Condena ONU-DH asesinato de la buscadora Esmeralda Gallardo

Ciudad de México | Desinformémonos. La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato de Blanca Esmeralda Gallardo, madre de la joven desparecida Betzabé Alvarado Gallardo, perpetrado por sujetos armados el pasado 4 de octubre en Villa Frontera, Puebla.

Desde 2021, Blanca Esmeralda Gallardo buscaba a su hija desaparecida en compañía de una amiga. La madre buscadora proporcionó en distintas ocasiones información relevante acerca de la desaparición de su hija, «la cual no fue retomada efectivamente en la investigación del delito, ni en la búsqueda», señaló la ONU-DH.

«A pesar del riesgo derivado de la denuncia y la información brindada a la Fiscalía General del Estado de Puebla y a la Comisión Estatal de Búsqueda, así como la publicación el 27 de septiembre en un periódico local de señalamientos específicos sobre la presunta autoría de la desaparición de Betzabé Alvarado, la señora Gallardo no contaba con medidas de protección», criticó.

El representante en México de la ONU-DH, Guillermo Fernández-Maldonado, destacó que «es impostergable que México cuente con una estrategia efectiva para garantizar seguridad a quienes buscan a sus seres queridos», pues el crimen sucedió un mes después del asesinato de la buscadora Rosario Lilián, en Sinaloa.

Fernández-Maldonado reiteró al Estado Mexicano que su obligación es prevenir y sancionar las acciones que criminalizan, intimidan, persiguen y estigmatizan a las personas desaparecidas, sus familiares o las personas que los acompañan, por lo que urgió a las autoridades a investigar el asesinato de Gallardo, así como el paradero de su hija Betzabé.

A continuación el comunicado completo:

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresa su firme condena por el asesinato de Blanca Esmeralda Gallardo, madre de Betzabé Alvarado Gallardo, joven desaparecida desde 2021. De acuerdo con la información recabada por la ONU-DH, la señora Gallardo fue asesinada por personas con armas de fuego en la madrugada del 4 de octubre de 2022, en la colonia Villa Frontera de la ciudad de Puebla.

Blanca Esmeralda Gallardo buscaba a su hija desaparecida en compañía de una amiga. Según la información recibida por la ONU-DH, la defensora de derechos humanos habría proporcionado en distintas ocasiones información relevante acerca de la desaparición de su hija, la cual no fue retomada efectivamente en la investigación del delito, ni en la búsqueda.

A pesar del riesgo derivado de la denuncia y la información brindada a la Fiscalía General del Estado de Puebla y a la Comisión Estatal de Búsqueda, así como la publicación el 27 de septiembre en un periódico local de señalamientos específicos sobre la presunta autoría de la desaparición de Betzabé Alvarado, la Señora Gallardo no contaba con medidas de protección.

Guillermo Fernández-Maldonado, Representante en México de ONU-DH, señaló que “este caso, prácticamente un mes después del asesinato de la señora Rosario Lilián, es un nuevo doloroso recordatorio del alto riesgo y desprotección en que muchas familiares de personas desaparecidas se ven obligadas a realizar labores de búsqueda y exigencia de justicia. Reiteramos la gran importancia de que las instituciones responsables presenten resultados en la búsqueda e investigación y, simultáneamente, aseguren que las mismas se desarrollan en condiciones seguras.”

“Es impostergable que México cuente con una estrategia efectiva para garantizar seguridad a quienes buscan a sus seres queridos. Nos sumamos a las expresiones de la sociedad mexicana que considera inadmisible y contrario a sus valores que, tras la desaparición de un familiar, quienes exigen justicia y su localización con vida, tengan además que enfrentar agresiones, descalificaciones y, en algunos casos, asesinatos” añadió Fernández- Maldonado.

La ONU-DH recuerda que tras su misión oficial a México el Comité contra la Desaparición Forzada  (CED) reiteró al Estado Mexicano “su obligación de prevenir y sancionar las acciones que criminalizan, intimidan, persiguen y estigmatizan a las personas desaparecidas, sus familiares o las personas que los acompañan”. El CED también recomendó “reconocer el papel de las víctimas y atender debidamente sus necesidades de atención y protección” y “asegurar de forma prioritaria la realización de análisis de riesgos de colectivos y familiares involucrados en procesos de búsqueda, investigación y acompañamiento a las víctimas de desaparición, así como una respuesta rápida y efectiva a los incidentes de seguridad.”

En este sentido, la ONU-DH llama a las instituciones correspondientes a redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad de todas las personas buscadoras y de las personas familiares de Blanca Esmeralda Gallardo, de conformidad con los Principios Rectores para la búsqueda de personas desaparecidas del Comité contra la Desaparición Forzada. Asimismo, urge a las autoridades a conducir una investigación pronta e imparcial para esclarecer este crimen, en la cual se tome debidamente en cuenta la labor de defensa de los derechos humanos que realizaba la señora Gallardo, para identificar y sancionar tanto a los autores directos del asesinato como a sus autores intelectuales. Adicionalmente, la ONU-DH insta al Estado a realizar las debidas indagatorias sobre la desaparición y búsqueda de su hija Betzabé Alvarado.

Finalmente, la ONU-DH expresa sus más sinceras condolencias y solidaridad con la familia, compañeras y amistades de Blanca Esmeralda Gallardo. Asimismo, reitera su más profundo reconocimiento y apoyo a todas las madres buscadoras que en México tienen que realizar su labor sin un adecuado marco de protección institucional.

Fuente de la información e imagen: https://desinformemonos.org

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México: Personas desaparecidas: registros nacionales y tareas pendientes en Guanajuato

América:México/22/07/2020/Autor: Fabrizio Lorusso/Fuente: desinformemonos.org

El 13 de julio Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Olga Sánchez Cordero, titular de SEGOB, y Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos, presentaron la nueva plataforma digital que incluye las cifras disponibles del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Los datos se pueden organizar a través de filtros por entidad, municipio, colonia, edad y sexo de la persona desaparecida, nacionalidad, características de la víctima o fecha de la desaparición, entre otras posibilidades.

Sin duda, este registro representa un avance, ya que hasta ahora sólo contábamos con presentaciones de power point con información agregada (link último ppt) y las bases de datos en Excel se dejaron de publicar el 30 de abril de 2018, luego de la extinción del anterior registro, el RNPED. No obstante, en la nueva página no ha sido publicada la base de datos originaria de la cual se alimenta la plataforma web, faltan los datos actualizados de muchas fiscalías, como la de Guanajuato, y finalmente no parece muy clara la manera como se obtiene la cifra final de personas desaparecidas y no localizadas según las distintas fuentes u orígenes del reporte o de la denuncia (fiscalías, reportes, CNB, otras).

¿Cuáles son los datos que, al corte del 13 de julio de 2020, son relevantes para Guanajuato? El sistema arroja la cifra de 839 personas desaparecidas y una no localizada, lo cual da un total de 840 personas cuyo paradero se desconoce en la entidad desde 1964 a la fecha. Aproximadamente el 80% son hombres y el 20% mujeres.

112 tienen menos de 18 años: para menores de edad la relación se invierte, ya que el 55%, la mayoría, de las personas desaparecidas son mujeres y 45% son hombres. El hecho de que, entre menores de edad, desaparezcan más mujeres que hombres nos habla de patrones de género en la desaparición, con hipótesis ligadas a la trata, a los conflictos intrafamiliares, al abandono y, más en general, a relaciones de poder de tipo patriarcal ejercidas sobre niñas y adolescentes.

Cabe recordar que, en Guanajuato, tras la aprobación en mayo de la Ley de Búsqueda de Personas y diferentemente de lo que establece la Ley General en Materia de Desaparición, fue eliminada la categoría de “persona no localizada”, así que en todos los casos se trata de personas desaparecidas. El caso que aparece en la estadística estatal debe de referirse a una persona que, según el registro nacional y la plataforma, con base en la Ley General, está sin localizarse desde hace menos de 3 días (72 horas) y no se ha presumido o corroborado la comisión de un delito. Si no es localizada, el sistema debe de incluirla entre las personas desaparecidas y la fiscalía debe abrir una carpeta de investigación.

De hecho, una ventaja de la nueva plataforma es que se va actualizando en tiempo real con datos de fiscalías estatales, de la federal y de la Comisión de Búsqueda, así como de los reportes de desaparición que cualquier persona puede enviar por internet a través de la página de la propia CNB.

El dato sobre personas desaparecidas en Guanajuato ha ido cambiando a lo largo del tiempo, como es natural esperarse. El 30 de abril de 2018, según el anterior RNPED, había 615 desaparecidos del fuero común y 6 del fuero federal en la entidad, mientras que el 6 de enero de 2020, la CNB presentó la cifra de 672, aunque detalló que la Fiscalía General del Estado tenía un “semáforo rojo” en la actualización y entrega de los datos. Y lo mismo dijo Alejandro Encinas durante la presentación del informe más reciente el lunes pasado, es decir, las cifras para Guanajuato siguen siendo indicativas y no concluyentes, así que para realizar análisis de contexto detallados y precisos habrá que exigirle a la fiscalía y a la Comisión Estatal de Búsqueda, y por lo pronto recurrir a otras fuentes y “aproximaciones”. Esto, aunado a la opacidad de las autoridades guanajuatenses sobre fosas clandestinas, no nos acerca, desde luego, a la verdad y la justicia para las y los desaparecidos.

A nivel nacional 73,239 personas resultaban desaparecidas, a las 19 horas del 13 de julio. Como la cifra se renueva en tiempo real, un día después ya se registran 73,248 personas. 840 pertenecen a Guanajuato. Históricamente, desde que se tiene registro a la fecha, 12,175 personas fueron localizadas con vida en la entidad y 263 sin vida, por un total de 12,438 personas. Los municipios con más casos son: Celaya (112), León (81), Irapuato (48), Pénjamo (43), Apaseo el Alto (30), Cortazar (26), Guanajuato (26), Salamanca (18) y Villagrán (17).

La plataforma de CNB señala un pico de las desapariciones en la entidad en 2017 con 156 casos, es decir 156 personas que fueron desaparecidas en 2017 y de las que, a la fecha, se desconoce su paradero. Esto podría deberse al incremento de las dinámicas violentas entre grupos criminales, así como a la militarización de la seguridad pública, que hemos experimentado ese año.

Se detecta también que para los hombres el rango de edad de 24 a 29 años es el que presenta mayor incidencia de la desaparición, mientras que para mujeres es de 15 a 19 años, lo que hace suponer un patrón de vulnerabilidad a la desaparición ligado al género y a la niñez/adolescencia. Al respecto, esta situación ha de monitorearse constantemente a nivel estatal, municipal y de comunidades, ya que las redes de trata, por ejemplo, son dinámicas y pueden tener allí nodos, puntos de tránsito, sitios de explotación, casas de seguridad y dispositivos de control, locales e interestatales, para las mujeres privadas de la libertad.

Estos datos no varían mucho respecto de los que se tenían hasta el 30 de abril de 2018, lo cual hace suponer que no ha habido actualizaciones significativas. Los datos que FGE entrega vía Unidad de Transparencia, por otro lado, dan los totales de personas no localizadas y desaparecidas por municipio, pero no dicen cuántas han sido localizadas, pues tan solo refieren un porcentaje de personas localizadas sobre el total del estado y no por municipio. En enero de 2020, eran al menos 1,040 las personas desaparecidas en Guanajuato, según la información proporcionada por FGE.

En general, son datos mal organizados, casi inútiles para fines de comprensión histórica y de contexto del fenómeno. Además, desde hace más de cuatro meses, debido a la contingencia del Covid-19, la plataforma de transparencia no entrega respuestas a las solicitudes de información pública, así que los datos que se obtuvieron en 2019 y a principios de este año difícilmente podrán compararse con esta nueva información de la CNB (ver artículos en PopLab en octubre de 2019 y enero de 2020). La presencia de elevadas cifras negras de delitos, de subregistro y/o mal registro de casos y expedientes son realidades endémicas en México y Guanajuato, así que hay que tomar las cifras con precaución, esperando que lo más pronto posible estén listos y disponibles para su consulta pública los registros estatales de personas desaparecidas y de fosas clandestinas y comunes previstos por la Ley de Búsqueda.

El 15 de julio la organización para la defensa de la libertad de expresión e información, Article19, publicó un comunicado en que, aun reconociendo los avances en el registro nacional, decenas de organizaciones a nivel nacional destacan que “la metodología y base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas debe ser publicada para garantizar el derecho a la información y a la verdad”, y especifican que “un pendiente inaplazable es transparentar la metodología del RNPDNO y publicar la base de datos en formato abierto para la rendición de cuentas, verificación, contraste de la información y respeto al principio constitucional de máxima publicidad”.

Fuente e imagen:  https://desinformemonos.org/personas-desaparecidas-registros-nacionales-y-tareas-pendientes-en-guanajuato/

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