Daniel Mato
Director Cátedra UNESCO
Educación Superior y Pueblos Indígenas
y Afrodescendientes en América Latina
Universidad Nacional de Tres de Febrero.
El racismo es una ideología según la cual los seres humanos seríamos clasificables en “razas”, algunas de las cuales serían superiores a otras. Esta poderosa ideología continúa vigente y de manera frecuentemente inconsciente aún impregna las maneras del ver el mundo de buena parte de los seres humanos.
En América Latina, donde muchas personas piensan que el racismo solo es un problema en Europa y Estados Unidos, esta ideología continúa afectando a diversos grupos humanos, pero muy especialmente a las personas y comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes. En esta región del mundo, la ideología racista data del período colonial, pero la construcción de las repúblicas poscoloniales la incorporó de manera protagónica. Esto se
expresó y, según los casos, aún se expresa en los discursos y prácticas de los Estados, incluyendo prácticas genocidas, políticas de “blanqueamiento” de la población y en diversas políticas económicas, sociales, lingüísticas y de educación, entre otros recursos.
Si bien en algunos países “latino-americanos” (expresión que cuanto menos silencia la existencia de pueblos indígenas y afrodescendientes), los comportamientos abiertamente discriminatorios hacia personas y comunidades de estos pueblos son menos habituales que tiempo atrás, estos aún persisten. Pero las expresiones y consecuencias del racismo no se limitan a comportamientos “visibles”, sino que incluyen la existencia de desventajas históricamente acumuladas, mecanismos y prácticas institucionales, creencias y prejuicios que multiplican inequidades y reproducen formas de desigualdad y exclusión. El racismo aún es una ideología dominante en estas tierras, solo que muchas veces se presenta de formas no explícitas. Las instituciones y políticas de educación superior no escapan a estos problemas. Al contrario, en este ámbito, ellos se expresan no solo en prejuicios y descalificaciones, sino también en la exclusión de las historias, lenguas y conocimientos de esos pueblos en los planes de estudio. Además, también se manifiestan en la escasa participación de personas indígenas y afrodescendientes entre el estudiantado, docentes, autoridades y funcionarios de estas instituciones.
Lo alarmante respecto de este tipo de problemas no es solo que ellos existan, sino que excepto iniciativas puntuales de unos pocos gobiernos, ellos no parecen ser causa de mayor preocupación para los Estados. Esta última afirmación puede constatarse al observar que la mayoría de los Estados no sostienen políticas eficaces ni destinan presupuestos significativos para acabar con ellos. Complementariamente, cabe observar que si bien algunas universidades de varios países de la región sostienen algunas iniciativas valiosas en la materia, estas no exigen de manera categórica a los gobiernos los presupuestos necesarios para sostenerlas. Unas y otros parecen omitir que ofrecer oportunidades educativas a estas personas y comunidades, a todos los niveles, al menos en condiciones de igualdad respecto de otros grupos de población y que resulten apropiadas a sus contextos e intereses, constituyen derechos establecidos en múltiples convenios internacionales y en las constituciones nacionales y leyes de la mayoría de los países de la región, cuya aplicación efectiva es deber de los Estados asegurar.1
De no ser por la existencia de formas inconscientes de racismo, debería resultar no solo alarmante sino también sorprendente que, exceptuando algunas meritorias excepciones, no solo gobiernos y universidades, sino tampoco actores sociales y políticos con agendas democratizadoras, hasta la fecha no hayan adoptado posiciones fuertes en la
materia. Las expresiones “racismo institucional oculto” y “racismo estructural” o “racismo sistémico” resultan útiles para dar cuenta de las sus sutiles y variadas formas en que el racismo afecta a nuestras sociedades y con ellas a sus sistemas educativos, incluyendo los de Educación Superior, así como a la calidad de las funciones de producción de
conocimientos y de formación profesional, ciudadana y de opinión pública que estos deben cumplir.
En México, estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2014, muestran que el 12,7% de la población total mayor de 15 años exhibe educación superior completa, pero que únicamente el 4,9% de la población indígena alcanza este nivel de
escolaridad 2. En tanto, en Argentina, país en el que debido al desinterés por el tema ni siquiera se dispone de estadísticas que permitan hacer estimaciones semejantes, a pocos sorprende que, aunque según el Censo del 2010 la población indígena represente casi el 2,5% del total nacional, haya un número indeterminado pero notablemente muy escaso de estudiantes indígenas y que el número de docentes y directivos de estos pueblos en las instituciones de Educación Superior (IES) sea aun menor. O que en Brasil, donde la población afrodescendiente supera el 50%, su proporción entre estudiantes, docentes y directivos de IES resulte visiblemente tan baja.
Por otro lado, a nadie parece sorprender que en las carreras de Farmacia de la inmensa mayoría de las universidades latinoamericanas no se estudien los conocimientos de pueblos indígenas acerca de aplicaciones terapéuticas de especies vegetales, pero que los laboratorios farmacéuticos se ocupen de obtenerlos y patentarlos en su propio
beneficio. El desinterés por estudiar las formas de administración de justicia y resolución de conflictos de estos pueblos en las carreras de Derecho y Ciencias Políticas resulta igualmente llamativo. Existen ejemplos de desinterés semejante para todos los campos del saber.
El racismo no solo afecta las posibilidades de que personas indígenas y afrodescendientes accedan a la Educación Superior y logren graduarse en los lapsos esperables. También afecta la calidad de la formación que las IES ofrecen, la investigación que realizan y su papel en la formación de ciudadanos y de opinión pública. Además, el racismo también impregna la formación de docentes y así se irradia hacia todo el sistema educativo. Todo esto perjudica no solo a las personas y comunidades de esos pueblos, sino a cada sociedad en su conjunto, que se priva de sus conocimientos, lenguas y contribuciones a la solución de importantes desafíos ambientales y sociales.
En vista de estos problemas y de lo establecido en varios convenios internacionales la 3ra. Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2018), realizada en Córdoba en junio de 2018, entre otras recomendaciones enfatizó que las políticas e instituciones de Educación Superior (IES) deben contribuir proactivamente a desmontar todos los
mecanismos generadores de racismo. Como una manera de asegurar esto, la Declaración Final de la CRES 2018 destacó la necesidad de promover la diversidad cultural y la interculturalidad en condiciones equitativas y mutuamente respetuosas y planteó que el reto no es solo incluir en las IES a miembros de pueblos indígenas y afrodescendientes e individuos de grupos sociales históricamente discriminados, sino transformar a estas
instituciones para que sean social y culturalmente pertinentes. De este modo, podrán capacitar profesionales y técnicos con conocimientos más apropiados a sus contextos, realizar investigación de mejor calidad y contribuir a construir sociedades más democráticas y equitativas. Además, la Declaración enfatizó la necesidad de promover el
aprendizaje de las lenguas de pueblos indígenas y afrodescendientes y su uso efectivo en las prácticas de docencia, investigación y extensión, así como la formación de docentes interculturales bilingües para todos los niveles de los sistemas educativos. Complementariamente, destacó que es ineludible reconocer y valorar las epistemologías,
modos de aprendizaje y diseños institucionales propios de pueblos indígenas y afrodescendientes, comunidades campesinas y otras socioculturalmente diferenciadas. 3
Se trata entonces de poner estas recomendaciones en práctica. Para lograrlo es necesario el compromiso efectivo de las IES, sus autoridades, docentes, investigadores, estudiantes y funcionarios, pero también se necesitan políticas públicas y dotaciones presupuestarias apropiadas. Para contribuir a avanzar en estos fines, la Cátedra UNESCO
Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Argentina) ha impulsado la creación de la Iniciativa para la Erradicación del Racismo en Educación Superior en América Latina, que ya cuenta con la participación de más de treinta universidades de ocho países latinoamericanos y continúa creciendo. 4
1 Ver especialmente:
Organización de las Naciones Unidas (1967) Convención Internacional sobre Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Racial
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
Organización Internacional del Trabajo (1989) Convenio sobre pueblos indígenas y tribales
(Convenio Nro. 169)
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
2 Salmerón Castro, Fernando (2019) “Algunos retos de la Educación Superior Intercultural en México para
combatir el racismo”. Colección Apuntes. Nro. 11. Iniciativa para la Erradicación del Racismo en Educación
Superior, Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina.
Buenos Aires, Argentina.
3 http://espacioenlaces.org/wp-content/uploads/2018/07/declaracion_cres2018.pdf
4 Ver: http://unesco.untref.edu.ar/
Fuente: http://revistas.ibero.mx/ibero/articulo_detalle.php?pageNum_paginas=1&totalRows_paginas=4&id_volumen=50&id_articulo=894&id_seccion=815&active=814&pagina=23&pagina=24