Con el monto adicional de $16,9 billones, el Presupuesto de 2023 quedaría en $422,5 billones para este año. Se empezará a discutir hoy
Se radicó la ponencia para el primer debate de la adición presupuestal, con un monto de $16,9 billones más para 2023, lo que dejaría un presupuesto total de $422,5 billones. Los sectores con más recursos adicionales serían educación y salud.
Su fuente de financiación es el recaudo derivado de Ley 2277 de 2022 (la reforma tributaria) y las partidas, según el documento, se destinarán a la reactivación económica, en programas de gasto para ejecutar en el segundo semestre del año.
“Para esto fue la reforma tributaria del presidente, Gustavo Petro, para aumentar el presupuesto a la salud, agricultura, medio ambiente y educación”, indicó Alfredo Mondragón, representante a la Cámara por el Pacto Histórico.
Los recursos de la adición se distribuirán en $9,1 billones en inversión, $7,3 billones en funcionamiento y $500.000 millones en servicio de la deuda.
Con esto, entonces, y de ser aprobado en el Congreso, en 2023 la inversión sumaría $83,3 billones, 19,5% más que el presupuesto de 2022. Mientras tanto, los gastos de funcionamiento totalizarían $260,7 billones, de los que $78,4 billones irían al pago de la deuda.
El sector con un mayor monto de adición sería educación, con $2,2 billones adicionales, de los que $1,15 billones son recursos de funcionamiento; y $1,05 billones para inversión. De este último monto, $550.000 millones están orientados a financiar el plan de espacios educativos como centro de la vida comunitaria, y para la construcción, adecuación, adquisición y/o dotación de 16 sedes de Instituciones de Educación Superior Públicas. Así, el sector queda con $57 billones para este año.
Sigue salud, con $2,03 billones adicionales, recursos que irán al “aseguramiento en salud por el impacto de las variables macroeconómicas en la prestación de servicios; dineros que son transferidos a la Adres”. Y el top tres lo completa hacienda, con $1,8 billones más para la vigencia de 2023, cerrando en $50,5 billones.
“Esta es una semana clave para las comisiones económicas conjuntas. Desde hoy iniciará la discusión del proyecto de ley de adición presupuestal para 2023”.
También está vivienda, con $1,5 billones, para atender proyectos relacionados con los programas “Cambia mi casa”, vivienda rural y “Mi casa ya”. También se destinan recursos para asumir faltantes en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
Hoy se hará la presentación del Marco Fiscal de Mediano plazo, documento en el que el Ministerio de Hacienda actualiza las cuentas del Gobierno. Sin embargo, en el proyecto de adición presupuestal se anticiparon algunas de las previsiones.
Por un lado, la cartera estima que en este año la economía crecerá 1,8%, mientras que la inflación anual bajará a 9,2% y el precio del petróleo se reducirá a un promedio anual de US$78,6 por barril.
La producción petrolera subiría levemente a 769 KBD y el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos bajaría de 6,2% del PIB en 2022 a 4,0% del PIB en 2023.
Ya desde la publicación del Plan Financiero se proyectaba que el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central cerrará en 4,3% del PIB en 2023, 1% del PIB menos que el dato de 2022, cuando era de de 5,3%.
“En el nuevo escenario, la reducción del déficit fiscal frente a 2022 obedecería al incremento de los ingresos tributarios (3,6% del PIB) y de capital (0,7%), que compensaría las mayores presiones de gasto primario (2,7%), asociadas con la puesta en marcha de programas de gasto dirigidos a contener la desaceleración económica y avanzar por una senda de desarrollo inclusivo y sostenible”, dice en el documento.
Cuatro mujeres lograron lo que parecía imposible: cursar con éxito una maestría en gerencia y práctica del desarrollo junto a otros profesionales de 24 municipios del litoral Pacífico. Ellas esperan regresar a sus comunidades para compartir sus nuevos conocimientos.
Yohaysa Perea Rentería, Yenilsen Alomía, Vivían Abadía y Leidy Ortega son mujeres afrodescendientes de los municipios de López de Micay, Cauca; Nuquí, Chocó; Tumaco, Nariño y Florencia, Caquetá, que lograron lo que parecía imposible: cursar con éxito la maestría gerencia y práctica del desarrollo de la Universidad de los Andes, junto a otros profesionales de 24 municipios del litoral Pacífico.
Estas cuatro historias tienen algo en común: están atravesadas por el liderazgo, el territorio y la esperanza de una vida digna para sus comunidades. Estas son sus historias de disciplina y también de valentía.
De López de Micay a los Andes, un viaje de ida y vuelta para Yenilsen
Para llegar de López de Micay, un municipio caucano de la costa del Pacífico, a Bogotá hay que hacer un recorrido que puede tardar dos o tres días. Primero, una travesía por mar hasta el puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca, cuya duración depende de las condiciones marítimas. Del puerto a Cali, por tierra, otras seis horas, si no hay bloqueos o derrumbes. De Cali a Bogotá, normalmente unas 10 horas.
Yenilsen Alomía es una trabajadora social y líder de López de Micay, en el Cauca. – Foto: Foto: Rubén Darío Escobar
Ese fue el recorrido que hizo durante varios meses Yenilsen Alomía Riascos, una trabajadora social, para llegar a sus clases en la maestría de la Universidad de los Andes y que busca potenciar el liderazgo en las regiones para que quienes la cursen se conviertan en gerentes de cambios efectivos.
Un sueñohecho realidad gracias al Fondo Potencia Pacífico de la Corporación Manos Visibles y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Yenilsen ha vivido y desarrollado sus actividades profesionales en López de Micay, una tierra que, pese a tener grandes riquezas naturales, no cuenta con oportunidades laborales. Especialmente, las mujeres y los jóvenes no encuentran en qué laborar después de terminar sus estudios de secundaria.
“Es un territorio con una riqueza inmensa en biodiversidad, pero también tiene esas problemáticas que afectan las condiciones de vida, especialmente de los jóvenes, que no pueden acceder a educación de calidad o a empleos dignos. Y, en el caso de las mujeres, vivimos de la agricultura y lo que buscamos es la formación de emprendimientos que nos permitan cerrar esas brechas de desigualdad de género que nos han acosado históricamente”, asegura.
Es que Yenilsen, contra el destino al que parecía condenada, pudo estudiar trabajo social en la Universidad del Cauca, y no dudó en regresó a su pueblo para trabajar en diversas iniciativas, especialmente enfocadas en las mujeres de su comunidad con el fin de evitar violencias, desempleo, deserción escolar y también consolidar la educación como alternativa para alejarse de la pobreza.
“La maestría me permitirá, como profesional, ser una gerente con mayor capacidad de toma de decisiones y de incidencia en esas apuestas que se dan en los territorios, especialmente las que se enfocan en educación y emprendimiento de las mujeres”, dice Yenilsen.
Nuquí, el paraíso en donde las mujeres apuestan por la sostenibilidad ambiental
Vivian Abadía es ingeniera ambiental. Nació en Nuquí, estudió en la Universidad Tecnológica del Chocó y se postuló a la maestría de la Universidad de los Andes.
“Deseo continuar empoderando a mi comunidad, en función de la sostenibilidad, como una herramienta de desarrollo. Promoviendo espacios de formación y capacitación. Además de impulsar el relevo a espacios de poder y decisión para generar las transformaciones que requerimos como Pacífico y cómo Chocó a partir de políticas públicas efectivas” dice.
Vivian Abadía estudió en la Universidad Tecnológica del Chocó y se postuló a la maestría de la Universidad de los Andes. – Foto: Foto: Rubén Darío Escobar
Y tras la posibilidad de especializarse en una universidad llegó un sueño. Se llama Corpropacífico y busca poner “las bases para que el Chocó sea un territorio autónomo y ambientalmente sostenible. Nuestro enfoque es el ser humano como sujeto y tomador de decisiones respetuosas con el medio ambiente y sostenible para las presentes y futuras generaciones”.
Ahora, con su título ya listo y con las experiencias y aprendizajes desarrollados a lo largo de esta formación, Vivian ve así el futuro: “Soy una convencida de que, como departamento, podemos trascender al resto del Pacífico de manera positiva, pero primero debemos trabajar en nuestros impactos y transformaciones internas”.
Cacao, una vía al emprendimiento en Tumaco
Para llegar a la sede de la Asociación de Productores de Cacao, Asprocat, hay que salir de San Andrés de Tumaco, recorrer más de 20 kilómetros por la vía a Pasto y en la vereda Inguapí, a un lado del camino, está la entrada a este centro de producción cacaotera, uno de los más importantes de la región y desde donde sale a los mercados internacionales y nacionales el mejor cacao de Tumaco.
Leidy Fernanda Ortega es profesional en finanzas y relaciones internacionales, especialista en proyectos de desarrollo. – Foto: Foto: Rubén Darío Escobar
Por eso, para Leidy Fernanda Ortega es tan importante hacer parte de esta asociación, a través de la cual se pudo postular a la misma maestría de la Universidad de Los Andes como gestora y a la que espera poder retornar con creces los conocimientos adquiridos.
Ella es una profesional en finanzas y relaciones internacionales, especialista en proyectos de desarrollo y actualmente se desempeña como orientadora productiva de la Agencia para la Reincorporación y Normalización en Nariño.
En la Amazonía, las mujeres tienen su propia red para impulsarse
Malinké y Harambeé son las palabras que guían la senda de Frema, la Fundación Red de Mujeres Afroamazónicas, una organización que trabaja por la reivindicación y promoción de los derechos humanos, sociales, territoriales, económicos, culturales, ambientales y políticos de las comunidades.
Estas palabras de origen africano, que significan Casa Cultural y Hagámoslo Juntos, son las líneas de acción de esta organización que dirige Yohaysa Perea Rentería, una madre cabeza de hogar y una convencida del poder transformador de la educación y la comunicación. “Soy amante y defensora de las tradiciones ancestrales de las comunidades étnicas, en particular las que vivimos el proceso de la diáspora y habitamos en territorios amazónicos”, dice esta comunicadora social y especialista en TIC de la educación que acaba de terminar la maestría gerencia y práctica del desarrollo.
Yohaysa Perea Rentería es comunicadora social y especialista en TIC de la educación. – Foto: Foto: Rubén Darío Escobar
Para ella, la mejor manera de llevar las experiencias de esta maestría adquiridas en las aulas es compartir los conocimientos. “Estos se comparten a través del diálogo, los diferentes espacios que tenemos de encuentro y sobre todos los talleres que hacemos para el intercambio de saberes y la visibilidad de los aportes de las comunidades negras en esta zona del suroriente del país”, asegura la nueva magister.
Hoy, se espera que se inicie el primer debate con la ponencia positiva radicada que reúne a dos proyectos más de la Comisión VI
Se abre la agenda para la educación en la administración de Gustavo Petro. El jueves de la semana pasada se llevó a la presentación de la ponencia positiva para el debate de la Ley 30 de 1992, la iniciativa legislativa que reúne dos proyectos más en la Comisión VI de la Cámara de Representantes y que es liderada por el representante Jaime Raúl Salamanca.
Los proyectos que se adelantan en Cámara corresponden a la Bancada Comunes, al articulado 054 y de la Coalición Centro Esperanza, 082. Entre tanto, los tres proyectos coinciden en la reforma de los artículos 86 y 87, que describen la financiación de la educación pública y la gestión en la distribución desde el Presupuesto General de la Nación a las Universidades.
Hoy, se espera que se inicie el primer debate con la ponencia positiva radicada. El presidente de la Comisión, que también es el coordinador ponente, presentó el documento que cuenta con 10 artículos y que busca reformar principalmente los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que ya tiene 10 años desde su radicación, y, además, ofrece una perspectiva desde un enfoque diferencial de género desde los planteles educativos.
«Esta iniciativa se suma a otras iniciativas con las cuales queremos responder a las demandas históricas del Movimiento Universitario, como el Proyecto de Democracia Universitaria que esta listo para su segundo debate, y Gratuidad Total que esperamos sea aprobado en su último debate en la Plenaria del Senado», explica Salamanca.
¿Qué propone la reforma?
Uno de los ejes centrales de la reforma es que articula e integra a todo el sistema de educación superior público como un conjunto, es decir, a las Universidades y a las Instituciones Técnicas Profesionales, Tecnológicas y Universitarias (Ittu) públicas, reconociendo su diversa condición jurídica de creación, sus diversas condiciones, oferta, esquemas de financiación, cobertura, rol de las entidades territoriales etc.
Esto, a razón de que el esquema actual de transferencias establecido en la Ley 30 de 1992 recoge únicamente a los entes universitarios autónomos.
Otro punto clave es que la modificación del artículo 86 de la ley 30 propone principalmente que los aportes asignados a las universidades públicas, de orden nacional y territorial, se calcularán sobre la base del presupuesto asignado por el mismo concepto a cada universidad en el año inmediatamente anterior, y ajustándose como mínimo cada año por el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices), de las Universidades públicas, calculado por el Dane.
Esto significa que se postula abandonar el mecanismo de aumento de la base presupuestal, como mínimo según el crecimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como viene sucediendo. Esto, justificado por el argumento de que se considera que el Ices refleja con mucha más fidelidad las variaciones reales de los costos en que incurren las universidades para la prestación del servicio educativo.
En todo caso, el parágrafo 1 indica que, cuando el Ices sea menor que el IPC, se tomará el IPC como referencia para calcular los incrementos.
Se modifica, además, el artículo 87 de la Ley 30 de 1992, señalando que el Gobierno Nacional incrementará anualmente sus aportes para las universidades nacionales, departamentales y municipales, en un porcentaje no inferior al 50% del incremento real del PIB, recursos que no harán parte de la base presupuestal de las Universidades públicas.
Y por último, el artículo 9 adiciona un artículo a la Ley 30 de 1992, indicando la obligatoriedad de formular e implementar un Protocolo de Prevención y Atención a Casos de Violencias Basadas en Género y Discriminación en todas las Instituciones de Educación Superior. Del mismo modo, la creación de un fondo con destinación específica a la implementación de estrategias relacionadas a las políticas de prevención y atención a dichos casos.
Según el ponente Salamanca, el próximo nueve de junio se espera que se radique el proyecto de Ley.
¿Por qué se propone la reforma?
El artículo 86 de la Ley 30 de 1992 establece un crecimiento de las transferencias inercial en pesos constantes (crecimiento por IPC). Según Salamanca, esto dice que el incremento de los recursos no responde a la dinámica de los costos de prestación del servicio ni al crecimiento o mejoramiento de las universidades y del sector.
Por otro lado, la forma como está concebido el esquema de financiación de la Ley 30 de 1992, no permite que todas las IES públicas puedan acceder a recursos ordinarios del PGN.
América del Sur/Colombia/19-05-2023/Autoría: Paula Restrepo/Fuente: www.publimetro.co
Los recursos eran para un programa de lengua extranjera pero al parecer fueron utilizados en otras cosas.
Presuntas irregularidades continúan opacando a la Secretaría de Educación de Cali, esta vez, desde el Concejo de la ciudad descubrieron que al parecer se destinó una millonaria suma de dinero en algo que no estaba presupuestado.
La Secretaría de Educación es la encargada de manejar los programas como el PAE (Programa de Alimentación Escolar), el cual ha tenido cuestionamientos desde hace meses por presuntas irregularidades en la calidad y entrega de los alimentos.
En esta ocasión, realizaron la denuncia relacionada con un programa de lengua extranjera que está planteada en el Plan de Desarrollo, pero que presuntamente no se ha cumplido como se debería y los dineros están siendo usados en otras cosas.
Según el concejal Terry Hurtado, el secretario de Educación de Cali, José Darwin Lenis, indicó que el pasado ocho de mayo ante el cabildo que no había ejecutado dineros de los cerca de $20.690 millones de pesos que estaban destinados a la meta del Plan de Desarrollo: Fortalecimiento en competencias comunicativas en lengua extranjera inglés.
“Verificamos que sí utilizó $ 1.615.352.000 para contratar profesionales que no tenían capacitación ni formación profesional para atender la enseñanza de lengua extranjera. Por el contrario, en su gran mayoría eran psicólogos y personal con capacidades para atender temas de apoyo psicosocial”.
De acuerdo con el concejal, al menos 100 psicólogos que la Secretaría de Educación de Cali contrató con el presupuesto, cuando en realidad debería haber contratado a maestros de inglés.
Cuando se revisó el Secop ll, la plataforma de contratación estatal, se encontró que en los objetivos de contratos de los profesionales de psicología empleados se encontraba “acompañar y hacer seguimientos a las actividades de generación de espacios motivacionales con las estudiantes de cada una de las sedes educativas asignadas, acerca de la importancia de las lenguas extranjeras como aporte a sus proyectos de vida”.
Incluso, el concejal indicó que esto ya estaba siendo denunciado por el personal de diferentes instituciones, quienes manifestaron que se les estaba exigiendo labores distintas a su profesión de psicólogos para que se concentraran en sensibilizaciones. “Este hecho es preocupante porque el 17 de mayo se debatirá el Proyecto de Acuerdo 209 de 2023, con el que se busca ampliar la población beneficiaria de proyectos de bilingüismo en la ciudad, para que estudiantes que no pertenecen a instituciones públicas de la ciudad puedan acceder a él”.
Hasta el momento la Secretaría de Educación de Cali no se han pronunciado frente a esta denuncia.
Fuente e Imagen: https://www.publimetro.co/cali/2023/05/17/en-problemas-nuevamente-denuncian-presunta-irregularidad-en-la-secretaria-de-educacion-de-cali/
La educación colombiana, pese a sus precarios resultados y a su panorama de crisis generalizada, ha sido la gran ausente del paquete de reformas en las que el gobierno nacional ha apalancado el discurso y la ruta de acción para un cambio estructural que responda a las demandas de la sociedad y a los retos que plantean nuestros volátiles, inciertos, complejos y ambiguos tiempos.
Aprobado el Plan Nacional de Desarrollo y conocidos los lineamientos gruesos de la política educativa, el plan indicativo y la gestión legislativa para lograr transformar el sistema de salud, el panorama laboral y el régimen de pensiones, se concluye que para el sector educativo no se presenta una estrategia equivalente pese a que diferentes actores del sector educativo y la sociedad la vienen demandando.
Colombia lleva tres planes decenales de educación y dos misiones de sabios. Los primeros invariablemente han venido planteando el desafío de articular el sistema educativo y replantear el modelo educativo para que sea pertinente a las condiciones actuales de nuestro país y de nuestro planeta.
Los más connotados pedagogos hablan de la urgente necesidad de cambiar el currículo y las academias de ciencias hablan de una “reforma integral del sistema educativo colombiano que responda a las necesidades de formación de los estudiantes del siglo XXI” (Forero, 2023).
El Foro de Ciencia y Educación por el Desarrollo y la Paz presentó una declaración con similares demandas y un decálogo en un evento sobre la transformación de la educación la ciencia y la innovación realizado en el Congreso de la República el 24 de abril con diversos actores de la academia, de la política y del gobierno.
Y, más recientemente, representantes del Movimiento Pedagógico, del Movimiento Social por la Educación, de las Expediciones Pedagógicas y de otros sectores de la Educación se reunieron en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional el 4 de mayo con el viceministro de educación inicial básica y media, dos miembros de su equipo asesor y dos del despacho de la ministra y plantearon la constitución de una Mesa por la Reforma Educativa Integral.
Entre las apuestas del gobierno se encuentra crear 500.000 nuevos cupos para educación superior y constituir nuevas instituciones y avanzar en la gratuidad de este nivel educativo y consagrarla como un derecho humano.
Estas propuestas, referidas a un solo nivel del sistema educativo, se podrían incluir en lo que expertos llaman reformas de disponibilidad y acceso dirigidas a la cobertura, que descartan o posponen decisiones de fondo como la mejora de la calidad.
La comunidad académica y otros sectores de la sociedad claman por una reforma de tipo estructural, con énfasis en la gobernanza, que implica una amplia participación para lograr un consenso en los cambios de la arquitectura institucional, los mecanismos de articulación del sistema, el modelo educativo, el currículo, la política de formación docente y la financiación para echarlo a andar.
En virtud de ello, la Mesa por la Reforma Educativa Integral propone al gobierno nacional recuperar la institucionalidad de instrumentos de política pública que favorecen la construcción participativa de políticas de largo plazo como son los planes decenales de educación, los foros educativos locales, regionales y nacional y las juntas educativas (nacional, departamentales, distritales y municipales) cuya función ha sido minimizada, tergiversada o invisibilizada en las recientes décadas.
Las actuales condiciones planetarias han presionado para cambiar el paradigma educativo dirigido a formar las llamadas habilidades del siglo XXI: iniciativas como el Proyecto Engauge de las grandes transnacionales tecnológicas Intel, Cisco y Microsoft, el Foro Económico Mundial, la Iniciativa Global de Innovación y Aprendizaje para el siglo XXI de la Universidad de Harvard y el Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos, entre otras, proponen un conjunto de competencias que deben privilegiar los sistemas educativos.
Aunque algunas ponen el énfasis en preparar a las poblaciones para los aparatos económicos, es claro que la sociedad global demanda también formar ciudadanos activos en los ámbitos de la vida, la cultura y en la política.
Sistemas educativos que vuelvan a la multidimensionalidad humana que no es solo cognitiva sino emocional, cultural, natural y física y demandan estrategias de formación y de evaluación múltiples y flexibles.
Se cuenta con muchos ejemplos de naciones que han abordado reformas educativas para las competencias del siglo XXI como Singapur, China, Finlandia y en nuestra región, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y México. De todas se pueden aprender lecciones, ninguna transformación estructural es fácil y cualquiera genera resistencias, dificultades y retos, pero es una tarea inaplazable.
Nuestra reforma más reciente, de principios de los 90, abrió puertas para avanzar en el derecho a la educación, la autonomía institucional, la gestión de calidad pero también se generó una contrarreforma para limitar esos derechos y esa autonomía. Y, aunque el balance es favorable, mucho ha cambiado y hoy son otros los desafíos que reclaman una renovada legislación.
En el Plan de Desarrollo conciliado un representante del Pacto histórico incluyó el artículo 122 sobre la reforma integral de la Ley 30 de la educación superior, que prescribe que “El Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu) y el Sistema Universitario Estatal (SUE) adelantarán de manera participativa, con la ciudadanía, las organizaciones y actores de la educación superior, la reforma integral de la Ley 30 de 1992”.
Esta reforma integral debe extenderse a todo el sistema educativo. Estamos frente a una nueva era signada por la educación, en la cual, con los liderazgos del gobierno y de la ciudadanía se deben materializar en lo que manda nuestra Constitución Nacional de 1991: que la educación sea una responsabilidad de toda la sociedad y que sea pertinente para los territorios, las culturas y las etnias y relevante para nuestra niñez y nuestra juventud.
América del Sur/Colombia/05-05-2023/Autora: Valeria Arias Suárez/Fuente: www.publimetro.co
Le contamos los detalles dados por la ministra de Educación, Aurora Vergara, sobre este nuevo convenio.
En las últimas horas se conoce una buena noticia para colombianos y colombianas que desean ir a estudiar a España, pues se firmaría un acuerdo que eliminaría un requisito que significaba un obstáculo importante para cumplir ese objetivo de educación superior en el exterior. También habría un cambio para la convalidación de títulos universitarios. Le contamos los detalles que entregó la ministra de Educación, Aurora Vergara.
Actualmente estudiar la universidad y otro tipo de carreras de educación superior en España solo es posible para personas que en Colombia han presentado la Prueba Saber Icfes y hagan un trámite de homologación de título de bachillerato. Sin embargo, este requisito cambiaría con un acuerdo anunciado por MinEducación.
Se trata de un convenio que sería firmado entre Colombia y España mediante un documento de entendimiento para eliminar la exigencia de la homologación del título de bachillerato a colombianos que quieran acceder a educación superior en España.
“Este acuerdo administrativo con España da la posibilidad que las personas que se hayan graduado de 11 y hayan presentado el Icfes, las Pruebas Saber, puedan venir a España y puedan acceder al sistema de educación superior sin tener que pasar por el proceso de homologación de estas pruebas”, señaló al respecto la ministra de Educación Vergara.
En este sentido, la ministra argumentó que es un hito importante y que el objetivo es lograr “ofrecerle a las familias esa posibilidad. Ambos países han trabajado de una manera muy rigurosa en los últimos meses para avanzar en el cierre de esta apuesta”.
De igual forma, la ministra se pronunció ante la demora en el trámite de la convalidación de títulos de educación superior y explicó que se están llevando a cabo mesas técnicas y que el ministro de universidades de España, Joan Subirats Humet, presentaría pronto ajustes a un decreto. Estos ajustes se concentrarían en que la convalidación se simplifique en tiempo y que “los colombianos que vengan a España una vez radiquen sus documentos puedan tener un plazo mucho menor al que ha existido”.
Recientemente se han publicado una serie de cifras que una vez más llevan al país a ocupar el primer lugar en oprobiosas estadísticas: Somos el primer país junto con México con el mayor número de horas de trabajo por semana (48 Horas). Así mismo, con menos horas de sueño y con la mayor cifra de informalidad con un 53,1%.
Estas cifras reflejan extenuantes jornadas laborales, la inseguridad de la informalidad y el nulo efecto que tienen sobre la productividad, situación que para las mujeres es de mayor impacto, pues, el trabajo de los cuidados demanda adicionales jornadas y diversos esfuerzos. En Colombia las mujeres dedican diariamente en promedio siete horas, 46 minutos, al trabajo del cuidado, se encuentren o no vinculadas a trabajos remunerados; esto no las exceptúa de realizar estas actividades, mientras que los hombres dedican tres horas y seis minutos.[i]
Estas líneas y gráficas introductorias expresan con claridad el nivel de sobre – explotación humana y opresión que son constitutivos del mundo del trabajo y trazan la primera línea de reflexión al abordar la reforma laboral en curso: El trabajo digno es la lucha en contra del sufrimiento de la clase que vive del trabajo, pues es claro que toda sociedad necesita producir para poder reproducirse a sí misma. Ahora bien, en el modo de producción capitalista, esto se hace a través de una forma que no solo provoca injusticias y sufrimiento, sino que en última instancia puede llevarnos a la extinción como especie y del planeta.
No son costos laborales, son derechos laborales
La excepción que se había hecho regla en la contratación a través de la prestación de servicios y no de los contratos indefinidos, se invierte en el proyecto de ley. Si bien es cierto esto no aplica para los empleos públicos, es una medida necesaria para regular la subcontratación y las inequitativas relaciones que contiene.
Este uso generalizado de la prestación de servicios contribuye a la externalización de costos laborales como la seguridad social, la flexibilización laboral y desdibuja el trabajo como centro de la labor, pues en su mayoría, los pagos dependen más que del trabajo efectuado, de la entrega de informes y fuentes de verificación. En tal sentido, un o una “contratista” no solo hace su trabajo, sino que a la vez debe evidenciar que hizo lo que correspondía, esto es, tiempo adicional que no se reconoce y en caso, de no representar una fuente confiable de lo realizado, simplemente se retiene el pago. Es decir, el trabajador o la trabajadora no solamente se encuentra mal remunerado, llevando a cabo labores permanentes y subordinadas, sino que entra en una lógica de demostración de su trabajo. Sumado a esto, no se le paga a tiempo, ello explica por qué las y los trabajadores lo que hacen con su salario es pagar deudas, recreando una cotidianidad “al debe” con la inseguridad y la inestabilidad que ello acarrea en términos materiales y emocionales; dando como resultado, trabajadores que se endeudan para pagar su seguridad social y poder seguir trabajando.
De lograrse, la reforma puede contribuir a restablecer la estabilidad laboral a partir de la contratación, de las disposiciones que prohíben los despidos injustificados, garantizan la reducción de la jornada laboral, los recargos nocturnos y las medidas de protección.
No obstante, estas medidas se dirigen a quienes ya tienen algún tipo de trabajo y esto se ha convertido en una de las principales justificaciones del empresariado y los empleadores para oponerse al proyecto. Afirman que la reforma aumenta los costos laborales, no genera empleo y que es un “pliego sindical” al ser proclive a mejorar las condiciones de los trabajadores actuales.
Lo descrito anteriormente expresa la disputa central: El proyecto de ley se desarrolla con el propósito de restablecer garantías a los y las trabajadoras, dar curso a disposiciones de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y a pactos de derechos humanos ante la regresividad en materia de derechos sociales, laborales y sindicales propios de las contrarreformas neoliberales y resultado de la violencia contra el movimiento sindical. Ante el carácter restitutivo de la reforma, la respuesta de los gremios y los empresarios es la esperada: Ni un ápice para las y los trabajadores. La reducción de las ganancias para los empresarios es impensable, porque finalmente de esto se trata: A mayores derechos obtenidos por el trabajo, mayores costos laborales. Los derechos restituidos únicamente reducen un poco el margen de sus ganancias, no los van a llevar a la quiebra, pero no van a ceder nada. Su preocupación nunca ha sido la generación de empleo, sino precarizarlo cada vez más para obtener más ganancias.
Aquí se encuentra la segunda línea de reflexión: El alcance político de los contenidos de la reforma, no la reforma en sí misma, lo que permite reconocer la lucha obrera, antipatriarcal y popular que le subyace y que podría potenciar la lucha política de la clase trabajadora superando una lectura legislativa.
Algunas de las limitaciones de la reforma están relacionadas precisamente con el carácter restitutivo. Sin duda, el enfoque de derechos no es un asunto menor, solo que a la vez restringe los alcances de lo que podría desarrollarse en la esfera de gobierno. Aquí nos encontramos con el interés de gobernar y no de disputar a los dueños del capital en medio de alianzas inestables. Así mismo, Colombia es un país de pequeñas empresas: De 1.809.330 empresas, 4.821 son grandes empresas, 13.203 medianas, 56.890 pequeñas empresas y 1.774.416 microempresas[ii], por lo que será necesaria una política fomento y fortalecimiento de la pequeña industria local y nacional. Ahora bien, de lograrse la reforma, sin duda será un paso más en la larga lucha de las y los trabajadores. Por lo pronto, la tendencia es a reducir sus propósitos en el legislativo o a la negativa de aprobación, una posibilidad que no se puede descartar y que, de ser así, sería la punta de lanza para nuevas disputas y luchas, no a favor de la reforma, sino en contra de la precarización de la vida.
Esto no es vida
La introducción de cambios en el mundo del trabajo ha generado un nuevo modelo de dominación a nivel global que se soporta en los procesos de precarización de la sociedad, la vida, la existencia y su reproducción y el régimen de derechos comunes. Este modelo se incrusta con las particularidades históricas del capitalismo como la depredación, el despojo, la virtualización y la catástrofe ecológica[iii].
Este proceso de precarización hace parte de la lógica depredadora del capital que se expresa en consumir la vida y la fuerza de trabajo, en la brutalidad de valorizar el trabajo por debajo de los costos de vida, lo que ha generado una creciente injusticia social y lo que pareciera un contrasentido. Si se reconoce que las y los trabajadores producen la riqueza en el mundo, el resultado es: Trabajadores pobres en medio de sociedades precarias.
En esta lectura se encuentra la tercera línea de reflexión, la necesidad de enfocar la actual discusión acerca del trabajo en la precarización de la vida y con ello situar de mejor manera la disputa política e ideológica al tener la reforma laboral al centro del debate público y social. Así se amplían los horizontes de lucha hacia la clase que vive del trabajo y hacia las mujeres, pues un eje clave de su acción política está en las condiciones materiales para la vida, los conflictos y las luchas que en los últimos años ellas han protagonizado: Impugnan las formas extremas de discriminación, violencia y explotación laboral.
Una persona precarizada es un tipo ideal con características de clase. Son “habitantes” con un rango más limitado de derechos que los “ciudadanos”. Dado que no poseen formas de seguridad laboral, como las oportunidades de ganar ingresos adecuados, la protección frente a los despidos arbitrarios y las regulaciones sobre las contrataciones y despidos, las oportunidades de movilidad en términos sociales y de ingresos, la protección contra accidentes y enfermedades en el trabajo, la oportunidad de ganar nuevas habilidades y de hacer uso de ellas y la seguridad asociada a la representación sindical. Así mismo, es necesario considerar que la precariedad laboral debe analizarse a partir del cruce de las dos dimensiones: El trabajo y el empleo. El trabajo es precario cuando está mal retribuido y no provoca interés en las personas que trabajan. Mientras que la precariedad del empleo se genera cuando este es incierto y no es posible prever el futuro laboral, restringiendo los derechos sociales del trabajador o la trabajadora al ocupar una posición inferior[iv].
En tal sentido, se hace necesario abordar la multiplicidad de problemáticas en los cambios en el mundo del trabajo y los diferentes cuerpos, sujetos y grupos que, como resultado de la experiencia cotidiana y concreta de la explotación, requieren alternativas al mundo del capital. En ello encontramos a las y los trabajadores de plataformas y los cambios introducidos por la digitalización, los cuales reproducen patrones clasistas, de género y raciales que profundizan la precarización y el deterioro de las condiciones de vida y trabajo. El modelo de negocios que traen las plataformas digitales (apps) perfecciona los instrumentos de las empresas para obtener mayores beneficios y evadir sus responsabilidades fiscales y como empleadores[v].
Aunque la economía on-demand se comercializó como un servicio para el bien común, nunca fue realmente así. Los servicios se diseñaron para satisfacer las necesidades de profesionales con exceso de trabajo, por lo que siempre han servido a un grupo desproporcionadamente acomodado de personas. Mientras se aprovechaban de la mano de obra de trabajadores precarizados que tenían poco control sobre su trabajo, estos cobraban bastante mal y por lo general, se les negaban los derechos y beneficios de la condición de trabajador. En el nuevo mundo de todo on-demand: “O eres de la realeza mimada y aislada (…) o eres un sirviente del siglo XXI”[vi].
Un día de tan solo 24 horas
Dibujo de un niño de la India, quien oía a su padre decir que “su esposa no trabajaba”. Fuente Sindicato de Trabajadoras del Servicio Doméstico (SINTRASEDOM)
Aproximadamente siete horas dedican diariamente las mujeres al trabajo de los cuidados, desarrollen o no una jornada laboral remunerada, (ya es una jornada en sí misma), si a esto le sumamos ocho horas laborales y dos horas más de transporte urbano, son en promedio 17 horas de un día de 24. La demanda de cuidados en los hogares también depende en buena medida de la composición por edades, género, raza, etnia, nivel educativo y nivel de ingresos. Así mismo, la informalidad, la brecha salarial y el trabajo de los cuidados es mayor en zonas rurales[vii].
El tiempo puede ser uno de los factores de menor trascendencia al momento de abordar la vida de las mujeres en Colombia. No obstante, si se presta suficiente atención, esta distribución de un día resulta devastadora y permite introducir la dimensión de lo que se está enfrentando. La demanda del trabajo de los cuidados y las tensiones que ocasiona se advierten como un agente estresor que repercute de forma dramática en el proceso de enfermedad y muerte de las mujeres: Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en el mundo. Para Colombia en el año 2021 fue más alto en mujeres con el 15,7%, mientras que en hombres fue del 10,5%, siguiendo con la tendencia identificada desde el año 2011. Las situaciones al interior del núcleo familiar, los trabajos del cuidado y la precarización laboral repercuten de forma dramática en la expresión del síntoma de angina en la mujer[viii].
El trabajo de los cuidados, son todas aquellas acciones que son indispensables para la vida misma, donde se crean canales de socialización, comunicación, la forma en que se percibe la realidad, las subjetividades y las condiciones para la fuerza de trabajo, como relación invisible. Este trabajo es realizado por las mujeres, quienes, en una carga histórica de dominación, asumieron el cuidado como un deber moral de obligatorio cumplimiento.
En este contexto la reforma reconoce el papel del Estado a través de la legislación en relación con el trabajo de los cuidados y que uno de los ejes de la precarización laboral es el sistema sexo/género. Este, históricamente ha discriminado y excluido a las mujeres y a personas no binarias negando el acceso a trabajo digno y decente, condenándoles a la sexualización del trabajo. En tal sentido, se desarrolla un articulado con perspectiva de género a través de medidas de protección a las trabajadoras como la remoción de barreras de acceso o permanencia laboral, la formalización del trabajo doméstico, jornadas flexibles para personas trabajadoras con responsabilidad de cuidado y especialmente promueve la eliminación de la violencia y el acoso, incrementa el tiempo de la licencia de paternidad e incentiva la paridad en las organizaciones sindicales.
El articulado se presenta vinculado con las poblaciones vulnerables y no desarrolla de manera precisa los mecanismos en caso de incumplimiento de lo dispuesto. Retoma la elaboración de protocolos para la prevención de las violencias basadas en género, en lo que es necesario reconocer las limitaciones en perspectiva de su puesta en marcha, de las instancias y las rutas para su implementación y de conjunto que la mayoría de las mujeres trabaja en la informalidad.
Esta iniciativa se desarrolla en medio de una creciente desigualdad y violencia hacia las mujeres: En Colombia existen 39,2 millones de personas en edad de trabajar (18,8 millones de hombres y 20,3 millones de mujeres). De estos, solamente 22,4 millones de personas están ocupadas (13,2 millones de hombres y 9,2 millones de mujeres), 2,5 millones personas están desocupadas (1,2 millones de hombres y 1,3 millones de mujeres) y 14,2 millones de personas están fuera de la fuerza laboral (4,3 millones de hombres y 9,8 millones de mujeres)[ix].
Una cuestión evidente que se constata con estos datos iniciales es la situación menos favorable para las mujeres en el mercado laboral nacional. A pesar de representar la mayoría de las personas en edad de trabajar, son menos las mujeres ocupadas y son más las mujeres desocupadas y fuera de la fuerza laboral en comparación con los hombres. En efecto, la tesis de la concentración del trabajo de cuidado no remunerado en el hogar se constata con las cifras de la población fuera de la fuerza laboral, concentrada en las mujeres dedicadas a oficios del hogar[x].
El escenario de lucha está en frente
Ocio, tiempo libre, diversión, goce, placer, alegría, compartir y descanso no se pueden convertir en añoranzas o renuncias. Es un momento de posibilidad para amplificar los horizontes de lucha y reconocer que el cambio que se necesita en el mundo del trabajo hace parte de las demandas históricas de la clase trabajadora, de las mujeres, las luchas antipatriarcales y del reconocimiento de las diversidades sexo genéricas.
Corresponde al movimiento popular recrear nuevos imaginarios de vida y lucha, generar otras formas y métodos políticos y salir de las fronteras que impone el progresismo y los pactos de gobernabilidad, que brillan por su patriarcalismo. Del mismo modo, impulsar la organización antipatriarcal y anticapitalista, la huelga y el sindicalismo feminista, retomar la movilización en la capacidad de crítica, acción y confrontación que demostró el levantamiento popular del 28 de abril de 2021.
El movimiento popular debe redefinirse a la luz de la lucha, la revuelta popular y correr los límites de lo posible, así lo exige la realidad de crisis, sin vacilaciones ni distracciones. El crecimiento económico para América Latina se disminuirá: Durante 2022 fue de 3.8% y para 2023 se calcula que solo sea del 1.4%. El mercado laboral será de los más afectados y no se puede esperar que se reduzcan las cifras de pobreza. (Banco Mundial, 2023)[xi]. El capital, por supuesto, buscará echar nuevamente sobre los hombros de las y los trabajadores los costos de la crisis. Llorará y presionará para que el intento de reforma no afecte sus ganancias. La clase que vive del trabajo deberá levantar nuevamente la consigna “que la crisis la paguen los ricos” y presionar al gobierno a que haga de verdad una reforma laboral que restituya, al menos, los derechos eliminados en estos más de 30 años de neoliberalismo.
El reconocimiento pleno de derechos frente a la explotación a las que nos somete el capital[xii], debe ir claramente ligada a la batalla por disociar la condición de ciudadanía (y las condiciones materiales que la posibilitan) de la tenencia o no de un empleo. A partir de este enfoque, se organizan e impulsan alianzas por la defensa de los servicios públicos, el derecho a una vivienda, el fortalecimiento del tejido comunitario, las luchas contra las violencias o por el derecho al aborto. Si, como defienden los feminismos, hablamos de construir vidas dignas y sin precariedad, estas reivindicaciones están ligadas y son inseparables de la lucha por el trabajo, por un trabajo con derechos y por vidas dignas más allá del trabajo.
* Milena Ochoa Larrota es Licenciada en Educación Comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional y educadora e investigadora de la Corporación para la Educación y la Investigación Popular – Instituto Nacional Sindical (Cedins).
[i] Ver, Proyecto de Ley Reforma Laboral Trabajo por el cambio «Por medio de la cual se adopta una reforma laboral para el Trabajo digno y decente en Colombia y se modifican parcialmente el Código Sustantivo del trabajo, ley 50 de 1990, la ley 789 de 2002 y otras normas laborales. 2023.
[ii] Informe del ministerio de Comercio Industria y Turismo. 2023.
[iii] Ver, Precariedad, Precariado y Precarización. Un comentario crítico desde América Latina a The Precariat. The New Dangerous Class de Guy Standing. Hernán Cuevas. 2015.
[iv] Ver, “La precarización” como categoría nativa: exploraciones en torno al trabajo público municipal en Jujuy, noroeste de Argentina. Florencia Ferrari. CONICET.
[v] En un contexto de precariedad económica y social, el trabajo urbano en Colombia ha proveído una ecología de relaciones favorables para el desarrollo y expansión de plataformas de reparto digital, bajo un modelo de negocio alimentado por la intersección entre relaciones de trabajo informales e infraestructuras de vigilancia digital. Así, plataformas de reparto digital (como Rappi, Uber Eats, Mensajeros Urbanos, Glovo, Domicilios.com) se han constituido en una de las principales fuentes de subsistencia de población migrante y con baja empleabilidad en Colombia.
[vi] Ver, Una distopía de trabajadores desesperados y aislamiento social. Paris Marx. 2023.
[vii] En Latinoamérica, una de cada cinco mujeres que gana un salario es una trabajadora doméstica (OIT, 2021). Existen cerca de 14 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado en la región, de las cuales 91% son mujeres. De acuerdo con las fuentes oficiales y académicas, en Colombia existen entre 700.000 y 1.000.000 de trabajadoras domésticas. Según la Encuesta de Movilidad de Bogotá de 2015, las trabajadoras domésticas tienen los viajes más largos de todas las ocupaciones. En Bogotá pueden tardar hasta 7 horas en sus recorridos diarios, en Medellín hasta 4 horas ida y vuelta, y en Sao Paulo hasta 5 horas, y en Lima hasta 6 horas. Ver, La invisibilidad de los recorridos diarios de las trabajadoras domésticas en Latinoamérica.
[viii] Ver, Caracterización de los síntomas de angina en mujeres pos síndrome coronario agudo en el marco de la teoría de Lenz y col. Yamile Ochoa. 2013.
[ix] Según los datos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, correspondientes al mes de diciembre de 2022.
[x] La economía feminista marxista señala que las desigualdades de género derivan principalmente del capitalismo, al ser las mujeres asalariadas particularmente útiles como ejército de reserva laboral: sus responsabilidades familiares y su dependencia parcial del salario del hombre aseguran que sean vistas como trabajadoras de segunda clase, que pueden ser empujadas a la esfera privada siempre que el mercado de trabajo no las necesite. Desde esta perspectiva, la generación y reproducción continua de un ejército de reserva de trabajadores es «la ley general, absoluta, de la acumulación capitalista» siendo el trabajo doméstico/el trabajo de la reproducción «una función esencial en la producción de plusvalía», es, por tanto, una forma de contribuir a la acumulación de capital. Ver, La economía feminista y la división sexual del trabajo. Ignasi Brunet Icart, Carlos A. Santamaría Velasco. 2016.
[xi] Ver, Coyuntura (Enero – marzo de 2023) El Contrato Social toca fondo ¿Qué sigue? https://www.cedins.org
[xii] Ver, Otros mapas de conflictos sindicales: luchas feministas en los márgenes del trabajo. Julia Tabernero, Justa Montero, Eva Muñoz Moreno. 2022 https://www.invisiblecommutes.com
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