Comisión Nacional de Atención a Víctimas

Durante la pandemia por COVID-19, mujeres con familiares desaparecidos enfrentan dificultades para solventar los gastos de las búsqueda, ya que perdieron sus fuentes de ingresos y los apoyos económicos que obtenían de instituciones gubernamentales, como las comisiones de atención a víctimas.

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Éste fue uno de los hallazgos del “Diagnóstico de afectaciones a partir del COVID-19”, que elaboró en diciembre de 2020 el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C. (IMDHD), tras consultar a voceras de 13 colectivos de familiares de personas desaparecidas en Estado de México, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

De acuerdo con el informe, todas las voceras entrevistadas coincidieron en que, en medio de la pandemia, han enfrentado dificultades para solventar los gastos de sus traslados para diligencias de búsqueda, principalmente porque las integrantes de los colectivos perdieron sus fuentes de ingresos y los apoyos económicos de instituciones gubernamentales, como las comisiones de atención a víctimas.

“No hemos podido salir a hacer las diferentes actividades que regularmente hacíamos antes. La mayoría de los integrantes viven de lo que trabajan. No tenemos financiamiento de ningún tipo. Nosotros aportamos como podemos. Unos más, unos menos”, declaró al IMDHD una de las mujeres entrevistadas.

De acuerdo con la organización, el contexto de la pandemia ha paralizado las búsquedas de personas en campo, ya que los colectivos han migrado todos sus esfuerzos al acompañamiento a distancia, por ejemplo por medio de redes sociales o teléfono, lo que redujo los gastos en este momento de crisis económica para las familias.

“Tuvimos problemas económicos porque el lugar donde estábamos situados, por cuestiones de pago de renta, tuvimos que dejarlo; todo mundo encerrado y nosotras dando seguimiento por teléfono, así que entregamos el lugar”, dijo una vocera.

Además de la falta de apoyos económicos, en los cuatro estados, las voceras de los colectivos refirieron que sólo una minoría de las integrantes (quienes tienen trabajos formales, están jubiladas o tienen familiares con prestaciones laborales) son derechohabientes de los servicios de salud públicos como IMSS, ISSSTE o PEMEX.

El resto de las integrantes sólo tenía acceso al extinto Seguro Popular, por lo que durante la pandemia recurren a la atención que brinda la Comisión Nacional de Atención a Víctimas o las comisiones estatales. No obstante, de acuerdo con las voceras, los procesos de atención en estas dependencias suelen ser tardados y llenos de trabas, por lo que terminan pagando servicios de salud privados, por ejemplo, los consultorios de las farmacias.

“Ayer se estaba muriendo una persona y la regresamos a su casa porque en ningún lado la quisieron atender, lo económico es lo que importa y es con lo que uno menos cuenta. Yo me espanté porque no encontramos un doctor en toda Tierra Blanca que nos atendiera a la muchacha, fuimos a varios hospitales y no nos quisieron atender porque podía ser COVID. La regresamos a su casa y le hice un té para el dolor y ya”, reveló una de las voceras.

En las entidades con mayor casos de contagios de COVID-19, como el Estado de México, IMDHD encontró que aproximadamente 20 por ciento de las integrantes de los colectivos se contagiaron del nuevo virus. En este caso, algunas no recibieron el apoyo de las comisiones de víctimas para ser tratadas o no había espacio en los hospitales para recibir la atención, resultando en la muerte de los familiares. En otros casos, el servicio brindado por el IMSS fue deficiente.

“Mal, el servicio médico del IMSS muy mal. Mi hija y yo fuimos porque necesitábamos la incapacidad, pero hemos tenido secuelas por la enfermedad. Nos dio en mayo-junio y más de tres meses después seguimos con molestia”, contó una persona.

“A una compañera la trataron en el Seguro, pero quedó mal, y como es muy humilde no podía pagar atención médica privada”, dijo otra. “Ella y su familia se tuvieron que mover y conseguir por su cuenta porque no tuvieron atención, vieron con CEAV, y no quisieron cubrir los gastos”; y “no tuvieron atención médica. Realmente no. Estuvieron padeciendo mucho. Primero estuvieron en el Estado de México, tocando puertas porque no los aceptaron. No había camas, no había respiradores, cuando pudieron ingresar, pues, ya era muy tarde, prácticamente ese fue uno de los factores que determinó la muerte. Después, como estaban muy llenos los hospitales en EDOMEX se vinieron a la Ciudad de México”, fueron algunos de los testimonios.

De acuerdo con el IMDHD, la mayoría de las voceras aseguraron que su estado de salud se ha visto afectado a partir de la desaparición de sus familiarse. Ella  padecen

enfermedades como hipertensión, diabetes, obesidad, insomnio, ansiedad y depresión; sin embargo, en el caso de los padecimientos psicológicos, éstos se han visto exacerbados durante la pandemia por los problemas económicos, la incertidumbre respecto a sus casos, la falta de actividad e interés de las autoridades y la sensación de no estar haciendo nada para buscar a los suyos.

“Todas tenemos muchos padecimientos a raíz de la desaparición de nuestros hijos, principalmente depresión, diabetes e hipertensión. La mayoría está presentando, durante el confinamiento, cuadros de ansiedad cuando antes no los teníamos, no sé si porque no estamos saliendo”, declaró una de las voceras.

“Nos ha afectado mucho el encierro, incluso para las búsquedas, cuando nos sentíamos mal buscábamos y así ya no sentíamos que estábamos de brazos cruzados. Pero ahora, las familias están muy preocupadas y ansiosas, lo que más tienen es estrés, ansiedad, depresión, y aparte no tienen dinero. No hay búsquedas para calmarnos y tampoco dinero, pero hay familias donde las señoras son las cabezas de familia y ahorita no están trabajando, y súmale el estrés de que no están trabajando bien las fiscalías”, agregó otra vocera.

Ausencia de ingresos propios

El IMDHD explicó que las integrantes de los colectivos no pueden tener trabajos formales, ya que necesitan empleos flexibles que les permitan dedicar tiempo a la búsqueda y otras actividades relacionadas. Por ello, muchas de las integrantes realizan trabajo del hogar remunerado.

Si bien este trabajo les da flexibilidad, en tiempo de pandemia ha significado una disminución considerable en su ingreso, ya que sus empleadores les han reducido el número de días de trabajo. Antes de la pandemia, la gran mayoría trabajaba toda la semana, ahora sólo trabajan un par de días o incluso perdieron el empleo.

“Una de las compañeras que estaba limpiando casas ya no está yendo con la maestra que iba a limpiarle, pero está yendo a hacer tacos de canasta por lo menos dos veces a la semana, y entonces ya es una ayudadita”, relató una vocera del Estado de México.

Otra actividad entre las integrantes de los colectivos es la venta de diversas cosas. Muchas reciben donaciones de ropa que venden en los tianguis o en bazares. Ahora, con pandemia, muchas han dejado de vender por el cierre de los tianguis. Algunas otras que vendían en algún lugar de la vía pública, las autoridades no les permiten instalarse, de acuerdo con el IMDHD. Muchas de estas mujeres sobreviven gracias a los apoyos solidarios que se hacen entre las integrantes de los colectivos o de personas externas que las apoyan.

Además de esta situación, el diagnóstico señala que todas las voceras entrevistadas coincidieron en que las desapariciones y homicidios han continuado aun en el contexto de la pandemia y que las posibilidades de buscar de manera inmediata se han reducido, por lo que su papel se limita a brindar asesoría telefónica, hacer y difundir fichas de búsqueda y presionar a las autoridades para que hagan su trabajo.

“Sí, han aumentado las desapariciones y han aumentado los homicidios, antes de que me llamaras estaba asesorando a dos familias, diario desaparecen tres o cuatro. En Huatusco cada mes, o cada quince días, hay mínimo dos o tres homicidios; “una compañera ya tenía un hijo desaparecido y le desaparecieron a otro por algunos días; “a una vecina, hace tres meses se llevaron a su hijo Hugo y ya forma parte de mi colectivo, y tiene 20 días que sepultó a su nieta que se la mataron”; y “en los últimos meses han desaparecido muchas muchachas. Algunas han sido ubicadas, pero otras siguen sin ser ubicadas”, refirieron las voceras.

Frente a la imposibilidad de hacer búsquedas en campo, los colectivos han optado por presionar con más fuerza a las autoridades. “Aunque no estemos haciendo ahorita realmente la búsqueda como quisiéramos en campo, podemos seguir presionando por medio de llamadas a las autoridades cuando nos llegan casos de niñas o muchachos que están desaparecidos”, refirieron.

No obstante, tanto en Puebla como en Veracruz, Oaxaca y Estado de México, los colectivos coincidieron en que muchos de los casos de desaparición, las búsquedas e investigaciones están detenidos porque, según argumentan las autoridades, “no pueden checar cómo están los expediente ni cómo van las diligencias debido a las restricciones de la pandemia”.

Los colectivos entrevistados para este diagnóstico fueron, en el Estado de México, el colectivo Mariposas Destellando Buscando Corazones y Justicia; Buscándote con Amor Estado de México; y la Asamblea vecinal: Nos Queremos Vivas Neza. En Oaxaca se entrevistó al colectivo Oaxaqueños Unidos Exigiendo Justicia; y en Puebla se entrevistó al colectivo Uniendo Cristales.

En Veracruz se entrevistó a Unidos por Amor a Nuestros Desaparecidos; El Solecito Veracruz; Buscando Corazones Perdidos Xalapa; Corazones Ausentes;  Familiares en Búsqueda María Herrera Xalapa; Madre Luna de la Cuenca; Grupo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz; y el colectivo Familias Desaparecidas Orizaba Córdoba.

Fuente e imagen:  CIMAC Noticias