y conquistas adelantado durante un poco más de dos décadas. Después de largas disputas políticas con el Estado, diversas barreras jurídicas, amplias movilizaciones, consultas con las comunidades y, la elaboración de un proyecto de universidad, la UIAW logra su oficialización mediante la Ley de la República No. 2004-40 del 28 de julio del 2004, bajo la modalidad de “[…] institución particular, autofinanciada, con personería jurídica, sin fines de lucro, descentralizada y con autonomía académica, administrativa y financiera” (Sarango, 2009: 193-194).

El proyecto político-pedagógico de la Amawtay Wasi, aunque predominantemente kichwa, procuraba la participación de las comunidades, tanto de la sierra como de la amazonia, a través de la puesta en práctica de una pedagogía propia fundamentada en principios de la cosmología andina (vivencial simbólico, de relacionalidad, de dualidad complementaria, y de reciprocidad; comprensión del tiempo en espiral; organización a través de la chakana).

Entendiendo el proceso educativo como un aprender para desaprender, la propuesta buscaba recuperar los saberes y metodologías ancestrales, poner en diálogo las epistemologías propias con el conocimiento occidental en un esfuerzo por construir una sociedad intercultural, fortalecer el vínculo de respeto y comunión con la pacha mama (Madre Naturaleza), promover la investigación al servicio de la comunidad, y consolidar una educación superior para el sumak kawsay (Buen Vivir). Se pusieron en marcha los pregrados de Arquitectura con mención en Arquitectura Ancestral, Ingeniería Agroecológica, y Ciencias de la Educación con mención en Pedagogía Intercultural; también los postgrados de Investigación Intercultural, Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, y Gestión del Desarrollo con Identidad para el Buen Vivir Comunitario; esto además de la formación de promotores de Agroecología y Liderazgo, Liderazgo y Turismo Comunitario, y Comunicación Intercultural y Comunitaria a través de Comunidades de Aprendizaje.

Después de institucionalizado el proyecto, no sin dificultades legislativas para la apertura de las diversas sedes en cada uno de los territorios indígenas que así lo demandaban, la universidad permaneció en funcionamiento hasta que, durante el gobierno del presidente Rafael Correa, tras un proceso de evaluación a la educación adelantado entre el año 2010 y 2017, conocido como la “Revolución Educativa”, el Consejo de Educación Superior (CES) dictaminó la suspensión de la UIAW por no cumplir con los parámetros de calidad establecidos en la nueva Ley Orgánica de Educación (LOES, 2010). El acto fue denunciado por el movimiento indígena ecuatoriano como una violación a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos indígenas, un acto discriminatorio, racista y etnocida:

Resulta ser paradójico, le cierran la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas “Amawtay Wasi”, pero al mismo tiempo crean cuatro universidades de corte eurocéntrico y colonial, uno de ellos plagiado con nombre indígena. El objetivo de estas universidades es revivir el neoindigenismo de los años 50, lo que significa en esencia la recolonización de las Nacionalidades y Pueblos indígenas, la asimilación cultural, económica, social y política, el desmantelamiento y desaparición como naciones diversas y originarias. (UNPFIP, 2013: s/p)

A pesar de la suspensión, y gracias al capital político acumulado, la UIAW se reinventó para seguir funcionando. En un primer frente, la universidad mantuvo encuentros con el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) y abrió una sentida lucha en la arena pública internacional para reclamar la reapertura. En un segundo frente, y viendo pocos resultados del reclamo insistente ante el CEAACES, la institución optó por constituirse como organización civil para adelantar investigaciones y promover una educación propia y con enfoque intercultural, la UIAW se refundó bajó el nombre de Pluriversidad Amawtay Wasi mediante Acuerdo No. 2884 el 4 de diciembre del año 2013.

Para agosto de 2018, bajo el gobierno de Lenin Moreno, tras una aparente disposición de diálogo fundamentada en un recurso legal que subrayaba que “suspensión” no era “cierre” y que entonces era posible actualizar la lucha por la reapertura, se instauró de nuevo la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, ahora como institución pública comunitaria, pero sin la participación directa de pueblos y nacionalidades, pues la negociación dejó por fuera a los fundadores, los procesos territoriales previos y los fundamentos originales de la UIAW-CONAIE. En este marco, se espera la apertura de trabajos para el segundo semestre del año 2021. El pulso por los contenidos válidos y “de calidad” que conformarían la educación superior intercultural oficial en Ecuador, fue ganado por el Estado entre violaciones a los derechos de pueblos indígenas y trampas legislativas.

Universidad Autónoma de la Comunalidad de Oaxaca UACO (Oaxaca, México)

Fotografía tomada del Facebook «Ipxyuujkpet Wejkataajjk Unicem.»

El 1 de septiembre del 2020, en la comunidad mixe de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, se realizaba la ceremonia de entrega de reconocimientos de las autoridades que conformarían a la Universidad Autónoma de la Comunalidad UACO, casi ocho meses después de que el Congreso del Estado aprobara el Decreto para su creación.

De acuerdo a la Ley Orgánica esta Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca será un organismo descentralizado del Estado con presencia en las ocho regiones del estado, en donde se impartirían estudios de licenciatura, maestría y doctorado y cursos de actualización. Así como de especialización, con enfoque en la formación de sujetos profesionales con sensibilidad y conocimientos comunitarios con el propósito de preservarlos y difundirlos (Matías, 1 de septiembre de 2020).

Este acto legislativo (con poder fáctico administrativo-presupuestal, pero también simbólico en el campo de disputa por la educación en Oaxaca) instituía y oficializaba los trabajos realizados desde hace más de dos décadas por comunidades organizadas, intelectuales indígenas y aliados de la academia local quienes apostaban a la creación de una universidad desde y para la comunalidad.

En sus 16 Centros Universitarios Comunales (CUC) distribuidos por distintas regiones del estado, la propuesta en marcha se basa en el respeto, la promoción y la preservación del patrimonio histórico y cultural de los pueblos originarios y comunidades indígenas de Oaxaca, y se plantea “[…] un proceso de formación propia y autónoma, que permita a los sujetos la construcción del camino de vida” (UACO, 2020). Parafraseando al docente e investigador ayuujk, Rigoberto Vásquez García, Coordinador Académico de la UACO, este reconocimiento de los conocimientos locales y las metodologías propias de enseñanza-aprendizaje, conocimientos y metodologías que trascienden lo aúlico, lo teórico y lo académico, implica un situar “desde donde se apuesta por la vida” pues “no se trata de volver al pasado; queremos traer al presente la memoria colectiva de los pueblos para reconfigurar y redefinir un futuro de complementariedades y comunalidades contextualizadas territorialmente”.

En un intento por romper la lógica desde donde opera la interculturalidad propuesta por el Estado mexicano (una interculturalidad indigenista, paternalista, apenas de traducción y transcripción), apostar y construir desde y para la comunalidad implica disputarle al Estado (desde lo epistémico, lo organizativo, lo pedagógico) la educación posible para pueblos y comunidades indígenas en un ejercicio de autonomía.

Esta apuesta político-educativa, la propuesta de comunalidad, implica una defensa por la vida y para la vida en donde se coloca en el centro el trabajo desde las realidades construidas entre humano y naturaleza, el trabajo colectivo, el poder comunal, el Wëjën Kajën (abrir la mente – desmenuzarla), y el educar con el ejemplo. La ruptura con la educación tradicional es necesaria pues la apuesta abre un espacio en donde el otro y lo otro es complementario, pero también, en donde la espiritualidad, el sueño, el cuerpo, y la naturaleza son componentes medulares del quehacer educativo y la comprensión del mundo (Rigoberto Vásquez García, 2021).

De acuerdo con Jaime Martínez Luna, uno de sus fundadores y actual rector “[…] en un ejercicio desde la academia y la comunidad, representará dejar de lado las políticas diseñadas para homogeneizar la sociedad, indagar en otras fuentes de razonamiento y reconocer los conocimientos de los pueblos originarios” (Martínez, 2020).

Como se hace evidente, el reconocimiento de la Ley Orgánica de la UACO por parte del Congreso del Estado (publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el 20 de abril de 2020) representó uno de los mayores logros educativos de las comunidades indígenas de Oaxaca, México y de toda Latinoamérica. Sin embargo, el 31 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su comunicado de prensa No. 258/2021 declaró:

SCJN INVALIDA LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA POR FALTA DE CONSULTA PREVIA.

[…] La SCJN determinó que los preceptos invalidados incidían directamente en los intereses de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Oaxaca, en virtud de que se trata de una institución estatal destinada a la atención de las necesidades de educación superior de estas comunidades. Por tanto, existía la obligación de consultar a dichos grupos de manera previa a la expedición de la ley, de conformidad con los artículos 2° de la Constitución General y 6 del Convenio 169 de la OIT, lo cual no fue llevado a cabo. (SCJN, 31 agosto de 2021)

A través de este comunicado se expresa la invalidez de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca; “[…] afirmación que desconoce, de un lado, la larga trayectoria de resistencia de los pueblos de Oaxaca y la puesta en práctica de experiencias de educación comunal que respaldan el surgimiento de la UACO y, de otro, las formas propias de consulta y acuerdo de las comunidades oaxaqueñas.” (Pronunciamiento Educadorxs).

Ahora se iniciará un largo proceso legal y de tensión política entre las comunidades y aliados que impulsan la UACO y el Estado para continuar con la viabilidad de la propuesta, proceso en el que la UACO exige, por la pluriversidad del pensamiento de sus pueblos:

Un trato de respeto digno, de toda institución gubernamental del país frente a la UACO. / Atención inmediata por todos los órdenes del gobierno estatal y federal. Específicamente por parte del gobernador del Estado de Oaxaca. / Rechazamos modelos educativos impuestos a las comunidades / Por una existencia común que incluya todas las diversidades (UACO, Comunicado 01/2021).

Comentarios finales para abrir la reflexión

Las experiencias antes señaladas son ejemplos de la disputa histórica por la educación entre las comunidades organizadas y el Estado. La educación superior en Latinoamérica es el escenario de mayor exclusión ante el derecho de acceso a la educación para la población en general y más aún, cuando se habla de población indígena, afrodescendiente o de zonas rurales. Las causas son variadas, se entrelazan, se arrastran como lastres a pesar de décadas de luchas. Por un lado, están las condiciones de violencia estructural de quienes aspiran a los estudios universitarios, ya que ingresar, sostener y lograr titulación en este nivel implica mayores gastos, aún en universidades públicas.

Por otro lado, el número de universidades públicas resulta insuficiente para atender la demanda en crecimiento en la mayoría de los países latinoamericanos, incluso en un sistema amplio como el mexicano. Además, éstas presentan un patrón de concentración en las ciudades; de esta forma, la población rural, indígena, afrodescendiente o campesina se ve obligada a migrar para acceder a la universidad y asumir los gastos que esto implica en cuanto a vivienda, alimentación, transporte y los gastos propios de la escuela. Finalmente, los contenidos y metodologías hegemónicas que sostienen los procesos de ingreso, evaluación, enseñanza-aprendizaje y titulación, son incapaces y no están interesados en establecer diálogos epistémicos, político-educativos reales con otras fuentes de conocimiento, otras formas de hacer educación, de ver y construir el mundo.

Por lo tanto, podemos afirmar que la desigualdad en el acceso a la universidad está mediada por las (im)posibilidades de la clase social, visiones coloniales (racistas y paternalistas) normalizadas por un determinismo geográfico injusto e impertinente.

Como respuesta, el Estado neoliberal ha favorecido el incremento de universidades particulares en toda la región. Tan solo en el periodo del 2000 al 2013 las universidades particulares en América Latina alcanzaron a conformar la mitad de los espacios institucionales de educación superior: “Alrededor de un cuarto de las instituciones de educación superior (IES) que existen hoy abrieron sus puertas en ese mismo período —muchas del sector privado— elevando la cuota de mercado de las IES privadas de 43 a 50 por ciento entre comienzos de la década de 2000 y 2013” (Banco Mundial, 2017).

En contraste, para los movimientos sociales y organizaciones comunitarias que buscan construir proyectos educativos propios, las pautas legales del Estado son uno de los principales obstáculos, aunque no son los únicos. Cuando se ha logrado la certificación de alguna universidad impulsada desde la sociedad organizada, el Estado mantiene su control y recuerda los límites de lo permitido/funcional a través de distintos mecanismos: la regulación presupuestaria; la designación de directivos y docentes acordes al régimen; la reconfiguración de los planes y programas de estudio en nombre de términos empresariales como “calidad”, “eficiencia”, “productividad”; la aplicación de evaluaciones punitivas desde arriba y desde afuera, y la desvinculación entre los proyectos instituidos y las comunidades que los impulsaron; varias universidades interculturales de Latinoamérica son un triste ejemplo de esto.

En las respuestas del Estado se hacen evidentes determinaciones clasistas, coloniales, racistas, urbanocéntricas y centralistas que ponen los más diversos obstáculos para quienes buscan una educación propia frente al monismo pedagógico gubernamental y el intento de actualizar el proyecto de mestizaje homogenizante nacional. Predomina la visión positivista que impide, niega y cancela las diversas epistemologías y formas de organización que emanan de las comunidades indígenas, afrodescendientes o campesinas.

Si bien los proyectos educativos surgidos desde los movimientos sociales han sufrido varios golpes, los mismos se mantienen en resistencia constante a través de sus variadas formas de lucha. En estos momentos, resta hermanarse con la movilización que realizan las comunidades organizadas en la defensa de los proyectos educativos autónomos, como los de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, para que decenas de pueblos puedan ver florecer proyectos educativos en clave emancipadora, pues como diría Gioconda Belli “La solidaridad es la ternura de los pueblos”.

Anexamos el Comunicado 01/2021 de la Universidad Autónoma de la Comunalidad frente a la resolución de la Corte Suprema de Justicia y el Pronunciamiento en apoyo de lxs educadorxs de México y América Latina, documento promovido por los facilitadores y estudiantes del taller «Interculturalidad crítica y artilugios desde el arte».

Leer los Pronunciamientos sobre la resolución de la SCJN en torno al Decreto de la Ley Orgánica de la UACO

Referencias

Banco Mundial (mayo 17 del 2017). La educación superior se expande en América Latina y el Caribe, pero aún no desarrolla todo su potencial. Obtenido de

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/05/17/higher-education-expanding-in-latin-america-and-the-caribbean-but-falling-short-of-potential [Consulta: 12 de mayo de 2020]

Durán, M.; Gaussens, P. y Vargas, G. (2016). La Universidad de los Pueblos del Sur (UNISUR) en Guerrero: una lucha de los pueblos originarios por su educación frente al Estado. Ponencia en el II Encuentro Internacional de Pedagogía Crítica, Ciudad Universitaria.

La Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca UACO (2020). Post en Facebook. Obtenido de https://www.facebook.com/UniversidadAutonomaComunaldeOaxaca [Consulta: 08 de agosto de 2020]

Matías, Pedro (01 de septiembre de 2020). Con 15 centros universitarios arranca en Oaxaca la primera Universidad Comunal del país. En Página 3. Obtenido de https://pagina3.mx/2020/09/con-15-centros-universitarios-arranca-en-oaxaca-la-primera-universidad-comunal-del-pais/?fbclid=IwAR3h4Xz3Vfadw_273adBkSx2tbr8GTk8qCgz1jWJGbN3E6M0YPR7yj-Cl84 [Consulta: 5 de septiembre de 2021]

Pérez, Elizardo. Warisata. La escuela-ayllu. La Paz, Bolivia: Hisbol/Ceres, 1963.

Pronunciamiento de Educadorxs de México y América Latina frente a la resolución de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en torno al Decreto que expide la Ley Orgánica de la UACO (7 de septiembre de 2021) Obtenido de https://www.facebook.com/UniversidadAutonomaComunaldeOaxaca/photos/pcb.342699360931644/342688334266080/ [Consulta: 8 de septiembre de 2021]

Sarango, L. (2009). Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas «Amawtay Wasi». Ecuador / Chinchaysuyu. En Daniel Mato (coord.), Instituciones Interculturales de Educación Superior en América Latina. Procesos de construcción, logros, innovaciones y desafíos. Caracas: Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO-IESALC), 191-214.

Santos, H. et al (2006). UNISUR. Estudio de factibilidad. Chilpanchingo, Guerrero, México: s/e.

Suprema Corte de Justicia de la Nación (31 de agosto de 2021). SCJN INVALIDA LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA POR FALTA DE CONSULTA PREVIA. Obtenido de:

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Tercer Congreso Estatal de Educación Intercultural. Acta de Congreso. Santa Cruz El Rincón, Malinaltepec, Guerrero. 26 de mayo de 2007.

UACO. Comunicado 01/2021 (3 de septiembre de 2021). Obtenido de https://www.facebook.com/UniversidadAutonomaComunaldeOaxaca/photos/pcb.339710637897183/339707714564142 [Consulta: 4 de septiembre de 2021]

UNPFIP (19 de diciembre de 2013).El cierre de la universidad intercultural de las nacionalidades y pueblos indigenas «Amawtay Wasi» [Mensaje en un blog].Obtenido de:http://unpfip.blogspot.com/2013/12/el-cierre-de-la-universidad.html [Consulta: 23 de marzo de 2020]

Vásquez García, R. (28 de agosto de 2021) Intervención en el Taller «Interculturalidad crítica y artilugios desde el arte» del Instituto Estatal de la Cultural en Guanajuato.

Autores

J. Fernando González Lozada. Docente en el posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM, realiza investigación sobre los proyectos político-pedagógicos desde los movimientos sociales en Latinoamérica. Correo electrónico: geo_fer2001@yahoo.com.mx

** Paola Andrea Vargas Moreno. Docente, acompañante e investigadora en procesos educativos para pueblos indígenas a nivel superior y educación intercultural. Correo electrónico: paolakahlo@gmail.com

Publicado originalmente en Gusanos de la Memoria.

Imagen de portada: Foto de Carlos Salazar Mostajo que fue profesor, escritor y pintor boliviano. Es considerado como el ideólogo de la Escuela-Ayllu de Warisata, primera normal de maestros indígenas de Bolivia, fundada el 2 de agosto de 1931 en Achacachi, La Paz.

Fuente: https://rebelion.org/de-warisata-a-oaxaca-la-educacion-liderada-por-los-pueblos-indigenas/
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La pandemia y las medidas anticampesinas ahondan el hambre en Brasil

Por: Mario Osava
Fuentes: IPS [Foto: Un agricultor familiar entre las plantas de papaya que cultiva en su finca, donde cuenta con una presa subterránea, una de las formas de acopio de agua de lluvia en la ecorregión del Semiárido, en la región del Nordeste de Brasil. La agricultura familiar ha sido golpeada en el país por las medidas en su contra del Gobierno de Jair Bolsonaro y el impacto de la covid-19. Mario Osava / IPS]

La inseguridad alimentaria despegó con fuerza en Brasil y ya afecta a más de la mitad de la población, 59,4 o 55,2 por ciento según dos estudios. La pandemia acentuó la tendencia iniciada en 2014 y agravada por el actual gobierno de extrema derecha.

Son más de 125 millones de personas sufriendo hambre o algún riesgo de desnutrición, constató la encuesta hecha en noviembre-diciembre por el grupo “Alimento para Justicia” de la alemana Universidad Libre de Berlín, en asociación con las brasileñas Universidad de Brasilia y Universidad Federal de Minas Gerais.

Brasil tenía entonces 212 millones de habitantes. En inseguridad alimentaria grave, con privaciones, estaban 31,8 millones de brasileños o 15 por ciento del total. En un grado moderado, en que ocurre restricción de cantidad y diversidad de alimentos, vivían casi 27 millones u 12,7 por ciento de la población nacional.

Una cantidad un poco mayor, 31,7 por ciento, estaban en situación menos grave, pero aproximándose a la posibilidad de carecer der dinero para alimentarse adecuadamente.

El total en los tres grados de inseguridad alimentaria, 59,4 por ciento, más que dobla el 22,6 por ciento de 2013, el mejor resultado en las encuestas hechas desde 2004 con intervalos irregulares de tres a cinco años.

Datos ligeramente inferiores recogió la Red Brasileña de Investigación en Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Red Penssan), en diciembre: 55,2 por ciento de los brasileños bajo algún grado de inseguridad, de los cuales nueve por ciento, o 19 millones de personas, en situación de hambre.

Ese cuadro seguramente se agravó, ya que la covid-19 volvió a propagarse con una intensidad sin precedentes en Brasil. El total de muertos en los tres primeros meses y medio de este año ya suma 166 935 y pronto alcanzará los 194 949 de todo el año pasado, ya que el promedio diario actual supera las 3000 muertes.

Además terminó en diciembre la ayuda de emergencia que el gobierno aportó a 66 millones de brasileños pobres o desempleados desde abril de 2020, por la suma mensual de 600 reales (110 dólares) en los tres primeros meses, luego reducida a la mitad.

Pese al agravamiento de la crisis sanitaria, el gobierno tardó en reanudar ese auxilio. Solo a fines de marzo aprobó una transferencia limitada a 250 reales (45 dólares) mensuales como promedio y durante solo cuatro meses. Además redujo los beneficiarios a 44 millones. Quedó excluido un tercio de los asistidos en 2020.

“En diciembre acabaron también las grandes donaciones de las empresas e instituciones” para la distribución de alimentos a los sectores más vulnerables, señaló Rodrigo Afonso, director ejecutivo de Acción de la Ciudadanía, una red de comités de solidaridad contra el hambre distribuidos en todo el país.

Pandemia y medidas anticampesinas ahondan el hambre en Brasil

Un grupo de niños almuerza en su escuela, en Itaboraí, a 50 kilómetros de Río de Janeiro, antes del cierre de los centros educativos por la covid. Los alimentos frescos para los almuerzos y meriendas en los centros de educación pública de Brasil son suministrados por productores locales, mediante el Programa Nacional de Alimentación Escolar que asegura una cuota de 30 por ciento de las compras a la agricultura familiar. Foto: Mario Osava / IPS

En 2020 esa organización sin fines de lucro obtuvo el equivalente a nueve millones de dólares en donaciones, principalmente de grandes empresas, y pudo llevar alimentos a cuatro millones de personas. Pero a fines del año pasado perdí la ilusión por el peso de la pandemia y cayó la ayuda, lamentó a IPS por teléfono desde Río de Janeiro, donde tiene sede su asociación.

La penuria de recursos se generalizó entre las numerosas organizaciones solidarias que complementaron la acción del Estado y ayudaron a evitar una tragedia social aún peor  en 2020.

Menos mal que el choque con la realidad de las consecuencias del agravamiento de la pandemia en Brasil, llevó a las empresas a reanudar sus donaciones. “Desde mediados de marzo ya recaudamos 17 millones de reales (tres millones de dólares) y la meta para este año es duplicar la suma y la cantidad de personas atendidas en 2020”, anunció Afonso.

Hay un cierto agotamiento de las empresas y otros donantes, pero “la vacunación ofrece un horizonte, alguna esperanza de mejora del cuadro”, favorece un esfuerzo de movilización final, sostuvo.

En todo caso, el desafío se ahondó para la sociedad, llamada a ampliar su papel ante el “vacío de gobierno” en la protección social y sanitaria, concluyó.

“El auxilio de emergencia de este año es mejor que nada, pero no alcanza para alimentar una familia”, criticó Adriana Galvão, asesora técnica de AS-PTA Agricultura Familiar y Agroecología en el estado de Paraíba, en la región del Nordeste de Brasil.

Pandemia y medidas anticampesinas ahondan el hambre en Brasil

Una feria popular, en Sousa, una ciudad del estado de Paraíba, en el noreste de Brasil, abastecida por agricultores familiares de las localidades rurales vecinas. En general esas ferias tienen una parte de productos orgánicos o agrocecológicos, pero no han podido celebrarse en buena parte, desde que la pandemia de covid irrumpió en el país, hace 13 meses. Foto: Mario Osava / IPS

La organización no gubernamental, conocida por las siglas de su nombre original, Asesoría y Servicios a Proyectos en Agricultura Alternativa, es una de las pioneras en promover la agroecología en Brasil, a partir de sus acciones junto a agricultores familiares.

Su presencia en el Nordeste es clave porque se trata de la región que concentra más de mitad de la agricultura familiar brasileña y es la más pobre.

La inseguridad alimentaria allí afecta a 73,1 por ciento de su población, según el estudio del grupo Alimento para Justicia. En comparación, la región en mejor situación, el Sur, registró 51,6 por ciento.

En los territorios semiáridos del Nordeste “se vive un momento de grave tensión, a la espera de lluvias para sembrar”, única forma de aliviar la crisis, ya que los agricultores familiares no son contemplados por el auxilio gubernamental y sufren el derrumbe de políticas públicas que aseguraban sus avances en este siglo, resumió Galvão.

“Empezó a llover, pero los campesinos que leen la naturaleza no esperan lluvias generosas este año”, observó la activista, graduada en biología y coordinadora de acciones de empoderamiento de las mujeres en la región de Borborema, en el centro-este de Paraíba.

La Garantía-Cosecha, un seguro para pérdidas de por lo menos mitad de la siembra, es clave para la agricultura familiar, ante la irregularidad de las lluvias, destacó.

Pero desde su llegada al poder en enero de 2019, el actual gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro está desactivando gradualmente ese y otros programas que mejoraron la producción y la vida campesina.

Pandemia y medidas anticampesinas ahondan el hambre en Brasil

Las cisternas para el acopio de agua de lluvia, con sus diferentes formas y usos, son ya parte del paisaje de la ecorregión del Semiárido de Brasil, y han permitido dejar atrás las hambrunas y mortandades del pasado cuando llegan las cíclicas sequías a la región del Nordeste. Pero el gobierno de Jair Bolsonaro ha diezmado ese y otros programas de apoyo a la pequeña agricultura. Foto: Mario Osava /IPS

La interrupción del Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE), debido al cierre de las escuelas por la pandemia, amplía doblemente la inseguridad alimentaria, al dejar los niños sin la merienda diaria y al anular ventas determinantes para la agricultura familiar, explicó Galvão a IPS por teléfono desde Campina Grande, en Paraíba.

La legislación en la mayor parte del país obliga las escuelas o municipios a comprar a la pequeña agricultura local por lo menos 30 por ciento de la merienda escolar, lo que la abarata y la diversifica con productos frescos.

Con las escuelas cerradas, algunas alcaldías mantuvieron esas compras y distribuyen los alimentos en canastas a las familias de los alumnos pobres, pero son casos excepcionales.

La agricultura familiar, responsable de 70 por ciento de los alimentos consumidos en el país, “no dejó de producir durante la pandemia, pero sufrió una retracción del consumo” que amenaza la seguridad alimentaria de todos, apuntó José Francisco de Almeida, secretario de Política Agrícola de la Federación de los Trabajadores Rurales Agricultores y Agricultoras Familiares del Estado de Ceará.

La paralización del comercio y el transporte en Ceará, sorpresivo, dejó los agricultores sin acceso al mercado y cerró las ferias callejeras. “Perdimos tomates, animales listos para abate. Con las pérdidas, se redujo nuestra capacidad de invertir”, diagnosticó Almeida a IPS.

Además el gobierno de Bolsonaro dificulta el crédito a la agricultura familiar y va suprimiendo programas que fomentaron el sector en las últimas décadas, con medidas que agravan la crisis ya representada por 14 millones de desempleados y gran aumento de mendigos en las ciudades, punta del hambre que se disemina, acotó.

Además de la Garantía-Cosecha y el PNAE, el gobierno socava programas como el de Adquisición de Alimentos (PAA), que abastece instituciones asistenciales con productos de la agricultura familiar, el de cisternas de acopio de agua de lluvia para consumo y producción, y el de fomento de la productividad de “más alimentos”.

Esa política contra la pequeña agricultura agrava la crisis, al herir a un sector que, en Ceará, representa 48 por ciento del producto agrícola, genera más empleo que la agricultura industrial con menos tierra y produce la mayor parte de los alimentos, 70 por ciento de la leche, por ejemplo, arguyó Almeida por teléfono desde Redenção, en el interior de Ceará, donde cultiva 80 hectáreas de tierra.

ED: EG

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2021/04/pandemia-medidas-anticampesinas-ahondan-hambre-brasil/

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México: Cuauhtémoc Blanco tienden la mano a campesinos, pero no frena ecocidio

Un grupo de campesinos Zacualpan de Amilpas denunciaron que con maquinaria pesada un grupo de personas ha deforestado el 80% del Cerro de la Cal.

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, parece candil de la calle y oscuridad de la casa cuando se trata de dar respuesta a los campesinos.

Y es que, el pasado martes el mandatario convocó a representantes de organizaciones campesinas morelenses a trabajar en unidad, con el propósito de hacer un frente común que permita el desarrollo del campo, así como mejores condiciones de vida para las familias dedicadas a esta actividad.

Durante una mesa de trabajo, el mandatario estatal se comprometió a buscar y gestionar mayores recursos federales, e incluso con organismos internacionales, para fortalecer el apoyo a dicho sector productivo, el cual, como muchos, ha enfrentado la crisis derivada de la pandemia por el Covid-19.

CampesinosFoto: Cuartoscuro

Ante más de 30 representantes, Blanco Bravo refirió que el panorama global que se vive, tanto en lo sanitario como en lo económico, exige que se dejen a un lado las diferencias políticas y se trabaje de forma conjunta con responsabilidad y prudencia para construir acuerdos, ya que Morelos lo necesita.

Sin embargo, por la tarde del mismo martes un grupo de pobladores de la comunidad de Tlacotepec, en el municipio de Zacualpan de Amilpas, denunciaron que con maquinaria pesada un grupo de personas ha deforestado el 80% del Cerro de la Cal.

En la explanada de la comunidad los pobladores se reunieron con el presidente del Comisariado Ejidal, Francisco Santibáñez, y con el edil Adrián Cázares González, a quienes cuestionaron sobre los permisos para deforestar el cerro que han otirgado ellos o las autoridades estatales.

“Nos quejamos de que hace calor, nos quejamos de que ya no llueve, nos quejamos de que ya no hay agua y terminamos con lo más valioso que podemos tener, la naturaleza, no hay dinero que justifique, no hay dinero que pueda estar por encima de nuestro medio ambiente, este es el lugar donde nos tocó vivir, es el lugar de las futuras generaciones, nos toca a nosotros levantar la voz y ser quienes luchemos por eso”, dijo unos de los comuneros durante la protesta.

Morelos
El gobernador se reunión con un grupo de campesinos. / Cortesía estado de Morelos

Como respuesta, las autoridades municipales dijeron desconocer quién está detrás de este ecocidio, por lo que los campesinos precisaron que pedirán la intervención de las autoridades estatales para dar con los responsables de esta deforestación.

Cabe recordar que Cuauhtémoc Blanco ha sido muy criticado por la falta de apoyo hacia los campesinos.

Fuente: https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/10/08/critican-ecocidio-morelos.html

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Colombia: El Comité Ejecutivo de Fecode en unidad invita a sumarse al Paro Nacional del 21 de noviembre

América del Sur/Colombia/17-11-2019/Autor(a): Comité Ejecutivo de Fecode/Fuente: www.youtube.com

El Comité Ejecutivo de Fecode en unidad invita a sumarse al Paro Nacional del 21 de noviembre, contra la reforma pensional, reformal laboral, el holding financiero, por la defensa del derecho a la vida y el cumplimiento de los acuerdos firmados entre Fecode y el Gobierno Nacional.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=qvfRaVvt4_I

Imagen: http://www.adebogota.org/index.php/actualidad/comunicados/6687-fecode-rechaza-atentado-y-cualquier-acto-de-violencia

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Así ve un grupo de universitarios de Nicaragua a los campesinos del país

Centroamérica/Nicaragua/08 Agosto 2019/El país

Estudiantes de comunicación y periodismo de la Universidad Centroamericana de Nicaragua conviven dos semanas con población rural del país para conocer y capturar su cotidianidad. Este ha sido el resultado

  • Doña Anita, de 108 años de edad, anciana de la comunidad Nicaragua Libre en Diriomo.
    1 Doña Anita, de 108 años de edad, anciana de la comunidad Nicaragua Libre en Diriomo.IAN AMARU
  • Don Alberto Gutiérrez, popular escultor en la comunidad de La Garnacha, Estelí.
    2 Don Alberto Gutiérrez, popular escultor en la comunidad de La Garnacha, Estelí.MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ
  • Niños disfrutando de su tiempo libre frente a la playa de San Juan del Sur.rnrn
    3 Niños disfrutando de su tiempo libre frente a la playa de San Juan del Sur.YARA SEGOVIA
  • Pescadores preparándose para el acopio de marisco en el Puerto de San Juan del Sur.
    4 Pescadores preparándose para el acopio de marisco en el Puerto de San Juan del Sur.YARA SEGOVIA
  • Ganadero a caballo guiando a sus vacas, en la comunidad de Potosí, Chinandega.
    5 Ganadero a caballo guiando a sus vacas, en la comunidad de Potosí, Chinandega.MARTÍN MENA
  • Selena Gómez preparando tortillas en su cocina en la comunidad de Balgüe, Ometepe.
    6 Selena Gómez preparando tortillas en su cocina en la comunidad de Balgüe, Ometepe.LUISA TÓRREZ
  • Las Isletas, también conocidas como 'las hijas del Mombacho' es un conjunto de cientos de islas que se formaron tras la erupción del volcán Mombacho, situado cerca de la ciudad del mismo nombre. Aquí se ven dos simios jugando en la llamada Isla de los Monos.
    7 Las Isletas, también conocidas como ‘las hijas del Mombacho’ es un conjunto de cientos de islas que se formaron tras la erupción del volcán Mombacho, situado cerca de la ciudad del mismo nombre. Aquí se ven dos simios jugando en la llamada Isla de los Monos.LUCILA CAMPBELL
  • Jesús Calero Tercero le regala una flor a su mujer, Doña Flor, en la comunidad de Las Nubes, Matagalpa.rn
    8 Jesús Calero Tercero le regala una flor a su mujer, Doña Flor, en la comunidad de Las Nubes, Matagalpa.ISAAC CHAVARRIA
  • El pescador de Ometepe, Eliezer, sale a pescar con su pequeña red en busca de guapotes y mojarras.
    9 El pescador de Ometepe, Eliezer, sale a pescar con su pequeña red en busca de guapotes y mojarras.CRISTINA CASAYA
  • Una mujer de la comunidad La Montañita se dirige a lavar su ropa y aprovecha a bañar a su nieto en la orilla frente a la Isla Filipinas, Granada.rn
    10 Una mujer de la comunidad La Montañita se dirige a lavar su ropa y aprovecha a bañar a su nieto en la orilla frente a la Isla Filipinas, Granada.Mª AUXILIADORA AMADOR

    Fuente: https://elpais.com/elpais/2019/08/06/album/1565087527_410269.html#foto_gal_1

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Colombia: «Convocamos a movilizarnos el 23 de octubre en la jornada de indignación»

Por: Rebelion

Comunicado de la opinión pública

Las comunidades y las organizaciones sociales, Mesa Regional de organizaciones sociales (MEROS), la COCCAM, Juntas de Acción Comunal (J.A.C.), las comunidades afrodescendientes y el pueblo indígena NASA del departamento del Putumayo, Piamonte (Cauca) y el corregimiento Cofanía Jardines de Sucumbíos (Ipiales – Nariño) informan a la opinión pública lo siguiente:

En el marco de la implementación del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una paz estable y Duradera” y el Acuerdo Regional firmado el 26 de julio de 2017 en la región con las organizaciones antes mencionadas, quienes estamos de manera decidida apoyando el proceso paz en búsqueda del cambio social y político para mejorar la calidad de vida de las comunidades en la región y en el país, manifestamos las inconformidades e indignación debido a la falta de voluntad política del Gobierno Nacional y la lentitud para avanzar en la implementación de todos los puntos establecidos en el Acuerdo Final.

Además, en medio de esta crisis por la cual atraviesa el proceso de paz, el Gobierno Nacional insiste en dar continuidad a la nefasta política antidrogas; fumigaciones, erradicaciones forzosas, extinción de dominio sobre sus bienes y judicializaciones violando la presunción de inocencia de los campesinos cultivadores de la hoja de coca, pasando por encima de la voluntad expresa de las comunidades en sustituir voluntariamente sus cultivos de uso ilícito acogiéndose al punto 1 y 4 del Acuerdo Final, acciones que generan alto grado de vulnerabilidad de los derechos humanos de campesinos, indígenas y afrodescendientes quienes aspiramos vivir dignamente en nuestros territorios.

Por tanto rechazamos:

  1. La masacre de campesinos, indígenas y afrodescendientes cocaleros perpetuada el pasado 5 de octubre en Tumaco departamento de Nariño, que dejó como resultado la pérdida de vidas humanas y heridos, asesinatos contra líderes y lideresas que exigen sus derechos como el caso de la comunicadora social indígena y reclamante de tierra de Coconúco departamento del Cauca, el compañero de Guaviare, entre otros casos que se vienen presentado en el país; lo que genera indignación y repudio en la región andinoamazónica.
  2. Las pretensiones de Gobierno Nacional a través del proyecto de ley que presentó, donde modifica la ley 160 de 1994, que busca entregar las tierras a grandes terratenientes y multinacionales para la explotación minero energética, contradiciendo el espíritu de lo pactado en el Acuerdo Final de Paz.
  3. El proyecto de ley del tratamiento penal diferencial presentado por el Gobierno Nacional que va en contravía de la esencia de lo acordado en el punto 4 del Acuerdo Final, que judicializará a campesinos cultivadores de coca aplicando la extinción de dominio.

Exigimos:

  1. Avanzar de manera inmediata y efectiva con la implementación de todos los puntos del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
  2. Frenar las acciones de erradicación, fumigación y vulneración de los derechos humanos en todos los territorios y la eficaz implementación del punto 1 y 4 del Acuerdo Final de Paz y de las rutas y cronogramas acordadas en la región.
  3. Pleno cumplimiento en la implementación de garantías de seguridad, protección a la labor de las comunidades, líderes y lideresas campesinas, indígenas y afrodescendientes, defensores de derechos humanos en los territorios donde se está implementando el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) tal como lo establece el Acuerdo Final de Paz, para evitar más desplazamientos forzosos y situaciones originadoras de conflictos en la vulneración de derechos humanos que se están presentando.
  4. Articulación oportuna y eficaz en la formulación de los PISDA y los PDET y su implementación inmediata en los territorios.
  5. Proyección de la ley de tratamiento penal diferencial y la reglamentación de la ley de tierras en el marco de lo establecido en el Acuerdo Final de Paz.
  6. La garantía de no repetición de los hechos de violencia y violación de derechos humanos ocurridos en Nariño, Cauca y Guaviare, en ninguna parte del país.
  7. Respeto al ejercicio pleno de los derechos de la libre expresión, asociación y movilización de las comunidades, tal como lo manifiesta los tratados y acuerdos internacionales en materia de protección de los derechos humanos y el respeto por la constitución política.
  8. Garantizar la totalidad de los recursos necesarios para dar cumplimiento a las familias que ingresan al Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS).
  9. La continuidad de los diálogos y el cese al fuego bilateral entre Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
  10. Solución inmediata a los puntos anteriormente expuestos, expresamos a Gobierno Nacional nuestra voluntad de diálogo y concertación, para lo cual proponemos una reunión con los ministros Rafael Pardo Rueda, Luis Carlos Villegas, Guillermo Rivera Flores y el señor Eduardo Díaz Uribe, sin delegación, antes del día 20 de octubre de 2017. Con la presencia de los garantes, facilitadores del proceso, autoridades locales y de los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo.

Por lo tanto, las organizaciones anteriormente mencionadas nos declaramos en asamblea permanente, a partir de las 06:00 horas del día 12 de octubre de 2017, día internacional de la resistencia de los pueblos de nuestra América Latina y del Caribe.

Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, Juntas de Acción Comunal, campesinos, agricultores, ganaderos, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, profesores, estudiantes, trabajadores de la salud, transportadores, comerciantes, las iglesias, la clase obrera, desplazados, victimas, sindicatos, medios de comunicación, artistas y gestores culturales, hombres y mujeres, jóvenes, LGTBI, y demás comunidades y organizaciones que se identifiquen con la defensa del proceso de paz y su implementación, la defensa de la vida, los derechos humanos y el territorio andinoamazónico, a movilizarnos este 23 de octubre en la jornada de indignación convocada por las plataformas de organizaciones sociales a nivel nacional.

Puerto Asís Putumayo, 12 de octubre de 2017

Fuente:http://www.rebelion.org/noticia.php?id=232808

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